¿Qué será de la ley antiterrorista en el nuevo Chile?

¿Se darán cuenta los encargados de las instituciones políticas y judiciales que al tomar esta vía han terminado dándoles la razón a quienes han señalado desde la doctrina penal que no resulta necesario contar con una legislación especial antiterrorista pues para perseguir la criminalidad política violenta bastan las herramientas “normales” del sistema penal, que además se han ido endureciendo hasta llegar a ser más “duras” incluso que la Ley 18.314?

La ley antiterrorista chilena: un balance

El “modelo chileno” tiene varias columnas que poco a poco y a lo largo del tiempo se han ido erosionando. La Constitución de 1980 (reformada varias veces, destacando los procesos de 1989 y 2005) y las AFP son las más cuestionadas, al punto que ya se vislumbra el inicio de su fin, en medio de un clamor popular que desde octubre del 2019 no ha parado y que se ha expresado directamente en las calles como indirectamente en el Congreso.

Un pilar algo olvidado del modelo es la Ley Antiterrorista, N° 18.314, creada en 1984 por la dictadura de Pinochet como respuesta a las protestas y que en democracia no sólo no ha sido derogada, sino que se le ha transformado y relegitimado en al menos dos ocasiones principales: en 1991 (Ley 19.027) con Aylwin, y en 2010 (Ley 20.467) con Piñera[1].

El combate al “terrorismo interno” se ha dado tanto en la Araucanía como en la metrópolis echando mano a esta normativa, duramente cuestionada a nivel nacional e internacional por no definir adecuadamente los delitos terroristas y por las enormes ventajas procesales que entrega al órgano persecutor[2].

Hasta ahora, el saldo es bastante desfavorable: la mayoría de las condenas bajo esta Ley han sido anuladas en aplicación de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haberse dictado en violación de diversas disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde la última modificación efectuada en el 2010 sólo en un caso se ha logrado una condena efectiva por delito terrorista: el de Juan Flores, condenado solitariamente el 2018 a 23 años de presidio por las bombas en el metro del año 2014, a pesar de que al principio el Ministerio Público habló de que los responsables eran una “célula hermética y compacta”[3].

Existe otro caso, bastante escalofriante, en que una misma persona fue condenada dos veces por delitos terroristas en la Araucanía, pero a pesar de ello fue dejada en libertad: Raúl Castro Antipán, informante de la Inteligencia policial que aceptó ser condenado sin juicio oral por los delitos de homicidio terrorista frustrado reiterado, asociación ilícita terrorista, atentado terrorista a medio de transporte, amenazas terroristas e incendio. Gracias a su condición de infiltrado se acogió al artículo 4 de la Ley Antiterrorista, que  regula el “arrepentimiento eficaz” otorgando rebajas de pena, logrando evitar así una pena efectiva de cárcel[4].

A excepción del caso de Juan Flores, todos los intentos de obtener condenas en base a la Ley 18.314 en la Región Metropolitana fracasaron.

En el Congreso se estaban discutiendo desde el 2014 reformas más o menos profundas a la Legislación Antiterrorista (Boletines 9692-07 y 9669-07) unificadas en su tramitación desde el 2015 en el Senado, y que luego de la presentación de indicaciones por el Gobierno de Piñera en abril de 2018, no logró avanzar mucho, razón por la cual se propuso por el Ejecutivo avanzar de manera urgente en una “ley corta antiterrorista” (aprobada en general en el Senado en agosto de 2019), dejando de lado la compleja discusión sobre el concepto de terrorismo y su naturaleza de “criminalidad organizada”, pero centrarse por de pronto exclusivamente en la concesión de mayores facultades al Ministerio Público y las policías.

A pesar de las críticas del sistema internacional, la discusión sobre la necesidad de una nueva ley antiterrorista en Chile se ha centrado casi exclusivamente en el problema de la supuesta “ineficacia” de la Ley 18.314, la que se expresa claramente en la falta de condenas, pero como contrapartida debemos tener en cuenta el altísimo número de personas que han sido imputadas de cometer este tipo de delitos, las que por lo general han enfrentado largos períodos en prisión preventiva antes de ser absueltas o condenadas por delitos comunes (127 personas entre 2001 y 2016, según cifras de la Fiscalía). Esta supuesta “ineficacia” ha servido tanto a la Fiscalía como a la policía como pretexto para justificar sus fracasos previos en materia de persecución penal.

Una respuesta totalmente “pragmática” a este problema vino de la mano de un proyecto del segundo gobierno de Bachelet para endurecer el cuerpo legal que los tribunales aplicaban en vez de la Ley Antiterrorista: la Ley de Control de Armas y Explosivos (N° 17.798[5]). Así,  tratando de salvar una especie de “vacío legal” se incorporó mediante la Ley 20.813 del año 2015 el delito de colocación de artefacto explosivo en el artículo 14-D, y se modificó el régimen de penas sustitutivas de esta Ley, obligando a aplicar siempre penas efectivas de cárcel (siguiendo así el modelo de la llamada “Ley Emilia”).

La solución parece bastante eficaz, puesto que tal como señala el Fiscal Barros en entrevista con Leslie Ayala en la edición dominical de La Tercera del 26 de julio, al referirse a la detención de Francisco Solar y Mónica Caballero dos días antes, ellos no fueron formalizados por la Ley 18.314.

Al justificar su decisión Héctor Barros dice que la Ley Antiterrorista “es una ley que nos hemos dado cuenta de acuerdo a diversa jurisprudencia que la posibilidad de lograr una sentencia condenatoria bajo esa normativa, en estos casos, es muy difícil”, y agrega: “además, si invocáramos la Ley Antiterrorista con el esfuerzo que implica demostrar un dolo terrorista ante tribunales, las penas podrían ser un tercio menos de las que podemos lograr ahora”.

De este modo la Fiscalía Sur pretende lograr penas de hasta 60 años en el marco de la Ley de Control de Armas, sin necesidad de enredarse en probar finalidades subjetivas complejas ni el carácter más o menos organizado de las acciones.

Esta decisión marca una diferencia enorme con  que ocurría hasta hace poco, donde el mismo Fiscal señala que “en 2010 las bombas que se instalaban eran de noche y en cajeros para no dañar inocentes. Era contra el capital, los bancos, era más simbólico. Ahora se puso en riesgo la vida de muchas personas, no solo de sus objetivos”.

De este modo, pareciera que la criticada Ley Antiterrorista ha entrado en una fase de derogación de facto, pues para el ente persecutor resulta mucho más fácil obtener largas condenas en base a legislación común (homicidio calificado) y especial (control de armas).

¿Se darán cuenta los encargados de las instituciones políticas y judiciales que al tomar esta vía han terminado dándoles la razón a quienes han señalado desde la doctrina penal que no resulta necesario contar con una legislación especial antiterrorista pues para perseguir la criminalidad política violenta bastan las herramientas “normales” del sistema penal, que además se han ido endureciendo hasta llegar a ser más “duras” incluso que la Ley 18.314?

¿Qué terrorismo?

Cabe agregar que la Constitución vigente señala en su artículo 9 que “el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos”, con lo cual admite que, tal como se señala por autores como Ernesto Garzón Valdés, existen a lo menos dos formas de terrorismo político: institucional y no institucional. 

Un futuro debate constituyente tendrá que hacerse cargo de la ley 18.314 y la relación entre antiterrorismo y Constitución.

En los tres períodos y versiones en que se ha aplicado la Ley Antiterrorista en cada uno de estos períodos la Ley Antiterrorista, ha servido principalmente para criminalizar a grupos considerados “subversivos” que se alzaban atacando al Estado, pero es posible encontrar también escasos intentos por extenderla a las acciones ilícitas cometidas por personas o grupos ligados a los servicios represivos y/o de inteligencia, como por ejemplo en España los “Grupos Antiterroristas de Liberación”.

Así, hubo en Chile un intento de aplicarla en la sentencia de primera instancia del “Caso Degollados”, que usó la calificación jurídica de “homicidio terrorista”, para luego ser revocada por los tribunales superiores[6].

Más curioso aún es el caso de Lenin Guardia, ex militante socialista que pasó a ser informante de los servicios de seguridad concertacionistas, por el envío de cartas-bomba a la Embajada de EE.UU. y al abogado Luis Hermosilla en septiembre del año 2001, además de la colocación de un yogurt envenenado en un supermercado. Se demostró judicialmente que Guardia junto a Humberto López Candía (ex mirista, informante de la Oficina de Seguridad Pública) trataron de aprovechar el contexto causado por los atentados del 11 de septiembre en EEUU, para ofrecer sus servicios como analistas de inteligencia.

Ambos fueron condenados como autores de delitos terroristas. La sentencia pertinente da por establecido que “los atentados formaban parte del proyecto asumido por ambos procesados, de dar consistencia y credibilidad a sus informes de inteligencia, manteniendo engañados a la autoridad policial y política, y así recibir periódicamente los pagos que ya estaban percibiendo, transformándose de este modo en ‘terroristas por afán de lucro’”[7].

Por de pronto y hasta nuevo aviso, lo que resulta necesario de destacar es que la decisión de la Fiscalía refuerza lo que varios tenemos claro hace bastante tiempo, pues en base a casos como el del infiltrado Castro Antipán, la Operación Huracán, el cúmulo de asesinatos extrajudiciales en la zona del conflicto mapuche (Catrillanca, y antes Lemún, Catrileo y un largo etcétera), y las graves y reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de Estado contra la población desde la rebelión de octubre, parece plausible afirmar que el único terrorismo que comprobadamente existe en Chile hoy es el terrorismo institucional o de Estado.

Por supuesto, en el discurso reaccionario lo que predomina es una denuncia de la violencia popular espontánea (que por cierto incluye desde sus manifestaciones más expresivas y “políticas” a otras más “nihilistas” cuando no meramente utilitarias y/o “lúmpenes”) como una forma orquestada de “neoterrorismo” que los más simples atribuyen al dictador Maduro[8] y los más instruidos a Félix Guattari y su teoría de la “revolución molecular”[9].

Además, se insinúa desde hace meses una velada amenaza de actividad semiterrorista para-estatal por parte de grupos de extrema derecha, que ya ha tenido varias expresiones (desde el atentado con molotov al alcalde Jadue y las marchas y ataques fascistas con custodia policial en el barrio alto) sin generar hasta ahora mayor respuesta mediática ni institucional/judicial, y que podría ser un fenómeno más complejo a medida que retroceda la pandemia y se reactive el movimiento social.

De todos estos temas habrá que ocuparse a su debido tiempo.


[1] Una revisión detallada de las formas que ha adoptado esta legislación en Chile y las reformas proyectadas en tramitación en el Congreso se encuentra en mi “Legislación antiterrorista en Chile”, disponible en: https://www.ciir.cl/ciir_2019/wp-content/uploads/2019/01/policy-paper-UPP-n%C2%BA3-2019-.pdf.

[2] Ver: Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observaciones Finales: Chile, E/C.12/1/Add.105, 26 de noviembre de 2004, párrafo 34; Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales: Chile, CCPR/C/CHL/CO/5, 17 de abril de 2007, párrafo 7; Comité contra la Tortura, Observaciones Finales: Chile, CAT/C/CHL/5, 14 de mayo de 2009, párrafo 23; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones Finales: Chile, CERD/C/CHL/CO/15-18, 7 de septiembre de 2009, párrafo 15.

[3] Sentencia del 6° TOP de Santiago, causa RUC 1400674179-8, RIT 64-2017, de 15 de marzo de 2018. El veredicto es de fecha 21 de diciembre de 2017.

[4] Una condena fue dictada por el Juzgado de Garantía de Victoria el 22 de octubre de 2010 (RUC 0900969218-2) y la otra por el Juzgado de Garantía de Temuco el 14 de septiembre de 2012 (R.U.C. 0900697670-8). Se trata de los casos conocidos como “Peaje Quino” y “Tur Bus”.

[5] Esta Ley fue aprobada durante el gobierno de la Unidad Popular, y luego ha sido reforzada y sistematizada tanto durante la dictadura de Pinochet, como durante los gobiernos de Lagos (incorporando directamente las bombas molotov) y Bachelet.

[6] Sentencia de Ministro en visita extraordinaria (Sr. Milton Juica), Rol 118-284, 31 de marzo de 1994; Sentencia de Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 16.196-95, 30 de septiembre de 1994, y Sentencia de Corte Suprema, Rol 31.030-94, 27 de octubre de 1995.

[7] Considerando décimo octavo, citado por Villegas, 2018, pág. 515. En rigor, se les condenó por el envío de un artefacto a la embajada de EEUU como delito terrorista, la carta-bomba al abogado fue considerado delito común, y por el yogur fueron absueltos. Ver Sentencia de Ministro en Visita Extraordinaria (Sr. Jorge Zepeda) de fecha 23 de septiembre de 2002, Rol 71.093-2001.

[8] Ver el documental de Ana Victoria Durruty “Revolución en Chile”, con entrevistas a Sergio Melnick, Delia Delgatto, el profesor Fermandois, Jorge Schaulsson, el diputado Schalper, el ex coronel Valdivia y Marta y Ricardo Lagos, entre otros: https://www.youtube.com/watch?v=f6fmame3jJk Además, ver su interesante sitio: http://revolucionenchile.cl/, donde puede acceder a una galería de imágenes de grafitis y carteles en las paredes en medio de la revuelta, y a las 18 entrevistas completas.

[9] No es broma. Vean esto: https://www.youtube.com/watch?v=GnjtHz6iUBU

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