Más traumas oculares en 19 días que los registrados en 6 años de conflicto palestino-israelí: la realidad tras el proyecto de reparación para víctimas del estallido social

La iniciativa que avanzó esta semana en el Congreso incluye a todos quienes sean víctimas de lesiones, mutilaciones o castraciones, así como también a quienes conforman el entorno familiar de los que murieron en el marco de la revuelta de octubre de 2019.


Por 76 votos a favor, 48 en contra y 16 abstenciones fue aprobado este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de ley presentado por diez parlamentarios de oposición que busca que las víctimas de lesiones en el marco de las movilizaciones del estallido social accedan a un proceso de reparación.

Tras el avance en la Sala de la iniciativa presentada a fines de octubre de 2020 por Gabriel Boric (CS), las parlamentarias PC Carmen Hertz, Camila Vallejo y Marisela Santibáñez, la entonces RD Natalia Castillo, Pamela Jiles del PH, los PPD Tucapel Jiménez y Carolina Marzán, la PS Emilia Nuyado y Matías Walker de la DC, esta volvió a su discusión en particular en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

En estricto rigor, en su artículo principal, el número 1, la iniciativa plantea que su objetivo es “establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad del Estado de Chile respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones y muertes bajo el contexto de movilizaciones sociales en el denominado Estallido Social”.

En ese sentido, el proyecto precisa que el período abarcado comprende a todas las movilizaciones que tuvieron lugar entre el 18 de octubre de 2019 y el 26 de octubre de 2020. Además de eso, este entiende como “víctima” a todos quienes han “sufrido lesiones graves o menos graves, mutilaciones o castraciones, de conformidad a los hechos tipificados en los artículos 395 y siguientes del Código Penal, o que hubieren sido muertas (…), sin perjuicio que ellas hubieren estado o no participando de dichas movilizaciones”.

Respecto de aquellas personas que fallecieron o no pueden ejercer los derechos consignados en la ley, se considerará como víctimas a aquellas indicadas en el inciso segundo del artículo 108 del Código Procesal Penal, es decir, al cónyuge o conviviente civil y a los hijos; a los ascendientes; al conviviente; a los hermanos y al adoptado o adoptante.

Foto gentileza de Cristián Valdebenito Fletcher, hijo de Cristian Valdebenito, asesinado con una lacrimógena el 6 de marzo de 2020

Por último, la propuesta establece que la víctima deberá acreditar ante la Justicia los hechos en los que fue violentada, la cuantía del daño y que estos hayan ocurrido efectivamente bajo el contexto de movilizaciones del estallido social, pero destaca que “no será necesario acreditar la existencia de falta de servicio por parte del Fisco de Chile para que sea condenado por concepto de responsabilidad civil”. Dichos requisitos -se agrega- “se entenderán acreditados por el solo ministerio de la ley”.

UNA RESPUESTA URGENTE

Entre los antecedentes consignados en el proyecto de ley destaca una brutal cifra proporcionada por el Colegio Médico, la que señala que al 6 de noviembre de 2019 se contabilizaban “180 pacientes con secuelas oculares graves producto de las manifestaciones dentro de los 19 días desde el inicio del estallido social, mientras que el conflicto palestino-israelí tiene un registro de 154 en seis años”.

Junto con ello, se apunta que al 19 de marzo de 2020 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cifró en un total de 3.838 las personas heridas y en 460 las lesiones oculares. Por otra parte, se advierte que entre octubre de 2019 y marzo de 2020, 34 personas han sido reportadas oficialmente como fallecidas en el marco de las manifestaciones.

Frente a este dramático escenario, los parlamentarios sostienen que “las personas que han sido afectadas en su vida, su salud, y su integridad física y síquica, además de necesitar verdad, justicia y reparación por parte del Estado, determinación de responsabilidades penales y políticas, requieren con urgencia de los fondos necesarios para poder costear los tratamientos médicos y psicológicos, y de rehabilitación que necesitan para reparar el daño ocasionado, y poder reinsertarse en su vida laboral y familiar, y requieren acceso a dichas prestaciones de manera pronta”.

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