Más allá de las leyes con nombre propio: necesitamos una ley integral

Justicia Para Antonia

Nos llama la atención que el parlamento se ponga en el lugar del orden, perdiendo la oportunidad de escuchar a las mujeres, organizadas y no organizadas en “situación de rebeldía”, e interprete la demanda de las mujeres de contar con una comunidad política que garantice el derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencia, como si esto se tratara de generalizar la acción punitiva del Estado, por sobre la urgencia de erradicar la violencia de género como un mecanismo de opresión, que tiene por objeto negar que mujeres y disidencias somos sujetes de derechos.

Julieta Kirkwood nos advertía que históricamente el orden ha operado para evitar la toma de conciencia de las mujeres, que nos pone en situación de rebeldía, porque sabe que esta situación es irreversible. El “Mayo feminista”, las multitudinarias marchas los 8 de marzo y 25 de noviembre, las múltiples performances de “Un violador en tu camino” de LasTesis en todo el territorio y el mundo, y lo que hemos experimentado esta semana con el masivo cacerolazo por Justicia por Antonia, son una clara muestra de aquello.  

Nos llama la atención, que el parlamento se ponga en el lugar del orden, perdiendo la oportunidad de escuchar a las mujeres, organizadas y no organizadas, en “situación de rebeldía”, e interprete la demanda de las mujeres de contar con una comunidad política que garantice el derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencia, como si esto se tratara de generalizar la acción punitiva del Estado, por sobre la urgencia de erradicar la violencia de género como un mecanismo de opresión, que tiene por objeto negar que mujeres y disidencias somos sujetes de derechos.

Lo anterior no es contradictorio con la deuda histórica que tiene el Poder Judicial en aplicar los estándares introducidos por la Convención de Belém do Pará y sucesivas recomendaciones del MESECVI en cuanto al actuar de los operadores de justicia. La rabia no se agota con la prisión preventiva de Martín Prádenas, puesto que al mismo tiempo, en Aysén, la fiscalía mantiene con prisión domiciliaria a Sara, quien por su legítima defensa dio muerte a su agresor, y en Pichilemu insisten en formalizar a una mujer que rompió el toque de queda para denunciar una violación. Es un problema sistémico y no caso a caso.   

El Informe “El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante” de ONU Mujeres, nos advierte que, si bien, las familias pueden ser espacios de cuidado, también pueden serlo de conflicto, de desigualdad y, con demasiada frecuencia, de violencia hacia las mujeres.  En muchas familias podemos ver que ocurren violaciones a sus derechos fundamentales. La gran mayoría de los delitos sexuales tienen como agresor a un hombre y como víctimas a las mujeres y niñas. Las últimas cifras de estos delitos nos muestran un aumento desproporcionado en el contexto de emergencia que enfrentamos hoy. Los agresores sexuales no son monstruos, y generalmente no son desconocidos. Es urgente transformar la forma en que se construyen las subjetividades masculinas y las concepciones respecto a la masculinidad. Es por ello, que como organizaciones feministas hemos ido poniendo el énfasis en al menos tres cuestiones centrales:  

  1. Educación no sexista: En reiteradas oportunidades, los mecanismos de seguimiento de las Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres han llamado al Estado de Chile a garantizar una educación libre de estereotipos sexistas, ya que comprende que la educación es una agencia de socialización fundamental para transformar las desiguales relaciones de poder que existen en la jerarquización binaria entre hombres y mujeres. En otras palabras, la educación no sexista es una herramienta fundamental para romper con la estructura de dominación que educa a los hombres para ser potenciales perpetradores de violencia de género. En este punto, es importante recalcar, que Chile es uno de los pocos países en el continente que no cuenta con programas de Educación Sexual Integral, y que pese a que hoy se discute en la Cámara un proyecto de ley, sigue siendo un tema cooptado y financiado por grupos de conservadores y fundamentalistas.     
  • Rol de los medios de comunicación: En línea con lo anterior, los mecanismos internacionales también han llamado la atención sobre el poder de los medios de comunicación, quienes han continuado naturalizando y normalizando la violencia hacia las mujeres. Éstos cotidianamente nos exponen, nos cosifican, nos responsabilizan de la violencia que vivimos, lavan la imagen de los agresores y nos revictimizan. Es por ello que ha sido central la acción colectiva para interpelar a los medios de comunicación masivos, así como las redes de periodistas feministas que día a día dan la disputa en aquellos espacios.  
  • Avance de leyes integrales contra la violencia de género: Hace aproximadamente tres años se ingresó al parlamento el Proyecto de Ley Integral sobre Violencia contra la Mujer. Un proyecto que si bien reduce al Estado en un mero promotor y no garante, es capaz de interpretar la complejidad de la violencia patriarcal hacia las mujeres, violencia que vivimos en lo público y lo privado, que se manifiesta en distintos espacios, lugares y situaciones, que se expresa de diversas formas, que nos ocurre a mujeres en toda nuestra diversidad, en diferentes momentos de nuestras vidas y que se complejiza cuando otras estructuras de dominación operan sobre algunas mujeres (con alguna discapacidad, migrantes, de pueblos indígenas, de la diversidad sexual, entre otras).  Estamos convencidas que este es un proyecto mejorable, y que podría movilizar al Estado a cumplir cabalmente con las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres que Chile ha ratificado. En esta línea también es importante mencionar el proyecto “Sin Consentimiento es Violación”. 

Llamamos a quienes hoy nos representan en el parlamento a a avanzar en la mejora de estos proyectos, en lugar de continuar fragmentando el problema. La erradicación de la violencia debe ser enfrentada integralmente. Para ello es indispensable contar con una política que haga carne lo expresado en las calles, recogiendo lo ya elaborado durante tantos años por el movimiento feminista.    

Resulta fundamental avanzar en reformas estructurales que incorporen la perspectiva de género como un principio orientador de la justicia. En este sentido, creemos que el énfasis no debiera estar puesto en la aplicación mecánica de la prisión preventiva como medida cautelar obligatoria, sino en un cambio profundo de nuestro sistema judicial, que haga del enfoque de género un principio de aplicación general y no una excepción de ciertos tribunales. La justicia como se concibe actualmente está orientada sólo en la sanción penal que tiene un claro sesgo de clase y perpetúa la violencia estructural, como feministas planteamos una justicia transformadora cuyo pilar es la reparación y las acciones de contención desde la comunidad, y esto ha quedado muy patente en la pandemia. Las organizaciones feministas son y han sido de suma relevancia a la hora de pensar en estas transformaciones de forma horizontal y democrática, y no en una lógica que pueda significar un avance del punitivismo.  

 El Estado tiene el monopolio de la fuerza y este poder lo hemos visto desplegado a través de las instituciones policiales, por ello, garantizar el compromiso por una vida libre de violencia requiere un proceso refundacional donde la nueva constitución nos abre un camino para alcanzarlo.  

Asamblea Feminista Plurinacional

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