La lucha por pensiones de alimentos: Hambre de justicia, derechos y cuidados

La lucha por pensiones de alimentos es realmente una lucha por igualdad. Castigar e incluir a los “papitos corazón” en el listado de DICOM, como hoy busca sancionar el Senado, es insuficiente. Si bien el derecho de alimentos está normado en nuestro Código Civil, esto trata de una crisis de cuidados que recae de forma abrumadora sobre nosotras. Ningún registro resolverá un problema que forma parte de una estructura que naturalizó los roles. Es momento de correr el cerco.

Las impactantes filas de mujeres en los tribunales de familia para tramitar el cobro del 10% de fondos previsionales por pensiones alimenticias impagas no sólo generan rabia, sino también un profundo dolor. Deudas de más de 8 o 10 millones de pesos nos enrostran cómo el Estado no tiene a las y los niños como prioridad. Nos enrostran lo violento de ser “madre soltera” en nuestro país. Nos frustra, pero al mismo tiempo nos obliga a sobrevivir.

Los testimonios y bromas sobre los acuñados “papitos corazón” abundan en las redes sociales estos días. Cómo no indignarse si lejos de una burla es una realidad personal que es política. Mi hija aún lidia con un padre ausente que va y viene y que esta semana la contactó a propósito del 10%.¿Acaso espera que responda con profundo agradecimiento, ante algo obvio y que nunca reemplazará el 90% de abandono que dejó en su vida?

Resulta dramático que una ayuda económica de carácter transitorio, como lo es el retiro de fondos previsionales por la crisis sanitaria, ha revelado una cruda realidad nacional, cómodamente ignorada por este y otros gobiernos. Es desconcertante que este retiro venga a “rescatarnos”, momentáneamente, de una normalizada irresponsabilidad opresiva. Pero más grave aún, es que viene a subsanar el derecho a alimentarse de niños, niñas y adolescentes (NNA), un aspecto de vital relevancia antes, durante y después de esta pandemia.

Según cifras recientes del Poder Judicial, el 84% de deudores en causas de alimentos no paga la pensión fijada por el Tribunal, lo que se traduce en más de 70 mil NNA vulnerados en sus derechos. Esto explica cómo las solicitudes ante los juzgados de familia aumentaron 25 veces sus trámites tras la reforma que nos permite este retiro de dinero excepcional.

Tristemente vemos dos derechos invisibilizados que hoy se confrontan mutuamente, debiendo estar consagrados en nuestra Constitución Política. Hablamos de la plena satisfacción de los derechos de los niños con su respectivo derecho de alimentos y cuidados, versus el derecho a seguridad social de sus padres.

En tanto, tenemos una crisis que es más grande que la pensión de alimentos. Una crisis de cuidado, donde a algunas nos toca sobrellevar toda la carga y otros tienen la posibilidad de abandonar toda responsabilidad sin grandes consecuencias. ¿Qué podemos hacer?

Si queremos avanzar hacia una justicia feminista, debemos apurar las reformas al sistema judicial para que adopten un enfoque de género, tal como exigen los tratados internacionales. ¿Es justo el laberinto burocrático en el cual las mujeres debemos transitar por garantizar un mínimo de cuidados? ¿Qué propone el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y su ministra al respecto? ¿Cómo solucionamos este problema cuando quien debería responsabilizarse oculta sus bienes y no puede ni siquiera ser notificado? Es una misión imposible.

En esa línea, debería admitirse nuevas formas de notificación vía email o avisaje en el diario. Además, los Tribunales de Familia deberían poder oficiar a las AFP a que informen oficialmente los lugares de trabajo de los alimentantes, con objeto de retener sus sueldos como trabajadores dependientes. Si estos son honorarios, urgen nuevas campañas informativas. Muchas madres se aburrieron de jugar al detective y desconocen tanto la modalidad de trabajo del padre ausente, como el trámite de devolución de impuestos en sí. 

Otra alternativa es que exijamos, al igual como ocurre con las compensaciones económicas durante el divorcio, retirar no más del 50% de los ahorros previsionales del deudor como una situación extraordinaria a su permanente incumplimiento alimentario. Especialmente a esas deudas millonarias que demuestran situaciones de abandono, precariedad y vulneración de niños crónicos de salud o que requieren tratamiento especial.

Así las cosas, la lucha por pensiones de alimentos es realmente una lucha por igualdad. Castigar e incluir a los “papitos corazón” en el listado de DICOM, como hoy busca sancionar el Senado, es insuficiente. Si bien el derecho de alimentos está normado en nuestro Código Civil, esto trata de una crisis de cuidados que recae de forma abrumadora sobre nosotras. Ningún registro resolverá un problema que forma parte de una estructura que naturalizó los roles. Es momento de correr el cerco.

Necesitamos una reforma constitucional de carácter permanente que cimente las bases, para que luego de octubre aprobemos una Nueva Constitución donde prime el derecho de NNA a ver satisfechos sus derechos de alimentos por sobre el derecho del deudor a sus ahorros previsionales, sobre todo en los casos de férrea reticencia a no cumplir su obligación.

La discusión está sobre la mesa y, por cierto, la llamada jurisprudencia será quien resuelva esta compleja realidad que nos afecta -transversalmente- a un gran número de mujeres jefas de hogar y a un mayor número de niños, niñas y adolescentes. Claro está que no es sólo hambre de alimentos, es también hambre de justicia. Hambre de derechos y hambre de cuidados.

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