Los intocables de siempre

Los intocables de siempre

El Consejo de Alta Dirección Pública ha realizado un tremendo aporte desde la promoción en la concursabilidad y el mérito en el Estado ejerciendo su rol como garante en dichos procesos de selección. Sin embargo, este Consejo nunca debió asumir el rol – ni siquiera transitorio- para rebajar el sueldo de parlamentarios ni de autoridades del Poder Ejecutivo. Jurídicamente no posee las atribuciones orgánicas ni sus competencias para ejercerlo. En términos políticos, demasiados conflictos de interés le aquejan.

El tema de la reducción de las remuneraciones para altos cargos públicos comenzó su discusión hace seis años. Fue a través de un proyecto de ley impulsado originalmente en 2014 que los diputados del Frente Amplio Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic evidenciaron una realidad incuestionable: el sueldo de senadores y diputados en Chile alcanza 36,8 veces el salario mínimo ($9.349.851 mensuales). La propuesta siempre consideró rebajar esta renta automáticamente en un 50% para todos los parlamentarios además de autoridades políticas del Poder Ejecutivo.  El proyecto original se hacía cargo de la escandalosa desigualdad que existe entre el mundo político y la ciudadanía que hasta entonces no se habían atrevido a tocar.

¿Recordemos qué sucedió en ese tiempo? Este proyecto fue rechazado cuando fue presentado. Los mismos de siempre, los intocables, nunca estuvieron dispuestos a perder privilegios. Los autores del proyecto fueron tratados por los diputados Pepe Auth (en ese entonces PPD) y José Manuel Edwards (RN) como “niños acostumbrados a recibir mesadas de sus padres”, el diputado Alejandro Santana (RN) dijo que eran “populistas”, porque por supuesto según el ex Senador Hernán Larraín (UDI) “no entienden lo que significa mantener una casa y una familia”.  A esas alturas, el todo vale era la premisa. Todo vale para no alterar el status quo. Todo vale para no agotar la leche de esa vaca tan saludable y fecunda. Habían sido años en que las remuneraciones “no habían sido tema. ¿Por qué tendría que serlo ahora?. Habemos algunos que no llegamos a fin de mes” expresaba el senador Iván Moreira (UDI) en un tono impertinente.

Finalmente, del espíritu original de este proyecto quedaron sólo retazos y pese al alto respaldo ciudadano para su aprobación, corrieron los años hasta que el Senado optó por una salida cómoda: tiró la pelota al córner (una vez más) dejando este tema en manos del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP). El martes 30 de junio este Consejo tomó una decisión, que pese a ser transitoria, trasciende en su impacto. El Consejo ADP resolvió rebajar en apenas un 10 % las remuneraciones para el Presidente de la República, Subsecretarios, Intendentes y SEREMIS y un escuálido 25% de reducción en la dieta parlamentaria (diputados y senadores) y lo mismo para Ministros de Estado.

Porque justamente un principio básico del quehacer público es que cada persona o en este caso cada institución debe dedicarse a lo que sabe hacer bien, el Consejo de Alta Dirección Pública ha realizado un tremendo aporte desde la promoción en la concursabilidad y el mérito en el Estado ejerciendo su rol como garante en dichos procesos de selección. Sin embargo, este Consejo nunca debió asumir el rol – ni siquiera transitorio- para rebajar el sueldo de parlamentarios ni de autoridades del Poder Ejecutivo. Jurídicamente no posee las atribuciones orgánicas ni sus competencias para ejercerlo. En términos políticos, demasiados conflictos de interés le aquejan. De los cinco consejeros en ejercicio, dos de ellos, Cristina Orellana (DC) y Eduardo Riquelme (RN) estuvieron involucrados en el escándalo del financiamiento irregular de la política, dado que emitieron boletas a empresas del Grupo Angelini y PENTA, respectivamente, mediante aportes ilegales a campañas electorales.  Riquelme – por lo demás – ejerce actualmente el cargo de Jefe en la Unidad de Casos Complejos del Ministerio del Interior, una posición de confianza política del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel.

En esta misma medida, el Consejo ADP definió que 40 cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República verán reducidas sus remuneraciones en 1% (uno por ciento, por si cree leyó mal).

Entre estos cargos se incluye, por ejemplo, al Presidente/a del Directorio de Televisión Nacional de Chile, Directores de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), Presidente/a del BancoEstado, Director/a General de la Policía de Investigaciones (PDI). También al Director/a Nacional del Servicio Civil (que a su vez ejerce como Presidente/a del Consejo de Alta Dirección Pública). El propio Presidente del Consejo se autorebajó su sueldo………. en un 1% (uno por ciento).

Enfrentamos la peor crisis de confianza política, social y económica como país. Cuando escasea la comida, la cesantía azota con desolación, la desprotección es evidente, la economía se desploma y la rabia se acumula cada día más, la respuesta es reducir los sueldos en 1%. Y eso no es lo peor, el Presidente del Consejo ADP Alejandro Weber (UDI) justifica esta decisión argumentando: “Es una señal que va en la dirección correcta.

El Consejo ADP sucumbió por la presión política y fue cautivo de sus conflictos de interés. Fue incluso más conservador que el propio Congreso Nacional, que en sus últimos intentos por llegar a acuerdo había asumido un guarismo que reducía en un 30% las remuneraciones. Producto de esta decisión el Consejo de Alta Dirección Pública compromete sus niveles de legitimidad que le ha costado alcanzar durante 17 años de existencia al asumir un cometido que no le compete y que genera cuestionamientos respecto de sus alcances y funciones. Recordemos que el Senado es quien ratifica mediante votación el nombre de los Consejeros, propuestos por el Presidente de la República.

Entre tanta obsecuencia hacia la mantención de los privilegios que defendió este Consejo, hay gestos siempre importantes de valorar. El único voto de minoría – el del consejero Eduardo Abarzúa – quien se convirtió en el voto disidente y que puso la cuota de transparencia. Fue el único consejero que públicamente rechazó el rol que se le asignó al Consejo de Alta Dirección Pública, al otorgársele una función ajena a su naturaleza y competencias en relación a la rebaja de remuneraciones. Fue el único que comprendió que esto no se trata tan sólo de un porcentaje para alcanzar una cifra. En sus palabras “la sociedad fragmentada vive no sólo una desigualdad material, sino que las personas viven esta realidad como una vulneración de su dignidad en una vivencia cotidiana de injusticia, ejercida por otros que poseen poder y dinero”.

Por lejos lo más angustiante es que esta decisión deja de manifiesto que en Chile un grupo de intocables, pase lo que pase, estén donde estén y hagan lo que hagan, siempre, invariablemente trabajarán por mantener sus privilegios. Algunas voces han considerado estas rebajas como un avance, pese a lo insuficiente. Bajo esta lógica noventera de “al menos que algo se haya logrado”, lo que se ratifica aún más con esta decisión es la necesidad urgente de una Nueva Constitución para Chile. Una nueva Constitución diseñada, discutida y levantada en democracia, sin espacio para los intocables de siempre y con plena convicción que la fragilidad no puede ser la norma y que de una vez por todas recuperemos la dignidad que nos han arrebatado esos mismos intocables.

Sobre el Autor

Juan Pablo Arriaza Zalá

Su niñez y adolescencia transcurrió en Santa Cruz, Región de O´Higgins. Se tituló de psicólogo en la Pontificia Universidad Católica de Chile (2004). Obtuvo un post-título en políticas públicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y magister en políticas públicas en la Universidad Diego Portales. Se ha especializado en el sector público en materias de desarrollo organizacional, investigación en modernización del Estado y gestión y desarrollo de personas. Ha ejercido roles profesionales en la Dirección Nacional del Servicio Civil (Alta Dirección Pública), Ministerio de Educación y Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). Actualmente se desempeña en la Universidad de Chile.

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