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Opinión

Es infinito el descaro que tienen ciertos empresarios 

La denuncia de 2018 no fue tramitada oportunamente por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA y menos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), según se puede ver en el sitio web snifa.sma.gob.cl en la sección “Requerimientos de Ingreso al SEIA”. A la fecha cuatro de los procedimientos de requerimiento de ingreso al SEIA se encuentran en trámite, solo el correspondiente al Centro Logístico Lo Aguirre ya finalizó y ratificó la elusión al SEIA.

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“Somos la empresa de bodegaje de mayor trayectoria y tamaño del país. Desde 1985 a la fecha, hemos alcanzado una infraestructura de más de 2.130.000 m2 de bodegas distribuidas en 14 centros, de los cuales 7 están en Santiago, 4 en regiones (Antofagasta, Chillán, Temuco y Pto. Montt) y 3 en Lima, Perú”. Así se auto describe la empresa Bodegas San Francisco (BSF) en su sitio web. Queda claro entonces que el papel (o internet) aguanta todo y este es otro ejemplo.

Varias veces nos hemos referido a la empresa BSF desde que tomamos conocimiento de las irregularidades de sus centros de distribución ubicados en Pudahuel. La empresa adquirió cientos de hectáreas de terrenos en esa comuna y el director de Obras Municipales, Ricardo Gallardo, no aplicó como correspondía la normativa urbanística y ambiental al momento de tramitar los permisos y recepciones definitivas de cada uno de los enormes centros logísticos que BSF construyó en esa comuna. El ex alcalde Johnny Carrasco se hizo el desentendido frente a las denuncias que hizo la concejala Gisela Vila que, ya en mayo de 2018, denunció la elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de las cinco instalaciones que tiene BSF en Pudahuel.

La denuncia de 2018 no fue tramitada oportunamente por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA y menos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), según se puede ver en el sitio web snifa.sma.gob.cl en la sección “Requerimientos de Ingreso al SEIA”. A la fecha cuatro de los procedimientos de requerimiento de ingreso al SEIA se encuentran en trámite, solo el correspondiente al Centro Logístico Lo Aguirre ya finalizó y ratificó la elusión al SEIA.

Una vez que BSF constató que no tenía opciones para seguir incumpliendo la normativa ambiental, con el apoyo de la oficina de abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (www.ppulegal.com) y la consultora ambiental Sustentable (www.sustentable.cl) implementaron una hábil estrategia para evitar sanciones, que consistió en proponer el ingreso voluntario al SEIA de los centros logísticos, pero por separado y en fechas diferentes. La burlesca estrategia fue aceptada por la SMA.

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Pero la SMA no se dio cuenta de que los centros logísticos Puerto Madero, Vespucio, Laguna Sur y La Farfana de BSF se ubican casi colindando unos con otros al sur de la Ruta 68 y al poniente de Av. A. Vespucio, que ellos operan como condominios de bodegas para arriendo a terceros con una administración centralizada y con los mismos horarios, que el arriendo de las bodegas de todos los centros logísticos se gestiona de manera unificada mediante el sitio web de la empresa o con su área comercial. Para tal propósito disponen de una central de comunicaciones y operaciones común (CECOP) y por último esas cuatro instalaciones utilizan las mismas vías para acceder a las autopistas Ruta 68 y Vespucio Norte, ver www.bsf.cl.

De esta manera, la empresa BSF fracciona su actividad logística en ese sector de Pudahuel, con lo cual se subestiman los impactos ambientales y se varía el instrumento de ingreso al SEIA, que debería ser un único Estudio de Impacto Ambiental (EIA) IA para esas cuatro instalaciones. Nos preguntamos ¿dónde queda la responsabilidad y la ética de los profesionales que trabajan en empresas como Sustentable?

En la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Centro Logístico Vespucio, que comenzó en febrero pasado, el Gobierno Regional se dio cuenta del sofisticado ardid y en su oficio Nº 758/2022, señaló: “Con todo, este Gobierno Regional solicita al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, que informe a la Superintendencia de Medio Ambiente la hipótesis de fraccionamiento de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 11 bis de la Ley 19.300/1994 y sus modificaciones a fin de descartar un ingreso con variación de instrumento”. No hay registro que el SEA haya accedido a lo solicitado.

Hace algunos días, siguiendo el cronograma aceptado por la SMA, dicha pícara empresa ingresó la DIA Centro Logístico Laguna Sur y allí sin ningún pudor informó que la parte del proyecto que se ubica en la comuna de Maipú no tiene permiso de edificación. Esto significa que lleva al menos 9 años operando de manera ilegal. También la empresa ha declarado en el SEIA que diversas etapas de sus otros centros logísticos en Pudahuel no cuentan con recepción definitiva municipal y en consecuencia, por aplicación del artículo 145 de la LGUC, no deberían estar en funcionamiento.

Tal vez el caso más grave es el del Centro Logístico Lo Aguirre, construido con permisos que caducaron en 1998 y que en 2014 fueron modificados por el Director de Obras Municipales aplicando normas del antiguo Plan Intercomunal de Santiago aplicables en otras comunas, tal como lo hizo con todas las industrias del sector, asunto que describimos en detalle hace 3 años en Ciper, ver link

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La municipalidad de Pudahuel, ahora dirigida por Ítalo Bravo, hasta la fecha no ha clausurado las instalaciones descritas y desconocemos los motivos, considerando que, al inicio de su administración, el nuevo alcalde declaró que tendría una actitud absolutamente proba en el ejercicio de su cargo. 

Finalmente, le hacemos un llamado público a Maisa Rojas, flamante ministra del Medio Ambiente, para que instruyendo a la SMA y al SEA, se eviten las trampas que cometen algunos díscolos inversionistas. Nuestra sociedad y los empresarios serios se lo agradecerán.  

Opinión

Lucha armada en el Walh Mapu

La de los insurgentes no es una disputa puramente política y militar; es también una pugna económica por los recursos y bienes transables que permiten financiar y sostener material, y simbólicamente la organización. Por eso, su propósito es inhibir los pactos entre las comunidades locales y las industrias forestales. No quieren los acuerdos; quieren a Mininco.

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Militares

En memoria de Juan Segundo Catril Neculqueo

Por la evidencia recogida en el lugar, el crimen de Juan Catril habría sido una emboscada planificada y ejecutada con alevosía, es decir, con cautela y sin riesgo para los victimarios. Los más de tres miembros de la banda habrían actuado sobre seguro, con la certeza de que nadie repelería el ataque, pues sus objetivos eran hombres inermes y el camino estaría desprovisto de controles policiales y militares, no obstante el Estado de Excepción constitucional que rige en la zona. El fiscal piensa que, por la cantidad y calidad de las armas y proyectiles empleados -escopetas calibre 12, pistolas calibre 9 y fusiles de guerra, calibre 1.62-, las consecuencias de la agresión podrían haber sido aún más graves. 

¿Qué se buscaba con la acción? Este no fue un ataque directo a las fuerzas de orden y seguridad, como los atentados que estaban sucediendo al mismo tiempo en otras áreas vecinas. Tampoco contra instalaciones, vehículos o maquinarias industriales. Por consiguiente, la ofensiva no buscaba desafiar abiertamente la razón de Estado, ni menguar las capacidades económicas de las forestales. Estaba selectivamente dirigida a civiles desarmados, para enviar una señal ejemplarizadora a la población local acerca de quién ejerce el verdadero dominio sobre el territorio, y de qué les podría suceder a aquellos, incluso de origen mapuche, huilliche o pehuenche, que colaborasen con Mininco. Pero la de los insurgentes no es una disputa puramente política y militar; es también una pugna económica por los recursos y bienes transables que permiten financiar y sostener material, y simbólicamente la organización. Por eso, su propósito es inhibir los pactos entre las comunidades locales y las industrias forestales. No quieren los acuerdos; quieren a Mininco.

Lejos de los superados conceptos de restablecimiento del orden público, de contención de la violencia social, del derecho al reconocimiento y a la identidad originaria de los pueblos, y del sistema de explotación de las tierras indígenas, lo que se configura en estas acciones generalizadas, sistemáticas y progresivas de violencia, que vulneran derechos fundamentales, y a cuya defensa el Estado de Chile está obligado, es una guerra de guerrillas verbal y fácticamente declarada. Frente a ella resultan insuficientes los recursos, medios, metodologías e instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la población civil, como, asimismo, la integridad de los antagonistas del conflicto que tiene lugar en la macro zona sur.

Luego, la pregunta esencial que deja planteada la secuela de muertes que ha trazado esta conflagración, y que nadie puede eludir, se podría expresar de esta manera: si en aquellos territorios la unidad del Estado está en disputa, ¿por qué no se trata a los beligerantes como organizaciones armadas irregulares que desafían el monopolio de la violencia legítima del Estado democrático? ¿Por qué no se les reconoce el estatus que otorga la Convención de Ginebra con el fin de proteger a las víctimas, especialmente a las no beligerantes, de los excesos de la lucha? Su artículo 3, es explícito al señalar que “las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo”.

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La guerra de guerrillas es un concepto bicentenario que ha experimentado cambios hermenéuticos propios de las mutuas influencias producidas entre el mundo social y el conocimiento generado por las ciencias sociales. De origen español, fue sin embargo aplicado al diseño estratégico de las luchas americanas de independencia. Así pues, el Diario de José Santos Vargas (1814-1825) se constituye en un registro histórico de gran valor, pues relata la cotidianeidad de estas tropas irregulares apoyadas por comunidades indígenas, dotadas de un sustrato ideológico con base en tradiciones y creencias ancestrales, con una organización política que gira en torno a un caudillo, y con una economía de guerra que hace de la producción y comercialización de la coca su fuente de ingresos.

A comienzos del siglo pasado Lenin actualizó la noción de lucha insurreccional a la luz de la teoría comunista de Marx y Engels. En La guerra de guerrillas, 1906, fijó los dos principios de la revolución: primero, que el marxismo no rechaza ninguna forma de lucha; y, segundo, que en diversas circunstancias económicas y políticas las luchas secundarias pasan a ser luchas principales, y viceversa. Todavía en la posmodernidad líquida, como nos recordaba Antonio Leal, unos marxistas consideran que la lucha principal es político-institucional, mientras que otros entienden que es insurreccional. 

Como fuere, el leninismo -lo mismo que el guevarismo- han creado una tradición aún latente en la cultura política de nuestra sociedad. Para Guevara, guerra de guerrillas y lucha de masas, aunque separables y distinguibles, no eran términos contradictorios. En 1963 escribió Guerra de guerrillas: un método donde reiteraba que “en nuestra situación americana, consideramos que tres aportaciones fundamentales hizo la Revolución Cubana a la mecánica de los movimientos revolucionarios en América; son ellas: Primero: las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército. Segundo: no siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución; el foco insurreccional puede crearlas. Tercero: en la América subdesarrollada, el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente el campo”. 

Pero es hacia los años ochenta que la guerra de guerrillas ensayó su mayor mudanza a instancias de la globalización neoliberal, del derrumbe de los socialismos reales y de la universalización de los derechos humanos. La lucha político militar dejó de ser de posicionamiento territorial para constituirse en control social y político sobre personas, familias y comunidades. Los milicianos empezaron a operar en espacios controlados por el Estado, a participar en las instituciones políticas formales, y a mantener lazos con la judicatura, la policía, las fuerzas armadas, las organizaciones empresariales, los controladores de medios de comunicación, los representantes populares y el crimen organizado. Se confundieron en la vida de los barrios, urbanos o rurales, y cuando las operaciones militares lo demandaron, de vecinos comunes se convirtieron en combatientes camuflados y encapuchados. Las estructuras de mando, por necesidades de adaptación y seguridad, se articularon en unidades menores bajo la dirección de caudillos autoritarios, animados por la urgencia de la guerra y por las necesidades de autodefensa, que no por la construcción de una nueva institucionalidad, de un nuevo orden social, ni de unas nuevas relaciones comunitarias.

La lucha armada aquí es líquida, como la sociedad que la tolera. Con lazos efímeros, inestables, individualistas y orientados a la publicidad y el consumo. Menos ideologizada y menos romántica que las de Sandino y el Che. El principal adversario de la guerra de guerrillas contemporánea, de lo que deberían tomar nota los “policy makers”, es su propia organización: ¿Por qué los rebeldes dejan de luchar?

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Las herramientas que tiene a su haber el Estado democrático de derecho para abordar la lucha armada que se libra en el sur y que amenaza con diseminarse hacia otras regiones del país, son poderosas y eficaces, pero deben ser movilizadas a la luz de una nueva concepción del conflicto y de sus actores. Una que permita al Estado operar en todos los frentes y de manera simultánea, prestando amparo a la población inerme, respetando los derechos civiles y políticos de los insurgentes, desplegando una acción de reinstitucionalización del aparato estatal, y, sobre todo, rompiendo la connivencia y la complicidad políticas con el porte de armas y el ejercicio de la violencia ilegítima.

26 de mayo de 2022.

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Opinión

Un hotel Hyatt ilegal en el terreno donde estaba el Sanatorio Marítimo en Viña del Mar

Los concejales de Viña del Mar que cándidamente se consideraron autorizados para revivir la Ley Lorca, no pueden sobrepasar lo normado, ergo todo lo que ellos intentaron hacer es abiertamente ilegal.

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Hyatt Viña

Este terreno localizado enfrente de la avenida San Martín, con número 1355, al llegar a la calle 15 norte, con fondo al área verde playa, predio que ocupaba desde el año 1932 el Sanatorio Marítimo, hoy demolido, que era de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, en donde el actual dueño del terreno, Álvaro Saieh, después de haber logrado que la Municipalidad de Viña del Mar le aprobara un permiso de edificación, lo desea vender para hacer caja y así pagarles a sus acreedores. Recordemos que en mayo de 2009 dicho empresario firmó un compromiso de compraventa con la mencionada orden religiosa para levantar allí su anhelado hotel con 5 fulgurantes estrellas. 

Para contextualizar, en el año 1959 se publicó la ley Nº 13.364, conocida como Ley Lorca, la que en su artículo 13 le entregaba atribuciones a los regidores, hoy concejales de Viña del Mar, para que el Concejo respectivo por mayoría de 2/3 autorizara acotadas intervenciones en su borde costero hasta Concón. El 13 de abril de 1976, en plena dictadura, se publica en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 458 que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), vigente hasta hoy en día: su artículo 169º derogó todas sus disposiciones y otras leyes o cuerpos legales que fueren contrarias a la aludida ley. 

Desconociéndose la LGUC, en sesión del 8 de agosto del año 2000 la mayoría de los concejales de la ciudad jardín decidieron que este lucrativo negocio inmobiliario era factible, motivo por el cual Omer Viñales, alcalde subrogante, firma el 30/08/2000 el decreto N° 4782 para que un actor privado construyera en ese terreno de 5.058 m2 un espigado hotel de 21 pisos, conservándose obligatoriamente la hermosa capilla existente. No hay que ser muy sagaz para saber que dicha orden religiosa no deseaba edificar el hotel, pues el permiso se obtuvo solo al venderlo más adelante en el mercado inmobiliario.  

Lo anterior se relaciona con el artículo 3º de la Ley Lorca que señalaba que se debía habilitar la playa que se extiende desde la calle 8 norte, donde había una piscina municipal, hasta el balneario de Las Salinas, con la obligación de materializarse en su borde costero parques y jardines de calidad para potenciar la vocación turística de Viña del Mar, indicándose asimismo que no se podía expropiar el antiguo edificio del Sanatorio Marítimo, por la importante labor sanitaria de bien público que allí se desarrollaba. Pero como estamos en Chile, país en donde todas las pillerías son posibles, el sanatorio se demolió en el año 2010, como vemos violándose la ley Lorca, y Fernando Durán, director de Obras Municipales de Viña del Mar, también subrogante, a solicitud del titular del anterior decreto alcaldicio, con fecha 13/05/2010 modificó el proyecto y, acto seguido, la pía institución le vende el terreno y el permiso mal cursado a CorpGroup del versátil empresario Álvaro Saieh para que en dicho terreno, con espectacular vista al mar, funcionara un hotel Hyatt.

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Según la Contraloría, respondiendo una consulta determinada, informó que la Ley Lorca “coexiste” (sic) con la LGUC y con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y según su dictamen Nº 26910 del 11/04/16, los permisos acogidos a la Ley Lorca deben cumplir con la preceptiva urbanística aplicable que regula, entre otros aspectos, la vigencia y la caducidad de los permisos de edificación. Si el permiso en comento se cursó el año 2000, aunque no era posible otorgarlo, y como no se ejecutaron las faenas de trazados y excavación del terreno en el plazo de los 3 años exigidos en la OGUC, ese acto administrativo caducó automáticamente y de pleno derecho el año 2003. 

Los concejales que ejercían sus cargos en el año 2000 fueron poco diligentes porque, ignorando la regulación urbanística, consintieron en que, después de la demolición del sanatorio, que se produjo 10 años después, se podían iniciar las obras de construcción del hotel, por lo tanto, desconociendo el antiguo artículo 5.1.20 y el actual artículo 1.4.17 de la OGUC. En el texto actual de la LGUC se lee en su artículo 7º que “las disposiciones de la presente ley prevalecerán sobre cualquiera otra que verse sobre las mismas materias, sin perjuicio de las disposiciones que contenga el Decreto Ley de Reestructuración del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En consecuencia, se entenderán derogadas las disposiciones de otras leyes que fueren contrarias a las de la presente ley”.

Dejamos en claro que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia del año 2011, acogió favorablemente un recurso interpuesto por el abogado Lautaro Ríos, anulando los permisos indicados.  

Posteriormente, la Corte Suprema validó la operación comercial de Saieh, a pesar de los mayores alcances que tiene la LGUC sobre la Ley Lorca, sin percatarse sus jueces que las disposiciones puntuales y locales de la Ley Lorca para un reducido sector determinado del territorio nacional, ya habían sido suprimidas. Por otro lado, todos sabemos que la LGUC, su OGUC y más todavía el artículo 24º de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, dice que solo los directores de Obras Municipales (DOM) pueden cursar permisos de edificación.

Ergo, desde hace mucho tiempo los concejales no pueden inmiscuirse en los asuntos privativos que resuelven solamente aquellos funcionarios municipales que desempeñan el cargo de directores de obras. Queda en evidencia que era impropio el Decreto, de fecha 30 de agosto de 2000, firmado por un alcalde subrogante, con el cual se cursó una autorización para el edificio hotelero.  

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Damos a conocer, en los dos siguientes documentos adjuntos, información oficial del Departamento de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto del terreno en el cual, conforme a una infundada sentencia de la Corte Suprema, se construirá el hotel que el actual titular del cuestionado permiso, desea vender en el mercado. En efecto, el rol de avalúo de la propiedad N° 228-1 que correspondía al Sanatorio Marítimo, demolido el año 2010, se cambió al Rol N° 20007-2, considerándosele por dicho servicio como sitio eriazo. 

Entonces fluye que: 

1- Respecto al dominio del terreno, está a nombre de HRV S.A., Foja 1240 V, Número 1464, Año 2015. Anteriormente estaba a nombre de la CIA. DE SEGUROS CORPSEGUROS SA. Dejamos en claro que este terreno no es concesión marítima, como algunos creían, pues el mismo pertenecía a la Población Vergara de Viña del Mar.

2- Los usos de suelo actual para el sector donde se emplaza el proyecto es BC, Borde Costero, según el Artículo 17 de la Ordenanza local, textualmente señala:

“AREA ESPECIAL BC

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En esta área especial se conservan las disposiciones establecidas para la zona LM del Decreto Supremo 329/80 MINVU.”

3- La LM del Decreto Supremo 329/80 MINVU, antiguo texto de la Ordenanza Local del Plan Regulador de Viña del Mar, indica:

4- La famosa Ley Lorca, N° 13.364, en su artículo 13° le daba facultades a los regidores de entonces para emitir los permisos de edificación con un quorum de 2/3, materia que, como se ha dicho, está derogada desde la publicación del DL N° 458 de 1975. Reproducimos en copy-paste ese artículo: 

5- Pero en una ley oscura, típica de las que abarcan varios textos legales, en el artículo 5° de la Ley N° 19.388 se intentó revivir lo que estaba expresamente derogado, al indicarse:

6- Obviamente, los curitas de la Orden deben haber sospechado que la única manera de darle valor económico al inmueble era conservando la Ley Lorca, sin saber posiblemente que ya estaba derogada. Por otro lado, al ser modificado el PRC de Viña del año 2002, el Borde Costero no lo dejaron como área afecta a utilidad pública, ello al tenerlo supeditado con la zona LM del Decreto Supremo 329/80 del MINVU.

7- Los viñamarinos interesados en exigir el cumplimiento del marco regulatorio urbanístico, liderados por el connotado abogado Lautaro Ríos, en conocimiento que el permiso caducó por imperio de la ley y que ningún instrumento normativo admite la elevada altura del hotel, consignada en el decreto alcaldicio N° 4782 del 30 de agosto del año 2000 y su modificación N° 22/2010 del 13 de mayo de 2010, podrán accionar en instancias internacionales, ya que en Chile este caso, uno más de los miles que se conocen, se debe entender como un hecho ilegal consumado. 

Se evidencia entonces que, de la lectura del uso de suelo para la Zona LM, que obliga a preservar las edificaciones existentes al año 1980, cuando se promulgó el Decreto del MINVU N° 329, esas son las normas urbanísticas que exigen “preservar lo existente”, luego no se puede ejecutar el aludido invasivo proyecto hotelero con una altura no admitida. Los concejales de Viña del Mar que cándidamente se consideraron autorizados para revivir la Ley Lorca, no pueden sobrepasar lo normado, ergo todo lo que ellos intentaron hacer es abiertamente ilegal.

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Opinión

El Particularismo Nacional: Una respuesta a Hugo Herrera

Herrera quiere mantener que la concepción chilena de “nación” es “inclusiva” a diferencia de la plurinacionalidad que tendría un carácter centrífugo en cuanto reivindicaría la etnicidad y sus particularismos. Para él solo la concepción portaliana de “nación” gozaría del estatuto de lo universal.

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En su última columna publicada en el diario La Segunda el día martes 24 de Mayo el filósofo Hugo Herrera, a contrapelo de la concepción “plurinacional” del Estado regional propuesta por el borrador de la Nueva Constitución –borrador que su columna se propone “enmendar”: ¿desde qué lugar se autorizaría a hacerlo? –  reivindica la concepción de “nación” señalando: “Nuestro país ha sido ejemplo del poder inclusivo y productivo de la noción cultural e ilustrada de nación.” Esta afirmación Herrera la desprende de una concepción de “modernidad” que implicaría ir más allá del nativismo y la “rudeza” étnica de los particularismos: “Uno de los grandes avances de la modernidad es la limitación, que se logra en ella, de lo originario, de lo autóctono, étnico, sanguíneo, etc. gracias a una concepción de la nación como una construcción eminentemente cultural.” Curiosa noción que tiene Herrera de la “modernidad”: esta última no se caracterizaría por haber instalado un “contrato social” para contrarrestar las tendencias anárquicas, sino por haber propuesto una concepción “cultural” de nación.

Situar un “contrato” implicaría aceptar la premisa “liberal”, no así la concepción de “nación”. Herrera intenta contrarrestar al liberalismo con su “republicanismo popular”, para lo cual, debe enfocarse en la “nación” y no en el “contrato” porque su columna es una intervención en la discusión pública justamente en el momento en que el borrador de la Nueva Constitución ha concebido al Estado chileno de manera plurinacional. Herrera quiere mantener que la concepción chilena de “nación” es “inclusiva” a diferencia de la plurinacionalidad que tendría un carácter centrífugo en cuanto reivindicaría la etnicidad y sus particularismos. Para él solo la concepción portaliana de “nación” gozaría del estatuto de lo universal.

La operación de Herrera es estratégica: tácitamente introduce una noción “cultural” de nación (que sería “ilustrada”) en contra de otras concepciones (la de los pueblos originarios) de la misma que pasarían por su rúbrica biológica y étnica. Con ello, Herrera puede defender una concepción supuestamente universal de “nación” que no pase por los particularismos de las etnias. Sin embargo, Herrera no repara que al sostener una concepción cultural no resuelve el problema del particularismo. Más bien, ello no hace más que “culturalizar” el concepto de nación que, originalmente –al menos en su versión francesa, es decir “ilustrada”-  implicó una politización de la vida biológica inscrita al interior de un determinado territorio. Como si lo “cultural” estuviera exento de racismo, como si la nación chilena pudiera ocupar el lugar del Gran Otro y su universalidad.

Herrera no advierte de la mutación del racismo en la época contemporánea: desde Mandela –podríamos decir- el racismo dejó atrás al discurso biologizante de los tiempos nazis y abrazó un racismo culturalista (no se trata más de los “semitas” como del “islam”, no es la “raza” sino la “cultura” el problema). Herrera cree superar ese problema adjetivando esa noción cultural de nación bajo el término “ilustración”: ¿sería una concepción racional y, por esta vía, universal? Pues bien, es aquí donde la estrategia argumental de Herrera se anuda a la ficción de la concepción chilena de nación de la cual dice ser portadora de un “poder inclusivo”: tan “inclusivo” que parece haber dejado a los pueblos originarios en una posición radicalmente excluida (Pairicán), tan “inclusivo” que, en rigor, fue impuesto bajo un colonialismo de asentamiento en el que se combinó la campaña militar y la imposición de capital.

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Es precisamente en este punto donde el discurso de Herrera se revela como una verdadera máquina mitológica, esto es, un montaje capaz de producir el mito de la “nación” chilena cuyo carácter “cultural e ilustrado” le haría portadora de una universalidad que el actual borrador de la Nueva Constitución vendría a poner en peligro: “Preterir –dice su columna- ese concepto cultural –el de nación chilena o pueblo de Chile- como hasta ahora luce desear la Convención, podría no solo tensionar la unidad de esa nación, sino hacerla retroceder hacia el nivel dogmático o pre-ilustrado de las lógicas atávicas de lo originario, lo racial o lo tribal.”

Precisamente resulta fundamental “tensionar la unidad de esa nación” exhibiendo lo que ella tiene de mítico y arbitrario, poniendo a la luz del día cómo esa concepción supuestamente “ilustrada” de nación ha sido ella misma una “lógica atávica de lo originario”. En efecto, la versión francesa –ilustrada- de nación remite en último término a la producción soberana de una vida biológica inscrita en un territorio: véase el artículo 10 de la Constitución de 1980: “son chilenos los nacidos en territorio de Chile (…)”. ¿Acaso no sería esta politización de la vida biológica (el nacimiento) una confirmación de la “lógica atávica” que constituye la concepción chilena de “nación”? A pesar de todo, Herrera no puede ver que su noción supuestamente “cultural e ilustrada” de nación es también y, sobre todo, un particularismo. Un particularismo hegemónico, sin duda, impuesto a sangre y fuego por siglos de devastación colonial.

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