Observatorio Legislativo sobre proyecto de ley de indulto general para presos del estallido social

En esta jornada en el Observatorio Legislativo del programa La Voz de los que Sobran, se comentó sobre la tramitación del indulto a imputados en el contexto de la movilización social.


Hoy se analizó el proyecto de ley por medio del cual se daría indulto a personas que hayan sido imputadas por delitos que se hayan realizado en el contexto de la movilización social. Sobre el tema, el abogado del Instituto Igualdad. Nicolás Facuse aclaró las principales diferencias entre dos conceptos particulares y utilizados en el país: indulto y amnistía.

“En Chile hay un problema político con las amnistías, porque la gran amnistía que ha existido en Chile durante los últimos 40 años es la que se autoimpuso para las violaciones de Derechos Humanos que se cometieron en el contexto del golpe de Estado”.

En ese contexto, dicha amnistía se percibe con una carga política que inspira la necesidad de un nuevo concepto. Separado no solo de la terminología legal, sino que también de su historia. “(En contexto de dictadura) todas las personas que puedan ser imputadas o condenadas por estos delitos, y estamos hablando de delitos brutales, no van a aplicarse y quedarán amnistiados. Por lo tanto hubiera sido muy raro que desde la izquierda, desde la Oposición, nosotros también habláramos de una amnistía, por eso se prefirió hablar de este indulto” explicó Facuse.

En términos jurídicos, ambos conceptos implican lo mismo. Pero según lo expresado por el abogado, la discusión actual está ligada al cumplimiento de los debidos procesos en los plazos que corresponde. De manera que quienes cumplen con privación de libertad como medida cautelar no tengan que esperar los períodos que actualmente ocurren.

De igual manera, la abogada Lía Arroyo comentó sobre cómo el proyecto está recién en la primera etapa del proceso en el Senado. Aún así, según detalles el informe de la Corte Suprema delimitó que las únicas personas excluidas del proyecto serían funcionarios públicos. Quedarían fuera entonces los delitos cometidos por las fuerzas estatales. Frente a esto, Lía Arroyo comentó ciertas aristas que se deberían trabajar:

“Creo que en el caso de funcionarios públicos, debería también establecerse que sean aquellos que hayan cometido delitos en el ejercicio de su cargo. Porque podría ocurrir que una persona que sea funcionaria pública (que solo fue a protestar), quedaría excluida sin una razón plausible para aquello”, explicó la abogada.

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