Lo que el gobierno no quiere entender respecto a la atención primaria de salud y su necesario financiamiento

Foto: Agencia Uno

Este es un tema central que los gobiernos de la concertación y la derecha no abordaron con la seriedad que se merece. Se optó por mantener un sistema muy funcional a lógica subsidiaria del Estado y a la lógica hospitalocéntrica en la que aún estamos. Sin desmerecer la importante labor que cumplen los hospitales por supuesto.


La atención primaria en salud desde sus orígenes en la declaración de Alma Ata ha sido relevada como la base y la más importante dentro de los tres niveles de atención. Ello debido al rol que juega en el desarrollo de las comunidades y sus condiciones de salud.  No obstante es la que menos financiamiento recibe respecto de los niveles secundario y terciario. En cifras, estamos hablando que en promedio la Atención Primaria recibe un poco más del 20% del total del presupuesto de Salud Pública.

Esta contradicción histórica en la que ha estado la atención primaria evidencia no sólo la inequidad en la priorización del ya exiguo financiamiento de la Salud Pública sino también un problema estructural: la incapacidad de financiar el modelo de Atención de Salud Familiar y Comunitaria declarado hace ya más de 20 años.

Se trata de un problema de diseño y de estructura de la política pública en Salud que la reforma de principios del 2000 no logró resolver. Se definió un modelo familiar y comunitario en base a un sistema de atención y financiamiento de carácter preeminentemente asistencial, individual y basado en la morbilidad.

El financiamiento por tanto no sólo tiene que resolver la brecha asistencial en materia de morbilidad, sino también la brecha existente en materia de prevención y promoción de la salud y en la reducción del gasto de bolsillo, sobre todo en medicamentos.

Este es un tema central que los gobiernos de la concertación y la derecha no abordaron con la seriedad que se merece. Se optó por mantener un sistema muy funcional a lógica subsidiaria del Estado y a la lógica hospitalocéntrica en la que aún estamos. Sin desmerecer la importante labor que cumplen los hospitales por supuesto.

La Atención Primaria de Salud es el corazón y columna vertebral de la salud pública, que responde a las enfermedades producidas por la inequidad y desigualdad de miles de territorios y comunidades donde se insertan los CESFAM y SAPU, asumiendo una carga de enfermedad cada vez mayor producto de ésta.

La salud primaria es uno de los servicios más importantes de los gobiernos locales y por tanto su financiamiento es central sobre todo en comunas pobres, que intentan salir de la mera administración de la pobreza y tratamiento a  las enfermedades para avanzar en la producción de la salud y bienestar, sobre todo aquellas con alto porcentaje de población mayor.

Hasta ahora el financiamiento de la APS se basa un aporte estatal anual que se compone de una asignación per cápita y programas de refuerzo, siendo el per cápita el 70% del total del presupuesto para la APS. El per cápita mensual a su vez se decide en un aporte basal y otro basado en indexadores de pobreza, ruralidad y población adulto mayor.

En los últimos años la atención primaria ha tenido un escaso desarrollo en su financiamiento. En los últimos 4 años, el aumento promedio anual del per cápita basal ha sido de $490 pesos. El año pasado se aprobó un presupuesto de $7.200 pesos por persona, en respuesta a la ya histórica demanda de $10.000 mensuales.

Este año en pleno contexto de Pandemia el gobierno propone un aumento de 160 pesos, poniendo en evidencia el desconocimiento o la subvaloración de la importancia que han jugado los CESFAM y SAPU en su abordaje y por consecuencia de sus respectivos gobiernos locales .  La disminución del presupuesto tiene como consecuencia directa para la  ciudadanía, un aumento del gasto de bolsillo en salud para  más del 75% de la población del país que está inscrita en FONASA. Por eso la necesidad de contar con un aumento en el per cápita que considere un aumento de al menos  $1000 más respecto al año pasado, de modo de avanzar a los 10.000 requeridos.

No se puede asumir la salud a costa del endeudamiento o del retiro anticipado de los ahorros previsionales, porque simplemente no existe un sistema de protección social decente. No es ético que los más pobres tengan que asumir individualmente el costo de su salud siendo que son los que más se enferman y no es ético que en plena pandemia se priorice por la salud de las finanzas (sobre todo de unos pocos) y no de las personas.

Es esto lo que el gobierno no quiere entender desde el 18 de octubre de 2019 : que necesitamos una salud pública, comunitaria, solidaria que garantice nuestros derechos. Es de esperar que esto también lo entienda el parlamento en los próximos días decisivos para la sanción del presupuesto 2021.

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