Connect with us

Opinión

Artes y archivos: procesos constituyentes y trayectorias de los derechos

El proceso constituyente chileno ha abierto un espacio para seguir avanzando en la disputa por los derechos fundamentales para el sector artístico y cultural.

Publicado

on

Constanza Alvarado, Doctoranda en Comunicación de la Universidad Austral y Universidad de la Frontera de Chile. Colectivo ARDE.

El reconocimiento de la actividad artística en Chile como trabajo y consagración de los derechos en el campo de las artes escénicas es una materia que ha pulsado fuerte en estos días, incluyendo a sus actoras y actores. Recientemente se han aprobado, no sin fricciones importantes, artículos en esta materia que pasarán a formar parte del borrador de la “Nueva Constitución”. Dos de ellos son fundamentales, los Derechos de Autor y la Libertad de Creación y Difusión de las Culturas y las Artes. Uno de los debates más bullados ha girado en torno a la inclusión de la propiedad intelectual que busca proteger los derechos morales y patrimoniales de los(as) creadoras (es), cuestión que implica la distinción de la producción artística y cultural, la afirmación de su especificidad y una resistencia a ser considerada como cualquier otra propiedad. Un nuevo estatuto de la propiedad centrada en una relectura de lo in-material abre el espacio para una nueva cultura democrática.

El proceso constituyente chileno ha abierto un espacio para seguir avanzando en la disputa por los derechos fundamentales para el sector artístico y cultural. Ahora bien, la consagración de tales derechos inscribirá en la nueva carta magna -material, discursiva y simbólicamente-, las múltiples reivindicaciones que artistas, cultores y organizaciones de este ámbito de la sociedad han sostenido por años para robustecer su actividad y reforzar el valor de su presencia y su saber-hacer.

Dos artículos recientemente publicados en medios digitales, uno de autoría de Bárbara Negrón (Observatorio de Políticas Culturales, OPC) y el otro de Eduardo Carrasco (músico, fundador de Quilapayún y docente de la Universidad de Chile), repasan en un sentido histórico los avances en materia de derechos del sector de las artes y las culturas en Chile y fundamentan por qué los “derechos de propiedad intelectual” deben quedar consignados en el nuevo texto constitucional, de modo de no retroceder en esta materia sino más bien seguir ampliando el espacio para las y los trabajadores.

En un orden marcado por la “dominante neoliberal” que bajo la oposición ocio-negocio absorbe la actividad humana bajo los parámetros de “indicadores de productividad”, la disciplina y el consumo como episteme gestional, el valor de las artes -el trabajo de las y los artistas- es permanentemente cuestionado y precarizado. Basta recordar que hace un año la propia Ministra de Estado de la cartera señaló en medios -agravando la indigencia simbólica- que “un peso que se ponga en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”, negando los derechos al mundo de los (as) artistas. De paso dejó en una situación desmedrada la dimensión creativa, imaginal de la ciudadanía, agravando la precarización de la creatividad en nuestro proceso de transformaciones.

Advertisement

Bajo el modelo rentista y managerial, “lo contiguo”, “lo inmediato”, “lo fáctico” y “pre-crítico” adquieren un protagonismo fundamental en desmedro de las artes, muchas veces confinadas como “adornos” sociales. Ergo, han sido concebidas “difusamente como actividad laboral”, en palabras de Remedios Zafra. Y es que, siguiendo a la autora, las dicotomías entre dinero-saber, interés comercial-interés cultural, creación mundana-espiritualidad, nos hacen pensar que la “creación se hace aislada del mundo material” cuando sabemos que lejos de tal “abstraccionismo” las artes están atravesadas por diagramas de sentido y cotidianidad: el trabajo, el dinero, los espacios que habitamos, nuestros cuerpos y deseos.

A modo de ejemplo, desde el 2017 el Colectivo ARDE ha ido dando forma a una plataforma en red que busca contribuir a la valoración, visibilización y construcción de “memorias, narrativas” y evidencias en torno a los procesos de creación y trabajo de artistas y agrupaciones. Movilizadas por la comprensión de la memoria como un campo de batalla e intersecciones y no como un compartimento estanco (Nelly Richard), se ha trabajado en conjunto con las y los creadores en la generación de colecciones digitales que, a través de la puesta a disposición pública de documentos -afiches, cuadernos de proceso, fotografías, informes financieros, cartas, audios, entre otros-, dan cuenta de la densidad de los procesos de creación. Así podemos reconocer el laborioso espacio creativo de compañías teatrales, y colectivos que evidencian la producción de conocimiento y experiencia que este sector pone en movimiento, su anclaje en lo común, en la corporalidad, en el pensamiento crítico, la incertidumbre, la errancia y los afectos.

En el caso del Colectivo ARDE cabe consignar otros nudos. Participamos junto a otras agrupaciones de una investigación activa y común que tiene como horizonte propiciar la construcción de archivos procesuales y la producción de documentos que potencien la generación de “narrativas diversas” en torno al quehacer y experiencia artística. De esta forma nos interesa conjuntamente contrarrestar la centralidad de los archivos institucionales y, en especial, de los discursos hegemónicos (adultocéntricos) que precarizan a aquellas/os artistas y grupos que han permanecido al margen del oficialismo cultural y de los paradigmas visuales y estéticos de las élites.

Destacamos el proyecto Teatro y Memoria Concepción, resultado del levantamiento de testimonios y documentos sobre el quehacer del teatro en el Bío-Bío y de las vidas que resistieron por medio de él durante la última dictadura en Chile; NICE, Núcleo de Investigación y Creación Escénica, con su investigación y publicación “Evidencias. Las otras dramaturgias”, sobre el trabajo de mujeres dramaturgas del siglo XX en Chile; el Centro de Creación y Residencia NAVE que inauguró recientemente un archivo digital que difunde su actividad artística centrada en la investigación y experimentación en torno a las/los cuerpas/os; La MAE, la Memoria de las Artes Escénicas de Costa Rica, proyecto sostenido por un equipo de mujeres dedicado al almacenaje, la preservación y difusión de los documentos escritos, gráficos, fotográficos y audiovisuales de actividades escénicas de este territorio; por nombrar algunas agrupaciones amigas. Sumamos también la labor fundamental que un grupo de investigadoras y docentes chilenas se encuentran realizando con el proyecto Catastro Nacional de Archivo de Artes Escénicas con el fin de hacer patente la necesidad de generar políticas públicas para el archivo y la memoria en torno a las artes escénicas en Chile.

Tras esta sinopsis y a través de un nuevo proyecto de investigación que presentaremos prontamente, nos sumamos a la insistencia por la reivindicación de los derechos del trabajo de mujeres artistas que, al igual que en otros sectores sociales, han sido escasamente atendidos. Para ello, nos vinculamos con un grupo de mujeres de las artes escénicas que cuentan con trayectorias diversas y que han incursionado en múltiples oficios de la escena: Margarita Poseck, Ana María Cabello, Ximena Schaaf, Claudia Rosales, Patricia Campos y Marcela Cornejo; actrices, dramaturgas, directoras, bailarinas, coreógrafas y pedagogas, todas ellas residentes en Valdivia; Catalina Devia, Montserrat Catalá y Amaya Clunes, diseñadoras teatrales de distintas generaciones; Ana María Allendes y Paulina Beltrand, actrices, titiriteras y agentes culturales de Santiago y Valparaíso respectivamente; y a la poeta, dramaturga, actriz y performera Maha Vial, fallecida el 2020 en la ciudad de Valdivia, a través de documentos y testimonios de compañeras y amigas. La participación mayoritaria de creadoras de esta última ciudad -artes escénicas en Valdivia- se debe a que la investigación se concibe desde una perspectiva regional e incluye otros territorios para favorecer un estudio situado y establecer a la vez interacciones más amplias.

Advertisement

La trayectoria recorrida hasta ahora nos recuerda que la “práctica del archivo” no se centra exclusivamente en “documentar algo, sino que más bien en entablar una conversación”, como diría Agnès Varda. Hemos vislumbrado en el diálogo con las artistas que las mujeres trabajadoras de las artes no solo enfrentan las dificultades asociadas al género, sino también las complejidades propias de trabajar y vivir de las artes, ganarse la vida en medio de “contextos informales”, conciliar los tiempos laborales con el cuidado, y muchas veces, enfrentar la sobrevaloración de la presencia patriarcal (lo heteronormativo masculinizado).

En algunos casos, la subestimación de las capacidades de las mujeres en los quehaceres técnicos y los roles de dirección, sobre todo en las generaciones mayores. Ahora bien, las narrativas de las creadoras no son homogéneas, además de develar las marcas generacionales y territoriales traslucen la elaboración de subjetividades que, tramadas a las de sus compañeras de escena, a sus maestras y maestros, a sus inspiraciones sociales y políticas, atraviesan sus procesos de creación, los movilizan y los dotan de sentido y complejidad.

En estos días de conmemoración de las(los) trabajadoras(es) concebimos que una de las fuerzas del archivo en las artes es correr la cortina del espacio privado de la creación para poner en común las dimensiones procesuales y laboriosas que hacen de las artes un trabajo más, sin por ello renunciar a su especificidad.

Advertisement
Leer más
Publicidad
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Proyecto Arde – Archivo de Procesos Artísticos » Artes y archivos: procesos constituyentes y trayectorias de los derechos

Leave a Reply

Su dirección de correo no se hará público.

Opinión

Lucha armada en el Walh Mapu

La de los insurgentes no es una disputa puramente política y militar; es también una pugna económica por los recursos y bienes transables que permiten financiar y sostener material, y simbólicamente la organización. Por eso, su propósito es inhibir los pactos entre las comunidades locales y las industrias forestales. No quieren los acuerdos; quieren a Mininco.

Publicado

on

Militares

En memoria de Juan Segundo Catril Neculqueo

Por la evidencia recogida en el lugar, el crimen de Juan Catril habría sido una emboscada planificada y ejecutada con alevosía, es decir, con cautela y sin riesgo para los victimarios. Los más de tres miembros de la banda habrían actuado sobre seguro, con la certeza de que nadie repelería el ataque, pues sus objetivos eran hombres inermes y el camino estaría desprovisto de controles policiales y militares, no obstante el Estado de Excepción constitucional que rige en la zona. El fiscal piensa que, por la cantidad y calidad de las armas y proyectiles empleados -escopetas calibre 12, pistolas calibre 9 y fusiles de guerra, calibre 1.62-, las consecuencias de la agresión podrían haber sido aún más graves. 

¿Qué se buscaba con la acción? Este no fue un ataque directo a las fuerzas de orden y seguridad, como los atentados que estaban sucediendo al mismo tiempo en otras áreas vecinas. Tampoco contra instalaciones, vehículos o maquinarias industriales. Por consiguiente, la ofensiva no buscaba desafiar abiertamente la razón de Estado, ni menguar las capacidades económicas de las forestales. Estaba selectivamente dirigida a civiles desarmados, para enviar una señal ejemplarizadora a la población local acerca de quién ejerce el verdadero dominio sobre el territorio, y de qué les podría suceder a aquellos, incluso de origen mapuche, huilliche o pehuenche, que colaborasen con Mininco. Pero la de los insurgentes no es una disputa puramente política y militar; es también una pugna económica por los recursos y bienes transables que permiten financiar y sostener material, y simbólicamente la organización. Por eso, su propósito es inhibir los pactos entre las comunidades locales y las industrias forestales. No quieren los acuerdos; quieren a Mininco.

Lejos de los superados conceptos de restablecimiento del orden público, de contención de la violencia social, del derecho al reconocimiento y a la identidad originaria de los pueblos, y del sistema de explotación de las tierras indígenas, lo que se configura en estas acciones generalizadas, sistemáticas y progresivas de violencia, que vulneran derechos fundamentales, y a cuya defensa el Estado de Chile está obligado, es una guerra de guerrillas verbal y fácticamente declarada. Frente a ella resultan insuficientes los recursos, medios, metodologías e instituciones encargadas de garantizar la seguridad de la población civil, como, asimismo, la integridad de los antagonistas del conflicto que tiene lugar en la macro zona sur.

Luego, la pregunta esencial que deja planteada la secuela de muertes que ha trazado esta conflagración, y que nadie puede eludir, se podría expresar de esta manera: si en aquellos territorios la unidad del Estado está en disputa, ¿por qué no se trata a los beligerantes como organizaciones armadas irregulares que desafían el monopolio de la violencia legítima del Estado democrático? ¿Por qué no se les reconoce el estatus que otorga la Convención de Ginebra con el fin de proteger a las víctimas, especialmente a las no beligerantes, de los excesos de la lucha? Su artículo 3, es explícito al señalar que “las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo”.

Advertisement

La guerra de guerrillas es un concepto bicentenario que ha experimentado cambios hermenéuticos propios de las mutuas influencias producidas entre el mundo social y el conocimiento generado por las ciencias sociales. De origen español, fue sin embargo aplicado al diseño estratégico de las luchas americanas de independencia. Así pues, el Diario de José Santos Vargas (1814-1825) se constituye en un registro histórico de gran valor, pues relata la cotidianeidad de estas tropas irregulares apoyadas por comunidades indígenas, dotadas de un sustrato ideológico con base en tradiciones y creencias ancestrales, con una organización política que gira en torno a un caudillo, y con una economía de guerra que hace de la producción y comercialización de la coca su fuente de ingresos.

A comienzos del siglo pasado Lenin actualizó la noción de lucha insurreccional a la luz de la teoría comunista de Marx y Engels. En La guerra de guerrillas, 1906, fijó los dos principios de la revolución: primero, que el marxismo no rechaza ninguna forma de lucha; y, segundo, que en diversas circunstancias económicas y políticas las luchas secundarias pasan a ser luchas principales, y viceversa. Todavía en la posmodernidad líquida, como nos recordaba Antonio Leal, unos marxistas consideran que la lucha principal es político-institucional, mientras que otros entienden que es insurreccional. 

Como fuere, el leninismo -lo mismo que el guevarismo- han creado una tradición aún latente en la cultura política de nuestra sociedad. Para Guevara, guerra de guerrillas y lucha de masas, aunque separables y distinguibles, no eran términos contradictorios. En 1963 escribió Guerra de guerrillas: un método donde reiteraba que “en nuestra situación americana, consideramos que tres aportaciones fundamentales hizo la Revolución Cubana a la mecánica de los movimientos revolucionarios en América; son ellas: Primero: las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército. Segundo: no siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución; el foco insurreccional puede crearlas. Tercero: en la América subdesarrollada, el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente el campo”. 

Pero es hacia los años ochenta que la guerra de guerrillas ensayó su mayor mudanza a instancias de la globalización neoliberal, del derrumbe de los socialismos reales y de la universalización de los derechos humanos. La lucha político militar dejó de ser de posicionamiento territorial para constituirse en control social y político sobre personas, familias y comunidades. Los milicianos empezaron a operar en espacios controlados por el Estado, a participar en las instituciones políticas formales, y a mantener lazos con la judicatura, la policía, las fuerzas armadas, las organizaciones empresariales, los controladores de medios de comunicación, los representantes populares y el crimen organizado. Se confundieron en la vida de los barrios, urbanos o rurales, y cuando las operaciones militares lo demandaron, de vecinos comunes se convirtieron en combatientes camuflados y encapuchados. Las estructuras de mando, por necesidades de adaptación y seguridad, se articularon en unidades menores bajo la dirección de caudillos autoritarios, animados por la urgencia de la guerra y por las necesidades de autodefensa, que no por la construcción de una nueva institucionalidad, de un nuevo orden social, ni de unas nuevas relaciones comunitarias.

La lucha armada aquí es líquida, como la sociedad que la tolera. Con lazos efímeros, inestables, individualistas y orientados a la publicidad y el consumo. Menos ideologizada y menos romántica que las de Sandino y el Che. El principal adversario de la guerra de guerrillas contemporánea, de lo que deberían tomar nota los “policy makers”, es su propia organización: ¿Por qué los rebeldes dejan de luchar?

Advertisement

Las herramientas que tiene a su haber el Estado democrático de derecho para abordar la lucha armada que se libra en el sur y que amenaza con diseminarse hacia otras regiones del país, son poderosas y eficaces, pero deben ser movilizadas a la luz de una nueva concepción del conflicto y de sus actores. Una que permita al Estado operar en todos los frentes y de manera simultánea, prestando amparo a la población inerme, respetando los derechos civiles y políticos de los insurgentes, desplegando una acción de reinstitucionalización del aparato estatal, y, sobre todo, rompiendo la connivencia y la complicidad políticas con el porte de armas y el ejercicio de la violencia ilegítima.

26 de mayo de 2022.

Continue Reading

Opinión

Un hotel Hyatt ilegal en el terreno donde estaba el Sanatorio Marítimo en Viña del Mar

Los concejales de Viña del Mar que cándidamente se consideraron autorizados para revivir la Ley Lorca, no pueden sobrepasar lo normado, ergo todo lo que ellos intentaron hacer es abiertamente ilegal.

Publicado

on

Hyatt Viña

Este terreno localizado enfrente de la avenida San Martín, con número 1355, al llegar a la calle 15 norte, con fondo al área verde playa, predio que ocupaba desde el año 1932 el Sanatorio Marítimo, hoy demolido, que era de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, en donde el actual dueño del terreno, Álvaro Saieh, después de haber logrado que la Municipalidad de Viña del Mar le aprobara un permiso de edificación, lo desea vender para hacer caja y así pagarles a sus acreedores. Recordemos que en mayo de 2009 dicho empresario firmó un compromiso de compraventa con la mencionada orden religiosa para levantar allí su anhelado hotel con 5 fulgurantes estrellas. 

Para contextualizar, en el año 1959 se publicó la ley Nº 13.364, conocida como Ley Lorca, la que en su artículo 13 le entregaba atribuciones a los regidores, hoy concejales de Viña del Mar, para que el Concejo respectivo por mayoría de 2/3 autorizara acotadas intervenciones en su borde costero hasta Concón. El 13 de abril de 1976, en plena dictadura, se publica en el Diario Oficial el Decreto Supremo Nº 458 que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), vigente hasta hoy en día: su artículo 169º derogó todas sus disposiciones y otras leyes o cuerpos legales que fueren contrarias a la aludida ley. 

Desconociéndose la LGUC, en sesión del 8 de agosto del año 2000 la mayoría de los concejales de la ciudad jardín decidieron que este lucrativo negocio inmobiliario era factible, motivo por el cual Omer Viñales, alcalde subrogante, firma el 30/08/2000 el decreto N° 4782 para que un actor privado construyera en ese terreno de 5.058 m2 un espigado hotel de 21 pisos, conservándose obligatoriamente la hermosa capilla existente. No hay que ser muy sagaz para saber que dicha orden religiosa no deseaba edificar el hotel, pues el permiso se obtuvo solo al venderlo más adelante en el mercado inmobiliario.  

Lo anterior se relaciona con el artículo 3º de la Ley Lorca que señalaba que se debía habilitar la playa que se extiende desde la calle 8 norte, donde había una piscina municipal, hasta el balneario de Las Salinas, con la obligación de materializarse en su borde costero parques y jardines de calidad para potenciar la vocación turística de Viña del Mar, indicándose asimismo que no se podía expropiar el antiguo edificio del Sanatorio Marítimo, por la importante labor sanitaria de bien público que allí se desarrollaba. Pero como estamos en Chile, país en donde todas las pillerías son posibles, el sanatorio se demolió en el año 2010, como vemos violándose la ley Lorca, y Fernando Durán, director de Obras Municipales de Viña del Mar, también subrogante, a solicitud del titular del anterior decreto alcaldicio, con fecha 13/05/2010 modificó el proyecto y, acto seguido, la pía institución le vende el terreno y el permiso mal cursado a CorpGroup del versátil empresario Álvaro Saieh para que en dicho terreno, con espectacular vista al mar, funcionara un hotel Hyatt.

Advertisement

Según la Contraloría, respondiendo una consulta determinada, informó que la Ley Lorca “coexiste” (sic) con la LGUC y con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y según su dictamen Nº 26910 del 11/04/16, los permisos acogidos a la Ley Lorca deben cumplir con la preceptiva urbanística aplicable que regula, entre otros aspectos, la vigencia y la caducidad de los permisos de edificación. Si el permiso en comento se cursó el año 2000, aunque no era posible otorgarlo, y como no se ejecutaron las faenas de trazados y excavación del terreno en el plazo de los 3 años exigidos en la OGUC, ese acto administrativo caducó automáticamente y de pleno derecho el año 2003. 

Los concejales que ejercían sus cargos en el año 2000 fueron poco diligentes porque, ignorando la regulación urbanística, consintieron en que, después de la demolición del sanatorio, que se produjo 10 años después, se podían iniciar las obras de construcción del hotel, por lo tanto, desconociendo el antiguo artículo 5.1.20 y el actual artículo 1.4.17 de la OGUC. En el texto actual de la LGUC se lee en su artículo 7º que “las disposiciones de la presente ley prevalecerán sobre cualquiera otra que verse sobre las mismas materias, sin perjuicio de las disposiciones que contenga el Decreto Ley de Reestructuración del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En consecuencia, se entenderán derogadas las disposiciones de otras leyes que fueren contrarias a las de la presente ley”.

Dejamos en claro que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia del año 2011, acogió favorablemente un recurso interpuesto por el abogado Lautaro Ríos, anulando los permisos indicados.  

Posteriormente, la Corte Suprema validó la operación comercial de Saieh, a pesar de los mayores alcances que tiene la LGUC sobre la Ley Lorca, sin percatarse sus jueces que las disposiciones puntuales y locales de la Ley Lorca para un reducido sector determinado del territorio nacional, ya habían sido suprimidas. Por otro lado, todos sabemos que la LGUC, su OGUC y más todavía el artículo 24º de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, dice que solo los directores de Obras Municipales (DOM) pueden cursar permisos de edificación.

Ergo, desde hace mucho tiempo los concejales no pueden inmiscuirse en los asuntos privativos que resuelven solamente aquellos funcionarios municipales que desempeñan el cargo de directores de obras. Queda en evidencia que era impropio el Decreto, de fecha 30 de agosto de 2000, firmado por un alcalde subrogante, con el cual se cursó una autorización para el edificio hotelero.  

Advertisement

Damos a conocer, en los dos siguientes documentos adjuntos, información oficial del Departamento de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto del terreno en el cual, conforme a una infundada sentencia de la Corte Suprema, se construirá el hotel que el actual titular del cuestionado permiso, desea vender en el mercado. En efecto, el rol de avalúo de la propiedad N° 228-1 que correspondía al Sanatorio Marítimo, demolido el año 2010, se cambió al Rol N° 20007-2, considerándosele por dicho servicio como sitio eriazo. 

Entonces fluye que: 

1- Respecto al dominio del terreno, está a nombre de HRV S.A., Foja 1240 V, Número 1464, Año 2015. Anteriormente estaba a nombre de la CIA. DE SEGUROS CORPSEGUROS SA. Dejamos en claro que este terreno no es concesión marítima, como algunos creían, pues el mismo pertenecía a la Población Vergara de Viña del Mar.

2- Los usos de suelo actual para el sector donde se emplaza el proyecto es BC, Borde Costero, según el Artículo 17 de la Ordenanza local, textualmente señala:

“AREA ESPECIAL BC

Advertisement

En esta área especial se conservan las disposiciones establecidas para la zona LM del Decreto Supremo 329/80 MINVU.”

3- La LM del Decreto Supremo 329/80 MINVU, antiguo texto de la Ordenanza Local del Plan Regulador de Viña del Mar, indica:

4- La famosa Ley Lorca, N° 13.364, en su artículo 13° le daba facultades a los regidores de entonces para emitir los permisos de edificación con un quorum de 2/3, materia que, como se ha dicho, está derogada desde la publicación del DL N° 458 de 1975. Reproducimos en copy-paste ese artículo: 

5- Pero en una ley oscura, típica de las que abarcan varios textos legales, en el artículo 5° de la Ley N° 19.388 se intentó revivir lo que estaba expresamente derogado, al indicarse:

6- Obviamente, los curitas de la Orden deben haber sospechado que la única manera de darle valor económico al inmueble era conservando la Ley Lorca, sin saber posiblemente que ya estaba derogada. Por otro lado, al ser modificado el PRC de Viña del año 2002, el Borde Costero no lo dejaron como área afecta a utilidad pública, ello al tenerlo supeditado con la zona LM del Decreto Supremo 329/80 del MINVU.

7- Los viñamarinos interesados en exigir el cumplimiento del marco regulatorio urbanístico, liderados por el connotado abogado Lautaro Ríos, en conocimiento que el permiso caducó por imperio de la ley y que ningún instrumento normativo admite la elevada altura del hotel, consignada en el decreto alcaldicio N° 4782 del 30 de agosto del año 2000 y su modificación N° 22/2010 del 13 de mayo de 2010, podrán accionar en instancias internacionales, ya que en Chile este caso, uno más de los miles que se conocen, se debe entender como un hecho ilegal consumado. 

Se evidencia entonces que, de la lectura del uso de suelo para la Zona LM, que obliga a preservar las edificaciones existentes al año 1980, cuando se promulgó el Decreto del MINVU N° 329, esas son las normas urbanísticas que exigen “preservar lo existente”, luego no se puede ejecutar el aludido invasivo proyecto hotelero con una altura no admitida. Los concejales de Viña del Mar que cándidamente se consideraron autorizados para revivir la Ley Lorca, no pueden sobrepasar lo normado, ergo todo lo que ellos intentaron hacer es abiertamente ilegal.

Advertisement
Continue Reading

Opinión

El Particularismo Nacional: Una respuesta a Hugo Herrera

Herrera quiere mantener que la concepción chilena de “nación” es “inclusiva” a diferencia de la plurinacionalidad que tendría un carácter centrífugo en cuanto reivindicaría la etnicidad y sus particularismos. Para él solo la concepción portaliana de “nación” gozaría del estatuto de lo universal.

Publicado

on

En su última columna publicada en el diario La Segunda el día martes 24 de Mayo el filósofo Hugo Herrera, a contrapelo de la concepción “plurinacional” del Estado regional propuesta por el borrador de la Nueva Constitución –borrador que su columna se propone “enmendar”: ¿desde qué lugar se autorizaría a hacerlo? –  reivindica la concepción de “nación” señalando: “Nuestro país ha sido ejemplo del poder inclusivo y productivo de la noción cultural e ilustrada de nación.” Esta afirmación Herrera la desprende de una concepción de “modernidad” que implicaría ir más allá del nativismo y la “rudeza” étnica de los particularismos: “Uno de los grandes avances de la modernidad es la limitación, que se logra en ella, de lo originario, de lo autóctono, étnico, sanguíneo, etc. gracias a una concepción de la nación como una construcción eminentemente cultural.” Curiosa noción que tiene Herrera de la “modernidad”: esta última no se caracterizaría por haber instalado un “contrato social” para contrarrestar las tendencias anárquicas, sino por haber propuesto una concepción “cultural” de nación.

Situar un “contrato” implicaría aceptar la premisa “liberal”, no así la concepción de “nación”. Herrera intenta contrarrestar al liberalismo con su “republicanismo popular”, para lo cual, debe enfocarse en la “nación” y no en el “contrato” porque su columna es una intervención en la discusión pública justamente en el momento en que el borrador de la Nueva Constitución ha concebido al Estado chileno de manera plurinacional. Herrera quiere mantener que la concepción chilena de “nación” es “inclusiva” a diferencia de la plurinacionalidad que tendría un carácter centrífugo en cuanto reivindicaría la etnicidad y sus particularismos. Para él solo la concepción portaliana de “nación” gozaría del estatuto de lo universal.

La operación de Herrera es estratégica: tácitamente introduce una noción “cultural” de nación (que sería “ilustrada”) en contra de otras concepciones (la de los pueblos originarios) de la misma que pasarían por su rúbrica biológica y étnica. Con ello, Herrera puede defender una concepción supuestamente universal de “nación” que no pase por los particularismos de las etnias. Sin embargo, Herrera no repara que al sostener una concepción cultural no resuelve el problema del particularismo. Más bien, ello no hace más que “culturalizar” el concepto de nación que, originalmente –al menos en su versión francesa, es decir “ilustrada”-  implicó una politización de la vida biológica inscrita al interior de un determinado territorio. Como si lo “cultural” estuviera exento de racismo, como si la nación chilena pudiera ocupar el lugar del Gran Otro y su universalidad.

Herrera no advierte de la mutación del racismo en la época contemporánea: desde Mandela –podríamos decir- el racismo dejó atrás al discurso biologizante de los tiempos nazis y abrazó un racismo culturalista (no se trata más de los “semitas” como del “islam”, no es la “raza” sino la “cultura” el problema). Herrera cree superar ese problema adjetivando esa noción cultural de nación bajo el término “ilustración”: ¿sería una concepción racional y, por esta vía, universal? Pues bien, es aquí donde la estrategia argumental de Herrera se anuda a la ficción de la concepción chilena de nación de la cual dice ser portadora de un “poder inclusivo”: tan “inclusivo” que parece haber dejado a los pueblos originarios en una posición radicalmente excluida (Pairicán), tan “inclusivo” que, en rigor, fue impuesto bajo un colonialismo de asentamiento en el que se combinó la campaña militar y la imposición de capital.

Advertisement

Es precisamente en este punto donde el discurso de Herrera se revela como una verdadera máquina mitológica, esto es, un montaje capaz de producir el mito de la “nación” chilena cuyo carácter “cultural e ilustrado” le haría portadora de una universalidad que el actual borrador de la Nueva Constitución vendría a poner en peligro: “Preterir –dice su columna- ese concepto cultural –el de nación chilena o pueblo de Chile- como hasta ahora luce desear la Convención, podría no solo tensionar la unidad de esa nación, sino hacerla retroceder hacia el nivel dogmático o pre-ilustrado de las lógicas atávicas de lo originario, lo racial o lo tribal.”

Precisamente resulta fundamental “tensionar la unidad de esa nación” exhibiendo lo que ella tiene de mítico y arbitrario, poniendo a la luz del día cómo esa concepción supuestamente “ilustrada” de nación ha sido ella misma una “lógica atávica de lo originario”. En efecto, la versión francesa –ilustrada- de nación remite en último término a la producción soberana de una vida biológica inscrita en un territorio: véase el artículo 10 de la Constitución de 1980: “son chilenos los nacidos en territorio de Chile (…)”. ¿Acaso no sería esta politización de la vida biológica (el nacimiento) una confirmación de la “lógica atávica” que constituye la concepción chilena de “nación”? A pesar de todo, Herrera no puede ver que su noción supuestamente “cultural e ilustrada” de nación es también y, sobre todo, un particularismo. Un particularismo hegemónico, sin duda, impuesto a sangre y fuego por siglos de devastación colonial.

Continue Reading

Lo más visto

¡Apoya al periodismo independiente! Sé parte de la comunidad de La voz de los que sobran.
Únete aquí

¡Apoya al periodismo independiente!

Súmate, sé parte de la comunidad de La voz de los que sobran. Así podremos seguir con los reportajes, crónicas y programas, que buscan mostrar la otra cara de la realidad, esa que no encontrarás en los medio de comunicación hegemónicos.