Los nexos de los Organismos Colaboradores que podrían revivir el veto a la Ley del nuevo Sename en el TC

Dos de los asesores del presidente están vinculados a organismos colaboradores del Sename: Francisca De Iruarrizaga, la hija de los directores del OCA María Ayuda, y Augusto Iglesias Palau, asesor de pensiones del gobierno y miembro del comité ejecutivo del OCA Fundación Ciudad del Niño, vinculada a la ex presidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marisol Peña y el ex ministro DC Jorge Burgos. Tras la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados y el Senado todo indica que la Ley de creación del nuevo Servicio de Protección será llevada al Tribunal Constitucional.


El martes 18 de agosto la cámara de diputados rechazó parcialmente el veto al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que ya había sido aprobado por el Congreso, y que es una de las dos instituciones que reemplazará al cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename). Hoy se discutió el nuevo servicio y, tras el resultado, se repuso una parte de las indicaciones declaradas inadmisibles, se aprobó la eliminación del artículo transitorio que vinculaba la aprobación de la Ley de Garantías a la del Servicio y se hizo reserva de constitucionalidad por diputados de Gobierno por lo que se estima que el proyecto podría pasar al Tribunal Constitucional, luego de su paso por el Senado.

Otras de las indicaciones que causa controversia que finalmente fueron aceptadas fueron la reducción de inhabilidad de 3 a 1 años, para directivos y funcionarios de Organismos Colaboradores en caso de postular a cargos del Servicio de Protección, o la eliminación de la Super vigilancia Presidencial y su respectiva fiscalización a las OCAS. Esta fórmula del veto amparado en la facultad presidencial puede establecerse también cómo el mecanismo que retrase otro de los proyectos emblemáticos y urgentes en materias de Infancia, el Sistema integral de Protección o de Garantías. Peor aún también puede terminar en manos del Tribunal Constitucional donde el Gobierno cuenta con apoyos y las Ocas con importantes vinculaciones.

Hay que recordar que el Senado había aceptado este proyecto de Ley para que se promulgara lo antes posible, sin embargo el presidente Sebastián Piñera hizo uso de su facultad de veto e ingreso algunas modificaciones, lo que retrasó su tramitación, pero por sobre todo significa un retroceso de los puntos que implicaban la vinculación de esta Ley con la de Garantías de la niñez -que lleva tres años en su segundo trámite en el Senado- quitándole responsabilidad solidaria a los organismos colaboradores frente a vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.

Tal como informó este medio en un reportaje reciente, Francisca de Iruarrizaga es hija de los directores de María Ayuda y, como Asesora de Proyectos Especiales del gabinete presidencial, habría participado en la redacción del veto de Piñera.

Augusto Iglesias

El segundo asesor del gobierno que aparece vinculado a un OCA es Augusto Iglesias Palau, ingeniero Comercial que tiene un Master and Arts in Economic. Fue contratado como “Asesor senior, dirección de asesoría presidencial, en el marco del programa apoyo actividades presidenciales” con un sueldo de siete millones de pesos. Además forma parte del comité ejecutivo de la Fundación Ciudad del Niño, una de las OCAS más grandes del país, y de las más cuestionadas, pues es la que más recursos recibe con $9.361.642.611 al año y la que más programas ambulatorios tiene en ejecución (cerca de 80).

Iglesias es conocido popularmente como “asesor de pensiones”, debido a que está trabajando en la reforma que planea el ejecutivo a las AFP. En el primer gobierno de Sebastián Piñera fue subsecretario de pensiones durante todo el periodo. Actualmente busca ser nominado como miembro de la Comisión del Mercado Financiero (CMF), organo regulador de las finanzas del país, ante esto, senadores de oposición como el PPD Juan Pablo Letelier señalaron al Diario Financiero que lo ven como un operador político de Piñera.

La Fundación Ciudad del Niño (o CODENI) estuvo en el ojo del huracán en febrero de 2018, producto de una cuestionada licitación del Ministerio de Justicia se entregó el programa PRM en la V Región a CODENI por sobre la institución Paicabí, que elevó cuestionamientos ante el Ministro de Justicia Hernán Larraín, quien prometió investigar a fondo las irregularidades y que concluyó con adjudicar a CODENI el contrato respectivo. No obstante los cuestionamientos de Contraloría en junio de 2018.

Lo curioso de la situación es que el Presidente de CODENI, la entidad cuestionada en la Licitación, José Pedro Silva terminó trabajando para el ministro Larraín como Coordinador de la Reforma al Código Civil posteriormente a ello.

Es decir la Fundación sigue licitando y cuenta con los servicios profesionales de su Presidente para la reforma más importante a la Justicia en los últimos años. Adicionalmente, otro funcionario de gobierno cumple labores en el equipo de Larroulet mientras es consejero del mismo OCA.

El directorio de Ciudad del Niño

En el directorio de este OCA también está Edmundo Crespo, alcalde designado de Viña del Mar durante la dictadura militar, entre los años 1979 a 1982.

Marisol Peña

Una de las integrantes del comité ejecutivo es Marisol Peña, ministra del Tribunal Constitucional de Chile entre 2006 y 2018, desempeñándose como presidenta del tribunal entre 2013 y 2014, convirtiéndose en la primera mujer chilena en ocupar el cargo.

Peña estuvo trabajando con la actual presidenta del TC María Luisa Brahm y en una entrevista en La Tercera comentó que está en contra que se fiscalicen a los ministros de la llamada tercera cámara. “Este tema constituye un círculo vicioso, porque realmente el único que podría fiscalizarlo es el Congreso Nacional y es el órgano fiscalizado por el TC, por lo tanto, es una locura pensar que el fiscalizador sea controlado por el fiscalizado”, señaló.

También es director de Fundación Ciudad del Niño José Pedro Silva, quién también ha trabajado para el gobierno. El destacado profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica, lideró al equipo que el pasado 31 de diciembre le entregó al ministro de Justicia Hernán Larraín una propuesta para reformar el código procesal penal.

Jorge Burgos

Aunque sin duda, el personaje más mediático de esta OCA es Jorge Burgos Varela, miembro del comité ejecutivo de Fundación Ciudad del Niño y ex Ministro de Defensa e interior durante el segundo gobierno de Michele Bachelet.

El abogado de la Universidad de Chile es uno de los hombres fuertes de la DC y ocupó puestos claves durante el gobierno de la entonces Nueva Mayoría, donde defendió al Tribunal Constitucional.  “No le hace bien al país poner en duda la legalidad del TC”, comentó en El Mercurio el año 2016, cuando el tribunal declaró inconstitucional la norma de titularidad sindical de la reforma laboral y parte de la norma sobre extensión de beneficios.

 ¿Qué sucede si pasa la ley al TC?

En caso de declararse inconstitucional la ley, el Tribunal Constitucional tiene la facultad de vetar todos los artículos inconstitucionales, dicho de otro modo, el TC podría aplicar el veto presidencial.

En el pasado, el TC ya ha modificado leyes con la excusa de que no son “constitucionales”, como el 2017 cuando modificaron la ley del Sernac, cuando la miembro del comité ejecutivo de fundación Ciudad del Niño, Marisol Peña, era ministra del tribunal.

En dicha ocasión, se declararon inconstitucionales 28 normas, quitándole la capacidad de sancionar a las empresas y compañías que cometan faltas contra los consumidores y delegando esa tarea a los tribunales, dejando al Sernac “sin dientes”.

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