Más allá del pesimismo: desafíos políticos constituyentes

Resulta necesario vincular la discusión sobre el reglamento con el impulso de la participación política ciudadana durante el proceso constituyente a través de la movilización social en un sentido amplio y múltiple, recogiendo los aportes de los cabildos desarrollados hasta la fecha y proyectando su incidencia en los años venideros.


El amplio resultado a favor del Apruebo y la Convención Constitucional obtenido en el plebiscito del 25 de octubre, fue un gran paso en el camino hacia una nueva Constitución, particularmente entregando un marco de legitimidad democrática al proceso. Sin embargo, la senda recién se está iniciando, y ahora corresponde no solo elegir a quienes integrarán, paritariamente, la Convención Constitucional, sino también definir las reglas con las que ésta trabajará y, cuáles serán las estrategias que los bloques o pactos implementarán para defender las ideas que buscan dar un nuevo contenido a nuestra carta fundamental. 

Respecto de las reglas, la presentación por la diputada Camila Vallejo (PC) de un proyecto de ley que busca modificar el quórum de 2/3  para la aprobación de la nueva Constitución, puso  en la discusión pública la importancia de definir prontamente cuáles son los acuerdos sobre los cuales funcionará la Convención Constitucional. Entre estos, como mínimo debieran estar: un proceso abierto a la ciudadanía, con sesiones públicas y mecanismos de participación definidos y recursos para que sean efectivos. Por otra parte, contar con el compromiso ex ante de tener un enfoque transversal de derechos humanos y de género en la discusión parece ser otro acuerdo básico a incorporar.

Aunque los puntos anteriores se pueden materializar en el reglamento de la Convención, un aspecto no menor es cómo las fuerzas políticas se articularán para lograr consagrar algunos principios que, a la luz de la movilización social y las precariedades evidenciadas por la pandemia, son esenciales para la ciudadanía. Este es un desafío crucial y requerirá de una clara visión, compromiso y voluntad política por parte, particularmente, de las fuerzas políticas y sociales que aspiran llevar cabo  cambios profundos.

Si no hay una visión clara de las condiciones necesarias para lograr los cambios y estrategias comunes en torno al carácter del proceso constituyente, ésta puede ser una oportunidad desperdiciada, de la cual los partidos políticos serán los principales responsables. 

A ese respecto, lo sucedido en la última semana con el proyecto que buscaba establecer escaños reservados para los pueblos indígenas, originalmente con cupos supernumerarios, suponen un revés significativo para las voluntades que aspiran a una democratización del poder político, cultural y económico del país. Esto porque la discusión sobre ampliar la representación política de la ciudadanía en el órgano constituyente se ha empujado en varias iniciativas legislativas que carecen de una visión de conjunto en la izquierda y centroizquierda.

Debilidad política en algunas organizaciones y falta de voluntad en otras, redunda en la ausencia de una mirada común desde la cual ampliar el proceso constituyente o contener los esfuerzos de la derecha para restringirlo. 

A la dispersión y déficits políticos de las fuerzas de cambio corresponde agregar como elemento de análisis el giro que ha tenido la derecha con posterioridad al plebiscito. Durante la pandemia su bancada se mostró desordenada y desalineada, tensa por los conflictos de interés electoral que les generaron proyectos como el 10% en un contexto de explosión violenta de miseria en nuestro país y un ejecutivo que enfrentó con doctrinas de shock la crisis sanitaria y económica.

En cambio, luego del plebiscito han logrado restituir su poder de veto entrando en la discusión de los proyectos de la oposición logrando el apoyo de parlamentarios de la centroizquierda. Los costos para la dimensión institucional del proceso constituyente son altísimos y restringen cualquier posibilidad de avance sustantivo cada vez que la derecha logra asegurar un encuadre a su favor, como ha ocurrido en la legislación electoral sobre la convención constitucional, en particular respecto a la participación de los independientes y los escaños reservados para los pueblos originarios.

Sin duda alguna el carácter del proceso constituyente seguirá en definición, conflicto y disputa. ¿En qué estado se encuentra ese debate al día de hoy? Hasta ahora, la discusión pública se ha centrado en la legitimidad del órgano constituyente a partir de la demanda de inclusión de voces ciudadanas alejadas de las organizaciones e instituciones políticas que se identifican como responsables de los abusos de los últimos 30 años.

La representación de un país que ha sido sistemáticamente excluido de las decisiones políticas es un asunto fundamental. Mujeres y disidencias, pueblos originarios y tribales, personas en situación de discapacidad, profesionales de diversas áreas, dirigencias sociales o vecinales, hacen parte de ese coro de experiencias y voces que han de estar en el centro de la discusión sobre el nuevo pacto social. Sin embargo, las feministas sabemos que la mera inclusión o reconocimiento de nuevas voces no agota ni resuelve las profundas desigualdades a las que debemos hacer frente. 

Considerando ese aprendizaje político y los recientes resultados en el congreso que de una u otra manera vuelven a perder potencia por el peso de la derecha en los proyectos aprobados, ¿cómo debiéramos enfrentar los meses que vienen? Siendo múltiples las urgencias políticas es posible identificar al menos tres prioridades que contribuyen a fortalecer la conformación de una mayoría constituyente popular y en ese camino mermar las posibilidades de esas minorías económicas y políticas que día a día intentan cercar las posibilidades de cambio. La primera corresponde a la promoción de un debate abierto sobre el proyecto de país que vamos defender en la nueva constitución en cada una de sus discusiones claves: principios fundamentales, derechos sociales, organización del estado, etc. ¿Cómo abordaremos la discusión sobre el modelo económico?; ¿De qué manera incide la crisis social y económica actual en la definición programática?; Del conjunto de aspectos deseables a incluir en una nueva constitución, ¿Cuáles priorizaremos en función de las urgencias actuales, el escenario político actual y los escenarios deseables a futuro? Éstas son sólo algunas de las preguntas a las que deberíamos abocarnos con urgencia desde la vereda de los cambios.

En segundo lugar y habiéndose aclarado un poco más los marcos de alianzas entre partidos, corresponde pensar la unidad en una perspectiva más amplia a la electoral, generando pisos programáticos y políticos comunes entre las fuerzas democráticas sociales y partidarias, con los compromisos correspondientes que los hagan viables. En tercer lugar, resulta necesario vincular la discusión sobre el reglamento con el impulso de la participación política ciudadana durante el proceso constituyente a través de la movilización social en un sentido amplio y múltiple, recogiendo los aportes de los cabildos desarrollados hasta la fecha y proyectando su incidencia en los años venideros.

Se trata de tareas de gran envergadura y la discusión planteada en la opinión pública nos queda pequeña, los dimes y diretes al interior del sistema de partidos generan distancia con la ciudadanía, pareciera que se cuela la decepción y el pesimismo. Mirando un poco más allá de esos estrechos márgenes, tenemos muy buenas razones para enfrentar estos desafíos con un optimismo crítico. Uno que se haga cargo del deseo colectivo de vidas vivibles que ha seguido expresándose con fuerza en medio de un año de muchas incertidumbres. Confiar en esa voluntad colectiva, acompañarla en su multiplicidad y crear proyecto político común lejos del ensimismamiento en que se encuentra hoy la oposición parece una tarea en la que vale la pena insistir.

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