Las acciones sobre las palabras. La derecha y los derechos humanos

Foto: Agencia Uno

Como país seguimos viviendo una situación de grave crisis de derechos humanos, la que hoy en día se manifiesta especialmente a propósito de la situación de las y los presos políticos de la revuelta. Esto requiere de una salida política ahora. Los sectores de derecha que se dicen defensores de los derechos humanos tienen enfrente sólo una oportunidad para demostrar con hechos sus palabras: ¿Tendrán verdadera intención de sumarse un proyecto de país sin impunidad, y de pleno respeto a los derechos humanos?


Las intenciones y declaraciones no son un criterio fiable para juzgar a quienes actúan en política. Sus actos son mucho más relevantes para aquello. En el ámbito de los derechos humanos, esta premisa se hace todavía más importante por dos razones: Primero, porque en general ningún actor político niega explícitamente su valor, a pesar de que sus acciones pasadas y presentes hayan operado más bien en el sentido contrario. Segundo, porque esta contradicción puede implicar la tolerancia velada a un ejercicio radical de violencia estatal contra la sociedad, que no solamente tiene costos humanitarios dramáticos, sino que también erosiona las bases de la democracia y la convivencia política.

Debido a lo anterior es que resulta imposible juzgar positivamente el actuar del gobierno, y por ende también de sus autoridades, frente al asunto de los derechos humanos. Es que cuando se decide NO intervenir de forma efectiva y transformadora en la realidad para promover su respeto y centralidad, cualquier declaración de intenciones resulta irrelevante e incluso ofensiva a quienes sufren y han sufrido vulneraciones en sus derechos. Por ende, partir de la confianza en la derecha frente a este tema en base a la constatación de las convicciones personales de determinada figura no es prudente a nuestros ojos.

En cambio, desde el lugar que hemos podido ocupar queremos promover que es posible construir esa eventual confianza, siempre y cuando esto ocurra en base a actos. Y debido a que la disposición del gobierno frente a ello ha sido nula, se hace imposible confiar en ellos. Es más, con anterioridad a la revuelta, a los sobrevivientes de prisión política y tortura ya se nos había informado por parte de la subsecretaria de derechos humanos Lorena Recabarren, de la inexistencia de voluntad política para avanzar en temas “del pasado”. Y no solo eso, sino que se llevó a cabo un cercenamiento del ya estrecho Plan Nacional de Derechos Humanos donde también se retiraron cuestiones vinculadas a la reparación, la memoria y la justicia.

Pues bien, en los últimos doce meses se ha mostrado en toda su radicalidad la falta de acción frente a la defensa y promoción de los derechos humanos por parte del gobierno y la derecha. Un análisis medianamente desapasionado de los hechos muestra que ha existido un respaldo constante al actuar abusivo e innecesariamente violento de las fuerzas armadas y de orden, pero además, una intención de reprimir con mayor fuerza y saña en las periferias. El saldo es de decenas de muertes, miles de heridos y miles de prisioneras y prisioneros políticos. Resulta imposible compatibilizar esta realidad con palabras de buena crianza que en nada la transforman.

Si es que desde EVOPOLI quieren sacudirse del lastre de ser defensores del terrorismo de Estado que tiene todo su sector para presentarse como una derecha democrática, entonces deben usar su posición para hacer avanzar en serio una agenda democratizadora que aborde tanto la urgencia como los problemas estructurales. Sobre lo primero, la prevención de la violencia estatal contra la sociedad perpetrada por Carabineros de forma constante en el último año, así como la apertura de visitas y la exploración de indultos o amnistías para las presas y presos políticos son elementales.

Lo mismo pasa con el fortalecimiento presupuestario para la promoción y defensa de los derechos humanos y la memoria, así como con el avance en un mecanismo permanente de calificación, y en la eliminación de de las restricciones de acceso a la documentación sobre derechos humanos, especialmente el aún vigente secreto Valech. Por último debe propiciarse un Estado proactivo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para quienes han sufrido de la violencia estatal en el marco de la revuelta, siendo la situación de traumas oculares una especialmente grave y urgente de atender.

A nivel estructural la promoción de discusiones racionales dentro de su sector frente a la reforma o refundación de Carabineros y frente a la situación de pueblos originarios y pueblo mapuche en particular son cuestiones centrales. Lo mismo pasa con el fortalecimiento auténtico a la promoción y defensa de los derechos humanos, así como al ejercicio social del derecho a la verdad y a la memoria. Finalmente, el énfasis en la prevención de la violencia resulta esencial, y ello implica la pregunta por las causas profundas de los conflictos que muchas veces generan formas de violencia incompatibles con la vida democrática. En este último sentido, los argumentos esgrimidos para el rechazo al proyecto de Educación Sexual Integral muestran el gigantesco camino que tienen por delante.

Pues bien, como país seguimos viviendo una situación de grave crisis de derechos humanos, la que hoy en día se manifiesta especialmente a propósito de la situación de las y los presos políticos de la revuelta. Esto requiere de una salida política ahora. Los sectores de derecha que se dicen defensores de los derechos humanos tienen enfrente sólo una oportunidad para demostrar con hechos sus palabras: ¿Tendrán verdadera intención de sumarse un proyecto de país sin impunidad, y de pleno respeto a los derechos humanos?

La necesidad de actuar es urgente, mañana será demasiado tarde y se autocondenarán, nuevamente, a ser señalados como el sector que se posicionó -por acción y omisión- en favor de las más crueles injusticias y crímenes contra los propios habitantes de nuestro país.

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