La justicia que no llegó: Radiografía a las investigaciones de violaciones de los derechos humanos después del 18-O

A casi un año del ingreso de miles de causas por violaciones a los Derechos Humanos después del 18-O, el panorama es preocupante: la cantidad de formalizaciones es muy baja, las víctimas sienten que no hay justicia. ¿Qué tan preparado estaba el sistema judicial para una crisis como ésta? ¿Qué ha hecho fiscalía y las policías a cargo de las investigaciones para estar a la altura de los estándares internacionales? La respuesta no es alentadora.


El 20 de octubre de 2019, tres días después de que las manifestaciones se volvieran masivas, Pablo Galleguillos (29) fue a la re bautizada Plaza Dignidad con un grupo de amigos. Llevó bicarbonato, limones y una pañoleta le cubría el rostro para paliar los disuasivos químicos de Carabineros, que se dedicaban a resguardar el orden público con gases lacrimógenos, vehículos antidisturbios y personal de infantería.

Cómo el ambiente ese día estaba especialmente violento, decidió volver a su casa, para lograrlo debía atravesar Plaza La Dignidad, que estaba bloqueada por la policía.

Caminó grabando con la cámara de su teléfono, cuando sorpresivamente lo detuvo por la espalda un funcionario de Fuerzas Especiales. Las manos del carabinero lo sostenían desde las costillas, presionándolo para causarle dolor. Segundos después aparecieron otros funcionarios policiales a golpearlo. Lo levantaron de la pañoleta que llevaba en el cuello y lo arrastraron hasta el vehículo policial.

En ese momento, un funcionario le introdujo su mano dentro del pantalón y le torció los testículos, otro tomó su mano izquierda y le dobló el pulgar. Para introducirlo en el vehículo, lo levantaron nuevamente de la pañoleta provocándole un esguince grado dos en el cuello. Una vez dentro, recibió más golpes durante todo el trayecto. Quedó inconsciente por un momento. Los funcionarios se sacaron los cascos y lo escupieron mientras lo insultaban. Él era el único civil dentro y estaba viviendo una pesadilla.

Cuando los funcionarios de Fuerzas Especiales se bajaron del vehículo, Pablo quedó solo junto a dos de ellos, quienes le dejaron caer un líquido sobre su espalda causándole ardor, bajo la advertencia “Es para que no te duela”. Posteriormente un golpe de casco en la parte baja de su cráneo le provocó nuevamente perdida de conciencia.

En un momento se preguntaron “¿Qué hacemos con el cachito?” Pablo permanecía quieto en el piso del vehículo. Al percatarse del cuerpo inmóvil, se aseguraron de que siguiera respirando. “Este todavía aguanta”, comentó uno de los funcionarios burlándose. Decidieron cambiarlo a otro vehículo que lo trasladó al Hospital Salvador para constatar lesiones.

Los funcionarios del hospital lo contuvieron, abrazándolo y asegurándole que lo que había vivido ya se había terminado. Sin embargo, durante todo el procedimiento médico un funcionario policial se mantuvo a su lado. Cuando el médico de turno le mostró los exámenes, le dijo a Pablo que tenía la mano lesionada. El informe que salió del Hospital Salvador dice que fueron “heridas menores”.

En la 19 comisaría de Santiago fue puesto en un patio. Se le comunicó que lo dejarían en libertad, pero sin salvo conducto, por lo que se vio obligado a quedarse esa noche debido al toque de queda.

Junto al grupo de detenidos con los que se encontraba, fueron llevados a un lugar que él reconoce como otra comisaría, donde fue revisado y amenazado por Fuerzas Especiales. Luego fue devuelto al calabozo donde el trato era el mismo. Salió a las seis de la mañana.

Policías investigando a policías

Después del 18 de octubre de 2019 comenzaron a ingresar al Ministerio Público miles de causas relacionadas a violaciones de Derechos Humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones sociales. El Ministerio Público es la institución encargada de buscar justicia junto con las policías, las mismas que durante meses tuvieron el rol de reprimir.

Oficialmente, según datos publicados en los informes estadísticos del Ministerio Público (recabados desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020), ingresaron al Poder Judicial un total de 8.827 causas, de las cuales solo tres personas han sido acusadas.

Al 15 de septiembre de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 2.499 querellas, de las cuales hay 28 formalizaciones y solo una sentencia.

Las investigaciones que lleva el Ministerio Público avanzan lento. Sin embargo, las causas que involucran violencia de agentes del Estado y/o violación a los Derechos Humanos, debieran tener prioridad y ser realizadas de forma rápida, eficaz, imparcial e independiente.

Para que se cumplan estos requerimientos, los expertos señalan que es necesario una política y criterios de actuación claros para la intervención de fiscales en este tipo de causas, que sin embargo, no se han impartido por la Fiscalía Nacional, desencadenando dentro del Ministerio Público estrategias distintas entre cada fiscal y una evidente falta de coordinación.

A esto se suma la lentitud de instituciones como el SML para tomar pericias y malas prácticas de los policías, como por ejemplo solicitar la declaración de la víctima por medios no adecuados como WhatsApp, o hacer preguntas que son cuestionadas por expertos. Todo esto amplifica la sensación de impunidad en las víctimas.

Según los estándares internacionales, en casos de violencia institucional o violaciones a los Derechos Humanos las investigaciones debieran realizadas con prontitud y minuciosidad. Según el último fallo del Tribunal  Europeo de DD.HH., el plazo razonable de investigación para este tipo de causas es de tres meses.

La toma de declaración a la víctima es el primer punto de las diligencias mínimas establecidas en la “Instrucción General que imparte criterios de actuación en delitos de violencia institucional” del 15 de enero de 2019, del Fiscal Nacional; único instructivo vigente en el Ministerio Público para la investigación de estos casos.

En noviembre de 2019, Pablo Galleguillos presentó la denuncia formal en el Ministerio Público, adjuntando todo el material médico y videos de su detención como prueba de los hechos que relató.

Nueve meses después recién recibió por primera vez el llamado de un detective de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) para tomar su declaración. En la Brigada le hicieron preguntas que desde el punto de vista de expertos en Derechos Humanos fueron irregulares:

“¿De dónde sacaron la información que había marcha?”.

“¿Se juntaron en tu casa para salir? Ah, entonces son una organización”.

“¿Por qué llevabas bicarbonato? ¿Por qué la pañoleta?”

El instructivo de la Fiscalía para investigar violencia institucional, establece que estas preguntas deben realizarse necesariamente por el Fiscal o el abogado asistente y, en el caso de ser necesario, con apoyo de un profesional de la URAVIT (Unidades Regionales de Atención a las Víctimas y Testigos), todos profesionales de distintas disciplinas capacitados para atender y contener a víctimas.

El proceso es complejo, por eso muchas causas se han archivado por el miedo de las personas a declarar, pues sienten que pueden sufrir repercusiones de parte de funcionarios policiales que viven cerca de sus casas, sobre todo en localidades donde la represión provino de las comisarías más cercanas.

Rebeca Zamora, parte de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) -y querellante en 65 causas de apremios ilegítimos, abusos sexuales y torturas- explica que en dos de sus causas se ha aplicado la decisión de no perseverar porque las víctimas se encuentran demasiado afectadas para declarar. “Si nosotras somos querellantes e insistimos, somos catetes y pedimos diligencias ¿qué sucede en las otras causas que no tienen querellante?”, dice.

“En esos casos el Ministerio Público debería seguir investigando y reuniendo antecedentes, porque la declaración de la víctima es algo que puede ocurrir cuando ellas se sientan preparadas, pero las diligencias para buscar antecedentes como videos y testigos, son pruebas que se pierden si pasa el tiempo”, agrega la abogada.

A la deficiencia de personal capacitado en D.D.H.H en las policías se suma el actual contexto de pandemia. Los funcionarios, al verse imposibilitados para salir a tomar declaraciones, comenzaron a hacerlas de forma desarticulada y por medios no apropiados. Se enviaron formularios por correo electrónico para que la gente rellenara su declaración sin mayor asesoría, se tomaron declaraciones por teléfono y Zoom; e incluso, según comentan abogadas, por WhatsApp.

El Protocolo de Estambul

El domingo 1 de diciembre de 2019 otro caso de violencia ocurrió mientras se desarrollaba la performance “Un violador en tu camino”, frente a la Tenencia Alcalde Carlos Valdovinos de la comuna Pedro Aguirre Cerda. El camarógrafo del canal comunitario Señal 3 de La Victoria, Gonzalo Barría, que reporteaba la manifestación, fue herido por un funcionario de Fuerzas Especiales que lanzó una granada lacrimógena de mano desde el interior de la comisaría, la cual impactó directo en su frente, lo que tuvo como consecuencia una lesión de 10 centímetros.

El fiscal a cargo de la investigación, Cristian Toledo, consideró que el hecho no era constitutivo de delito, ya que la actuación del carabinero habría sido defensa propia y de su  comisaría, alegando la falta de intención del policía de provocar el daño y añadiendo que no era necesario el uso del protocolo de la fuerza.

Las declaraciones y la recolección de pruebas en las cuales se basó el fiscal fueron, casi en su totalidad, realizadas por Carabineros de Chile en su indagación interna.

Con esos argumentos, el Ministerio Público solicitó al Décimo Juzgado de Garantía de Santiago el sobreseimiento definitivo de la causa, que fue aceptado sin mayores objeciones.

El Protocolo de Estambul es un manual con estándares internacionales para médicos y especialistas en salud mental que establece un conjunto de normas y procedimientos para documentar la tortura u otros tratos crueles inhumanos o degradantes. Los resultados de esta pericia sirven como prueba para acreditar ante tribunales los hechos ocurridos.

En Chile la institución encargada de realizar esta pericia es el Servicio Médico Legal (SML), que depende del Gobierno a través Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

A Pablo nunca se le practicó este protocolo y es la tónica en la mayoría de los casos.  

Para David Bahamondes, jefe del Instituto Nacional de Derechos (INDH) de Rancagua, es evidente que existe un problema. “Resultó que el sistema no estaba preparado para absorber todos los peritajes que eran necesarios en materia de víctimas de torturas, entonces tenemos largas demandas y gente aguardando meses desde que fue cometido el delito”, comenta.

El Subdirector Médico del SML, Dr. Gabriel Zamora, explica que tuvieron procesos para capacitar a sus funcionarios con la intención de enfrentar la gran demanda, pero que con la llegada de la pandemia no se pudieron realizar. “Nosotros tenemos los recursos humanos y financieros, tenemos instrucciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de dar prioridad a este protocolo, pero llegó el Covid y se echó a perder nuestra planificación”, dice.

Comenta además que el tiempo en esta pericia no juega en contra. “No hay una relación. Por ejemplo, hay personas que fueron detenidas en los años 80 y que se les aplicó el Protocolo de Estambul 30 años después. Las secuelas quedan. Nuestros psicólogos están capacitados independientemente del tiempo para calificar si una secuela se debe a  daños de la persona o de terceros. Independiente del tiempo. Hay que entender que el daño psicológico es permanente, cuando una persona sufre apremios ilegítimos o apremios de connotación sexual, eso va a quedar para toda la vida”, explica Zamora.

Otros expertos difieren de esta perspectiva e indican que el tiempo si afecta, porque no en todos los casos después de una tortura queda un estrés post traumático. Según los estándares internacionales esta pericia tiene que hacerse en un tiempo razonable y cercano a los hechos.

Para Carola Fernández, psicóloga clínica que atiende a víctimas del estallido social, las palabras del subdirector del SML indican que está pensando en términos de investigación y no de reparación. 

“Sabemos que mientras más tiempo tarde el sistema judicial en hacer los peritajes correspondientes, la sensación de impunidad y de indiferencia por parte del Estado agrava el trauma. Tomar el protocolo al inicio le da a la persona el lugar de “sobreviviente”, de “víctima”, dilatar el proceso puede provocar que la víctima no se reconozca como tal o se culpe por lo sucedido, complejizando más el trauma”.

Justicia en la medida de lo posible

A la falta de fiscales especializados en la materia se suman, según identifican expertos, los problemas estructurales que acarrea la institución, como la sobrecarga de trabajo, falta de presupuesto y el estándar “eficientista” al que se recurre para cerrar causas, evitando la mayoría de las veces llegar a juicio oral, que es largo, costoso y necesita que fiscalía cuente con pruebas suficientes para no dejar dudas de los hechos que se acusan.

El tres de agosto de este año se dio a conocer la primera y única sentencia por un caso de violencia policial en el contexto del estallido social, dictada por el Tribunal de Garantía de Rancagua. El 13 de diciembre de 2019, el funcionario de Carabineros Juan Mulén Báez puso una rodilla en el piso, apoyó la escopeta lanza gases en su hombro, apuntó y disparó en dirección a la cabeza de una persona que caminaba dándole la espalda. El disparo se produjo a ocho metros, distancia suficiente para romper un cráneo. La causa fue finalizada a través de un juicio abreviado con pena de libertad vigilada intensiva.

Fue acusado por homicidio simple en grado de frustrado. El Fiscal a cargo, Nicolás Núñez, explica que esta categoría penal es una de las más graves, “porque atenta contra el bien jurídico más valorable que tenemos: la vida”.

El homicidio frustrado tiene, según explica el profesional, una pena asignada desde cinco años y un día a diez años. Sin embargo, en la causa se aplicaron las atenuantes respectivas: el carabinero tenía irreprochable conducta anterior, procuró “con celo reparar el mal causado” (el pago de tres millones de pesos a la víctima para compensar las secuelas de las lesiones ocasionadas) y aceptar el juicio abreviado, ya que aceptarlo es en sí mismo un atenuante que rebaja la pena.

El problema es que este delito de homicidio fue ejecutado por un agente del Estado y el código penal define como agravante este hecho “Prevalerse del carácter público que tenga el culpable”. Con la sentencia aplicada, según el Fiscal Nicolás Núñez, esta condena marcará jurisprudencia para casos similares pues cuenta con legitimidad jurídica.

Desde el interior del Ministerio Público, varios funcionarios confirman que la posición que vieron desde la Fiscalía Nacional, en el principio del estallido social, fue que los casos de violaciones a los derechos humanos había que investigarlos, pero con el tiempo esa postura no se mantuvo. Eso ha significado que no existe una coordinación a nivel central de cómo llevar estas investigaciones.

Esto ha resultado en que diferentes fiscales terminen imputando o acusando por categorías penales distintas en casos donde los hechos fueron los mismos.

Desde las organizaciones defensoras de Derechos Humanos un punto en común es la necesidad urgente de un Fiscal especializado para llevar estas causas. Un único fiscal que pueda dirigir a un equipo para investigarlas con un criterio común y ojalá asesorado por expertos internacionales.

“Por el disparo de una lacrimógena en la cara de una persona con resultados graves, en Rancagua se llamó homicidio frustrado. En cambio, en el caso de Fabiola Campillai, se llamó apremios ilegítimos con lesiones; y en el caso de Luciano Debroc, se llamó cuasi delito de lesiones”, señala la abogada Karinna Fernández.

Las 8.827 causas no debieran ser consideradas ‘hechos aislados’, como lo han definido los altos mandos de las policías y el gobierno, sino una política activa o pasiva para atacar de forma generalizada a la población, delito penado en la ley 20.357 de Crímenes de Lesa Humanidad.

De esta forma, los crímenes del estallido podrían alcanzar a las más altas autoridades en el estado. Los expertos señalan que una política emanada del Fiscal Nacional para coordinar las investigaciones posibilitaría el explorar, con mayores antecedentes, futuras causas e investigaciones por Crímenes de Lesa Humanidad.

Pablo vivía cerca de Plaza Dignidad cuando ocurrieron los hechos relatados, y todos los días volvía a ver el mismo vehículo en el que fue vulnerado. Con el tiempo se agudizó el efecto traumático y un par de meses después tuvo que cambiarse de vivienda.

La justicia hasta ahora no llegó y, como otras miles de personas que han sufrido distintos abusos durante el último año, acumula un sentimiento de rabia e impunidad contra el sistema y la policía.

* Este medio se contactó con la PDI, sin embargo la institución no acepto emitir declaraciones argumentando que son investigaciones que se encuentran abiertas.

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