Los presos políticos de la democracia

Foto: Agencia Uno

El director de HRW, José Miguel Vivanco, pretendiendo ofrecer una mirada objetiva sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile, y censurando el proyecto de indulto para los detenidos durante el estallido social, afirma que quienes permanecen en las cárceles desde hace más de un año no son presos políticos. Sin embargo, los hechos analizados en Chile, y que dan pie a esta conclusión, son los mismos que en Venezuela fundamentaron su informe de 2020.


No existen presos políticos en Chile, entona un coro de detractores del indulto promovido por senadores de oposición. Pero negar su existencia es tan propio de la política, como lo es del demonio propalar la noticia de su muerte. Al menos hay que sospechar de sus intenciones. Porque, presos políticos hay en la democracia tutelada y semi-soberana que nos rige. Y si no se les ve, o no se les quiere ver, pronto se harán visibles, conforme se conozcan los fallos de la justicia en contra suya. Entonces pasarán a ser los héroes de Primera Línea, sobre el fondo de un régimen político que no ha sabido resolver las flagrantes violaciones a los derechos humanos.

Es una discusión bizantina exhortar la libertad de los presos políticos del estallido social, como negar la existencia de presos políticos en Chile. No tienen consecuencias para el debate. Una y otra convocatoria puede ser defendida hasta el infinito sin dar origen a un consenso entre ambas. Y esto lo saben los legisladores que iniciaron el proyecto de ley de indulto y, por eso, no aluden en el texto a presos políticos, y excluyen explícitamente del beneficio a funcionarios policiales. Lo sabe también la senadora Carolina Goic, que refuta la existencia de presos políticos para no verse forzada a dar su aquiescencia al proyecto de indulto, aunque ella no estará en el Senado cuando los efectos de su negativa se hagan visibles.

Y lo sabe también Human Rights Watch, HRW, que no aceptará igualar la represión del gobierno de Sebastián Piñera con la desplegada por los gobiernos de Venezuela, Guatemala, Nicaragua y Bolivia, respecto de los cuales la oenegé estadounidense ꟷen un particularismo incompatible con la defensa universal de los derechos humanosꟷ ha denunciado el encarcelamiento de opositores y la sistematicidad de las violaciones de los derechos fundamentales; lo que no ha hecho en Chile.

El particularismo de Human Rights Watch (HRW)

Tiene sentido detenerse en esta digresión, pues HRW se ha convertido en un participante activo de la política nacional, pero en un indiscutible alineamiento con el Ejecutivo y con sectores de derecha.

Pretendiendo ofrecer una mirada objetiva sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile, y censurando el proyecto de indulto para los detenidos durante el estallido social, afirma que quienes permanecen en las cárceles desde hace más de un año no son presos políticos. Sin embargo, los hechos analizados en Chile, y que dan pie a esta conclusión, son los mismos que en Venezuela fundamentaron su informe de 2020, donde se señala que: «en noviembre, había casi 400 presos políticos en cárceles o sedes de los servicios de inteligencia de Venezuela…» Y donde se describe lo mismo que ha sucedido en Chile, pero que, tratándose del país caribeño, le merece una condena más severa, al subrayar que «integrantes de las fuerzas de seguridad dispararon municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, golpearon brutalmente a personas que no mostraban resistencia y llevaron a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos. Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales.»

Las descripciones que hace HRW de Venezuela son semejantes a las que podría hacer de Chile: «El Foro Penal contabiliza que más de 15.000 personas fueron detenidas desde 2014 en relación con manifestaciones, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin orden judicial. Hasta noviembre, cerca de 8.900 habían recibido libertad condicional pero aún estaban sujetas a causas penales. La justicia militar ha procesado a más de 840 civiles, violando lo dispuesto por el derecho internacional.» Solo que Chile durante el estallido fueron detenidas más de 15 mil personas.

En Chile HRW se abstiene de reconocer la violación sistemática de derechos y garantías. Pero, a la hora de juzgar a Nicaragua, el juicio es diferente. Ahí, dice el informe de HRW, «los casos documentados por Human Rights Watch son consistentes con un patrón de abusos sistemáticos dirigidos a personas que se manifestaron contra el gobierno y opositores que ha sido reportado por la CIDH y la Oficina de la ACNUDH.»

Igual patrón aplica HRW a Guatemala. Sostiene que «las autoridades guatemaltecas deberían llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre los señalamientos de uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad, además de los actos de violencia atribuidos a manifestantes, y garantizar el derecho a la protesta pacífica». No obstante, en Chile, la misma medición de la oenegé arroja resultados distintos.

Aquí José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, no sugiere investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre la violencia atribuida a manifestantes encarcelados. Aquí, simplemente, rechaza que haya presos de conciencia. Los manifestantes encarcelados son culpables, incluso antes de ingresar a las prisiones.

Teóricamente, la persecución política debería dar por resultado eventual, la prisión política de la víctima. Asimismo, la prisión preventiva podría convertirse en arma política del gobierno contra los adversarios. Esto lo percibe HRW en Bolivia, pero no lo ve en Chile. Un informe de 53 páginas La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, documenta casos promovidos por el gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

Por cierto, hay que tener mucho cuidado con los conceptos, como dice el director de HRW. El caso de Norín Catrimán vs. Chile (2014) ante la Corte Interamericana de DD.HH. expuso, entre otras vulneraciones, el arbitrario uso de la prisión preventiva con fines de instrumento para la paz social o la seguridad interior del Estado que se hace en nuestro país. Además desde el 2009 está vigente la Ley N° 20.357 que tipifica los crímenes de lesa humanidad, de guerra y el genocidio en nuestra jurisdicción, imponiéndonos márgenes de menor tolerancia ―distintos al horror y las atrocidades de la Dictadura―ante los abusos del Estado. Por ello, hoy la prisión preventiva deviene en prisión política, toda vez que la Justicia no logra argumentar su mantención en base a los estándares de la doctrina internacional de DD.HH.

Luego, si el director Vivanco gusta opinar sobre las desventajas del indulto, debiera pronunciarse sobre algún tipo de procedimiento alternativo. En efecto, si critica el proyecto es porque tiene la certeza de que los presos políticos son delincuentes comunes. Por lo tanto, que se les acuse, se les lleve a juicio ante tribunal colegiado y que éste les condene. Si, luego, HRW asume que en realidad el sistema está colapsado, ―como lo ha hecho en Nicaragua y Guatemala―, debería proponer en subsidio una solución administrativa, un sistema de causas exclusivas para sortear la emergencia y procurar recursos para que ello se ejecute.

Por último, hay que decir que RHW, a diferencia de su director europeo, que prefiere no intervenir en asuntos de política interna de los Estados, como fue con el referéndum secesionista catalán, ha planteado sus objeciones a una ley de indulto, como antes formuló su oposición a la penalización del negacionismo. Por consiguiente, es controvertible como cualquier actor político nacional, y debe asumir esa consecuencia.

Ese enemigo cruel, implacable y poderoso

La irreductible ambigüedad de un término metajurídico como éste se debe a que, teóricamente, un preso político es aquel que ha cometido un acto delictivo con motivaciones explícitamente políticas. Sin embargo, para la autoridad, representada por las atestaciones de los agentes del Estado que practicaron su detención, el imputado es solo autor de un delito, con independencia de sus intenciones políticas: agresión de obra a la policía, destrucción de mobiliario público o daños a la propiedad privada. Por el contrario, para la víctima de reclusión, su acción es esencialmente política y, definitivamente, no delictiva: reunirse, desplazarse y protestar contra el gobierno, e incluso ejercer la autodefensa legítima frente a los abusos policiales.

Es evidente que entre los miles de detenidos hay una minúscula porción de oportunistas carentes de la más mínima persuasión política, que no sea, claro, la de servirse de la protesta para propósitos individualistas, lucrativos o hedonistas. Lo cual no cambia el objeto de la movilización social. Pero es evidente que con ellos comparten la misma celda personas que emplearon la violencia como instrumento para un fin político, y también personas que se manifestaron pacíficamente con un propósito igualmente político.

¿Quién debía hacer la distinción entre tales tipos de acciones y de agentes? Desde luego, la Justicia. El ministerio público, la magistratura y las defensorías. Y el caso es que aún no lo hace, lo cual importa un antecedente político coadyuvante y funcional de la excepcionalidad que grava a los recluidos desde el año 2019.

La Justicia impugna la motivación ideológico-normativa y, por tanto, política, que subyace a la protesta social, pero se muestra enteramente ineficiente para resolver penalmente el asunto. Es probable que nunca lo haga, porque, ajustándose al debido proceso, no podrá demostrar nada como lo exhiben las causas abiertas por los incendios del Metro. 

La Justicia ha tomado el atajo de la prisión preventiva, del disparo a la bandada, de echar todo en el mismo saco, porque en esto, cual más cual menos, todos serían culpables hasta que cada uno pruebe su inocencia. Es lo que se desprende de la advertencia formulada por el ministerio público cuando declara que «un proyecto de ley de indulto como el presentado en el Congreso Nacional en los últimos días podría constituir una gravísima señal para la convivencia social, pues plantea condiciones que dejarían sin efecto, entre otras causas, la condena a once años de presidio impuesta a John Cobin, por homicidio frustrado y Ley de Control de Armas». ¿Esta admonición significa que los miles de recluidos en prisión preventiva son como John Cobin? ¿Que sus condenas podrían sumar sobre 50 mil años de cárcel?

La Fiscalía notifica al Congreso. Pero, ¿cuántas causas se acumularon en sus despachos tras el estallido? ¡Alrededor de diez mil! Luego, el ministerio público mira hacia la magistratura. Y ésta ¿qué hace? Se satisface con un sucedáneo de eficiencia, como aquel donde dicta veredicto condenatorio de I.A.C. por el lanzamiento de tres bombas molotov contra personal de Carabineros el 26 de octubre de 2019, cuya sentencia se conocería el próximo sábado… Después de catorce meses.

Pero, como lo testimonia I.A.C. y toda la legislación en virtud de la cual se le condena, los presos políticos existen, así se les denomine presos de conciencia, como prefiere llamarlos Amnistía Internacional para circunscribir el concepto a «aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma».

Los presos políticos existen. Y no por propia pretensión suya. Fue el Estado quien les asignó la calidad de presos políticos al definir su comportamiento, sus objetivos y las circunstancias de la lucha que emprendía contra ellos. Fue el jefe de Estado, Sebastián Piñera, quien la noche del estallido social afirmó: «Estamos en guerra ante un enemigo cruel, implacable y poderoso, que no respeta a nada ni a nadie con tal de conseguir sus perversos objetivos». La definición no es penal, sino política. Del mismo modo, a principios de los años setenta, el general Gustavo Leigh Guzmán, miembro de la junta de gobierno, había tipificado políticamente a sus adversarios reservándoles el calificativo de «cáncer marxista» para, luego, reprimirlos fría y brutalmente empleando las instituciones políticas, militares y policiales. Y el general Pinochet veía al enemigo político en el comunismo internacional que debía ser exterminado en el país.

A fines del siglo diecinueve el alemán Franz von Liszt definía a los movimientos de la clase obrera como «células cancerosas del proletariado», y Jiménez de Asúa en España, contribuía a las primeras normas anti-terroristas para combatir al anarquismo. Cesare Lombroso y Rafaelle Garófalo, en Italia, inventaron la reclusión perpetua y la eliminación de los sediciosos y rebeldes.

Así se fue corriendo la frontera del derecho penal hacia el campo político, hasta producir esta ficción moderna según el cual en democracia no hay presos políticos porque no hay delitos políticos, y no hay delitos políticos porque la disidencia está permitida y legalizada. Un eufemismo de postguerra que fue perdiendo lozanía hasta convertirse en una cáscara vacía y ya podrida, sin capacidad de comprender ni de explicar nada.

En Chile, la dictación de la ley de seguridad del Estado vino a coronar las décadas de emergencia y represión del movimiento obrero. Miles de trabajadores y sus familias murieron víctimas de la violencia estatal. Arturo Alessandri Palma gobernó a fuerza de estados de excepción. Y, como ahora, siempre se negó la existencia de presos políticos. Las almas del Seguro Obrero lucharon por ideales políticos, así hayan muerto vilmente asesinados.

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