En abril de este año cobró fuerza un movimiento universitario global de solidaridad con el pueblo Palestino. Su demanda consistió en el término o suspensión de convenios de cooperación con las universidades israelíes. En el caso de la Universidad de Chile, las autoridades se han opuesto, a partir de distintos argumentos: el rol de las universidades en períodos de crisis, la prioridad del trabajo académico y la necesidad no cortar redes existentes de colaboración internacional. También se ha argumentado que finalizar los convenios no tendría ningún impacto práctico y que se debe proteger las voces críticas de académicos y académicas israelíes, para que puedan alzar su voz. ¿Son estas razones, ajustadas al trabajo académico y los fines de cualquier universidad, suficientes para que la Universidad de Chile se niegue a terminar con los convenios?
El movimiento universitario de solidaridad con Palestina se origina en el movimiento internacional que actuó para terminar con el apartheid en Sudáfrica. Las acciones para bloquear a Sudáfrica en distintas instancias internacionales, incluidas la cultura y el deporte, lograron crear una conciencia internacional para combatir el racismo. No es casual que, hasta ahora, Sudáfrica sea el país más activo en solicitar la condena de Israel en instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia, pues ve representada su historia en la del pueblo palestino. El Presidente Boric anunció en su cuenta pública que Chile apoyará a Sudáfrica en esta acción, en coherencia con el compromiso que el país ha tenido con los derechos humanos desde la creación de Naciones Unidas, con excepción del período de la dictadura.
Los primeros llamados a romper con universidades de Israel ocurrieron en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Poco a poco están logrando resultados positivos. En España, por ejemplo, las universidades públicas de Barcelona, Granada, Jaén, Pablo Olavide (Sevilla) y Oviedo, y las del país vasco y la pública de Navarra han cesado sus convenios. Durante este movimiento universitario global, España decidió reconocer el Estado Palestino, en forma coordinada con Irlanda y Noruega. Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel y Brasil retiró su embajador. Se trata de gestos que en lo inmediato no cambian la vida de los palestinos, pero expresan la intención decidida de aportar a una solución de dos Estados, que convivan en paz.
En Chile, el movimiento comenzó los primeros de día de mayo. Primero, la Federación de Estudiantes de la PUC exigió a su Rector poner fin a los convenios con tres universidades israelíes. Más tarde, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile realizó la misma exigencia a su Rectora. Desde el 15 de mayo, la Casa Central alberga un “acampe”. Lo propio hicieron los estudiantes de la USACH y la UMCE cuyas autoridades propiciaron un diálogo con la comunidad tras lo cual decidieron suspender los convenios existentes.
Existe consenso internacional en que la respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre del año pasado, que dejó alrededor de 1.200 víctimas fatales, ha sido extremadamente desproporcionada y que estamos en presencia de un genocidio. Se estima que más de 35 mil palestinos han sido asesinados. Israel ha bombardeado zonas residenciales, destruido hospitales dejando sin atención sanitaria a miles de enfermos y heridos, usado el hambre como arma de guerra. Estas acciones constituyen violaciones al derecho internacional humanitario. Es la expresión descarnada de la violación de los derechos humanos que ha sufrido el pueblo palestino por 70 años, demostrada en numerosos informes y declaraciones de agencias internacionales.
La diferencia, esta vez, es la evidente brutalidad y magnitud de las personas asesinadas o mutiladas, la gran mayoría niños, niñas, mujeres, personas mayores, población civil que no tiene relación con Hamas. Naciones Unidas ha señalado que el número de niños y niñas palestinas asesinados en los últimos cinco meses es mayor que todos los niños y niñas que han muerto en todas las guerras ocurridas en el mundo, en los últimos cuatro años.
El Decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile decidió, el 20 de mayo, terminar sus convenios. Se trata de una clara toma de posición de condena al genocidio, dando un sentido ético a la colaboración académica internacional. En respuesta, Rectoría envió una declaración a la comunidad universitaria, en la que manifestó que los convenios entre universidades buscan “promover el intercambio académico” y con ello “contribuir a la generación de redes de conocimiento a nivel global”. La declaración se refirió a los “ataques” de Israel en territorio Palestino y la necesidad de solidarizar con la “causa Palestina”. No obstante, agregó que esto no debía traducirse en una “cancelación de las comunidades universitarias de Israel”, igualando, curiosamente, la situación de las universidades israelíes con la vivida por la Universidad de Chile en dictadura.
Una posterior declaración del Consejo Universitario ratificó la posición de Rectoría. No obstante, reconoció someramente las graves violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino, evitando responsabilizar al Estado de Israel.
Ambas declaraciones defienden el intercambio académico de la Universidad de Chile con las universidades israelíes. Nada dicen de las académicas y académicos palestinos, ni de los estudiantes de las universidades palestinas. Se trata de más de diez universidades arrasadas por la barbarie de Israel.
Los estatutos de la Universidad de Chile incluyen como uno de sus principios “la formación de personas con sentido ético, cívico y de solidaridad social“. El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2017-2026 señala que uno de sus valores y principios es el “respeto irrestricto y promoción de los derechos humanos en todas sus dimensiones”.
En coherencia, el compromiso de la Universidad de Chile con los derechos humanos se ha expresado en diversas acciones. Una de las más significativas es la entrega de títulos póstumos a estudiantes víctimas de la dictadura, durante la gestión del Rector Vivaldi.
Aunque la Universidad de Chile entrega títulos profesionales a quienes aprueban la totalidad del plan de estudios, este requisito académico no fue impedimento. Tampoco lo fue el hecho de que la decisión no tenga ningún impacto práctico -quienes recibieron esos títulos fueron asesinados o hechos desaparecer y nunca podrán ejercer sus profesiones. Entregar títulos póstumos constituyó una medida simbólica de reparación de las víctimas, un mensaje al país y al mundo de que las violaciones a los derechos humanos son inaceptables. Un necesario acto de Memoria para que la barbarie vivida en Chile no vuelva a ocurrir en este país y en ningún otro.
El Sistema Internacional de Derechos Humanos surgió después de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de proteger estándares básicos para la vida en común y procurar la paz mundial. Esto no ha evitado la existencia de conflictos bélicos y de violación de derechos humanos. Basta pensar en las “limpiezas étnicas” ocurridas en Ruanda y Yugoslavia, así como la violación de derechos humanos que los palestinos han sufrido desde la instalación del Estado de Israel en su territorio, en 1947.
En pleno siglo XXI, una guerra ocurre en Europa y presenciamos por televisión una masacre en Oriente Medio, que no tiene indicios de disminuir. Está presente la amenaza de una tercera guerra mundial o de una ofensiva nuclear, y los movimientos de ultraderecha amenazan los avances civilizatorios que tanto costó conquistar en el siglo XX, entre ellos el Sistema Internacional de Derechos Humanos. La voz de alerta de los jóvenes del mundo para terminar con el genocidio palestino replica lo que otros jóvenes hicieron para terminar la guerra de Vietnam y, más recientemente, con movimientos como “me too” o “black lives matter”, que adquirieron importancia global, logrando incidir y sensibilizar, desde las universidades, irradiando transformaciones al conjunto de la sociedad. Este llamado es un acto básico de humanidad y siembra una luz de esperanza para el futuro.
La relatora de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, Francisca Albanese, ha solicitado a la comunidad internacional que imponga sanciones a Israel, como única salida posible para detener el exterminio de un pueblo entero. Este llamado es urgente, pues Israel anunció que su ofensiva en Gaza continuará al menos por siete meses más. Las instituciones que tienen un compromiso explícito con los derechos humanos tienen el deber de realizar todas las acciones que estén a su alcance.
Ningún convenio de colaboración académica tiene mayor valor moral que el derecho a la vida y el derecho de un pueblo a existir. Poner fin a los convenios no impide que académicos y académicos de universidades israelíes unan sus voces críticas al movimiento internacional.
Ya no es posible devolver la vida a los más de 35 mil palestinos asesinados a la fecha, pero podemos actuar para que las víctimas no sigan aumentando. La comunidad internacional, en especial las instituciones que se han comprometido explícitamente con el “respeto y promoción irrestricta de los derechos humanos en todas sus dimensiones”, como la Universidad de Chile, se enfrentan al desafío histórico y deber moral de realizar todas las acciones que estén a su alcance para contribuir a detener esta masacre.
Como ciudadanas y académicas confiamos en que aún estamos a tiempo de propiciar instancias de diálogo y escucha y tomar posición por los derechos humanos, la vida y el derecho de los pueblos a existir, como guía de nuestro trabajo académico.
