La repolitización del pasado a 50 años del triunfo de la Unidad Popular: evidencias y lecciones

Asistimos a un proceso de repolitización del pasado que involucra tanto los partidarios del legado político y económico de la dictadura como a los que queremos una refundación democrática del país. Así, de la revisión de la disputa por la repolitización del pasado, es posible recoger tres evidencias históricas de las cuales puede extraerse una importante lección política.  

La repolitización del legado de la Unidad Popular ha sido un proceso sostenido desde la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado (2013). El éxito político de las movilizaciones estudiantiles de 2011 permitieron una interesante relectura del pasado conflictivo: al constatar la esterilidad del modelo político e institucional de la dictadura para resolver los conflictos políticos y sociales del país, la figura de Salvador Allende dejó de representar la debacle y la derrota para convertirse en una imagen utópica de la transformación social que todavía tenemos pendiente.

Las recientes movilizaciones sociales de octubre de 2019 y el rechazo masivo a la militarización del país que terminaron en el Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución, consagraron la idea de que la única solución a los conflictos sociales que arrastramos desde el fin de la dictadura (1989), es la refundación del orden político institucional, por la vía de la participación ciudadana.  Asistimos a un proceso de repolitización del pasado que involucra tanto los partidarios del legado político y económico de la dictadura  como a los que queremos una refundación democrática del país. Así, de la revisión de la disputa por la repolitización del pasado, es posible recoger tres evidencias históricas de las cuales puede extraerse una importante lección política.  

La primera y la más grande de las evidencias, es que el Golpe de Estado no fue organizado para terminar con un  gobierno caótico o evitar que la izquierda rupturista nos llevara la guerra civil. Es cierto que la Unidad Popular nunca alcanzó las mayorías políticas para llevar adelante su plan de reformas. Su votación más grande la obtuvo en las Parlamentarias de 1973 (43,4% de los votos). Pero la derecha tampoco consiguió la mayoría que esperaba. Por eso tuvo que aliarse con la Democracia Cristiana en la mal llamada Confederación Democrática (CODE). Aun así, no consiguieron el quorum necesario (2/3) para destituir a Allende a través del Congreso. Los datos de la Informe Rettig (1991) y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) demuestran que la ruptura democrática fue la única alternativa que le quedó a la derecha para hacer retroceder las reformas sociales e imponerse a la movilización social que las respaldaba: de las 3.197 víctimas reconocidas por el Estado en ambos informes, el 34,7% eran obreros y campesinos. 

Luego, si sumamos las víctimas por filiación política, los partidos Socialista, Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria aportan un promedio de 450 víctimas cada uno. Las cifras de la represión desmienten la amenaza de la guerra civil y hablan por sí solas del proceso de movilización social ascendente que la dictadura desarticuló a través de la tortura, la muerte y la desaparición de personas.

De esta dolorosa evidencia se desprende la segunda: la nueva imagen de Allende es producto del triunfo de varias otras batallas por la memoria (Stern 2013): a pesar de las dificultades que han enfrentado los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la obtención de verdad y justicia; aun ante la pervivencia del negacionismo en las filas de las Fuerzas Armadas y de la derecha más dura, el paradigma de los Derechos Humanos sigue teniendo supremacía cultural y política a la hora de resolver estos debates. Los intentos políticos más importantes la derecha dura por retorcer la discusión han fracasado en el seno de su propio gobierno.

Recordada es la salida del recién nombrado Ministro Mauricio Rojas (2018), por relativizar la verdad oficial narrada en el Museo de la memoria y los Derechos Humanos. La semana pasada y no conforme con su vergonzoso desempeño en la violenta represión de las protestas sociales de 2019 -y por las cuales, Chile recibió críticas oficiales de los organismos internacionales competentes-, el General Director de Carabineros, Mario Rozas, intenta bautizar la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange,  miembro de la Junta Militar procesado por violaciones a los Derechos Humanos en el Caso Degollados (1985). Estos hechos no hacen sino demostrar el arcaísmo de Carabineros de Chile en materia de Derechos Humanos y su desfase con el orden democrático que debieran honrar y proteger. Pero, lamentablemente, ellos no son los únicos arcaicos.

Tercera evidencia: ante la constatación de su derrota política más grande desde las elecciones presidenciales de 1970, la derecha guardiana del legado autoritario, representada actualmente por la Unión Demócrata Independiente (UDI) hace lo único que sabe hacer bien; administrar el miedo, polarizar y amenazar con el caos, tal como lo hicieron en la década del 70 y también en 1988. ¡Qué duda cabe que agosto del 2020 fue su mes de remembranza nostálgica de los años 70! Primero, los agricultores de La Araucanía, encabezados por Gloria Naviellán (Militante de la UDI) incitando e incurriendo en actos de violencia racista y  ahora, en plena emergencia sanitaria, la performance de paro de los camioneros, cuyos dirigentes gremiales más conocidos están ligados a la derecha en el gobierno. Sergio Pérez, el Presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, fue miembro del Consejo ciudadano del Comando de Sebastián Piñera en 2017. Prácticamente custodiados por carabineros y gozando de una espectacular cobertura mediática se unen para generar un clima de caos, pero a diferencia de 1972, esta vez el Presidente y los gremios de trasportistas representantes de los grandes grupos empresariales son amigos cercanos.  Por lo que, más que un paro, parece una barra que trabaja para acelerar la promulgación de leyes represivas impulsadas por el Ejecutivo y que no cuentan con mayoría en el Congreso.     

 ¿Qué lección podemos recoger entonces de estas evidencias? Si algo nos enseñó la Unidad Popular es que los procesos de transformación social no pueden impulsarse sin el respaldo de amplias mayorías sociales y políticas. Hoy día, las estadísticas más pesimistas sobre el respaldo al cambio de Constitución bordean el 70% a favor de la opción Apruebo. A pesar de todos los intentos de la derecha por desincentivar la participación electoral y por quitarle la legitimidad al proceso arguyendo razones sanitarias, no podrá revertir el resultado. El proceso constituyente no generará caos, sino formas inéditas de participación ciudadana de las cuales tendremos mucho que aprender. Esta vez sí somos mayoría y queremos avanzar hacia la construcción de instituciones democráticas que nos representen a todos. Estas manifestaciones de fuerza no son más que resabios autoritarios de una derecha que todavía vive en la oscura década de los 70 y se esfuerza por hacernos volver a ella, reactivando nuestros miedos más profundos. Sin embargo, no lo conseguirán. La era del miedo se acabó. La batalla por la repolitización del pasado, la ganarán los que logren extraer de él una idea constructiva de futuro. Ese futuro está en el Apruebo y en la Convención Constitucional elegida 100% por la ciudadanía.

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