La historia del adolescente detenido por ‘incendio’ en catedral de Antofagasta: el mismo fiscal que lo acusa investiga su trauma ocular

Alejandro fue arrestado este jueves en plena calle en un desproporcionado operativo de la PDI. Iba camino a reunirse con su abogada para entregarse a la Justicia. Quiso estar lo más que pudo con su madre antes de que esta muriera. De acuerdo a imágenes, lo que el joven de 15 años habría hecho fue lanzar una botella de bebida a una puerta que ya se encontraba en llamas.


Durante la jornada de este jueves 22 de abril se viralizó un registro de un aparatoso operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Antofagasta, donde en medio de forcejeos y gritos unos 7 funcionarios detienen a una persona en el sector de la Vega Central, lo suben a un automóvil y se lo llevan.

A quien arrestan los policías es Alejandro (A.R.G.), un adolescente de 15 años acusado de prenderle fuego a la puerta de la catedral de Antofagasta durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo en la ciudad nortina. Quien intenta ayudarlo, un hombre mayor de cabeza cana y que es retenido y botado al suelo por los funcionarios de la PDI, es su abuelo paterno.

Ocurre que al momento de la detención, Alejandro, su abuelo y otros familiares, lo que hacían era dirigirse al Juzgado de Garantía de la ciudad para reunirse a las 10 de la mañana con la abogada de la Defensoría Popular, Karina Ibarra, para justamente entregar a la Justicia al joven. De ahí que en el video se oye en al menos tres veces a su abuelo decir “¡Nosotros lo vamos a entregar!”.

“Habíamos acordado que lo entregábamos a las 10 y media. Y me llaman a las 9 y media y me dicen que tienen un tremendo tumulto en la Vega Central. Y llegó la PDI de la nada. O sea, ¿cómo supieron que Alejandro estaba allí?”, plantea Ibarra, quien advierte que al menos ella no ha sido informada sobre una eventual interceptación de teléfonos.

Hoy Alejandro se encuentra privado de libertad en el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Antofagasta (ex Surgam), dependiente del Sename, debido a que es menor de edad.

EL “INCENDIO” EN LA CATEDRAL

Alejandro está acusado por el Ministerio Público de lanzamiento de artefacto incendiario y del delito de incendio, con el agravante de que se trataría según el ente persecutor de uno provocado en un “monumento histórico patrimonial”.

Al respecto, la abogada Karina Ibarra sostiene que en realidad se está invocando “una figura errónea”, debido a que el propio párroco del recinto les ha advertido que ahí no se guardan registros históricos. De hecho, la Iglesia Católica no es parte de la querella contra Alejandro.

Por otra parte, la integrante de la Defensoría Popular rechaza el delito de “incendio” que se le imputa al adolescente. “Es un amago de incendio, es decir, algo que nunca iba a ser idóneamente posible para realizar un incendio”, argumenta.

En ese sentido, explica que en los registros que existen de lo sucedido se puede observar que lo que habría arrojado Alejandro es una botella de Gatorade que finalmente termina “achurrascándose”. “Entonces, nosotros decimos que es de toda lógica pensar que si eso tenía algún acelerante, bencina, petróleo, algo que pudiese avivar el fuego, eso hubiese sido así y ocurre todo lo contrario, se ve cómo se achurrasca y se pierde, pero no aparece una gran llama”, detalla. Por otra parte, Karina advierte que “la llama ya estaba encendida cuando llega Alejandro a tirar esta Gatorade“.

Captura del momento en que cae la botella que habría arrojado Alejandro

Estos antecedentes, como menciona igualmente la abogada, hacen de este caso uno muy similar al de Alejandro Carvajal, joven condenado a 5 años de prisión efectiva por el delito de “incendio” en la Universidad Pedro de Valdivia en Santiago. Sin embargo, lo que en realidad habría hecho el acusado -como quedó en evidencia en un video registrado por un funcionario “Intra Marcha” de Carabineros- solo habría sido lanzar una botella a una cortina en la parte trasera del inmueble donde ya había fuego, la que se prendió y luego se “auto extinguió”, como señaló el propio perito de Bomberos que declaró en el juicio.

En el caso del joven antofagastino, Ibarra destaca también que ha sido el propio párroco de la catedral quien ha señalado que en el contexto del estallido social habían decidido previamente instalar un latón detrás de la puerta de madera donde se prendieron las llamas. “Por lo tanto, lo que se estaba quemando era la puerta y era imposible que el fuego traspasase hacia el interior. De hecho, el fuego se controló con un carro lanza aguas de Carabineros”, enfatiza la defensora.

“Al fiscal y al Gobierno les conviene que haya alguien que responda. Y como son tan ineficientes, que ni con un dron lo iban a lograr, Alejandro termina siendo el único visible. No lograron ver quién, por ejemplo, prendió las mechas antes o quien prendió la puerta antes. Alejandro de ninguna manera es autor, pero es el único visible de este caso”, advierte la abogada Ibarra.

DOS CAUSAS OPUESTAS, EL MISMO FISCAL

El 28 de noviembre de 2019 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó en el Juzgado de Garantía de Antofagasta una querella criminal contra todos quienes resulten responsables del delito de apremios ilegítimos en contra de Alejandro, quien entonces tenía solo 14 años.

De acuerdo a lo detallado en la acción penal, el 21 de noviembre de 2019, tras caer una bomba lacrimógena al interior del segundo piso de su hogar en avenida Oscar Bonilla, Alejandro bajó a su antejardín a ver qué ocurría. “Al salir corriendo se encuentra con un funcionario de Carabineros, al verlo el menor levanta los brazos en alto, recibiendo inmediatamente impactos de perdigón en el cuerpo y rostro”, narra el INDH.

El diagnóstico fue “herida por perdigón en área clavicular, facial izquierda, herida penetrante con cuerpo extraño intraocular”, y en su Dato de Atención de Urgencia (DAU) se estableció que sus lesiones tienen el carácter de graves.

El fiscal a cargo de la indagatoria por esta querella es Cristian Aguilar Aranela, ex fiscal regional y que ahora en su calidad de fiscal jefe tiene a su cargo todos los casos del estallido social de Antofagasta, incluido aquel en donde se persigue a Alejandro. Es decir, Aguilar investiga tanto el delito que habría cometido el adolescente en la catedral, como la acción penal por el trauma ocular que sufrió hace ya un año y 5 meses.

Fiscal Cristián Aguilar. Foto Fiscalía de Chile

“Nos parece súper paradójico”, dice la abogada Karina Ibarra, quien apunta que aún cuando en la carpeta investigativa de la querella presentada por el trauma ocular que sufrió Alejandro están consignados los nombres de los carabineros que estaban autorizados a realizar disparos ese día, “hasta la fecha no hay ningún formalizado”. “¿Cómo no han podido hacer ninguna diligencia estando esa nómina, que es una de las cosas que más cuesta judicialmente conseguir? Hubo 5 disparos y uno de ellos dio en uno de los ojos de Alejandro, provocándole este trauma ocular”, enfatiza.

Frente a este escenario, la jurista sostiene que se debe nombrar un fiscal especializado en este caso, diferente al que está hoy persiguiendo a los presos del estallido social.

“Nosotros debiéramos estar reparándole la pérdida de su visión, como víctima, pero se le está persiguiendo y poniendo trabas a la continuidad del proceso de tratamiento de reparación en una causa en la que es víctima”, advierte la abogada de la Defensoría Popular.

PROCEDIMIENTO DE MATONAJE

Por otra parte, la jurista acusa que en el caso de los otros presos de la revuelta de Antofagasta Freedom Astorga, Matías Aquevedo, Sebastián Cáceres y Lenin Álvarez, quienes fueron llevados a un juicio abreviado el pasado miércoles, hubo de parte del aludido fiscal “un procedimiento bien de matonaje”.

Lo anterior, según detalla Karina Ibarra, porque el persecutor exigió que la totalidad de los presos aceptara responsabilidades como condición para acceder al juicio abreviado que, a pesar de implicar una condena, les permitió recobrar la libertad tras 13 meses en prisión preventiva, quedando sometidos a la libertad intensiva vigilada.

Por otra parte, la integrante de la Defensoría Popular explica que por este caso presentaron una querella por torturas y apremios ilegítimos contra funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI. El problema, advierte, es que son esos mismos policías los que hoy se encuentran realizando diligencias en el caso de Alejandro.

Esto ha significado que “nuestras querellas por apremios ilegítimos, torturas, golpes, maltratos psicológicos o amenazas no avanzan, como sí ocurre en las que los chiquillos aparecen en calidad de imputados”, cuestiona Ibarra.

En este escenario es que la Defensoría Popular está pidiendo un fiscal de dedicación exclusiva para la investigación de los casos de violaciones a los Derechos Humanos. “No puede ser el mismo que está investigando el estallido social, porque nuestra teoría de defensa en muchos de estos casos es precisamente que ellos fueron vulnerados y forzados a declarar en cierta forma”, advierte la abogada.

En ese sentido, la jurista denuncia que en las declaraciones de los acusados insólitamente todos reconocer ser parte de la Primera Línea, y que otra de las “técnicas” usadas por el ente persecutor fue quebrarlos con el objetivo de lograr que se inculparan unos con otros. “Existe un amedrentamiento de tal forma, que a Freedom Astorga se le puso, como en los viejos tiempos de la dictadura, una bolsa mojada en su cabeza, en su cara… ¡y él es tartamudo!”, relata Karina.

“ALCANCÉ A ESTAR CON MI MAMITA”

En la audiencia de control de detención original de Alejandro, la jueza estimó que no era posible determinar aún que él fuera el causante del incendio y que no se contaba con la resolución en donde se declaraba como “patrimonio histórico” a la catedral, dejándolo solo con arresto domiciliario. Sin embargo, el Ministerio Público apeló y dicha medida cautelar fue revocada, estableciéndose en cambio la internación provisoria del adolescente.

Cuando Alejandro fue detenido por la PDI en plena calle este jueves, pesaba una orden de aprehensión en su contra. No se había entregado. ¿La razón? Su madre estaba enferma y él quería pasar este último tiempo con ella, con su apoyo más importante luego de que la relación con su padre se quebrara.

Alejandro solo alcanzó a cursar hasta quinto básico. Debió interrumpir sus estudios debido a la situación de su madre y porque ayudaba a su abuela a vender flores en el cementerio. Trabaja desde muy chico. Tiene hermanos menores y ha tenido que, de alguna forma, hacerse cargo de ellos.

La madre de Alejandro falleció hace dos semanas. “Menos mal que alcancé a estar con mi mamita”, le dijo el joven a su abogada tras ser finalmente detenido.

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