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Opinión

La lesbiana “impresentable”

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Si una no es bonita o blanca o joven o delgada, pero similar a una modelo alternativa de país desarrollado, pasaría. O si una tuviera algún estatus o –al menos- un auto bien parecido, podría llegar a calzar. Pero si esa lesbiana visible se delata “empobrecida” y habitante de suburbios, ahí surgen los peros: Es “malagestada”, “un macho”, “parece hombre”… Y ya sabemos que “parecer hombre”, solo pueden los hombres.


Hay lesbianas presentables, por ejemplo, las de las publicidades de “Wom” o “Benetton”[1], pero las que no coinciden con la versión holding de la Diversidad, pueden ser asesinadas o criminalizadas.

El duopolio de la prensa chilena ya anunció el documental (Netflix) del caso Wanninkhof-Carabantes, y lo hace lamentándose de la “lesbofobia” porque parece que a los derechistas, ahora, les importamos. En realidad el documental, habla más de “femicidios seriales”, muy a la occidental, que de lesbianas. Ya Beatriz Gimeno, antes de Netflix, había escrito y publicado su libro “La construcción de la lesbiana perversa”[2], sobre el mismo caso, y con una reflexión harto más importante.

Se trata de la acusación, que, en la Europa Medieval, pudo haber sido “de bruja” pero que en la España actual fue criminalizar a una lesbiana antipática, vieja y visible (de Málaga).

D.V.[3], la lesbiana, tuvo una relación con una mujer, la relación terminó y cuatro años más tarde, la lesbiana fue interpretada como “despechada” y “culpable” del femicidio de Rocío Wanninkhof, joven de 19 años e hija de su ex. La lesbiana construida “perversa”, por la prensa, la sociedad y por su ex pareja, fue acusada y encarcelada por un crimen que no cometió. El femicidio fue en 1999, y solo en 2003, se develó que el feminicida era un violador de mujeres.

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Lesbo-odio en América Latina

El lesbo-odio tiene muchas aristas y siempre objetivos funcionales. Uno es el “victimato”, o sea la utilización que hace la Derecha política de los crímenes contra las mujeres, entre las que cuenta a las lesbianas, para justificar sus “agendas de seguridad”, colocando la violencia machista como un hecho de delincuencia habitual y metiendo ahí –de paso- las protestas sociales. Y dos, el fortalecimiento de la heterosexualidad obligatoria, dejándonos a las lesbianas de perversas.

En muchos países de Abya Yala somos “fenómenos”. Tal vez por eso, para algunas compañeras y compañeros migrantes, Chile suena como un país “en apertura”. Pero fíjese usted que igualmente, acá, muchas resultan “inadecuadas” ya que esta es una sociedad de gente “muy adecuada”, funcional, capaz, y tolerante. Aunque no tanto como para aceptarnos a las lesbianas (y a otros fenómenos), si no tenemos una apariencia hegemónica.

Es más, hay una molestia particular y hasta terror hacia la lesbiana visible que parece “empobrecida”. Esa es la que desagrada. En claves occidentales, ni es artista ni es “exótica”. Pero si la misma tuviese una piel más “luminosa”, si estuviese en un decorado territorial más similar a barrios altos, si tuviese detalles estéticos con pinta de sector acomodado, si hablara con una fonética de “gente educada”, sería “presentable”.

Incluso si una no es bonita o blanca o joven o delgada, pero similar a una modelo alternativa de país desarrollado, pasaría. O si una tuviera algún estatus o –al menos- un auto bienparecido, podría llegar a calzar. Pero si esa lesbiana visible se delata “empobrecida” y habitante de suburbios, ahí surgen los peros: Es “malagestada”, “un macho”, “parece hombre”… Y ya sabemos que “parecer hombre”, solo pueden los hombres. Ocupar sus performances no es permitido, si no se trata de algo “muy sofisticado”.

Así somos los pueblos blanqueados. La colonialidad criolla e incluso los intelectuales, pueden aceptar que las razas son fantasía, pero no liberar los territorios. Pueden sentirse “clase media”, pero no “subalterna”. Pueden aceptar “un tercer género”, pero, jamás, abolirlo. Cuando la apariencia no se justifica por algún discurso e ideología, o por algún curriculum académico, recibiremos desprecio y humillación, implícita o explícitamente. La generización y racialización llegan a la violencia extrema si nos resistimos

Indignación selectiva y lesbicidio

Es visible la discriminación contra los hombres homosexuales. Se han usado Estados, cámaras de gas, FF.AA., centros de tortura, ghettos, penalizaciones explícitas, pero a las lesbianas, ya solo verlas es una molestia confusa y disonante. Somos invisibles, nos tratan de “señoras”, a menos que “escandalicemos” con rapados populares.

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Todos saben que somos castigadas y/o burladas por hombres cercanos, en el matrimonio, en la población, en las calles, en la organización mixta. Pero no se dice.

El lesbicidio es un crimen político, no una cuestión privada. Se nos mata, burla y violenta porque ser lesbiana, en sí, podría interpretarse como rebeldía al régimen heterosexual obligatorio. Los homosexuales son hombres y se les juzga públicamente por traicionar la masculinidad viril, pero nosotras, en cambio, deberíamos dar muestras de “pertenencia” y “disponibilidad” a esa misma masculinidad viril. Si nos resistimos, “nos corrigen”.

Los lesbicidios no suelen desglosarse. No solamente en Chile, sino en toda América colonizada, cuando una denominación es sostenida solo por colectivas autónomas, no tiene reconocimiento, pero cuando es extraída por alguna academia, ahí queda “sacramentada” y “bautizada”. Comenzamos a existir: Antes éramos ficción.

Incluso la indignación con lo que llaman “violencia de género” o “las violencias”, es selectiva con los femicidios, porque para indignarse particularmente con el lesbicidio, tendrían que adentrarse en la materialidad del rol de los cuerpos en la reproducción y la producción, y no eso no va a pasar porque somos un continente educado en los símbolos como si fueran verdades.

Tanto es así que mujeres antisistémicas curiosean en lo lesbiano, por erotismo e ideología, pero sin desarmar la misoginia lésbica ni la competitividad entre mujeres.

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Nos siguen mostrando peligrosas como brujas de cuentos infantiles, y no porque no nos hayan cooptado ya: Lesbianas con partidos gobernantes, muchas haciendo familia burguesa y privilegiando a los hombres. ¿Pero qué pasaría si las mujeres dejaran de admirar a los hombres solo por hombres? ¿Y si finalmente nos convenciéramos de que NO somos mujeres, solo humanas? ¿Si dejáramos de reproducirles su estructura familiar? Entonces lesbiana podría ser -por fin- acción directa antipatriarcal.

Ya sé que no lo es, pero podría. Hablo de una utopía posible.

Finalmente, si le interesa el documental, recomiendo el libro. Ya sé que no son tiempos de lectura, pero leerlo en vez de mirar redes sociales, es otra utopía posible.


[1] Benetton arrebató territorio a comunidades mapuche de Argentina, pero hace publicidad “incluyente”

[2] Libro de Beatriz Gimeno, Ed. Gedusa, publicado también por Traficantes de Sueños

[3] No la nombro acá pues ya ha sido mucho el daño contra ella. Si ve el documental o lee libro lo conocerá.

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Opinión

Si la Contraloría no reacciona, la corrupción será permanente

Al parecer la Contraloría desconoce el patrón de conducta que tienen ciertos empresarios para burlar la ley y en tal sentido recordamos lo sucedido con un permiso ilegal cursado en Las Condes para que se levantaran 25 edificios en la calle Vital Apoquindo.

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El martes 18/01/22 se realizaron unas jornadas organizadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para analizar “el fortalecimiento de la probidad y prevención del delito”, en las cuales intervinieron los titulares del propio CDE, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Consejo para la Transparencia. El miércoles 19/01/22 se publicó en un medio de circulación nacional lo siguiente: “Un 52% de las municipalidades del país está siendo investigado por diversos delitos de corrupción”, ver link   

En relación a los actos de los órganos municipales, la ley respectiva se encarga de precisar que las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría y que, en cuanto sea un control de legalidad, podrá ejercerlo por medio de dictámenes jurídicos, sobre todas las materias sujetas a su control. En particular, en materia urbanística, se ha establecido que la Contraloría cumple un rol fundamental en la aplicación e interpretación del derecho urbanístico nacional, es decir, la Contraloría garantiza que el desarrollo en las áreas urbanas y rurales sea acorde a la ley. 

La experiencia nos indica que la Contraloría, dentro del ámbito de los permisos municipales de edificación que le son denunciados, tiende a abstenerse de emitir dictámenes represivos cuando han transcurrido más de dos años desde la emisión de los mismos, pues no se pueden invalidar atendiendo a lo prescrito en el artículo 53° de la ley N° 19.880 del Procedimiento Administrativo o bien cuando han transcurrido más de cuatro años, tratándose de la responsabilidad del funcionario municipal que ha otorgado un permiso contrario a derecho.

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Al parecer la Contraloría desconoce el patrón de conducta que tienen ciertos empresarios para burlar la ley y en tal sentido recordamos lo sucedido con un permiso ilegal cursado en Las Condes para que se levantaran 25 edificios en la calle Vital Apoquindo, pues sus dictámenes fueron desobedecidos por esa municipalidad y hasta ahora, parodiando a Pezoa Véliz, nadie dice nada, incluyendo al locuaz y mediático diputado electo Gonzalo de la Carrera y al ex alcalde Joaquín Lavín, quienes conocen muy bien todas las ilegalidades del proyecto. 

Aunque en ciertas ocasiones la Contraloría resuelve que la autoridad municipal inicie sumarios en contra de los funcionarios que cometen “errores”, esos procedimientos sancionatorios son saludos a la bandera pues se traducen en largos procesos que terminan en alguna pequeña multa o mácula en la hoja de vida del funcionario infractor. Esta es la razón, por aplicación natural de la impunidad, de que existan en nuestro país miles de hechos ilegales consumados que han brindado ganancias indebidas e ilícitas a sus astutos titulares. 

Un reciente episodio de brutal desacato a los dictámenes de la Contraloría lo observamos con el permiso ilegal, en el terreno en donde se emplaza el hotel Sheraton, por dos torres habitacionales de 32 pisos c/u cursado por el director de obras municipales de Providencia. La alcaldesa Evelyn Matthei ignoró completamente el contenido de ese dictamen y por ello fue necesario interponer un recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago, por el cual ella fue notificada vía un receptor judicial, el reciente 12 de enero de 2022, ver link

Por otra parte, los dictámenes de la Contraloría si bien son vinculantes, al no ser conocidos por todos los funcionarios y/o por la ciudadanía, se transforman en letra muerta. En la página web de la Contraloría se pueden realizar rápidas búsquedas de dictámenes e invitamos a los interesados a hacerlo para que entre todos aportemos un grano de arena en esta cruzada en favor de la probidad.

El contralor Jorge Bermúdez ha sido contumaz, y por ello lo felicitamos, en criticar en sus apariciones en los medios, con sólidos fundamentos la corrupción existente en nuestro país, pero lo que le ha faltado a él hasta ahora es la entrega a la ciudadanía de señales más claras en orden a ejercer con mayor compromiso sus atribuciones para combatir esa lacra.

Para revertir esta sensación de falta de eficacia de la Contraloría proponemos que, mediante una reingeniería en su interior, adopte decisiones que vayan al fondo de las denuncias que recibe, pues para ello dispone de excelentes abogados y arquitectos, trasladando los casos de presuntos o abiertos delitos de prevaricación al Ministerio Público para que sus fiscales los investiguen, dado que éstos tienen todas las herramientas para ello. Recordemos que la Contraloría, por ser un órgano administrativo, carece de las potentes atribuciones indagatorias que sí tienen los fiscales. 

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En todo caso, tal como me lo indicó un conocido abogado de la plaza, llama la atención que conforme al artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal, los funcionarios de la Contraloría, en sus calidades de funcionarios públicos, están obligados a efectuar la correspondiente denuncia penal si han tomado conocimiento de un hecho que podría ser constitutivo de delito. El ente fiscalizador nunca ha interpuesto denuncia alguna por el delito de prevaricación administrativa por parte de funcionarios de las direcciones de obras municipales.    

Por tal razón, tuvieron que ser seis ciudadanos de a pie, ya que ningún servicio público relacionado con el asunto lo hizo, se vieron compelidos a querellarse en el Ministerio Público en contra de las decenas de guetos verticales ilegales “aprobados” por la administración anterior de la municipalidad de Estación Central, resueltos como tales por la propia Contraloría y la Corte Suprema. Esa situación se replicó en cierto grado en otras comunas y uno de los casos más patéticos es el edificio de 26 pisos en un sector que admite una altura máxima de 12 pisos en la comuna de Independencia. En efecto, en esta situación el director de obras municipales otorgó el 16 de diciembre de 2016 un permiso contrario a derecho, el cual, en la práctica, fue validado por la Contraloría por la prescripción contenida en la ley N° 18.883, que beneficia al funcionario municipal que violó la ley, lo que se refleja en su informe N° E160321/2021 del 29 de noviembre de 2021. 

En resumen, si la Contraloría por sus propias aparentes limitaciones no puede velar por la observancia irrestricta de las leyes, acorde a lo previamente dicho, debería trasladar los casos de evidente corrupción al Ministerio Público, pues esta sede jurisdiccional está capacitada para exigir el cumplimento del marco regulatorio aplicable. Solamente así los inversionistas inmobiliarios sabrán que es riesgoso para ellos mismos intentar sacar ventajas impropias en el mercado y entenderán que la sana competencia, respetando las leyes, es indispensable para que funcione ese sector de la economía.

En sentido contrario, si el ente fiscalizador, del cual este columnista es “cliente frecuente”, mantiene su parsimonia por los motivos que sean, continuarán las prácticas deshonestas por parte de aquellos privados que se sienten intocables en el lucrativo mercado inmobiliario.

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Opinión

Arturo Alessandri. Futuro constitucional y luchas hegemónicas

El nuevo progresismo de Apruebo/Dignidad (2022-2026) es una “fusión” que defiende el vigor mesocrático-institucional y limita los vicios del realismo neoliberal mediante la “morada hegemónica” que debe convivir con la intensidad de las imágenes historiográficas.

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Mi camino en cambio, no es recto, ni curvo, llevo conmigo el infortunio, vamos hacia nunca, hacia ninguna parte. Como un tren sobre el abismo.  Ana Ajmatova                                                                           

Existe un “verbo lumínico” en el texto con que Arturo Alessandri saludaba la nueva época ante la Convención Liberal (1920). El final de su “improvisada” liturgia tiene un broche estruendoso, desbordante en rimas de reconocimiento. Vibrante en pasiones liberales para trascender el invencible “Chile de huachos”. Era la hora de abrir el futuro desde el tiempo Constitucional. Y así, cual mesías de sus aires, el Diputado de Tarapacá comprometía una glosa ante las masas esquilmadas por el hambre y la tuberculosis.

El texto reza así: “Yo quiero antes de terminar haceros una declaración: [yo] no soy una amenaza para nadie. Mi lema es otro: yo quiero ser amenaza para los espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y necesaria: esos son los propagandistas del desconcierto y del trastorno. Yo quiero ser amenaza para los que se alzan contra los principios de justicia y de derecho; quiero ser amenaza para todos aquellos que permanecen ciegos, sordos y mudos ante las evoluciones del momento histórico presente, sin apreciar las exigencias actuales para la grandeza de este país…”.

Tal declamación, librada a la soberanía popular (la canalla dorada), retrata fielmente la confianza en el tiempo histórico-juristocrático. En las exclamaciones de su oratoria, revela las ambiciones de abrazar los recambios generacionales (época) y exaltar un “pipiolaje de reformas” que sepultaría la noche salitrera. Chile también despertó en 1920 ante la bastardía patronal. Y la imagen reformista fue una lectura de plancha para todos los tiempos  modernizantes. De aquí en más nuestra hacienda no aceptará más que experimentos típicos de un “subdesarrollo exitoso”. Desde ahora, el titular será “Desarrollo del subdesarrollo”, según André Gunder-Frank.

Los temibles lastres de la cuestión social “forzaban” un viraje que debía asumir la alborada de modernidad y propiciar la restitución de un orden ético. Todo sucedió tras las luchas populares que denunciaban la obsolescencia moral que acompañó la celebración del centenario. Una lengua de la reforma intentaba profanar los vestigios del París Americano e instaurar el tren del porvenir mediante una nueva legislatura social: la convención de 1925 capturaba los pueblos excedentarios y las demandas de Luis Emilio Recabarren.

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El ensayismo oligárquico pudo conciliar la institución presidencial y la tutela representacional; la política quedaba encerrada en los cerrojos del derecho. Lo anterior derivó en un Estado de compromiso -hacia 1938- que dejó tibiamente atrás las figuras de la “misericordia”, la “caridad” y el sistema de dadivas. Figuras intimas del repertorio parlamentario (1891-1920) y su desidia oligárquica con los rebaños populares.

En aquellos días, aparentemente más nítidos o menos intricados que los nuestros, quedaba de manifiesto la reivindicación de los derechos seculares bajo el “iluminismo dieciochesco”. Tras este ímpetu identificamos la teología republicana que se extiende desde 1938 hasta 1973. Un institucionalismo portaliano dibujó el paisaje hasta septiembre de 1973 y abundó en revueltas caudillistas, perpetrando la conflictividad entre tiempo homogéneo y temporalidad medial en la Convención Constitucional de nuestros días. Todo ello tras el asedio del Leviatán Portaliano cobijado en el actual “catolicismo de izquierdas”.

La “revolución preventiva” (1920) fue la realización de la facticidad portaliana (De Mario Góngora a Hugo Eduardo Herrera). En cambio, la fractura de 1973 aleccionó a las izquierdas sobre desbordes e insurrecciones (tiempos imaginales) que terminan en la resaca de El Leviatán. En suma, el programa consistía en separar Estado de Iglesia, inaugurando un campo de reformas que incluía el reconocimiento de los derechos de la mujer, el incremento de las remuneraciones, la construcción de habitaciones obreras, la ley de instrucción primaria obligatoria, el impuesto a la renta, el Código del Trabajo, la fundación del Banco Central [que aún nos asedia] y que inclusive nos permiten sugerir una “moderada similitud” con la actual coyuntura social. Bajo el clivaje orientalista, civilización y barbarie, el programa de reformas compromete un momento de inflexión que inaugura el proyecto civilizatorio y “formaliza” el ingreso al pequeño siglo XX.

Cien años más tarde, tras el actual ciclo de demandas populares y contratos modernizantes (demandas de género, plurinacionales, de convivencia, ecológicas, identitarias, estudiantiles, cibercultura, etc.) nos hace presumir que la política del siglo XXI experimenta otro fulgor de derechos -cuarta generación-. Ello ha estimulado una intensa liturgia en torno a ritos generacionales e izquierdas meméticas -plasmados en una nueva Constitución. Un proyecto tibiamente regulacionista que pretende destrabar la furia consumista mediante el favoritismo fiscal, pero siempre en favor de una “subsidiariedad ampliada” que entremezcla ordoliberalismo y socialdemocracia.

Telón de fondo del nuevo pacto juristocrático. Cual sea el caso, la teología liberal encuentra su fuente de inspiración en el reconocimiento de los nuevos territorios ciudadanos y populares. Es importante rescatar que este desafío supone ritos paritarios y los textos pastorales que nos impone el mainstream católico-reformista cuando la democracia es limitada al formato liberal. Entonces, el desafío consiste en superar la vigencia de progresismos conservadores -adversarios de la democracia- que restringen las energías vitales del “pueblo ausente” al futuro del mito institucionalista (1925).

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El imaginario anti/oligárquico que se inicia en 1920 invoca una separación radical entre Estado e Iglesia y empieza a remover el armatoste jurídico que perpetuaba los “estrechos moldes” denunciados en el primer Gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925). Tal “promesa democrática”, tan propia de los tribunos laicos, aquella oratoria cargada de baños de masa, establece el trazado que la sociedad chilena asume posteriormente, al precio de disentir en los énfasis ideológicos y culturales. Qué duda cabe, los lastres de la cuestión social pavimentaron el camino a un álbum de reformas que también ilumina nuestro presente político si concebimos la actual coyuntura como una extensión de derechos y gravámenes institucionalistas.

No se trata de murmurar una secuencia arbitraria entre dos imágenes de mundo, inconmensurables en cuanto a representación, o bien, negar el ritmo frenético del presente movilizado que debe convivir con el aceleracionismo de la temporalidad técnica. En este sentido el nuevo progresismo de Apruebo/Dignidad (2022-2026) es una “fusión” que defiende el vigor mesocrático-institucional y limita los vicios del realismo neoliberal mediante la “morada hegemónica” que debe convivir con la intensidad de las imágenes historiográficas.

Con todo, la espectralidad Alessandista es una sombra que nos recuerda que todo orden-futuro se debe a la normalización política. Entonces lo que está en juego es que el presente-futuro solo es posible cuando el mundo destinal se proyecta mediante las leyes oligárquicas. La sombra fantasmal de la reforma de 1920 permanecerá imaginariamente activa como desborde y limite que censura las pretensiones nómades (revueltas en el lenguaje de Karmy-Bolton) por un dominio consolidado de representación política e institucional.

Con todo, en los últimos días Maquiavelo irrumpe mediáticamente como el primer post-marxista de las nuevas formas enunciativas-expresivas. Todo en medio de una performatividad que, al parecer, no podrá superar el golpismo republicano, ni menos la insustancialidad ontológica del presentismo neoliberal. Si bien la destrucción de La Moneda, a manos de la Dictadura, fue el último ritual de la vieja república, nos interesa subrayar un “parecido de familia” centrado en un conjunto de demandas insatisfechas, que nos obliga a interpretar el cambio histórico-generacional, en vías de des/pinochetización, la inclusión de nuevos territorios ciudadanos y el estupor ante la fisonomía de la reforma.

He aquí una tenue analogía entre el liberalismo clásico (1920) y el Chile de la post-revuelta en cuanto a la promesa del tiempo constitucional. El futuro trazado por la nueva Constitución (deseado y conflictivo), no solo debe considerarse a salvo de los tumultos desencadenados por los meses de la revuelta octubrista (2019), sino fundamentalmente por el martillo de la herencia feudal (La Hacienda) y sus compromisos con el mundo ensayístico-experimental de Diego Portales. Una identificación que hoy se viste ordo-liberalismo y no termina de llegar.

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Por de pronto podemos citar un nombre que junta las intersecciones entre tiempo moderno y temporalidad tecnológica: Martín Rivas.

Calle Trizano.

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Opinión

Balas locas

Es necesario avanzar en una ciudadanía activa y superar la aplicación de políticas públicas que no reconocen el rol de las y los interlocutores, de quienes vivencian tales contextos, para así pensar desde el diálogo con dichas comunidades a partir del ejercicio de sus derechos

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Madrugada de un día de semana, balazos al aire acompañados de fuegos artificiales y en ciertos momentos autos en exceso de velocidad. A los días siguientes, un funeral narco y el uso excesivo de armas de grueso calibre, transmisiones en vivo de los asistentes acompañan el cortejo fúnebre, esto sucede al medio día, agentes del Estado observan, pero no intervienen. No es la primera y de seguro no será la última vez que esto suceda.

Lo antes mencionado, es la tónica de muchas poblaciones. A veces, incluso, cámaras e iluminación se instalan en dichos sectores, para luego retratar aquella realidad a través de un videoclip de trap o mambo que repercutirá en plataformas digitales. Así, a través de youtube, principalmente, se producen y reproducen el contraste de quienes hoy se han inmiscuido en el éxito de la sociedad neoliberal, a partir de la marginalidad que ésta produce. En aquel contexto, al amanecer cientos de trabajadores, estudiantes, niños y niñas realizan sus labores diarias.

En el año en curso, tras 14 años de tramitación, luego de pasar por Comisión Mixta, la cámara de diputados y el senado aprobaron la reforma a la Ley de Control de Armas. Permitiendo así, que la legislación sea más estricta en materia de posesión, tráfico y utilización de armas de fuego. Con esto, el Gobierno recalcó la importancia de regular el uso de armas de fuego, el ministro del Interior y ex alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado expresó que “para nosotros como gobierno es tremendamente importante porque esto nos acerca a la realidad que estamos viendo en los barrios, en las poblaciones, en distintas comunas”.

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¿Cuál es esa realidad a la que se refiere el ministro, cuando habla de barrios, poblaciones y comunas? aquella realidad a simple vista no responde a un hecho en específico, menos a situaciones aisladas, sino que, a un sinnúmero de circunstancias que traen a la palestra identidades e imaginarios de grandes sectores de la sociedad, atravesados por el empobrecimiento y la exclusión, que no permiten y que ya no se permiten, la sombra gris del reflejo perturbante del Costanera Center en sus territorios.

Qué podemos esperar de los cambios a la Ley N°17.798 en aquellos territorios, en donde su configuración espacial determina la convivencia, allí en las denominadas zonas rojas, que no cuentan con equipamiento ni áreas verdes y en donde la presencia del Estado se reduce a uno que otro programa de intervención que no logra paliar la desigualdad estructural. En aquel lugar nadie quiere estar y los nadie fueron condenados. No podemos esperar nada, no basta con reformar la Ley de Control de Armas.

Reducir la violencia al uso de armas de fuego es no entender cómo se han configurado aquellos territorios y es atacar el síntoma mas no la enfermedad. Pensar que el problema comienza en las balas y fuegos de artificios es no entender cómo se han ido constituyendo actores y legitimando experiencias de vida que hoy tienen a sus propios vecinos y vecinas encerradas antes que caiga la noche, a niñeces y juventudes ensimismadas en los costos/beneficios y la urgencia de adquirir para “tapizarse” y así estar en sintonía con las exigencias del mercado. Es definitivamente mirar para el lado cuando el problema se presenta y no asumir la responsabilidad histórica con aquellas comunidades que ante la ausencia de una oferta estatal que garantice el ejercicio de sus derechos han articulado soluciones que hoy horrorizan al resto de la sociedad.

Es necesario avanzar en una ciudadanía activa y superar la aplicación de políticas públicas que no reconocen el rol de las y los interlocutores, de quienes vivencian tales contextos, para así pensar desde el diálogo con dichas comunidades a partir del ejercicio de sus derechos. Se requiere avanzar en las instancias participativas de evaluación, planificación y organización de los territorios, en donde la participación de las comunidades sea vinculante y protagónica y, no se limite tan solo a lo consultivo (PLADECO, PRC, COSOC, entre otros). La incidencia de las y los sujetos en los asuntos que son atingentes en su realidad, condiciona su propia lectura en torno al lugar que habita y la posibilidad de identificarse y apropiarse del espacio territorial, para así postergar la sobre-intervención, clientelismo y la relación instrumental entre los sectores postergados y las instituciones y, que solo, reproduce la pobreza.

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