La mega minería que defiende Piñera al no firmar Escazú

En medio de una ola de críticas, el gobierno ya indicó que no va a firmar Escazú, ya que “dota de incertidumbre al Estado e intereses de privados” por los 34 proyectos mineros que están en proceso. El 41% de la reactivación económica es minería según indica un documento entregado por el Ministerio de Economía, con cifras de inversión que alcanzarían los 28 mil millones de dólares en los próximos cinco años y que son sumamente superiores al presupuesto del Estado chileno para este año. Todo esto con proyectos polémicos como la minera Los Bronces de Anglo American.


En agosto del 2018 estalló una catástrofe medioambiental sin precedentes en la zona de Valparaíso, donde niños y niñas sufrieron intoxicaciones producto de los gases emanados del cordón industrial de Quintero-Puchuncaví, que ha sido por años una zona de sacrificio.

Los dardos apuntaron a una procesadora de petróleo de ENAP y la fundición ventanas de Codelco, la minera estatal que es la empresa con más dinero invertido hasta ahora en nuevos proyectos de minería, superando ampliamente al Grupo Luksic.

Fundición ventanas de Codelco en Valparaíso.

Entonces comenzó un movimiento para detener la contaminación y las conclusiones de los estudios sobre la contaminación en Ventanas fueron lapidarias, los niños de entre 1 y 5 años que viven en zonas cercanas al Complejo Industrial tienen un alto riesgo de contraer cáncer debido a la alta concentración de arsénico y otros elementos como plomo, cobre y zinc.

Antes del estallido social el gobierno estudió la posibilidad de cerrar la fundición estatal, pero después del 18 de octubre desapareció el tema, Codelco comenzó a hacer vacunaciones contra la influenza y todo fue olvidado.

La contaminación sigue y el 25 de agosto la comunidad realizó una marcha masiva que no tuvo visibilidad en los medios de comunicación. El pasado 6 de septiembre se registró un nuevo varamiento de carbón en la zona.

“Esas personas que no saben realmente que es lo que están respirando y esa campaña de desinformación está matando a la gente de Quintero y Puchuncaví, eso demuestra la prioridad del gobierno en la materia”, comentó a este medio Sebastián Benfeld, coordinador de la campaña Escazú Ahora en Chile.

Después del fracaso de la COP 25 en el contexto del estallido social, Piñera decidió no firmar el tratado de Escazú, un acuerdo que este mismo gobierno promovió para entregar mayores herramientas a la ciudadanía en la defensa del medioambiente.

La marcha atrás se explica en un documento de la oficina de gestión de proyectos sustentables (GPS) del Ministerio de Economía entregado por transparencia. En este indica que la inversión minera alcanzaría el 41% de la reactivación económica del país en los próximos 5 años, con $27.936 mil millones de dólares.

Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto del estado chileno de este año son de US$6.195.155 miles de dólares o el 24,5% de la inversión minera proyectada a cinco años.

“Me parece pésimo como el presidente se llena la boca en Naciones Unidas hablando de desarrollo sostenible, de promoción de la paz, del cuidado del medioambiente, cuando en la práctica se está llenado de inversiones contaminantes, de inversiones que destruyen nuestro planeta”, explica Benfeld.

Si se considera lo que ya han invertido las mineras, el total llegaría a la cifra de $43.629 mil millones de dólares. De los cuales la estatal Codelco es la que más ha invertido con $16.088 millones de dólares junto al grupo Luksic con $5.750 millones de dólares.

Por esta razón en El Mercurio salió una pequeña nota sobre el rechazo del gobierno a Escazú, argumentando que “dota de incertidumbre al estado e intereses de privados”, apuntando además que “mezcla temas de derechos humanos con medio ambiente”.

El acuerdo de Escazú era la oportunidad que tenían para demostrar que podían hacer algo con derechos humanos y medioambiente, pero ni eso fueron capaces (…) Para nosotros es una pésima señal para el mundo ambiental, una pésima señal para los derechos humanos, estamos hablando de un gobierno que violó los derechos humanos de las personas en octubre y luego en diciembre tuvo un fracaso en la Cop-25, la cumbre más importante”, enfatizó Sebastián Benfeld.

Proyectos polémicos

Dentro de la lista de proyectos mineros se encuentra la mina Cerro Colorado de BHP Billiton en la región de Tarapacá. La transnacional australiana sufrió un duro revés en 2019 cuando la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca, conformada por personas Aymaras y Quechuas, interpusieron un recurso en el Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Ellos explicaron en su momento a El Ciudadano que el proyecto minero había afectado lugares y sitios arqueológicos y ceremoniales. “En general el entorno que para los aymaras y quechuas del valle que representa la Pachamama, que ha sido reconocido por el Estado como Área de desarrollo indígena Jiwasa Oraje. Prueba de ello es la utilización que la Minera Cerro Colorado hace de la Ruta A-97 pasando por encima de la Ruta Patrimonial Laguna del Huasco-Collacagua perteneciente a nuestro patrimonio cultural”, confirmaron en esa ocasión.

Cerro colorado actualmente, según información entregada por el Ministerio de Economía, está realizando su segundo estudio de impacto ambiental para poder responder a las demandas de los pueblos originarios de la zona.

Aunque sin duda el proyecto más polémico es la minera Los Bronces de Anglo American, la transnacional con sede en Reino Unido está impulsando el proyecto interregional de Los Bronces, con una inversión total de $3.444 millones de dólares.

Los regalos de Anglo American

Minera Los Bronces

En 2017 una investigación de Ciper Chile detectó las donaciones que les hacían las mineras a los municipios, en ella se recogió que Anglo American le había donado $2.960 millones al entonces alcalde de Lo Barnechea Felipe Guevara. Situación que fue criticada en su minuto por Contraloría, hay que recordar que los municipios son un actor importante a la hora de aprobar proyectos mineros.

“Los municipios que han de intervenir en la evaluación ambiental de proyectos sometidos al SEIA (Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental), en cualquiera de sus etapas, se encuentran impedidos de celebrar convenios o de recibir aportes, no tan solo de las empresas titulares de los respectivos proyectos, sino que también de toda persona natural o jurídica que tuviera o pudiera tener interés en la calificación ambiental de dichas actividades”, dictaminó en el informe N°83.419 del 2016.

En enero del 2020, mientras Guevara estaba en su último año de gestión, Ciper detectó otra donación de al menos $282 millones de pesos a la Corporación Cultural de esa comuna, que es una entidad de derecho privado, por lo que no está obligada a transparentar sus gastos e ingresos.

Además otra investigación del medio Interferencia reveló que Anglo American donó $1.434 millones al alcalde de Colina Mario Olavarría (UDI), entre los años 2015 y 2018. Olavarría lleva desde el 2000 en el cargo.

Aunque eso no es todo, una investigación internacional del medio británico “Desmog” descubrió un informe de Anglo American que indica que el proyecto Los Bronces afectaría los glaciares colindantes.

Esto se filtró “por error”, ya que el 7 de mayo, en una respuesta de la compañía a sus accionistas, la compañía reveló sin querer que sus “científicos y expertos independientes aclamados internacionalmente” habían aplicado por error los estándares suizos para la contaminación de la tierra en vez del correspondiente a la contaminación de glaciares en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de expansión para Los Bronces.

Por otro lado, una investigación previa de DeSmog descubrió que sólo con la producción de cemento para la expansión subterránea de la mina se producirá contaminación por gases invernadero equivalente al 9,7% de las emisiones de Chile.

Escazú entrega herramientas para tratar estos proyectos, según Sebastían Benfeld una cuestión muy importante que está en el acuerdo de Escazú, el tema de la participación ciudadana. “El acuerdo de Escazú asegura que todas las voces serán escuchadas, que seamos tomados en cuenta en proyectos que vayan a afectar nuestro ambiente y eso podría poner freno o por lo menos hacer que estos proyectos no sean tan invasivos como son ahora”, comenta.

Y agrega “El gobierno coloca el desarrollo y el medio ambiente como antagonistas, cuando precisamente la clave del éxito está en su compatibilidad. La reactivación económica debe considerar la transición ecológica, el derecho a la información, participación y la justicia ambiental como pilares en un país como Chile, que es top ten en conflictividad socioambiental, en zonas de sacrificio y que tiene los mayores índices de estrés hídrico (…) Resulta tan lamentable como incomprensible que el gobierno haya decidido no firmar el Acuerdo de Escazú. Los argumentos son débiles y contradictorios. Los tratados internacionales sobre derechos humanos y ambientales son para mejorar los estándares de las legislaciones internas y no tiene sentido rechazarlos en base a esos mismos argumentos”.

Finalmente, Chile quedó al nivel de Cuba, Venezuela, Honduras, El Salvador entre otros países que no firmaron el Acuerdo de Escazú.

Además en la lista hay varios proyectos mineros que son poco conocidos, por eso en La Voz de los que sobran te entregamos una lista de todos ellos para que tengas el detalle de la información.

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