El borramiento: En torno a la declaración de la Cancillería chilena sobre la cuestión Palestina

La declaración lleva consigo una toma de posición que, al aceptar que lo que está en juego son fuerzas religiosas que, por tanto, resultan ser “equivalentes”, favorece en lo inmediato a Israel. ¿Qué diríamos si dijéramos que el pueblo mapuche es una fuerza “equivalente” para con la del Estado de Chile y sus “papeleras”? ¿Qué actitud tendríamos si planteáramos que los familiares de DD.DD son una fuerza equivalente a la de las FFAA y que ambos juegan como “dos partes”? El punto que habría que poner en discusión es la dimensión concreta de las relaciones de poder que, incluso, respecto de la “cuestión palestina”, el propio derecho internacional aquí mencionado, reconoce.
Foto: Agencia Uno

Una singular Declaración ha emitido la Cancillería chilena acerca de los hechos acontecidos en Palestina. Singular por tres razones que se concatenan en condensar al imaginario sionista con el que, el propio Presidente Boric, según sus precisas intervenciones durante la campaña presidencial e incluso, recientemente, en una entrevista ofrecida para medios internacionales, no está de acuerdo. Recordemos que, tanto en la campaña presidencial como en la reciente entrevista, el presidente ha señalado con claridad la existencia de un genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino. ¿Qué es un “genocidio”? Ante todo, la puesta en juego de una violencia capaz de borrar al otro, de hacer como si éste no existiera y no hubiera existido jamás. Veamos las tres razones que se cristalizan en los tres párrafos de la Declaración:

1.- Primer Párrafo.

“El Gobierno de Chile lamenta los hechos de violencia ocurridos desde el pasado viernes en el complejo de Haram Al Sharif/Monte del Templo y hace un llamado a mantener el estatus quo en los lugares sagrados de Jerusalén y que se garantice la libertad de los fieles para poder rezar y asistir a sus respectivos lugares de culto en seguridad y tranquilidad, especialmente en días de celebraciones importantes para las tres religiones monoteístas.” –dice el primer párrafo. No solo el gobierno de Chile no “condena” sino solo “lamenta”, sino que además instala un paradigma “culturalista” para la comprensión de la situación en la que la cuestión etno-confesional parece ser la clave del conflicto: que “se garantice la libertad de los fieles” –es lo que Israel ha argumentado en su posición de heraldo de la “libertad religiosa” en Medio Oriente. Por eso Israel ha podido justificar su intromisión en los Territorios Ocupados –en particular en Al Aqsa: justamente para “garantizar la libertad religiosa” se debe intervenir policialmente contra posibles atentados. En suma, justificación que Israel argumenta siempre en función de la protección de los fieles que van a rezar: por el bien de los palestinos aplastamos a los palestinos, por el bien de los palestinos prevenimos su terrorismo. Así, Israel, asediando al pueblo palestino y expandiendo su fuerza en los Territorios Ocupados para impulsar al máximo su política de asentamientos ilegales, se comporta como “potencia ocupante” –tal como lo establece la resolución 338- en los Territorios Ocupados por él. Sin embargo, el paradigma culturalista que instala la Declaración impide comprender la realidad política de la Ocupación vigente desde 1967 y ni siquiera insta a lo que las propias resoluciones de NNUU (la 242 y la 338) señalan: que Israel se retire y devuelva los Territorios Ocupados a Palestina. Al circunscribir el problema a la cuestión del respeto o no de la libertad religiosa, la Declaración entiende, tácitamente, que la situación en Palestina es una situación “religiosa” y no colonial. Así, se une al coro del orientalismo hegemónico que imagina que los árabes y musulmanes son pueblos “religiosos” y no “políticos”, pueblos que no viven del progreso de la razón –que de hecho la rechazan- sino en la invariabilidad histórica de la religión. El problema político se culturaliza y deja atrás la realidad colonial que define a la cuestión Palestina desde que comenzó formalmente en 1948 cuando se creó la entidad sionista.

2.-  Segundo Párrafo.

“Asimismo, expresa su preocupación por el aumento de la tensión y el deterioro de la situación en Jerusalén Oriental y en diversas ciudades de Cisjordania y hace un llamado a las partes a detener el espiral de violencia de las últimas semanas que ha costado la vida a numerosos seres humanos inocentes.” La “preocupación” sin duda ha de ser relevante: habla de un Estado que tiene una sensibilidad internacional y un compromiso con la resolución pacífica de los conflictos. Pero para resolver pacíficamente los mismos resulta preciso entender qué es lo que está en juego en él. ¿En qué consiste el mal llamado “conflicto palestino-israelí”? La misma designación expone el síntoma, la expresión “conflicto palestino-israelí” exhibe el marco comprensivo del problema: se entiende el mismo como un conflicto entre fuerzas equivalentes, entre pueblos en igual condición, entre entidades semejantes. Al comprender el asunto desde la supuesta equivalencia de fuerzas, se obnubila la única realidad que define a la “cuestión palestina”: el colonialismo y su intensificación. La Declaración no señala “colonialismo” ni tampoco “colonización”. Da por hecho que los problemas coloniales habrían sido resueltos después de la Segunda Guerra Mundial y que, por tanto, aquí se estaría jugando un conflicto “religioso” (tal como supone el párrafo 1) y que, por tanto, habrían “dos partes” como si éstas tuvieran la misma responsabilidad en la “escalada de violencia” que denuncia.

Sin embargo, en los hechos, es Israel la que ha de asumir la mayor responsabilidad dado que las NNUU lo califican como “potencia ocupante” que, al serlo, tiene justamente responsabilidades de velar sobre la vida de los ocupados. En otros términos, son las mismas resoluciones de NNUU la que muestran que la situación no es “entre dos partes” iguales, sino entre una “potencia ocupante” y un pueblo “ocupado”. Como sabemos por la historia y la política, la Ocupación –realidad que se ha mantenido intacta desde 1967 y se ha profundizado en desmedro de los palestinos- es una fase de la colonización cristalizada en 1948 con la creación de Israel, pero generada ya desde 1917 en que se emite la Declaración Balfour en la que la potencia británica del momento le otorga todas las garantías al movimiento sionista para asentarse en Palestina. Así, la Declaración de la Cancillería resulta ser muy pobre para comprender la situación, reduciéndola a un problema “religioso” y suponiendo que existen “dos partes” como fuerzas equivalentes. Con ello, esta Declaración reproduce exactamente la violencia colonial israelí, consistente en borrar la realidad colonial con la que, desde hace 74 años, Israel domina Palestina. A esta luz, se entiende porqué esta Declaración de la cancillería no puede pretender neutralidad, a pesar de insistir en las “dos partes”: asumir esa posición es precisamente reproducir el borramiento ejercido por el colonialismo, la forclusión sobre la “cuestión palestina”.

3.- Tercer Párrafo.

“Chile insta a restablecer el diálogo y a destrabar el proceso de paz, que debería basarse en el derecho internacional y en las resoluciones relevantes de Naciones Unidas. El clima de violencia actual está principalmente vinculado a la falta de respeto al derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. La paz es el único camino para resolver el conflicto y conducir a la creación de dos estados independientes y soberanos que vivan en paz y seguridad con fronteras mutuamente reconocidas.” La Declaración supone la existencia de un “proceso de paz”.

La pregunta que habría que formular es ¿qué “proceso de paz”? ¿Habrían sido los Acuerdos firmados entre 1992 y 1993 tal “proceso”? Si esto es así, resulta de una completa ingenuidad, dado que, han sido los propios actores, tanto Israel al no poner tregua a su política de expansión de los asentamientos y a las incursiones militares en Gaza, como la Autoridad Nacional Palestina que, a propósito de la política israelí, repite todos los años que tales Acuerdos están caducos y no funcionan.

Sin embargo, habría que ir más allá de las lamentaciones de la Autoridad y del optimismo inicial que hubo por tales Acuerdos, para comprender que jamás fueron un mecanismo para activar un determinado “proceso de paz”, sino más bien, una verdadera reconfiguración de la gobernanza colonial por parte de Israel: ¿cómo explicar que la colonización sionista se haya profundizado aun estando presente dichos Acuerdos? La primera respuesta sería que Israel no los habría cumplido. La segunda, más compleja puesto que explica a la anterior, es que, en realidad, dichos Acuerdos constituyeron una renovación de la gobernanza colonial sobre Palestina. Ahora bien, nada de eso dice la Declaración. Sin embargo, la Declaración si dice algo relevante: que el “proceso de paz” se ajuste al “derecho internacional” y a las “resoluciones relevantes de Naciones Unidas”. En este sentido ¿qué resoluciones son aquí, en esta situación, “relevantes”? Justamente las resoluciones 242 y la 338 que conminan a Israel, nombrado por estos documentos como “potencia ocupante”, a reestablecer las fronteras previas a la invasión de 1967.

Dicho de otro modo: si la cancillería asume que es necesario iniciar un “proceso de paz” vía las “resoluciones relevantes” de NNUU, entonces debería aceptar que el conflicto no se da entre fuerzas equivalentes, sino entre una “potencia ocupante” y un pueblo “ocupado”, tal como lo admite NNUU. En otros términos, tendría que aceptar que de lo que se trata aquí no es de un conflicto “religioso”, sino de un conjunto de conflictos desplegados en los Territorios Ocupados que el derecho internacional reconoce que pertenecen a Palestina y que Israel está “ocupando” ilegalmente. Por eso, la Declaración tendría que condenar enérgicamente la profundización israelí de la política de asentamientos, pero, sobre todo, la institucionalización de un apartheid donde el muro (ilegalizado también por el Tribunal de la Haya) que divide territorios económicos a favor de Israel configuran una política del despojo que, por cierto, no se condicen ni con el derecho internacional ni con las “resoluciones relevantes” de las NNUU a las que insta nuestra Cancillería.

Finalmente: la opción por la “solución de los dos Estados” a la que apela la declaración de la Cancillería resulta completa abstracta: ¿se han revisado los mapas para ver cómo podría trazarse el territorio del nuevo Estado palestino? Una breve mirada nos permitiría advertir que la intensificación de la colonización sionista ha hecho prácticamente imposible la “solución de los dos Estados” pues ha terminado por conquistar cada punto, marcando con múltiples checkpoints y dispositivos de separación un territorio que pretende conquistar totalmente y así borrar por completo todo rastro de Palestina.

Más aún, bien valdría detenerse en el origen de esta “solución” que siempre ha sido tan celebrada por el progresismo (la administración Obama en EEUU favoreció esta solución). El origen de la “solución de dos Estados” fue propuesto por NNUU en 1947. Propuesta que el movimiento sionista no cumplió y terminó conquistando el 80% del territorio cuando, en dicha propuesta, se le había asignado el 51%. Ahora bien ¿por qué NNUU adoptó tal solución?

Ello no se debió a ningún factor demográfico (la diferencia demográfica era infinitamente mayor para los palestinos), sino a un peso político de corte colonial, tal como se había anunciado ya desde que se emite la Declaración Balfour en 1917. ¿Quién y cómo se determinó que el 51% debería ir a los colonos sionistas y el 49% a los palestinos? ¿Hubo participación del movimiento nacional palestino de la época en dicha “solución”? Por supuesto que no –a pesar de su insistencia. Ergo, la “solución de los dos estados” fue desde 1947 una apuesta colonial cuyo carácter ficcional ha sido puesto de relieve hoy cuando esa “solución” ha devenido totalmente imposible. Imposibilidad devenida por la misma política de borramiento llevada a cabo por la colonización sionista.

4.- Borramiento

Los tres párrafos llevan consigo una toma de posición que, al aceptar que lo que está en juego son fuerzas religiosas que, por tanto, resultan ser “equivalentes”, favorece en lo inmediato a Israel. ¿Qué diríamos si dijéramos que el pueblo mapuche es una fuerza “equivalente” para con la del Estado de Chile y sus “papeleras”? ¿Qué actitud tendríamos si planteáramos que los familiares de DD.DD son una fuerza equivalente a la de las FFAA y que ambos juegan como “dos partes”? El punto que habría que poner en discusión es la dimensión concreta de las relaciones de poder que, incluso, respecto de la “cuestión palestina”, el propio derecho internacional aquí mencionado, reconoce. Pensar que todo se rige por un problema “religioso” y que, por ese motivo las fuerzas enfrentadas en la coyuntura son “dos partes” equivalentes, contribuye a la ignorar la relación práctica y concreta de las relaciones de poder y, por tanto, reproduce el borramiento colonial de la misma empresa colonial involucrada en la violencia del borramiento.

Es clave este punto y es preciso hacer hincapié en él: desde la Declaración Balfour emitida en 1917 que la “cuestión palestina” se dirimió en base a la violencia del borramiento. Si se advierte bien las 67 palabras de la otrora declaración se advertirá que en ninguna parte ella reconoce la existencia del “pueblo palestino”. Reconocerlo significa reconocer su agencia política y, en esos términos, reconocer que la naturaleza del conflicto tiene un carácter colonial y no religioso.

Desde dicha declaración emitida en 1917 por la cancillería británica que la colonización sionista sobre Palestina adoptó el borramiento de dicha declaración como paradigma colonial: nunca Israel ha reconocido al pueblo palestino como pueblo, nunca lo ha reconocido “políticamente” sino solo como un dato demográfico que estorba la buena realización del proyecto sionista. La declaración de la Cancillería tampoco habla de “pueblo palestino” y así, sigue perpetuando el arduo trabajo de borramiento de un pueblo. Cuando el presidente Boric se ha referido al “genocidio” que comete Israel sobre Palestina se trata precisamente de esa política del borramiento con la que, paradójicamente, la propia Cancillería parece comprometerse.

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