Los casos del estallido social que lleva Ramón Sepúlveda: El abogado que tiene contra las cuerdas al gobierno por las muertes en pandemia

Lidera la causa en contra de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, Arturo Zuñiga y Paula Daza que está tomando cada vez más fuerza con la inclusión del fiscal Xavier Armendáriz. También está defendiendo a jóvenes acusados de ser parte de la llamada primera línea, sin pruebas por parte del gobierno, y tiene en sus manos un caso insólito donde el Ministerio del Interior solicitó aplicar la Ley de Seguridad del Estado para 15 estudiantes que se tomaron el antejardín del DEMRE en enero, entre otros procesos judiciales.


Ramón Sepúlveda estudió leyes en la Universidad de Chile y trabajó cinco años en el Consejo de Defensa del Estado, tras lo cual decidió abrir el estudio jurídico “Rs y CIA”. En la prensa es un nombre reconocido desde la primera causa “grande” que tomó con la defensa del ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Juan Martínez, en los inicios del caso Penta. Hoy es el representante del alcalde Daniel Jadue y está detrás de la acción judicial en contra del presidente, el ex ministro de Salud y dos subsecretarios por “cuasidelito de homicidio y por denegación de auxilio” en la muerte de 62 vecinos de Recoleta.

A menos de un mes del aniversario del “18 O” habla de las causas que le ha tocado representar, como la de los jóvenes del CONES en la toma del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE). “Ahí hubo querella solo por tomarse un antejardín”, explica.

Estudiantes tratados como terroristas

Toma de la CONES en el DEMRE

El movimiento NO + PSU en enero de este año generó una protesta masiva de los estudiantes secundarios contra el proceso de admisión que tildaron de “segregador y clasista”. Lo boicotearon de distintas formas y el gobierno tomó represalias.

El domingo 12 de enero en la mañana, un grupo de 15 estudiantes, entre ellas la vocera Valentina Miranda, ingresó a las dependencias del DEMRE, protestando en el antejardín en contra de la PSU.

El ministerio del interior respondió querellándose por la Ley de Seguridad del Estado en contra de la CONES, tratando la toma del antejardín como si fuera un acto terrorista.

“En atención a lo señalado, el Gobierno no puede dejar de utilizar las herramientas que le provee el ordenamiento jurídico para cumplir con el mandato legal de resguardar el orden y la seguridad pública, interviniendo como querellante en aquellos casos en los que se den los requisitos impuestos por el legislador para aquello. Lo contrario sería desoír el mandato legal y abandonar los deberes que expresamente impone la ley a esta cartera de Gobierno para el logro de sus fines”, señaló el Ministerio del Interior en el documento.

Sin embargo, el 5 de marzo el gobierno se retractó parcialmente, cambiando la figura de Ley de Seguridad Interior del Estado por desórdenes públicos. “Solo la bajó por una cuestión de presión mediática”, dice Ramón Sepúlveda, quién está pidiendo el sobreseimiento del caso.

“No se dan los elementos del delito por los cuales se presentó la querella, y un buen reflejo de eso es efectivamente que no hay mayores diligencias en la investigación. Nosotros esperamos a la brevedad posible pedir el sobreseimiento, además la investigación no ha avanzado en nada y creemos que es una querella de persecución política”, explica.

Las únicas diligencias que pidió el Ministerio del Interior para que la querella avance son las cámaras de seguridad, el empadronamiento de las personas que estaban en el DEMRE ese día y las declaraciones de Carabineros.

“Presentan esas querellas políticas y nada más, si uno se fija esa es una querella que presenta el ministerio del interior como muchas otras y que finalmente termina en nada, donde no hay desórdenes públicos, donde no hubo una paralización del DEMRE, donde la gente sigue yendo a trabajar, donde en definitiva no se da ningún tipo de desorden público más que la protesta de estudiantes afuera de este servicio”, agrega.

Detención de jóvenes sin pruebas

El abogado también lleva el caso de Sebastián Cambiazo, quien tiene la condición de trastorno del espectro autista. El día martes 3 de marzo, el joven de 18 años salió de su casa con rumbo a Plaza de la Dignidad y, según el testimonio de sus padres, esa noche no volvió.

Fue detenido junto a 23 jóvenes en una “pesca de arrastre” contra la Primera Línea. Para acreditar la acusación se presentaron 22 declaraciones de carabineros.

“El día 03 de marzo de 2020 alrededor de las 17:00 a 17:30 horas, los imputados se reunieron en la intersección de calle Ramón Corbalán Melgarejo y Carabineros de Chile de la comuna de Santiago, para progresivamente, y utilizando diversos elementos contundentes, tales como piedras, fierros, palos, adoquines, resorteras artesanales, tornillos, y asimismo aprovechándose de la gran cantidad de personas reunidas, a través del posicionamiento masivo de este grupo en plena vía pública, entre los cuales se encontraban, comenzaron paulatinamente a turbar gravemente la tranquilidad del lugar, mediante el lanzamiento de dichos objetos, y asimismo, interrumpiendo sin autorización y utilizando los elementos ya referidos, completamente la libre circulación de personas y vehículos”, dice la querella.

Sebastián quedó con prisión preventiva y una de las pruebas fue la declaración de un carabinero quién dijo que Sebastián había lanzado un fierro con dirección a funcionarios de Fuerzas Especiales.

“Se cerró la investigación y está fijada la audiencia donde se va a dar inicio de preparación del juicio oral. Nosotros creemos que ellos no tuvieron ninguna participación en los desórdenes públicos, además es un caso donde los muchachos terminan en prisión preventiva”, dice Sepúlveda.

“La proporción de la prisión preventiva por parte del delito por cual se presenta esta acusación no tiene ninguna lógica (…) Bajo ningún escenario se pueda aplicar un escenario de prisión preventiva de manera normal, acá lo que se hace es una persecución política a estos estudiantes con un caso simple y puro de desórdenes públicos”, puntualizó.

Sebastián Cambiazo junto a su familia.

Sebastián Cambiazo pasó tres semanas en prisión preventiva, lo que para el abogado fue una brutalidad. A su juicio, si en tiempos de pandemia se dio un permiso para que los niños con autismo puedan salir porque les hace mal estar encerrado, el daño fue mucho mayor al estar preso y se vulneraron todos los tratados de derechos humanos sobre esta materia.

“Cómo familia estamos viviendo este proceso esperanzados en que nuestro hijo salga luego de esta pesadilla que nunca debió haber pasado. Sebastián, debido a su TEA, se le profundizaron todas las patologías propias de su condición y estamos siguiendo un tratamiento con especialistas. Tiene crisis de pánico severas, miedo, angustia, trastornos del sueño y se le profundizó el tartamudeo, entre otras cosas que diariamente estamos monitoreando. Además tiene hipotiroidismo desde los ocho años. Ha sido duro para nosotros, primero el estallido social con la situación de los muchachos de la supuesta primera línea y luego la pandemia”, explica el padre de Sebastián, en conversación con La Voz de los que Sobran.

Dos tipos de justicia en Chile

El pasado jueves 17 de septiembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó el balance de acciones judiciales realizadas en contra de agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

De un total de 2.499 querellas interpuestas, 2.329 se dirigen contra Carabineros, 126 contra militares, 22 contra la Policía de Investigaciones (PDI) y 1 contra Gendarmería.

De estas querellas, 1.627 son por apremios ilegítimos; 191 por violencia innecesaria; 6 por homicidio; 471 por tortura; 82 por abusos; 12 por lesiones gravísimas; 4 por lesiones graves; 11 por tortura; 38 por homicidio frustrado; 55 por apremios ilegítimos; 1 por disparos injustificados, y 1 por obstrucción a la justicia.

Sin embargo estas causas han avanzado lento y solo hay 68 personas imputadas (menos del 3% del total de querellas). Se trata de 64 funcionarios de Carabineros y 4 de las Fuerzas Armadas. Entre ellos se encuentra Claudio Crespo acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica y Patricio Maturana quién percutó la lacrimógena que hirió a Fabiola Campillai.

Existe una notoria diferencia en la velocidad de la justicia y en como las causas que están avanzando rápido solo son las de la supuesta “Primera Línea”, casi sin pruebas y con acciones judiciales insólitas como aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a los estudiantes por tomarse un antejardín del Demre.

Para Ramón Sepúlveda esta situación es impresentable. “Es una locura, por un lado tenemos muchachos que están en juicio y condenados, y por otro tenemos causas que no avanzan en absolutamente nada”, comentó.

“Ojo que además el estado paga los abogados del Ministerio del Interior que presentan estas querellas. Imagínate que en el caso de la CONES presentan esta querella por Ley de Seguridad Interior del Estado y les llega la noticia de la querella a las familias (…) Se les viene todo el mundo encima, es un drama ¡Y después presentan un escrito corrigiéndolo! Ese es el nivel de abogados que tiene el gobierno”, concluye.

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