La irrupción de los cuerpos: La declaración de la Convención Constituyente sobre los presos de la revuelta y Wallmapu

¿Desvía su cometido la Convención al hacer esta Declaración –tal como algunos constituyentes han argumentado? Para nada: esta es precisamente la apuesta de la Convención: dejar atrás la arraigada violencia institucionalizada del Estado de Chile ejerciendo su poder constituyente. Los cuerpos irrumpen y la Convención los acoge después de años (200 años de República) en que han experimentado el despojo y exclusión.


                                

La redacción de la Declaración titulada LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL A LOS ÓRGANOS DEL PODER CONSTITUIDO SOBRE LA PRISIÓN POLÍTICA EN CHILE Y LA MILITARIZACIÓN DEL WALLMAPU puede considerarse como el acto propiamente “constituyente” de la Convención Constitucional que, como la misma Declaración dice, abre el proceso y asienta las bases éticas sobre las que se fundará la nueva constitución: “Hemos decidido iniciar esta discusión sobre las bases históricas de nuestra vida en común, reconociendo los sufrimientos y anhelos (…)”[1] Las “bases históricas de nuestra vida en común” implica el reconocimiento de los “sufrimientos y anhelos” de los pueblos de Chile, enrostrándole al mismo Estado y desde el Estado, el efecto de su propia violencia. Los “sufrimientos” causados por el Estado (los presos de la revuelta y la militarización de Wallmapu) han abierto “anhelos” que la Convención, a través de la redacción de una nueva Constitución, pretende poner fin.

La Declaración deja en claro que la tarea de la Convención Constitucional es el dejar atrás la violencia institucionalizada producida por el actual ordenamiento estatal. Cuerpos violados, torturados, desaparecidos; ojos mutilados, golpeados, pueblos arrasados, desplazados, desterrados de sus tierras, toda la historia de 200 años de violencia institucionalizada –“las bases históricas de nuestra vida en común”- se condensa en esta Declaración. Los cuerpos entran al Estado, sus torturas, mutilaciones, desapariciones, sus “sufrimientos” ingresan intempestivamente y lo sacan completamente de quicio.

¿Desvía su cometido la Convención al hacer esta Declaración –tal como algunos constituyentes han argumentado? Para nada: esta es precisamente la apuesta de la Convención: dejar atrás la arraigada violencia institucionalizada del Estado de Chile ejerciendo su poder constituyente. Los cuerpos irrumpen y la Convención los acoge después de años (200 años de República) en que han experimentado el despojo y exclusión.

Ahora bien, desde el 18 de octubre de 2019, el discurso del poder no ha dejado de “condenar” la violencia mientras no puede pensarla. Identifica la violencia con la revuelta octubrista, pero, en virtud de su mismo lugar de enunciación, no puede reconocer y diferenciar la violencia sistémica de los vencedores de la violencia octubrista. Si la primera configura a la maquinaria portaliana que restringe la democracia a un marco puramente representativo y elitista, la segunda la amplía enrostrando los límites de la primera en cuanto abre formas-de-vida que posibilitan la emergencia de una democracia expresiva. La primera enmudece a los cuerpos, los difumina en la impunidad; la segunda los trae para exponer sus “sufrimientos y anhelos”.

La Convención Constitucional ha de ser pensada como una “toma” del partido octubrista para pasar a una fase de institucionalización que permita transformar la matriz portaliana sobre la cual se ha erigido el orden político chileno. Una “toma” de cuerpos u octubrismo, si se quiere, que ha tomado a las fuerzas políticas “portalianas” (el partido neoliberal) por sorpresa y le ha dejado sin capacidad de maniobrar, sin poder ejercer el control[2].

En este sentido se comprende el consenso general entre los columnistas de derecha sobre la Declaración promulgada por la Convención: Hugo Herrera acusa a su presidente Jaime Bassa de ejercer una política “partisana” que no comprendería lo que constituiría la verdadera política -una política “concreta”, más allá del moralismo (UDI) y el economicismo (Apruebo-Dignidad). Pero es curioso que Herrera no comprenda –el filósofo que exige “comprensión” a su sector- que la política “concreta” no solo deviene conflicto y que pretender neutralizarlo sigue al interior de la misma matriz portaliana que la Convención –vía su Declaración- intenta superar[3]. Tratar de instalar una noción normativa de la “política” rechazando las formas concretas en que se despliega es una operación tan “abstracta” como lo que ese mismo pensamiento intenta criticar.

Por su parte, Daniel Mansuy inicia su columna dominical citando las palabras de Fernando Atria –la obsesión de la derecha- deduciendo de ellas que para la Convención los presos de la revuelta serían “héroes” y que el 18 de octubre quedaría como una fecha “sagrada”. Al contrario, ni héroes ni sagrados: la “toma” del partido octubrista en la forma de la Convención Constitucional significa que los cualquiera con sus cuerpos maltrechos y sufrientes, con su intensidad y potencia han entrado a escena y han profanado la sacralización institucional de la matriz portaliana. Más aún, en un razonamiento que revela su completa falta de talante crítico, Mansuy analoga el gesto guzmaniano que legitimó a la violencia golpista de 1973 con la noción de “poder constituyente” con el que Guzmán invistió a la Junta Militar, con el gesto de la Declaración de “legitimar” la violencia octubrista.

En un sentido formal, podría caber la analogía, solo si dicha “formalidad” abstrae su diferencia cualitativa: como la mercancía extrae el plusvalor de los cuerpos, Mansuy extrae el plusvalor de la situación: la violencia de 1973 restituyó al poder oligárquico, la violencia octubrista de 2019 destituyó a dicho poder y liberó a la imaginación popular. La violencia de 1973 confiscó cuerpos, la de 2019 los abrió a una danza imaginal. Demás está comentar el titular de El Mercurio que resume perfectamente toda la columna de Mansuy: “Acuerdo que valida la violencia como método de presión política marca la primera semana de la Convención Constitucional”[4] Nuevamente “violencia” in abstracto proveniente de un periódico que recibió financiamiento de la CIA para derrocar a la Unidad Popular.

El punto común es lo insoportable que resulta que la Convención, a través de su Declaración, pueda abrazar a los cuerpos en pugna ofreciendo indultos a los presos de la revuelta y exigiendo una desmilitarización de Wallmapu. En otros términos, para la derecha resulta imposible indultar a la “delincuencia” (saqueos, barricadas, incendios a bienes públicos, etc.). Tres pivotes ideológicos funcionan en la construcción discursiva del partido neoliberal y sus intelectuales: en primer lugar que el término “delincuencia” funciona como una metonimia, es decir, como si toda la intensidad octubrista se redujera a la ideología de la “delincuencia”; en segundo lugar, considera como si la violencia octubrista fuera abstracta, y no tuviera ninguna cualidad diferente respecto de la violencia golpista de 1973 y, en tercer lugar, como si el octubrismo funcionara en el vacío, sin el marco instituido de la violencia portaliana que aplastaba cuerpos y se reactivaba en una nueva fase neoliberal. ¿Qué no hubo delincuencia, crimen organizado en la revuelta? Por supuesto, pero eso no admite reducir la intensidad de la revuelta a la simple “delincuencia” entendiendo el momento de “suspensión del tiempo histórico” en el que ella irrumpe[5].

La “condena” a la violencia que ha proliferado de parte de nuestra oligarquía desde el 18 de octubre de 2019 ha sido abstracta porque no puede deslindar los tipos de violencia que aquí están en juego. Son incapaces de reconocer la diferencia planteada por el clásico texto de Walter Benjamin “Para una crítica de la violencia”: la violencia de 1973 que instaura el derecho en la forma de la Constitución de 1980 sigue siendo lo que Benjamin llamaría “violencia mítica”, es decir, una violencia soberana que restituye la circularidad del mito propiamente portaliano de los 200 años de República; la violencia pura o divina que podría identificarse en la revuelta octubrista tendría otro sentido, bastante preciso: una violencia que no instaura ni conserva el derecho, sino que simplemente lo revoca. En este sentido, diríamos que ese tipo de violencia tendría un carácter “destituyente” puesto que horada al poder –la matriz portaliana restituida en dictadura- privándole de legitimidad y libera las potencias populares que habían estado capturadas.

A esta luz, cuando la Convención Constitucional decide redactar la Declaración a favor de los presos de la revuelta y de la desmilitarización de Wallmapu continúa el trabajo de destitución de la violencia de 1973, potenciando al acontecimiento abierto por la revuelta.¿Significa esto que la revuelta tuvo por “objetivo” apropiarse del Estado? No, porque la revuelta octubrista adquirió una potencia exenta de télos alguno que, en su acontecer, destituyó al orden prevalente. La Convención articulada inicialmente como un “torniquete” para salvar al partido neoliberal terminó apropiado por la destitución desencadenada por el partido octubrista: A esta luz, la Declaración estableció un lazo ético entre la revuelta y la Convención, posibilitó la entrada de los cuerpos al Estado (casi podríamos escribir “estrado”).

De hecho, podríamos decir que la Declaración no hace otra cosa más que exponer la fuente de legitimidad de la misma Convención. Es el primer acto “constituyente” de la Convención que le permite construir su legitimidad lanzándose sobre la revuelta y declarando su lealtad a ella. Clamar su lealtad al octubrismo implica articular su primer acto “constituyente” al tomar una posición y efectivamente legitimarse a partir de la destitución desencadenada en las calles por el partido octubrista. Con ello, la Convención Constitucional ha sido asaltada por los cuerpos de la revuelta y los ha acogido como un momento de potenciación de una democracia expresiva que requirió de esa “violencia pura” o “destituyente” –violencia cualitativamente diferente e imposible de equiparar a la violencia instauradora de derecho que instaló la dictadura (violencia militar) y profundizó la democracia (violencia del capital).

Frente al argumento de que la Convención Constitucional “legitima” sin más la violencia al redactar la declaración que insta a la liberación de los presos de la revuelta y a la desmilitarización de Wallmapu, habrá que contestar que es exactamente a la inversa: la Declaración traza su lealtad a la revuelta y, a diferencia de todos los poderes constituidos, se legitima a partir de ella. La revuelta no necesita de “legitimación” alguna. La Convención si. Por eso, deviene un poder constituyente que, a partir de esta Declaración, crea bases éticas completamente diferentes para erigir la nueva constitución.

Que la Convención haya iniciado su trabajo con esta Declaración implica que la redacción de una nueva Constitución porta consigo la posibilidad de transfigurar el modo en que la República ha entendido la naturaleza de la política: si por “política” la oligarquía de los 200 años de República ha entendido el autoritarismo de matriz portaliana, reactivado desde 1973 bajo la nueva fase neoliberal, la transfiguración puede traer consigo la invención de otra forma de pensar y hacer política que se desenvuelva en una ampliación democrática sin precedentes en la historia de Chile. Esa ampliación es lo insoportable para el partido neoliberal.


[1] https://radio.uchile.cl/2021/07/08/con-105-votos-a-favor-convencion-constitucional-aprueba-declaracion-sobre-presos-de-la-revuelta/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=6u9JTXjgo2k&t=1s

[3] https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/07/10/entre-moralizacion-y-economicismo-la-convencion-tensionada/

[4] El Mercurio,. Sábado 10 de Julio de 2021.

[5] Furio Jesi Spartakus. Simbología de la revuelta. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2015.

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