Londres 38 denuncia al CIDH los obstáculos del Gobierno a la labor de defensores de derechos humanos

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Foto: AgenciaUno

A través de una carta dirigida al comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, el espacio de memorias Londres 38 solicita que se requiera al Estado antecedentes respecto de las exigencias que contempla la nueva normativa sanitaria en el país y que restringen la labor de personas defensoras de DD.HH.


Tras decretarse cuarentena en toda la Región Metropolitana y endurecer las restricciones del plan Paso a Paso que afectan la movilidad de la ciudadanía durante el peor momento de la pandemia en el país, el espacio de memorias Londres 38 ha alertado sobre cómo afecta la nueva normativa a las personas que ofician como defensores de derechos humanos en la vía pública.

Al respecto, denuncian la estigmatización de la que son objeto abogados y abogadas defensores, periodistas independientes y personal de brigadas de salud, que han cumplido un rol clave en defensa de DD.HH. desde la revuelta social de 2019, producto de la cual se han violado sistemáticamente los derechos de miles de personas por agentes del estado.

Por tal razón, la organización del espacio ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado las últimas medidas adoptadas por las autoridades del país que restringen la labor de los defensores de derechos humanos, “creando nuevos obstáculos normativos y administrativos, al no incluir el rubro de la asesoría y defensa legal dentro del listado de giros esenciales, limitando con esto los permisos de desplazamiento que permiten circular en lugares en cuarentena o durante el toque de queda a las personas defensoras de derechos humanos”, según indican.

Como ejemplo, la misiva indica que la nueva normativa permite dentro el Permiso Único Colectivo el desplazamiento de abogados y abogadas, pero “el sistema no ha contemplado en ningún momento la labor de personas defensoras de derechos humanos que no detentan el título de abogada o abogado”. Además, desde el 25 de marzo, se ha sumado la exigencia de un nuevo requisito.

“Esta última exigencia deja en una situación a lo menos incierta a personas defensoras de derechos humanos que se desempeñan en contextos laborales informales o a quienes derechamente no se encuentran en relación laboral alguna y se desempeñan de manera independiente o como voluntarios de organizaciones defensoras de derechos humanos. Asimismo, en este último instructivo no se menciona el rubro de la asesoría y defensa legal dentro del listado de giros esenciales con la posibilidad de solicitar este permiso de desplazamiento, lo que impide que frente a graves denuncias de vulneraciones a derechos fundamentales las personas que ejercen labores de defensa de derechos humanos puedan asistirlos y visitar centros de detención”

La carta concluye indicando que “todos estos obstáculos normativos implican una severa regresividad en materia de respeto a los estándares de derechos humanos que debe cumplir el Estado de Chile, a lo cual se suma un discurso proveniente de las autoridades de gobierno que, desde octubre de 2019, se ha caracterizado por atacar, deslegitimar y denigrar a las personas defensoras de derechos humanos y lideres/as sociales, transformándolas en blancos de amenazas y ataques”.

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