La cuestión de la representación en la Convención Constitucional

Foto: Agencia Uno

El cabildo se multiplicó como mecanismo de organización paralelo a las vetustas instituciones del Estado y, en este sentido, podría perfectamente constituir la unidad política mínima de las que provengan los “convencionales” de la futura Convención Constitucional.


Hay un viejo debate en la sangrienta historia de la filosofía que, quizás, valga la pena reavivar a propósito de la Convención Constitucional que se viene y de alguna de las formas por las que podríamos profanar su mecanismo y transformarla en una verdadera Asamblea Constituyente. Porque la cuestión que está en juego –la “representación”- no es un asunto exclusivo de juristas, sino un problema que atravesó a la filosofía moderna, en particular, a su deriva contractualista: por un lado, Thomas Hobbes sostenía que la representación con la que se instituía el “pacto” que consumaba el intercambio de protección por obediencia, implicaba tanto delegar el poder como alienar la voluntad en las manos del Leviatán.

Así, los ciudadanos solo deben someterse a la autoridad del Estado sin poder aspirar a la “libertad civil” puesto que la “libertad” solo es posible en el “estado de naturaleza” al que los hombres han renunciados en virtud de su propia protección. Para Hobbes, el Estado solo puede proveer de “seguridad” nunca de “libertad”. Pero, un siglo más tarde, en “El contrato social” Jean Jaques Rousseau elabora una fina crítica al interior de la misma tradición contractualista que inaugurara Hobbes donde pone en cuestión el principio hobbesiano de representación.

Según Rousseau la voluntad soberana resulta inalienable y, por tanto, el régimen de representación no puede basarse en la delegación del poder y de la voluntad, sino solo en la del poder. Con ello, Rousseau, a diferencia de Hobbes, permite instituir la “libertad civil” porque solo el Contrato tiene dicha capacidad. ¿Por qué? Porque dicha “libertad” se basa en que el principio de representación obedece a la “delegación del poder” y no a la alienación de la voluntad. Esta última se mantiene “inalienable” y, por tanto, no resulta apresable ni por parte del Estado ni del gobierno. Para decirlo sencillamente: si el principio de representación se sostiene exclusivamente a partir de la “delegación del poder” y no de la “alienación de la voluntad”, es porque para Rousseau de lo que se trata es de pensar al sistema político a partir de la figura jurídica de la delegación (y no la “enajenación”).

En otros términos, quien es “delegado” funciona como vocero de la voluntad general y no como su representante. Este último goza de una libertad que el primero no tiene pues, la “delegación del poder” implica que a quien se les traspasa el poder no tiene libertad para hablar o actuar en “nombre de” más allá de la función precisa que se delega.

A diferencia de Hobbes que ofrece al principio de representación característico del parlamentarismo moderno donde, justamente, se delega poder y aliena voluntad puesto que el parlamentario goza de la libertad que le permite hablar y actuar en nombre de sus “representados”, en Rousseau solo se delega el poder y, por tanto, la voluntad general queda completamente a salvo de la captura del Estado.

En la Convención Constitucional que nos espera en Abril se ha vuelto patente este antiguo problema del principio de representación: los “convencionales” serán elegidos a partir de un paradigma representacional de tipo parlamentario, heredero del pensamiento de Hobbes, pero justamente para cumplir una función a la que debería responder el paradigma representacional de tipo roussauniano, en que los “convencionales” son simples delegados orientados a cumplir una función: redactar un aspecto preciso de la nueva Constitución.

Cada “convencional” cumple una función a la que se le ha delegado un poder acotado. Que los “convencionales” sean elegibles a partir del paradigma parlamentario que en Chile funciona por el sistema de listas y favorece –como ha sido visto- a los partidos políticos (al Leviathán) significa dejar atrás la potencia plebeya que se levantó hace un año revocando la Constitución criminal de Pinochet.

En este sentido, una apuesta políticamente decisiva a la que se podría perfectamente apuntar es a una sustitución del paradigma parlamentario heredero del principio de representación hobbesiano por otro paradigma más cercano a la propuesta que alguna vez hiciera Rousseau: pasar de un paradigma parlamentario hacia un paradigma cabildear. La unidad mínima imaginada por la revuelta ha sido el cabildo, no el ciudadano individual. Hasta hoy son miles de las organizaciones territoriales, asambleas populares y cabildos que siguen en pie y multiplican su trabajo.

El cabildo se multiplicó como mecanismo de organización paralelo a las vetustas instituciones del Estado y, en este sentido, podría perfectamente constituir la unidad política mínima de las que provengan los “convencionales” de la futura Convención Constitucional.

En este sentido, cada “convencional” sería en los hechos un “asambleísta” porque no se regiría por un principio “parlamentario” de representación, sino por uno de tipo “cabildear” en el que tendrá por función solo “delegar el poder” y nunca alienar la voluntad. En este sentido, el pueblo pervive fiscalizando el actuar de los delegados que, antes que cualquier cosa, llevan consigo el mandato de transportar el poder desde los cabildos hacia la Convención.

Con ello, se trastornaría la noción de “Convención” tal como ha sido pensada desde el acuerdo del 15 de noviembre para plantearse como una verdadera Asamblea Constituyente: justamente el nombre prohibido, la designación que la revuelta propuso en sus epifanías de manera prístina. Varios columnistas del poder parece que nunca vieron lo que estaba escrito en las calles negando hasta el día de hoy el que la asonada popular haya exigido Asamblea Constituyente. No vieron, que no quieren ver que la sigla AC que impregnó las paredes del país.

Si la presión popular se profundiza, quizás, pueda transformar de facto a la Convención (regulada de antemano por los 2/3) por Asamblea (auto-regulada por y desde el poder constituyente) y a los “convencionales” en “constituyentes”. Para eso, será necesario trastornan el régimen parlamentario de representación para sustituirlo por un régimen cabildero de representación. Es el cabildo y no el ciudadano, el delegado (en el sentido roussauniano) y no el representante, la pieza fundamental para redactar la nueva Constitución. No es necesario ir más allá de la tradición contractualista y liberal; bastaría usarla estratégicamente y aceptar la verdad que porta consigo el lenguaje cotidiano cada vez que nos referimos a la Convención Constitucional y la designamos –sin querer- como Convención “constituyente”. El poder nos ha privado del término “Asamblea Constituyente” pero, quizás, en virtud de la intensidad del deseo aquí en juego, sea ésta última la que termine por imponerse. Y para hacerlo no hay que inventar nada desde la nada, sino re-inventar a la misma tradición contractualista en lo que ésta tiene de más decisivo. 

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