La expulsión de activistas norteamericanos que financió las “vacaciones” de 10 agentes de la PDI a Miami

A mediados de marzo, la Intendencia de Santiago autorizó la deportación de cinco activistas y comunicadores estadounidenses. La medida, dictada por el intendente Guevara, se habría fundado en “motivos sanitarios”, sin embargo, fuentes ligadas al caso aseguran que se trató de una expulsión por motivos políticos. A esto se sumó un insólito hecho: el viaje de regreso llevó a 10 agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) a unas vacaciones de tres días en Miami.


El 17 de marzo pasado se difundió en redes sociales la expulsión de cuatro ciudadanos estadounidenses que vinieron al país a conocer el proceso político y social que se vive desde el estallido social. Aquello, bajo la justificación de haber incumplido la cuarentena establecida para quienes llegan al país desde el extranjero. 

Los afectados, que finalmente resultaron ser cinco, formaban parte de una extensa delegación encabezada por documentalistas con residencia en Chile, quienes desde el 18 de octubre han recopilado diversos testimonios sobre violaciones a los derechos humanos

En conversación exclusiva con #LaVozDeLosQueSobran, uno de los estadounidenses expulsados relató lo sucedido. Acusó hostigamientos, persecución política y la aplicación de una medida exagerada. Todo esto, en el surgimiento de un nuevo caso de expulsión de comunicadores en nuestro país, donde varios datos exponen sostenidas vulneraciones al derecho a la libertad de expresión.

La expulsión

Desde la comodidad de su casa en Portland, Oregon, Rodrigo Melgarejo cuenta cómo fue expulsado de Chile junto a cuatro compañeros activistas por “infringir el código sanitario” chileno. “La idea del viaje era conocer un poco más de Chile y su historia, su pasado y lo que está pasando ahorita”, comienza diciendo.

Rodrigo es fotógrafo y asistente de cámara, y llegó a Santiago el 7 de marzo junto a otros comunicadores y activistas norteamericanos. En la capital se reunieron con un grupo de amigos documentalistas, con quienes decidieron viajar a Pucón dos días más tarde. Para ello, solicitaron un permiso de vacaciones, con la idea de transportarse al sur en plena pandemia.  

De su visita a la zona lacustre llegaron de vuelta el 11 de marzo sin mayor problema, en un avión que salió del aeropuerto de Temuco. Según describe el recurso de amparo presentado por tres abogados de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), “previos a bajar del avión, la asistente de vuelo les solicitó a todos los recurrentes tuvieran sus pasaportes o documento de identificación a la mano, ya que serían fiscalizados por la Policía de Investigaciones (PDI)”.

Al bajar, los agentes de inmigración de la PDI se acercaron directamente a una de las jóvenes afroamericanas del grupo, cuyo nombre ya conocían, y comenzaron a hacerle preguntas como “cuándo había ingresado al país, desde dónde venía, y si tenía afiliación política”, señala el escrito. Asimismo, tomaron a cuatro personas más y los llevaron a todos a las dependencias de la policía en el aeropuerto. 

Allí les quitaron sus pasaportes y teléfonos y los retuvieron desde las nueve de la noche a las cuatro de la madrugada. “En ese momento nos procesaron, tomaron fotos, las huellas digitales, nos preguntaron qué tatuajes teníamos o marcas en el cuerpo. Me preguntaron si tenía una marca o algo, por si desaparecía, para reconocer mi cuerpo. Algo que encontré chistoso y espantoso a la vez. También había muchos papeles, muchas firmas de aquí y allá”, complementa Rodrigo. 

A su vez, asegura que uno de los cinco afectados pudo conversar con el consulado de Estados Unidos en Chile. Pese a esto, tras un llamado, no volvieron a recibir noticias de sus compatriotas.

Desde ese lugar los llevaron a la residencia sanitaria Hotel Novapark, ubicada en el centro de Santiago. El 13 de marzo todos se realizaron un examen PCR, cuyos resultados fueron negativos. Sin embargo, al día siguiente funcionarios de la PDI llegaron al hotel y le entregaron a cada uno su propia notificación de expulsión emanada y autorizada por la Intendencia de Santiago. El fundamento, señala el amparo, era que “no se mantuvieron en aislamiento por el lapso de tiempo de 10 días luego de haber ingresado al país”.

Notificación de expulsión

Fue después de eso que se contactaron con la Codepu, con el fin de resolver la situación. En eso los PDI les dijeron que “si no firmábamos los papeles, la posibilidad de que nos metieran a la cárcel era mayor. Entonces el abogado nos dijo que los firmáramos y saliéramos del hotel”, asegura el fotógrafo. 

Desde que fueron retenidos en el aeropuerto, hasta el día previo a ser expulsados, Rodrigo denuncia que fueron constantemente perseguidos en sus idas a museos y una visita a la Señal 3 de La Victoria. “Comenzamos a sentir que nos vigilaban de una manera en que uno pierde el sentido de seguridad y empiezas a sentirte paranoico. Vimos drones y carros con gente que nos observaba. Pero yo veía esas situaciones y pensaba que era imposible, para qué, si no cometimos ningún crimen ni hicimos nada malo. Además, teníamos un abogado arreglando la situación”, cuenta.

Para el 16 de marzo, la Corte de Apelaciones de Santiago admitió el recurso de amparo presentado por tres abogados de Codepu el día anterior. En el documento, se pidió decretar una orden de no innovar, con el fin de no hacer efectiva la deportación hasta que concluyera la investigación. Asimismo, el martes la Corte informó a la Intendencia sobre el caso y le dio un plazo de 24 horas para entregar un informe que explicara lo sucedido.

Sin embargo, según el archivo del caso en el Poder Judicial, ninguna de esas gestiones se concretó. Primero, porque la orden fue denegada por el juez y, segundo, porque este mismo autorizó una extensión del plazo para la Intendencia. 

Según una de las abogadas, Jocelyn Ortega, la medida notificada a los cinco activistas era “absolutamente llamativa y absurda, por ser una expulsión por norma sanitaria, en una resolución muy específica”. Aquello, sobre todo porque “se hicieron el PCR y salió negativo. Entonces, la infracción a la norma sanitaria es cuestionable, porque no eran vectores del virus”, afirma.

De vacaciones a Miami

A las seis de la mañana del 17 de marzo, un grupo de agentes de la PDI se presentó en la puerta de la casa que Rodrigo había arrendado junto al resto de la delegación que viajó a Chile. El motivo era llevarlos hasta el cuartel de Migraciones de la PDI, ubicado en calle San Francisco, para posteriormente deportarlos. 

“Nos obligaron a subir a un autobús. Ellos usaban equipo completo, rifles de asalto, nuestros teléfonos fueron retirados nuevamente, incluidos los pasaportes, y estuvimos detenidos en un centro de detención durante casi ocho horas antes de ser deportados”, cuenta el activista de origen mexicano.

Durante ese confinamiento, conversaron con su abogado y con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estos últimos, según cuenta Melgarejo, le confesaron que consideraban extraña la situación, ya que violar el código sanitario no es algo de gravedad. También denuncia que recibieron malos tratos por parte de los PDI. 

“Nos gritaban y se molestaban cuando pedíamos cosas como agua, comida o poder hablar con el consulado. Y eran aún más agresores con los compañeros negros. Y como ellos no hablaban español, se hacía más difícil encontrar a alguien que nos pudiera hablar en inglés. Tampoco nos dejaron hablar con nuestros compañeros que vivían en Chile, para poder buscar ayuda o contactarme con mi pareja, que también estaba bien preocupada y no podía hablar con ella. Nos vigilaban cada vez que queríamos hablar por teléfono, querían que pusiéramos el altavoz para oírlo todo”, señala. 

En toda la reclusión, nunca fueron informados sobre cómo serían enviados a su país, pese a que todos vivían en diferentes ciudades. Algunos venían de Nueva York, otros de Virginia y Rodrigo de Portland. Esta situación se mantuvo hasta el aeropuerto, donde cada uno fue escoltado por dos PDI. Ahí notó que estos también traían maleta, y supo que viajaría acompañado.

A los cinco los pusieron en tres vuelos distintos y nunca les mencionaron dónde iban, aún cuando lo preguntaron en varias ocasiones. Rodrigo terminó solo en un vuelo en medio de dos agentes. Ahí recién supo que su vuelo partía rumbo a Miami, Florida.

Luego de nueve horas de viaje, los dos PDI que iban con él lo llevaron con los agentes norteamericanos de inmigraciones, a quienes trataron de entregarlo. “En ese momento los oficiales miraron la situación y dijeron «él es ciudadano de los Estados Unidos, no podemos detenerlo. Si hizo algo en tu país y lo deportan, es tu problema, no de nosotros. O sea, al momento en que llegó aquí, es su país». Ahí los policías chilenos se sorprendieron, porque ellos querían humillarnos. Querían dejarnos con los agentes para decir «aquí están nuestros detenidos, hazles preguntas, o lo que sea», pero los oficiales no hicieron eso”, cuenta.

Rodrigo, una vez liberado, tuvo que perseguir a los agentes, quienes se habían ido rápidamente, para pedirles que le devolvieran su teléfono y pasaporte. Ya con sus pertenencias, se contactó con sus compañeros. Todos habían llegado a la misma hora al aeropuerto de Miami. 

Conocer esto fue revelador para él, ya que cuando estuvieron en el cuartel de la PDI, los agentes comentaban sobre estar en la playa. “«Me encantaría estar en la playa» o «voy a estar al sol por tres días», decían. A otro agente lo escuché preguntar por llamada por un plan internacional telefónico de tres días para hablar desde allá. En ese momento supe que iban a tomar unas vacaciones allá”, asegura. 

Frente a estos hechos, uno de los elementos más llamativos del caso es que el gobierno de Chile decidió pagar por 15 pasajes a Estados Unidos, a pesar de que todos los expulsados tenían boletos de regreso a partir del domingo 21 de marzo. Incluso, el proceso que vivieron terminó causándoles gastos inesperados, ya que todos fueron dejados sin más. “Tuvimos que buscar nuestros propios vuelos para regresar a casa, que a último minuto los vuelos son más caros. Además perdimos el dinero de los boletos que teníamos ya comprados para el 21 de marzo. El jueves nos deportaron y tenía un pasaje para regresar el domingo”, detalla.

Según información de La Tercera, en septiembre de 2018, el Estado pagó poco más de $300 dólares en forma de viático para cada agente que llevaba a un deportado a su país. Si se considera ese monto en este caso, más 15 pasajes a Miami, el gasto aproximado del gobierno en esta operación ascendería a más de $12.500 dólares (casi nueve millones de pesos). Todo ese dinero habría sido utilizado para que diez agentes de la PDI pasaran tres días de vacaciones en las cosas del estado de Florida.

“O sea, lo que usaron para acusarnos de violar un código de salud, que era no estar en cuarentena 10 días, ellos se fueron a Florida en un viaje de tres días para ir a la playa sin tener cuarentena. Los encaré y les dije que lo que hicieron fue muy extremo e ilegal. Quebraron nuestro sentido de seguridad y eso todavía se siente. Eso es lo querían, hacernos sentir asustados y traumados”, sella Rodrigo.

Nos contactamos con el equipo de prensa de la Intendencia de Santiago para consultarles por qué se decidió expulsar a estas cinco personas, pese a que sus exámenes arrojaron resultados negativos al COVID-19. En esa conversación, insistieron en que el motivo fue el “incumplimiento de la cuarentena”. Asimismo, se negaron a dar una entrevista por temas de agenda.

Los déficits de la libertad de expresión en Chile

El caso de Rodrigo y sus compañeros viene a sumarse a una breve, pero importante lista de expulsiones a comunicadores y activistas extranjeros que han venido a Chile con la idea de registrar algunos de los conflictos sociales que ha atravesado nuestro país.

Según el abogado del Observatorio del Derechos a la Comunicación (ODC), Javier García, “la expulsión de activistas o de observadores internacionales es una práctica habitual” en Chile, sobre todo cuando visitan territorio mapuche, reconocido por este pueblo como Wallmapu.

Si bien la justificación en este caso fue sanitaria, a diferencia de otros donde se adujo principalmente a la falta de un permiso de trabajo, “lo cierto es que la práctica al final viene a ser la misma: utilizar alguna excusa administrativa para realizar una expulsión”, afirma el experto. “Aparentemente lo que ocurría es que estos activistas eran objetos de seguimiento policial por parte de algún servicio de inteligencia y en algún momento se planteaba su deportación”, concluye.

El caso más reciente de hostigamiento ocurrió durante el estallido social. Aquello, cuando tres comunicadores argentinos viajaron a nuestro país para cubrir el inicio de una de las crisis sociales más grande que se ha visto en Chile en el último tiempo. En aquel entonces, los protagonistas también fueron agentes de la PDI, quienes retuvieron a los trasandinos por más de cuatro horas bajo amenazas de expulsarlos, “por publicaciones sospechosas en sus redes sociales”.

Aún cuando este caso no terminó en expulsión, debido a la gran difusión del mismo y las gestiones de diferentes organismos de derechos humanos, medios comunitarios y el Colegio de Periodistas, sí retrata muy bien las situaciones de “hostigamiento e intimidación” que comenta García. Esto, en acciones cuyo fin sería silenciar e impedir que los comunicadores cumplan con su función de informar.

A este escenario se suma la gran cantidad de casos de agresiones a la propia prensa chilena. Según el último Boletín informativo del observatorio durante el año 2020, en Chile se realizaron al menos 69 detenciones a periodistas o comunicadores. Esta cifra, según los datos disponibles, sería la mayor registrada desde la dictadura de Augusto Pinochet.

Sobre esta base, “sostenemos que Chile, desde la dictadura, no ha resuelto déficits de la libertad de expresión, como tampoco lo ha hecho en el derecho a la protesta. O sea, así como hay avances con el fin de la dictadura, hay problemáticas que siguen. Y lo que ocurre desde el estallido es que se agudiza. Y cuando llega la crisis sanitaria, es una capa más que sirve como excusa para seguir practicando o justificando vulneraciones a la libertad de expresión. Incluso se aumenta el repertorio de vulneraciones, porque se empiezan a poner trabas en las ruedas de prensa, a medios críticos no se les permitía hacer preguntas, etc. Entonces, en una crisis generalizada de derechos humanos en Chile, al igual que pasa con otras afectaciones, la libertad de expresión se ha visto aún más afectada”, acusa García.

Prueba de lo que analiza el abogado han sido los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De un total de 12 sentencias que involucran al Estado de Chile, cinco implican vulneraciones a la libertad de expresión, cuatro de ellos anteriores al 18 de octubre de 2019.

Pese a todo esto, para el abogado se torna aún más grave la normalización de estas situaciones. “Es algo marcado en Chile y que viene desde la dictadura: el minimizar y relativizar los abusos policiales”, puntualiza. 

De igual modo, acusa un doble estándar mediático. “Cuando hay determinados casos, como el hostigamiento y detención de grupos de periodistas de televisión o ataques a reporteros de El Mercurio, esos casos han tenido mucha repercusión mediática. Hay condenas y pronunciamientos de todo el espectro político. Sin embargo, cuando estos casos se han dado con medios independientes, documentalistas, medios comunitarios o fotógrafos freelance, este asunto ha sido minimizado. Pareciera que en Chile no es lo mismo que detengan a un periodista con prestigio y conocido, que detengan y le peguen a un fotorreportero. Eso es muy llamativo y en este contexto se ha hecho muy evidente”, concluye.

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