Connect with us

Opinión

La derrota de las AFP

Publicado

on

Dolió en el alma el 10%. No sólo a las AFP sino al Gobierno, a los grandes empresarios, y a los economistas, de uno y otro bando. La aprobación en la Cámara de Diputados del retiro del 10% de los afiliados a las AFP revela que el neoliberalismo no es intocable y que ahora su destino no está asegurado. Es lo que más preocupa a la oligarquía económica y a los políticos y economistas que la protegen.

“No más AFP” fue el detonante, pero la rebelión del 18-O amplificó los cuestionamientos al modelo económico, y muy especialmente a las AFP, pilar fundamental que financia los grandes negocios. Con el Covid-19, y los largos meses de confinamiento, el hambre y la desesperación de la población han exigido respuestas; pero, éstas no han llegado o son tardías. Así las cosas, más del 80% de la población defiende hoy día el retiro de los fondos, capturados por las AFP.

El gobierno de Piñera lo ha hecho mal. En lo sanitario, las cifras son parecidas a los peores momentos que han vivido España e Italia durante la pandemia. En lo económico, la paralización de las pymes, la escasez de ingresos de los desempleados, de trabajadores independientes e informales no encuentran una respuesta satisfactoria en las autoridades. El gobierno ha sido irresponsable e insensible frente al hambre de los pobres. Y ello los ha obligado a salir a la calle para encontrar alguna fuente ingresos que les permita alimentar a sus familias.

A diferencia de Europa, Asia, Estados Unidos y países de América Latina, el gobierno chileno ha sido avaro para atender las necesidades de la población. En todo el mundo, las políticas keynesianas han renacido y entregan ingresos a los confinados para enfrentar la crisis. Se ha privilegiado la vida. En Chile, en cambio, el gobierno se resiste a entregar los recursos que necesita la población para mantener el confinamiento. Sus economistas cuidan el “riesgo país” y temen que, si ahora no son cautelosos con los recursos, a futuro se verán obligados a aumentar impuestos a los ricos. Han privilegiado los negocios.

Advertisement

Existiendo sustanciales ahorros en el país y un significativo margen para endeudamiento internacional, el gobierno ha optado por dilatar la entrega de recursos, y con montos insuficientes: primero, unos miserables 65 mil pesos por persona, los que se ampliaron a 100 mil pesos, gracias a una sostenida presión ciudadana y parlamentaria; luego, vinieron unas discutibles cajas con alimentos, las que no llegaron a todos los necesitados.

Sin embargo, el ingreso familiar de emergencia (IFE) y las cajas de alimentos no llegan con eficiencia a los pobres y no consideran a la clase media. La majadera focalización neoliberal es una política fracasada.

Frente a la demanda de los sectores medios, el gobierno optó por una poco inteligente medida: ofrecer préstamos. Una propuesta de créditos blandos y la prórroga de los pagos hipotecarios generaron indignación en una población crecientemente endeudada. Deudas y más deudas a una clase media que ya se ha empobrecido, y que no tiene como pagar resulta inconcebible.

Ante la inaceptable oferta gubernamental, y transcurridos más de cuatro meses de incertidumbre, surge la iniciativa de un grupo de parlamentarios regionalistas para el retiro del 10% de los fondos que cada afiliado tiene en las AFP. Como el gobierno se resiste a entregar recursos que urgentemente necesita la población no dejó más alternativa que apelar a los ahorros propios. Medida práctica, y respaldada abrumadoramente por la población.  La filosofía es simple: es mejor tener dinero hoy día para no morir de hambre ya que de todos modos las pensiones que entregarán las AFP en el futuro serán miserables.

Así las cosas, la Cámara de Diputados aprobó, en general, y luego en particular, el retiro del 10% de los fondos de los afiliados en las AFP, a pesar de las medidas de última hora del gobierno y al intenso lobby sobre sus propios parlamentarios rebeldes. Le fue mal al gobierno, porque los diputados de oposición en bloque y un significativo número de oficialistas permitieron alcanzar la mayoría necesaria para el cambio constitucional.

El gobierno de Piñera ha quedado en condiciones de extrema debilidad, por su incapacidad para entregar recursos a una ciudadanía desesperada y también porque no tiene fuerza para ordenar a sus propias filas.  La derecha, el gran empresariado y los economistas, de gobierno y buena parte de la Concertación/Nueva Mayoría están desesperados porque el retiro del 10% de los fondos AFP abre camino para terminar con el pilar más importante del modelo económico.

Advertisement

Para gente sensible e inteligente de la derecha, como el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, la inoperancia del gobierno tiene como principal responsable a Cristián Larroulet (para no mencionar a Piñera), el jefe del segundo piso de la Moneda. Su dogmatismo neoliberal, es el que se impuso a los ministros de Hacienda y del Interior. Ello explica que Desbordes se abriera a la opción del retiro del 10% y que se abstuviera al momento de la votación en la Cámara de Diputados.

Las AFP han resultado damnificadas. En medio de su desesperación están operando como un partido político más. En efecto, AFP Hábitat envió directamente una carta para amedrentar a sus afiliados en que califica a la decisión de la Cámara de Diputados, como “un error histórico.”  Algo similar hicieron el resto de las AFP.

Por su parte, el empresariado traspasó las fronteras gremiales para invadir directamente ámbitos políticos y legales. Entregaron una furibunda declaración, (Mercurio 13-07-2020, que cuestiona la constitucionalidad de la medida, olvidándose que la aprobación cuenta con el quorum correspondiente de los 3/5, según la actual Constitución. Agregaron, de forma irresponsable, que el retiro del 10% pone en riesgo la estabilidad democrática del país. Y, van incluso más lejos, al hablar, como en otros tiempos, sobre la utilización de “resquicios legales”.

Los términos amenazantes que utiliza el empresariado frente a la aprobación del 10% son preocupantes y demuestran, una vez más, que cuando ven amenazados sus intereses, no vacilan en patear el tablero.

La aprobación del retiro del 10% cambia el sentido común. Modifica lo intocable. Gracias al movimiento ciudadano “No más AFP”, a las protestas de 18-O y a la pandemia, gran parte de los políticos han entendido que la protección de la vida es un valor superior a los negocios de las grandes empresas.

No sabemos todavía como terminará esta historia. Está pendiente la votación del Senado y probablemente aparecerán, en los próximos días, los leguleyos de siempre, que intentarán fórmulas para impugnar la constitucionalidad del 10%. Como sea, la votación de la Cámara de Diputados ha debilitado la fortaleza de las AFP, provocando de pasada una insospechada crisis en la derecha.

Advertisement

Opinión

Irina Karamanos: el cargo de Primera Dama no necesita ser reformulado, debería ser erradicado

La decisión de Irina Karamanos de asumir el rol de Primera Dama es tan contradictorio como criticar a los concursos de belleza por el histórico rol cosificador y machista que han cumplido en la inferiorización dirigida hacia el cuerpo de las mujeres y al mismo tiempo presentarse a concursar a uno de ellos para supuestamente cambiarlo desde dentro. 

Publicado

on

Irina Karamanos es cientista política, líder del Frente Feminista de Convergencia Social, una mujer profesionalmente muy bien preparada, quien es conocida por ser la pareja del Presidente Gabriel Boric. Ella al ser consultada por el cargo de Primera Dama expresó, inicialmente, cierta distancia con este rol, señalando que es una función que debería ser repensada. Hoy su decisión fue la de asumir dicho cargo, pero con el compromiso explícito de transformarlo desde dentro.

Desde un análisis puramente semiótico, sin acudir a los antecedentes históricos patriarcales que la configuran, la institucionalidad de la Primera Dama es una construcción político-cultural con un significado altamente sexista y colonial, conformado por la idea de que existe una mujer poseedora de un nivel de importancia mayor a todas las demás, donde su sobrevaloración es por el solo y único hecho de ser la pareja del Presidente de la República.

A su vez, es una noción profundamente discriminadora de la diversidad sexual, pues se asume implícitamente que el Presidente es un hombre y que por ende su acompañante sexo-afectivo debe ser una mujer heteronormada. En consecuencia se asume a la pareja del Presidente como una “dama”, la cual debe cumplir con los estándares esperados en todos los ámbitos estéticos, económicos, culturales, morales, tal como ha venido siendo durante prácticamente toda la historia de los Presidentes electos (con excepción de la expresidenta Michelle Bachelet, quien designa en este cargo a su hijo Sebastián Dávalos).

Estos estándares esperados para el rol de Primera Dama son los de una mujer heterosexual, blanca, de clase alta, con estudios universitarios, vestida con una estética tradicional, compuesta en la utilización del lenguaje, todo lo que Irina Karamanos en su rol de líder feminista -supongo- no querría interpretar, pero que lo termina por encarnar y peor aún, lo acepta representar. 

La decisión de Irina Karamanos de asumir el rol de Primera Dama es tan contradictorio como criticar a los concursos de belleza por el histórico rol cosificador y machista que han cumplido en la inferiorización dirigida hacia el cuerpo de las mujeres y al mismo tiempo presentarse a concursar a uno de ellos para supuestamente cambiarlo desde dentro. 

Advertisement

Esta no es una lógica sustentable ni creíble, pues hay instituciones que han sido confeccionadas desde el trato subordinado y el menosprecio hacia las mujeres, como es el caso del rol de la Primera Dama, donde la única mujer que logró efectivas cuotas de poder desde esta posición subalterna fue Lucía Hiriart, esposa del exdictador Pinochet, poder que utilizó para desfalcar al Estado y enriquecerse de manera personal. Por tanto, el rol que asume Irina Karamanos trae consigo este relato histórico que exige no la reformulación de funciones, sino que sencillamente su erradicación desde todas las esferas epistémicas.

Un ejemplo que respalda lo anterior fue cuando el Presidente Gabriel Boric hizo una aclaración al medio de comunicación Mega, quienes refirieron a Irina Karamanos como la “polola del Presidente”. Boric les corrige a través de redes sociales, señalándoles que su pareja tiene nombre y que debemos acostumbrarnos a respetar la agencia que tiene cada mujer por sí misma.

Estuvo muy bien el Presidente en su breve discurso, pues denota una lectura crítica de cómo el lenguaje sexista de los medios de comunicación reproducen el machismo y la misoginia.

Siguiendo la línea de reflexión planteada por Boric ¿cuál es la agencia del rol de la Primera Dama? Es posible reconocer un valor por sí mismo a un cargo que nadie elige y que sólo existe en razón de la relación afectiva con el Presidente? Y si dicho rol fuese transformado para darle mayor peso político, estaríamos frente a una función que adquiere más poder, donde habría una mayor transferencia de recursos por parte del Estado?

Seguramente Irina Karamanos tiene una planificación bien estructurada para esto, sin embargo, mi posición es que el peso histórico, cultural y colonial que posee la condición y el rol de Primera Dama no es transformable, sino que la verdadera subversión consistiría en erradicar este cargo que la inferioriza no sólo a ella, sino que a la mayoría de quienes estamos abogando por deshacer las categorías culturales que nos menosprecian.

Advertisement
Continue Reading

Opinión

Si la Contraloría no reacciona, la corrupción será permanente

Al parecer la Contraloría desconoce el patrón de conducta que tienen ciertos empresarios para burlar la ley y en tal sentido recordamos lo sucedido con un permiso ilegal cursado en Las Condes para que se levantaran 25 edificios en la calle Vital Apoquindo.

Publicado

on

 

El martes 18/01/22 se realizaron unas jornadas organizadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para analizar “el fortalecimiento de la probidad y prevención del delito”, en las cuales intervinieron los titulares del propio CDE, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Consejo para la Transparencia. El miércoles 19/01/22 se publicó en un medio de circulación nacional lo siguiente: “Un 52% de las municipalidades del país está siendo investigado por diversos delitos de corrupción”, ver link   

En relación a los actos de los órganos municipales, la ley respectiva se encarga de precisar que las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría y que, en cuanto sea un control de legalidad, podrá ejercerlo por medio de dictámenes jurídicos, sobre todas las materias sujetas a su control. En particular, en materia urbanística, se ha establecido que la Contraloría cumple un rol fundamental en la aplicación e interpretación del derecho urbanístico nacional, es decir, la Contraloría garantiza que el desarrollo en las áreas urbanas y rurales sea acorde a la ley. 

La experiencia nos indica que la Contraloría, dentro del ámbito de los permisos municipales de edificación que le son denunciados, tiende a abstenerse de emitir dictámenes represivos cuando han transcurrido más de dos años desde la emisión de los mismos, pues no se pueden invalidar atendiendo a lo prescrito en el artículo 53° de la ley N° 19.880 del Procedimiento Administrativo o bien cuando han transcurrido más de cuatro años, tratándose de la responsabilidad del funcionario municipal que ha otorgado un permiso contrario a derecho.

Advertisement

Al parecer la Contraloría desconoce el patrón de conducta que tienen ciertos empresarios para burlar la ley y en tal sentido recordamos lo sucedido con un permiso ilegal cursado en Las Condes para que se levantaran 25 edificios en la calle Vital Apoquindo, pues sus dictámenes fueron desobedecidos por esa municipalidad y hasta ahora, parodiando a Pezoa Véliz, nadie dice nada, incluyendo al locuaz y mediático diputado electo Gonzalo de la Carrera y al ex alcalde Joaquín Lavín, quienes conocen muy bien todas las ilegalidades del proyecto. 

Aunque en ciertas ocasiones la Contraloría resuelve que la autoridad municipal inicie sumarios en contra de los funcionarios que cometen “errores”, esos procedimientos sancionatorios son saludos a la bandera pues se traducen en largos procesos que terminan en alguna pequeña multa o mácula en la hoja de vida del funcionario infractor. Esta es la razón, por aplicación natural de la impunidad, de que existan en nuestro país miles de hechos ilegales consumados que han brindado ganancias indebidas e ilícitas a sus astutos titulares. 

Un reciente episodio de brutal desacato a los dictámenes de la Contraloría lo observamos con el permiso ilegal, en el terreno en donde se emplaza el hotel Sheraton, por dos torres habitacionales de 32 pisos c/u cursado por el director de obras municipales de Providencia. La alcaldesa Evelyn Matthei ignoró completamente el contenido de ese dictamen y por ello fue necesario interponer un recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago, por el cual ella fue notificada vía un receptor judicial, el reciente 12 de enero de 2022, ver link

Por otra parte, los dictámenes de la Contraloría si bien son vinculantes, al no ser conocidos por todos los funcionarios y/o por la ciudadanía, se transforman en letra muerta. En la página web de la Contraloría se pueden realizar rápidas búsquedas de dictámenes e invitamos a los interesados a hacerlo para que entre todos aportemos un grano de arena en esta cruzada en favor de la probidad.

El contralor Jorge Bermúdez ha sido contumaz, y por ello lo felicitamos, en criticar en sus apariciones en los medios, con sólidos fundamentos la corrupción existente en nuestro país, pero lo que le ha faltado a él hasta ahora es la entrega a la ciudadanía de señales más claras en orden a ejercer con mayor compromiso sus atribuciones para combatir esa lacra.

Para revertir esta sensación de falta de eficacia de la Contraloría proponemos que, mediante una reingeniería en su interior, adopte decisiones que vayan al fondo de las denuncias que recibe, pues para ello dispone de excelentes abogados y arquitectos, trasladando los casos de presuntos o abiertos delitos de prevaricación al Ministerio Público para que sus fiscales los investiguen, dado que éstos tienen todas las herramientas para ello. Recordemos que la Contraloría, por ser un órgano administrativo, carece de las potentes atribuciones indagatorias que sí tienen los fiscales. 

Advertisement

En todo caso, tal como me lo indicó un conocido abogado de la plaza, llama la atención que conforme al artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal, los funcionarios de la Contraloría, en sus calidades de funcionarios públicos, están obligados a efectuar la correspondiente denuncia penal si han tomado conocimiento de un hecho que podría ser constitutivo de delito. El ente fiscalizador nunca ha interpuesto denuncia alguna por el delito de prevaricación administrativa por parte de funcionarios de las direcciones de obras municipales.    

Por tal razón, tuvieron que ser seis ciudadanos de a pie, ya que ningún servicio público relacionado con el asunto lo hizo, se vieron compelidos a querellarse en el Ministerio Público en contra de las decenas de guetos verticales ilegales “aprobados” por la administración anterior de la municipalidad de Estación Central, resueltos como tales por la propia Contraloría y la Corte Suprema. Esa situación se replicó en cierto grado en otras comunas y uno de los casos más patéticos es el edificio de 26 pisos en un sector que admite una altura máxima de 12 pisos en la comuna de Independencia. En efecto, en esta situación el director de obras municipales otorgó el 16 de diciembre de 2016 un permiso contrario a derecho, el cual, en la práctica, fue validado por la Contraloría por la prescripción contenida en la ley N° 18.883, que beneficia al funcionario municipal que violó la ley, lo que se refleja en su informe N° E160321/2021 del 29 de noviembre de 2021. 

En resumen, si la Contraloría por sus propias aparentes limitaciones no puede velar por la observancia irrestricta de las leyes, acorde a lo previamente dicho, debería trasladar los casos de evidente corrupción al Ministerio Público, pues esta sede jurisdiccional está capacitada para exigir el cumplimento del marco regulatorio aplicable. Solamente así los inversionistas inmobiliarios sabrán que es riesgoso para ellos mismos intentar sacar ventajas impropias en el mercado y entenderán que la sana competencia, respetando las leyes, es indispensable para que funcione ese sector de la economía.

En sentido contrario, si el ente fiscalizador, del cual este columnista es “cliente frecuente”, mantiene su parsimonia por los motivos que sean, continuarán las prácticas deshonestas por parte de aquellos privados que se sienten intocables en el lucrativo mercado inmobiliario.

Advertisement
Continue Reading

Opinión

Arturo Alessandri. Futuro constitucional y luchas hegemónicas

El nuevo progresismo de Apruebo/Dignidad (2022-2026) es una “fusión” que defiende el vigor mesocrático-institucional y limita los vicios del realismo neoliberal mediante la “morada hegemónica” que debe convivir con la intensidad de las imágenes historiográficas.

Publicado

on

Mi camino en cambio, no es recto, ni curvo, llevo conmigo el infortunio, vamos hacia nunca, hacia ninguna parte. Como un tren sobre el abismo.  Ana Ajmatova                                                                           

Existe un “verbo lumínico” en el texto con que Arturo Alessandri saludaba la nueva época ante la Convención Liberal (1920). El final de su “improvisada” liturgia tiene un broche estruendoso, desbordante en rimas de reconocimiento. Vibrante en pasiones liberales para trascender el invencible “Chile de huachos”. Era la hora de abrir el futuro desde el tiempo Constitucional. Y así, cual mesías de sus aires, el Diputado de Tarapacá comprometía una glosa ante las masas esquilmadas por el hambre y la tuberculosis.

El texto reza así: “Yo quiero antes de terminar haceros una declaración: [yo] no soy una amenaza para nadie. Mi lema es otro: yo quiero ser amenaza para los espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y necesaria: esos son los propagandistas del desconcierto y del trastorno. Yo quiero ser amenaza para los que se alzan contra los principios de justicia y de derecho; quiero ser amenaza para todos aquellos que permanecen ciegos, sordos y mudos ante las evoluciones del momento histórico presente, sin apreciar las exigencias actuales para la grandeza de este país…”.

Tal declamación, librada a la soberanía popular (la canalla dorada), retrata fielmente la confianza en el tiempo histórico-juristocrático. En las exclamaciones de su oratoria, revela las ambiciones de abrazar los recambios generacionales (época) y exaltar un “pipiolaje de reformas” que sepultaría la noche salitrera. Chile también despertó en 1920 ante la bastardía patronal. Y la imagen reformista fue una lectura de plancha para todos los tiempos  modernizantes. De aquí en más nuestra hacienda no aceptará más que experimentos típicos de un “subdesarrollo exitoso”. Desde ahora, el titular será “Desarrollo del subdesarrollo”, según André Gunder-Frank.

Los temibles lastres de la cuestión social “forzaban” un viraje que debía asumir la alborada de modernidad y propiciar la restitución de un orden ético. Todo sucedió tras las luchas populares que denunciaban la obsolescencia moral que acompañó la celebración del centenario. Una lengua de la reforma intentaba profanar los vestigios del París Americano e instaurar el tren del porvenir mediante una nueva legislatura social: la convención de 1925 capturaba los pueblos excedentarios y las demandas de Luis Emilio Recabarren.

Advertisement

El ensayismo oligárquico pudo conciliar la institución presidencial y la tutela representacional; la política quedaba encerrada en los cerrojos del derecho. Lo anterior derivó en un Estado de compromiso -hacia 1938- que dejó tibiamente atrás las figuras de la “misericordia”, la “caridad” y el sistema de dadivas. Figuras intimas del repertorio parlamentario (1891-1920) y su desidia oligárquica con los rebaños populares.

En aquellos días, aparentemente más nítidos o menos intricados que los nuestros, quedaba de manifiesto la reivindicación de los derechos seculares bajo el “iluminismo dieciochesco”. Tras este ímpetu identificamos la teología republicana que se extiende desde 1938 hasta 1973. Un institucionalismo portaliano dibujó el paisaje hasta septiembre de 1973 y abundó en revueltas caudillistas, perpetrando la conflictividad entre tiempo homogéneo y temporalidad medial en la Convención Constitucional de nuestros días. Todo ello tras el asedio del Leviatán Portaliano cobijado en el actual “catolicismo de izquierdas”.

La “revolución preventiva” (1920) fue la realización de la facticidad portaliana (De Mario Góngora a Hugo Eduardo Herrera). En cambio, la fractura de 1973 aleccionó a las izquierdas sobre desbordes e insurrecciones (tiempos imaginales) que terminan en la resaca de El Leviatán. En suma, el programa consistía en separar Estado de Iglesia, inaugurando un campo de reformas que incluía el reconocimiento de los derechos de la mujer, el incremento de las remuneraciones, la construcción de habitaciones obreras, la ley de instrucción primaria obligatoria, el impuesto a la renta, el Código del Trabajo, la fundación del Banco Central [que aún nos asedia] y que inclusive nos permiten sugerir una “moderada similitud” con la actual coyuntura social. Bajo el clivaje orientalista, civilización y barbarie, el programa de reformas compromete un momento de inflexión que inaugura el proyecto civilizatorio y “formaliza” el ingreso al pequeño siglo XX.

Cien años más tarde, tras el actual ciclo de demandas populares y contratos modernizantes (demandas de género, plurinacionales, de convivencia, ecológicas, identitarias, estudiantiles, cibercultura, etc.) nos hace presumir que la política del siglo XXI experimenta otro fulgor de derechos -cuarta generación-. Ello ha estimulado una intensa liturgia en torno a ritos generacionales e izquierdas meméticas -plasmados en una nueva Constitución. Un proyecto tibiamente regulacionista que pretende destrabar la furia consumista mediante el favoritismo fiscal, pero siempre en favor de una “subsidiariedad ampliada” que entremezcla ordoliberalismo y socialdemocracia.

Telón de fondo del nuevo pacto juristocrático. Cual sea el caso, la teología liberal encuentra su fuente de inspiración en el reconocimiento de los nuevos territorios ciudadanos y populares. Es importante rescatar que este desafío supone ritos paritarios y los textos pastorales que nos impone el mainstream católico-reformista cuando la democracia es limitada al formato liberal. Entonces, el desafío consiste en superar la vigencia de progresismos conservadores -adversarios de la democracia- que restringen las energías vitales del “pueblo ausente” al futuro del mito institucionalista (1925).

Advertisement

El imaginario anti/oligárquico que se inicia en 1920 invoca una separación radical entre Estado e Iglesia y empieza a remover el armatoste jurídico que perpetuaba los “estrechos moldes” denunciados en el primer Gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925). Tal “promesa democrática”, tan propia de los tribunos laicos, aquella oratoria cargada de baños de masa, establece el trazado que la sociedad chilena asume posteriormente, al precio de disentir en los énfasis ideológicos y culturales. Qué duda cabe, los lastres de la cuestión social pavimentaron el camino a un álbum de reformas que también ilumina nuestro presente político si concebimos la actual coyuntura como una extensión de derechos y gravámenes institucionalistas.

No se trata de murmurar una secuencia arbitraria entre dos imágenes de mundo, inconmensurables en cuanto a representación, o bien, negar el ritmo frenético del presente movilizado que debe convivir con el aceleracionismo de la temporalidad técnica. En este sentido el nuevo progresismo de Apruebo/Dignidad (2022-2026) es una “fusión” que defiende el vigor mesocrático-institucional y limita los vicios del realismo neoliberal mediante la “morada hegemónica” que debe convivir con la intensidad de las imágenes historiográficas.

Con todo, la espectralidad Alessandista es una sombra que nos recuerda que todo orden-futuro se debe a la normalización política. Entonces lo que está en juego es que el presente-futuro solo es posible cuando el mundo destinal se proyecta mediante las leyes oligárquicas. La sombra fantasmal de la reforma de 1920 permanecerá imaginariamente activa como desborde y limite que censura las pretensiones nómades (revueltas en el lenguaje de Karmy-Bolton) por un dominio consolidado de representación política e institucional.

Con todo, en los últimos días Maquiavelo irrumpe mediáticamente como el primer post-marxista de las nuevas formas enunciativas-expresivas. Todo en medio de una performatividad que, al parecer, no podrá superar el golpismo republicano, ni menos la insustancialidad ontológica del presentismo neoliberal. Si bien la destrucción de La Moneda, a manos de la Dictadura, fue el último ritual de la vieja república, nos interesa subrayar un “parecido de familia” centrado en un conjunto de demandas insatisfechas, que nos obliga a interpretar el cambio histórico-generacional, en vías de des/pinochetización, la inclusión de nuevos territorios ciudadanos y el estupor ante la fisonomía de la reforma.

He aquí una tenue analogía entre el liberalismo clásico (1920) y el Chile de la post-revuelta en cuanto a la promesa del tiempo constitucional. El futuro trazado por la nueva Constitución (deseado y conflictivo), no solo debe considerarse a salvo de los tumultos desencadenados por los meses de la revuelta octubrista (2019), sino fundamentalmente por el martillo de la herencia feudal (La Hacienda) y sus compromisos con el mundo ensayístico-experimental de Diego Portales. Una identificación que hoy se viste ordo-liberalismo y no termina de llegar.

Advertisement

Por de pronto podemos citar un nombre que junta las intersecciones entre tiempo moderno y temporalidad tecnológica: Martín Rivas.

Calle Trizano.

Advertisement
Continue Reading

Lo más visto

¡Apoya al periodismo independiente! Sé parte de la comunidad de La voz de los que sobran.
Únete aquí

¡Apoya al periodismo independiente!

Súmate, sé parte de la comunidad de La voz de los que sobran. Así podremos seguir con los reportajes, crónicas y programas, que buscan mostrar la otra cara de la realidad, esa que no encontrarás en los medio de comunicación hegemónicos.