Las escuelas no son guarderías

Educación y mercado son dos palabras amarradas en Chile desde la dictadura militar. Bajo esta lógica, es evidente que quienes entienden la educación desde y para el mercado prioricen las “preocupaciones educativas” del empresariado y sus diversos ministerios, con tal de reactivar la economía y aumentar la productividad.


Como docentes no esperaríamos tener que explicar por qué las escuelas no son guarderías. Sin embargo, resulta casi inevitable en la medida en que otros toman decisiones en el ámbito escolar, decisiones que las y los docentes debemos ejecutar correctamente y garantizar que funcionen, con o sin condiciones mínimas.

Así sucede también con el retorno a clases. Pues no basta que nuestras colegas, que además de docentes son madres, hayan tenido que lidiar con la mochila gigante que significa el trabajo productivo y reproductivo realizado de modo simultáneo, en el mismo espacio y horario durante casi siete meses de pandemia.

No basta con que las y los docentes hayamos reinventado y costeado el proceso educativo, ahora en una nueva modalidad, más allá incluso de lo que estipulan nuestros contratos laborales. No basta ninguna de las soluciones que hemos ideado – sin apoyo, por cierto, del MINEDUC – pues, claramente, han sido ejecutadas con criterios pedagógicos y no mercantiles, que es la función que nuestro modelo económico precisa de las escuelas.

Esta insistencia, llevada hasta a lo absurdo por el abogado y ministro de educación Raúl Figueroa, con frases tales como: “Si estamos en condiciones de abrir una escuela que sirve de local de votación, yo me pregunto -y muy legítimamente- ¿no podemos, si se dan ahí las condiciones sanitarias, abrirla para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector?”, ha sido secundada esta semana por nuevos personeros de gobierno lejanos también al mundo de la educación, como María José Zaldívar, ministra del Trabajo, quien señaló que necesitan “que los colegios abran sus puertas para que las mamás y los papás tengan donde dejar a sus hijos”, o Ignacio Briones, ministro de Hacienda quien dijo que “La normalidad, la cotidianidad, la vuelta al trabajo, no se retoma si usted tiene a los chicos en la casa y no tiene con quién dejarlos”; y ni más ni menos que Juan Sutil, empresario y presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CTC), quien se refirió el lunes a la apertura de las guarderías y la sala cuna para las y los trabajadores.

Pero: ¿Qué tiene que ver la educación con Hacienda o el empresariado? Lamentablemente, no poco. En un país en cuya constitución se habla de educación sólo en los puntos 10 y 11 del apartado III, artículo 19 (titulado “De Los Derechos Y Deberes Constitucionales”) para resguardar el “derecho preferente” (n°10) de las y los padres a educar a sus hijos – que impide otorgar derechos humanos propios de la infancia, tales como la Educación Sexual Integral – y para consagrar la “libertad de enseñanza” (n°11) que otorga el “derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales” con el mismo criterio con el cual abre o cierra un mall, se entiende la educación como un “bien de mercado”.

Educación y mercado son dos palabras amarradas en Chile desde la dictadura militar. Bajo esta lógica, es evidente que quienes entienden la educación desde y para el mercado prioricen las “preocupaciones educativas” del empresariado y sus diversos ministerios, con tal de reactivar la economía y aumentar la productividad. Sin embargo, la pregunta no es sólo por la pertinencia de esta relación, sino por la salud de las comunidades educativas, pues ¿Quién piensa en los niños y niñas? ¿Cuántas vidas podría costarnos este tipo de decisiones?

Como docentes, sabemos que no hay esfuerzos impulsados desde el gobierno para conocer la situación de las escuelas. Sabemos que la frase “las escuelas deben reabrir, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan” tiene el énfasis en la reapertura más que en las condiciones.

Nadie ha catastrado la situación de las escuelas, igual de abandonadas que antes de la pandemia, sin jabón, sin espacios que permitan resguardar la distancia mínima, sin insumos para sus funcionarios/as o estudiantes. Tampoco ha habido esfuerzos para garantizar el acceso de las y los estudiantes a la modalidad online, pues claro, el acompañamiento pedagógico no es relevante si no tributa directamente a la economía. Se habla del retorno sin presentar ningún argumento educativo más que lo evidente – lo irremplazable de las clases presenciales – como si las clases previas a la pandemia se hubieran desarrollado en un entorno idílico y sin complejidades.

La buena voluntad con la cual se disfraza el bombardeo mediático por el retorno a clases no sólo no contempla argumentos educativos, sino que no se hace cargo de las condiciones actuales de las escuelas. Tampoco argumenta en base a la realidad de las comunidades educativas y sus familias, no menciona la situación de las y los funcionarios que pertenecen a grupos de riesgo, no incorpora un presupuesto extra destinado a propiciar las condiciones sanitarias ni expone los estudios de otros países, con mejores condiciones en sus aulas pero víctimas de rebrotes brutales.

Carente de información, sin sustento pedagógico y sin esfuerzos que propicien condiciones adecuadas, este discurso no es otra cosa que un llamado irresponsable a exponer a nuestros niñes, colegas y sus familias, sin mínimos de seguridad, con tal de sumar un día de ganancia a las grandes empresas. Poco importa si pagamos (otra vez) las ganancias de quienes gobiernan con nuestra salud cuando se tienen los medios para tomar decisiones, desinformar o distorsionar el propósito de la educación al antojo de lo que dictan intereses particulares.

En todo este período no habido preocupación alguna por las necesidades de las escuelas, cuando urgen políticas públicas de protección a las y los trabajadores, medidas que consideren la crisis de cuidado evidenciada en los hogares y que nuestra educación sea un espacio de desarrollo intelectual y emocional, no guarderías.

Ante este panorama, la urgencia de una institucionalidad que impida estos abusos se hace más patente que nunca y ratifica la importancia de una nueva constitución, que otorgue a las escuelas y las comunidades la prioridad que merecen. Y que pese a que la labor pedagógica sea altamente feminizada (el 74% somos mujeres), tengamos la certeza que la escuela no es una guardería, no es extensión de la labor de cuidados.

Total
133
Shares
Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Related Posts
¡Apoya al periodismo independiente! Sé parte de la comunidad de La voz de los que sobran.
Únete aquí

¡Apoya al periodismo independiente!

Súmate, sé parte de la comunidad de La voz de los que sobran. Así podremos seguir con los reportajes, crónicas y programas, que buscan mostrar la otra cara de la realidad, esa que no encontrarás en los medio de comunicación hegemónicos.