La lección tras los absueltos del estallido: extensa prisión preventiva y el fracaso de la Ley de Seguridad del Estado

Mauricio Cheuque, Matías Fuentes, Matías Andrade y Jordano Santander

Lo ocurrido judicialmente con los casos de Mauricio Cheuque, Matías Fuentes, Mauricio Allendes, Kevin Godoy, Darío Chacón o el de Daniel Morales y su sobrino, entre varios otros, cuestionan seriamente la labor persecutora del Estado respecto a quienes han sido privados de libertad arbitrariamente luego del 18 de octubre de 2019.


Durante los últimos meses la opinión pública ha visto cómo personas imputadas por diversos delitos del estallido social han sido absueltas, no sin antes pasar por la Corte de Apelaciones producto de los recursos de nulidad presentados por la Fiscalía. Entre los últimos acusados que han recuperado su libertad están Matías Fuentes, Kevin Godoy, Leonardo Quilodrán y Darío Chacón, quienes llegaron a pasar más de un año en prisión preventiva. 

En el siguiente artículo, La Voz de los que Sobran realiza un resumen sobre los últimos fallos judiciales, las extensas prisiones preventivas, la Ley de Seguridad Interior del Estado y las principales causas judiciales que se caen por falta de pruebas o manipulación de las mismas, en el contexto de los delitos que se les imputan a los presos de la revuelta.

Prisión preventiva: el abuso de la medida cautelar

El 14 de noviembre de 2019 Mauricio Cheuque se encontraba en las calles de la población La Victoria. Ese día había ido a visitar a su madre y se encontró con unos amigos. Estaba compartiendo unas cervezas con ellos cuando pasó una marcha en conmemoración del primer aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. 

Minutos más tarde, un gran contingente policial llegó al lugar. Todos corrieron. En ese momento Mauricio es atropellado, detenido y torturado por Carabineros en la Tenencia La Victoria. Según los funcionarios que lo arrestaron, el trabajador portaba una bomba molotov, por lo que fue formalizado por el delito de porte de artefacto incendiario y enviado a prisión preventiva en la cárcel Santiago 1 durante un año, dos meses y 19 días.

Mauricio Cheuque pasó casi 15 meses en prisión preventiva hasta que el miércoles 3 de febrero, y por unanimidad, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago lo absolvió de todo cargo. Las declaraciones presentadas por Carabineros eran contradictorias entre sí y, además, los peritajes de hidrocarburos realizados, para saber si el imputado había manipulado una bomba molotov, resultaron negativos, demostrando que todo se trató de un montaje policial. A pesar de lo anterior, la Fiscalía Metropolitana Sur presentó un recurso de nulidad en contra de la sentencia que lo liberó de toda responsabilidad, siendo este finalmente rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, otorgándole este tribunal la absolución definitiva a Cheuque. 

El caso de Matías Fuentes es otro ejemplo de la prisión preventiva extendida. Matías pasó más de un año en este régimen producto de la acusación de Carabineros y Fiscalía, quienes aseguraron que el 15 de noviembre de 2019 el joven “habría fabricado a lo menos dos bombas molotov, las que luego habría transportado hasta la calle Carabineros de Chile, donde habría encendido una, lanzándola posteriormente al personal policial. En tanto, (…) el segundo artefacto incendiario no habría alcanzado a ser lanzado. Luego de ello, el imputado habría abandonado el lugar de los incidentes en una motocicleta de su propiedad”.

Sin embargo, en una resolución unánime, el Tercer TOP de Santiago estableció que las pruebas rendidas -fotografías realizadas Carabineros y que, según el tribunal, fueron modificadas y alteradas-, resultaron insuficientes para tener por acreditados los hechos y la participación del acusado, absolviendo a Fuentes de los delitos que se le imputaban.  A pesar de lo anterior, la Fiscalía presentó un recurso de nulidad que fue descartado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

También está el caso de Mauricio Allendes, quien fue detenido el 23 de diciembre de 2019 y acusado de porte de armas. Las únicas pruebas de este caso fueron testimonios de carabineros, quienes después de detener a Mauricio en la comuna de Renca, lo torturaron en la comisaría.

Mauricio pasó un año y cinco meses en prisión, incluso desarrolló una huelga de hambre manifestando el montaje al cual había sido sometido. Finalmente, el pasado 26 de marzo salió de Santiago 1 en libertad y absuelto de los cargos que se le imputaban. 

Mauricio Allendes

Y dentro de los últimos casos de absoluciones dadas a conocer recientemente están los casos de Kevin Godoy, Leonardo Quilodrán y Darío Chacón.

El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta absolvió el pasado 8 de junio a Kevin Godoy Peralta, quien permaneció casi 13 meses privado de libertad en la cárcel Nudo Uribe de Antofagasta, esto tras ser detenido el 12 de marzo de 2020 y acusado por el Ministerio Público de un supuesto homicidio frustrado en contra de un funcionario de Carabineros durante una manifestación en la ciudad nortina realizada el 29 de febrero del año pasado.

Dentro de las inconsistencias que había denunciado la familia de Godoy, destaca el hecho de que a Kevin se le vinculó con un arma de fuego desde donde habría salido el disparo que impactó al uniformado, la que sin embargo finalmente resultó ser de fogueo y no modificada para ocasionar un daño mortal a otra persona. Como en varios de los casos del estallido, contra el joven atestiguaron “testigos protegidos”, miembros de la misma institución de Carabineros que lo acusaba.

Kevin Godoy y Leonardo Quilodrán

El caso de Leonardo Quilodrán es tan particular como el de Godoy. Fue absuelto también el 8 de junio por el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, luego de ser detenido el 24 de octubre de 2019 y acusado por el Ministerio Público de posesión, tenencia y porte de munición y sustancia química en la ciudad de Coronel, en la Región del Bío Bío. El joven pescador alcanzó a estar 11 meses en prisión preventiva en la cárcel de Coronel, período en el cual denunció torturas por parte de funcionarios de Gendarmería. Su caso probablemente esté entre los más kafkianos del estallido social, luego de que fuera arrestado tras denunciar y mostrar por redes sociales el tipo de proyectil que la jornada del 20 de octubre de 2019 habían estado usando los funcionarios de la Armada en la represión contra la ciudadanía.

Ocurre que mientras Leonardo huía ese día junto a otras personas de los disparos de los uniformados, una de las cuales fue herida por una de las balas, Quilodrán recogió desde el suelo un cargador de municiones que un infante de marina había extraviado, el que tenía 30 balas calibre 7.62 para un fusil de asalto. El joven decidió denunciar esto a través de su cuenta en Facebook, lo que significó que días después fuera detenido y hecho pasar 11 meses en prisión acusado de porte y robo de munición de guerra.

Por último, está el caso más reciente, el de Darío Chacón, respecto de quien este miércoles 23 de junio se decretó el sobreseimiento definitivo, esto en su calidad de único acusado por el Ministerio Público en el incendio de la iglesia de San Francisco en Ancud, hecho ocurrido el 22 de enero de 2020.

La Fiscalía de la Región de Los Lagos solicitó al Tribunal Oral en Lo Penal de Castro el término definitivo de la causa contra el joven ancuditano, esto luego de que en abril pasado la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmara la exclusión de una prueba considerada inicialmente como esencial dentro de la investigación. Ocurre que el tribunal de alzada estimó que la Policía de Investigaciones (PDI) incautó especies pertenecientes al acusado sin su venia ni una autorización judicial previa, “lo que es ilegal”, como explicó entonces el abogado de Darío Chacón, Humberto Ramírez. Junto con ello, el jurista señaló que también se confirmó que durante la diligencia, autorizada por su madre, a ésta no se le advirtió que su hijo se encontraba detenido y que en ese momento tenía la calidad de imputado”.

Cabe recordar que Chacón fue liberado recién el pasado 14 de abril, lo que significó que pasara más de un año privado de libertad en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Ancud, y que la Fiscalía pretendía solicitar 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio para el joven.

La Ley de Seguridad del Estado en los juicios de los presos de la revuelta 

Mientras cientos de estudiantes saltaban los torniquetes y las estaciones del Metro comenzaban a cerrar una por una, Sebastián Piñera, a través del entonces ministro del Interior Andrés Chadwick, invocó la Ley de Seguridad del Estado para intentar frenar las masivas manifestaciones que sucedían en Santiago y que con el paso de las horas se extendieron por todo Chile. Además, esta Ley también fue invocada en varios juicios de presos del estallido social. Pero no prosperó. 

Acá aparece nuevamente la causa de Mauricio Cheque, debido a que, junto con ser imputado por supuestamente portar una bomba molotov, el Estado se hizo parte de su juicio querellándose por la Ley de Seguridad Interior del Estado y Ley de Control de Armas. Como mencionamos anteriormente, todas las imputaciones contra Mauricio fueron descartadas. 

Otro caso emblemático en donde se invocó la Ley de Seguridad del Estado fue el “caso PDI” de San Antonio, en el cual los cuatro imputados fueron acusados por el artículo 6° letra C del Código Penal, referido a quienes “inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos”.

Los cuatro imputados enfrentaron querellas de la Intendencia de Valparaíso y de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que la Fiscalía en su momento exigió hasta 15 años de presidio para Claudio Bravo, Patricio Hernández y Jorge Alvarado, y 30 años para Jordano Santander por los delitos de haber atacado los edificios de la PDI y de la fiscalía local con balines y hondas, causando daños avaluados en 4 millones 500 mil pesos. También se les acusó de receptación, ya que en el maletero del auto de uno de los acusados se encontraron 10 artículos de farmacia, un delito por el que se pidieron 541 días de presidio menor en su grado mínimo más una multa de 10 UTM (cerca de 500 mil pesos). Al mismo tiempo, a los cuatro se les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, solicitando el Ministerio Público 10 años más de presidio para cada uno.

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Antonio absolvió a los cuatro jóvenes de la acusación por Ley de Seguridad del Estado. Sin embargo, condenó a todos los imputados por diferentes delitos. A Patricio Alvarado, Claudio Bravo y Jorge Hernández por daños calificados en grado de reiterados, y a Jordano Santander por los delitos de daños reiterados, receptación y homicidio frustrado -este último por una declaración de la PDI donde se le acusa de un intento de atropello hacia un funcionario-. 

Finalmente, el tribunal sentenció a Jordano Santander, Claudio Bravo y Patricio Alvarado a la pena de 540 días de reclusión menor en grado mínimo, más las accesorias legales y una multa de 6 UTM, por daños calificados reiterados. En tanto, a Jorge Hernández, por el mismo delito, se le impuso una pena de 600 días de reclusión menor en su grado medio, más las accesorias legales y la misma multa de 6 UTM, accediendo estos tres últimos al beneficio de la remisión condicional de la pena -es decir, sin ir a la cárcel- y la multa se tuvo por cumplida atendido el año y dos meses aproximadamente que estuvieron privados de libertad. Por su parte, Jordano Santander fue condenado a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales, debiendo cumplir esta sentencia privado de libertad. En tanto, por el delito de receptación, se le condenó a 300 días de presidio menor en su grado mínimo y a una multa de 5 UTM, la que junto a la otra establecida podrán ser canceladas en pagos mensuales de 1 UTM.

En el caso de Santander, su defensa solicitó la anulación del juicio en su contra, debido principalmente a que la acusación de “homicidio frustrado” que pesa sobre Jordano se sustenta en un supuesto “ánimo homicida” señalado por Hugo Gutiérrez, el funcionario de la PDI que lo acusa de haberlo querido atropellar al momento de ser detenido junto a los otros tres acusados del caso, el 3 de marzo de 2020.

El segundo argumento de la defensa de Santander tiene relación con el vehículo policial que habría sido embestido por él, el que fue incautado durante la investigación. “Este auto no tenía ningún tipo de marca de que haya embestido a otro auto, y por tanto es ilógico que esto haya ocurrido efectivamente”, enfatizó la abogada Betsabé Carrasco, de Defensa Popular.

Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes, este martes 22 de junio la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la mencionada solicitud de anulación del juicio contra Jordano Santander.

De izquierda a derecha: Claudio, Jorge y Jordano

Otro caso más que se suma a esta lista es el de Matías Andrade, joven que pasó 431 en prisión preventiva acusado de incendiar una plaza de peajes en Ovalle el 17 de diciembre de 2019. 

Matías, al igual que la mayoría de los acusados de delitos en el marco del denominado estallido social, pasó más de un año en prisión preventiva tras ser acusado de incendiar una cabina de pasajes y donde una vez más fue invocada la Ley de Seguridad del Estado. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Ovalle la descartó, así como también el hecho de que Matías hubiese incendiado la cabina. No obstante, el joven fue condenado por delitos de desórdenes públicos e incendio frustrado, siento sentenciado a la pena de 300 y 818 días de libertad vigilada intensiva.

De ser acusados de incendiar estaciones de Metro a la absolución o condena por desórdenes

El 3 de noviembre de 2020, el Séptimo Tribunal Oral de Lo Penal (TOP) de Santiago absolvió a Daniel Morales y su sobrino, B.S. (17), del delito de incendiar la estación de Metro Pedrero. Ambas personas pasaron casi un año en prisión preventiva luego de ser acusados de este hecho que tuvo lugar el mismo 18 de octubre de 2019.

Luego de dos semanas de juicio oral sin interrupciones, el juez del caso, José Pérez Anker, dio a conocer la resolución del tribunal: la absolución y liberación inmediata de ambos imputados, ya que -según argumentó- “la prueba no fue suficiente para determinar la participación que se le atribuía por parte del Ministerio Público”.

Sin embargo, el pasado 18 de enero la Corte de Apelaciones decidió acceder a la solicitud de nulidad del juicio que absolvió a Daniel Morales y a su sobrino, sosteniendo el tribunal que “el fallo no habría estado bien fundado”, razón por la que se decretó la realización de un nuevo juicio con jueces habilitados.

En tanto, por el caso del incendio en la estación de Metro La Granja, producido igualmente el 18 de octubre de 2019, fueron detenidos Jeremy Ramírez y Omar Jerez. La policía y el Gobierno celebraron estas detenciones de los “responsables de incendiar la estación”, como declararon. Sin embargo, Ramírez fue finalmente condenado solo por el delito de daños simples y recibió 540 días de presidio. Mientras tanto, Jerez fue sentenciado por el delito de incendio tentado y deberá cumplir 800 días de presidio. Al igual que la mayoría de los presos del estallido social, ambos condenados pasaron más de un año en prisión preventiva mientras esperaban el juicio oral.

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