La transfiguración política: Para una política más allá del paradigma portaliano

La exigencia popular fue “Asamblea Constituyente”, la respuesta institucional fue “Convención Constitucional”. Pero la guerra de nombres no fue jamás saldada, como tampoco lo fue el propio proceso: ¿habrá que decir “constituyentes” o “convencionales”, “Asamblea” o “Convención”? Dicha instancia lleva el adjetivo ¿“constitucional” o “constituyente”? Pugna de nombres que se traducirá en una pugna jurídico-política.                          


La última vez que el pueblo de Chile estuvo de fiesta fue en 1970 cuando Salvador Allende ganó el gobierno. En 1973 todo terminó y no solo la secta Chicago se tomó el poder gracias a los militares terminando la fiesta con un violento golpe de Estado que terminó con la casa de La Moneda bombardeada, sino que además, se reactivó al viejo Diego Portales que devino en el paradigma de la República. Respondiendo al mentado paradigma, todas las constituciones fueron autoritarias y todas posibilitaron diferentes pactos oligárquicos gestados como formas de contención de diversas sublevaciones acaecidas. 1833, 1925 y 1980 constituyen algunos momentos de dichos pactos oligárquicos en que se reactivó el paradigma portaliano bajo diferentes formas. Desde la lectura de Armando Uribe Arce, podríamos decir que dicho paradigma cristaliza la intensidad mítica del “fantasme” que designa una “violencia que quiere ser legítima” y que caracterizaría justamente al devenir autoritario de nuestra República.

De manera silenciosa, con ataques y repliegues, avances y retrocesos, las luchas populares jamás se detuvieron, pero solo en algunos momentos dichas luchas pudieron impugnar al régimen en su totalidad. El 18 de Octubre de 2019 fue uno de esos momentos. En sus diversas articulaciones, el proceso de la revuelta destituyó decisivamente el orden prevalente y puso al régimen neoliberal contra la pared. Su clase política no tuvo respuesta, y a su oligarquía le había sido destituida su capacidad para gobernar. A pesar que su clase política intentó hacer del acuerdo del 15 de Noviembre un “golpe parlamentario”, la irrupción del pueblo terminó por apropiarse completamente del proceso que él mismo había iniciado.

La exigencia popular fue “Asamblea Constituyente”, la respuesta institucional fue “Convención Constitucional”. Pero la guerra de nombres no fue jamás saldada, como tampoco lo fue el propio proceso: ¿habrá que decir “constituyentes” o “convencionales”, “Asamblea” o “Convención”? Dicha instancia lleva el adjetivo ¿“constitucional” o “constituyente”? Pugna de nombres que se traducirá en una pugna jurídico-política: ¿cuáles serán las atribuciones de una Asamblea? ¿cuáles las de una Convención, qué relación tendría una y otra con los demás poderes constituidos? El punto es que, en la medida que el acuerdo del 15 de noviembre no clausuró al proceso y no devolvió el control a su clase política, el conflicto de nombres sigue vigente al punto que no solo se ha producido una verdadera yuxtaposición entre ellos: se designa “Convención” pero se procede como “Asamblea”; se designan “constituyentes” a los miembros de la Lista del Pueblo y lista Apruebo-Dignidad y, sin embargo, “convencionales” a aquellos que parecen más cercanos a la derecha.

Si bien, el discurso jurídico podrá dar ciertas respuestas, lo cierto es que por más que se declaren alcances, potestades, funciones de la instancia, ésta portará consigo la espectralidad de dos formas jurídico-políticas incompatibles entre sí, dos fuerzas inconmensurables, imposibles de cualquier conciliación. Para la derecha y el resto de la clase política, ello es riesgoso. Pero desde el punto de vista de las fuerzas que apuestan a la transformación ello constituye una cierta ventaja: ahí se juega el ímpetu creador, el arrojo de la imaginación popular que ha circulado durante todos estos años por las calles del país. Pero de nada habrá servido abrir esta instancia si todo se reduce a dejar atrás la Constitución de 1980 como si ésta constituyera una creación anómala a la República, como si fuera un momento de ruptura de la “larga tradición democrática” de Chile. Pensar así, implica reducir el campo de transformaciones y posibilitar el diseño de una Constitución en la que sobreviva el paradigma portaliano y, con ello, su actual pacto neoliberal remozado en un “rostro humano”.

Es cierto que hay que destruir completamente la Constitución de 1980. Pero entendiendo que ella condensa no solo 50 años de pacto oligárquico sino 200 años de República “portaliana”. La tarea inmediata, que ha sido anunciada con la elección de la presidenta de la Convención Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa, consistirá en transfigurar el sentido de lo político. Porque si éste ha sido pensado casi exclusivamente a partir del paradigma portaliano, la dimensión propiamente revolucionaria de la Convención consistirá en la posibilidad de transfigurar la política más allá de ese paradigma. No solo hay que enterrar definitivamente a Pinochet, sino a su “fantasme” que se articuló política e históricamente en el autoritarismo del paradigma portaliano.

Todo el proceso “octubrista” puede leerse como un gesto capaz de desmantelar al paradigma portaliano imaginando otras formas políticas: las ollas comunes, asambleas populares, territoriales, cabildos, han sido las formas-de-vida de una democracia expresiva que terminó por destituir a la mínima democracia representativa que operaba bajo el “fantasme” portaliano cristalizada en el pacto oligárquico de 1980. Por eso, la Convención devino espectral pues contiene en su seno potencias que no son necesariamente representables, pero que posibilitan –y atraviesan dislocándole- a la totalidad del proceso en curso: atravesar el “fantasme” portaliano y destituir toda su República implica   transfigurar profundamente la forma política portaliana. Quizás, esa sea la tarea constituyente más decisiva.

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