La crisis sanitaria como síntoma: Ideas para pensar en una agenda para una nueva salud pública y política de cuidados

Necesitamos transitar de una gobernanza coyuntural a una participación vinculante en dos líneas estratégicas: en la nueva reforma a la Salud Pública y en aseguramiento de la salud como un derecho humano y social en la Nueva Constitución.


En el último mes ha quedado en evidencia el desgaste de la política del gobierno, y en particular en materia de salud, uno de los bastiones de la gobernabilidad de una crisis que, si bien es sanitaria, es también expresión de la crisis política- social que vive el país y una manifestación de otras tantas del modelo de sociedad mundial.

Y es que la pandemia no es local, sino también global y nos ha dejado algunas lecciones para la producción y reproducción de la vida, como bien lo señala Boaventura de Sousa en su libro acerca del COVID 19. Lecciones que son comunes a la mayoría de los países.

Que la letalidad de la pandemia sí discrimina a la población, afectando en mayor medida a los trabajadores precarios, migrantes, a los pobres, a las mujeres, a los ancianos, entre otros. Es decir, a los más golpeados por las sociedades inequitativas neoliberales.

Que lo anterior es expresión de la incapacidad del capitalismo neoliberal de resolver las necesidades de toda una población en materia de seguridad social, educación y salud, evidenciado la inexistencia de sistemas universales de bienestar social.

El aumento de la brecha entre la economía de la salud y la salud pública evidenciando la subfinanciación de la salud pública aún más de lo que ya estaba.

Que las derechas han sido ineficaces en el abordaje humano e integral de la pandemia ocupando el control de la seguridad pública y de los cuerpos como estrategia biopolítica de represión soterrada y dique de contención de la crisis política y social.

Y otra lección importantísima es el momento epocal en el que estamos, del regreso del Estado y de las comunidades por sobre el mercado privatizado que pone en riesgo la producción y reproducción de la vida de las comunidades y los territorios que estas habitan.

En Chile en particular estas lecciones se expresan de manera similar y desafían en pleno contexto electoral y constituyente hacia una redefinición no sólo de la estrategia sanitaria para enfrentar enfermedades, como se propone desde miradas epidemiológicas clásicas, sino de abordar la pandemia desde una estrategia de vida y no de sobrevivencia precarizada como hasta ahora se ha venido desarrollando.

Se ha puesto en evidencia el desgaste y el fracaso de la estrategia sanitaria y sobre todo de la ausencia de una política de protección social propiamente tal, que ha llevado a miles de chilenos usar sus propios ahorros ante la negativa de un gobierno incapaz de cuidar y garantizar los derechos de sus ciudadanos.

El desgaste también se expresa en el subfinanciamiento de los hospitales y los CESFAM, en la sobre focalización y hegemonía de enfoques biomédicos y empresariales, en definitiva, en la ausencia de políticas integrales. La salud es más que ausencia de enfermedad y es más que el abordaje al COVID, la situación de pacientes crónicos, con cáncer y en materia de salud mental también requiere de atención y constituyen una segunda pandemia silenciosa de la cual también debemos hacernos cargo.

En este sentido, el agotamiento de la estrategia para abordar el COVID tensiona a todo el sistema de asistencia sanitaria y a las débiles instituciones ligadas a la protección social. Si no reformamos el sistema público de salud, o los precarios pilares de asistencia social, no podremos abordar de manera adecuada la pandemia ni las consecuencias que derivarán de ella. 

Necesitamos transitar de una gobernanza coyuntural a una participación vinculante en dos líneas estratégicas: en la nueva reforma a la Salud Pública y en aseguramiento de la salud como un derecho humano y social en la Nueva Constitución.

En lo inmediato urge una política de cuidados que pone el foco en la garantía de derechos sociales, en tanto la salud es el repositorio de otros derechos vinculantes como los son: la alimentación, la vivienda, la educación y el trabajo no precarizado.

En estos dos caminos imbricados, el del futuro y el del presente, las comunidades y sus gobiernos locales deben fortalecerse y actuar en torno a los cambios institucionales que se requieran. No tiene sentido pensar en derechos sin el actor ni la agenda de transformación en esta materia. De ahí la importancia de los cabildos locales, distritales o regionales y de las diversas organizaciones sociales y sindicales en su construcción.

Esta agenda debiese considerar, al menos, un aumento del financiamiento de la salud publica y redefinición de estrategias, además de la del COVID. En el ámbito de la población crónica y de salud mental, el aseguramiento del acceso universal a la alimentación saludable, a la vivienda, un ingreso familiar universal básico, y un refuerzo financiero de los municipios para reorganizar la gestión municipal en base a un confinamiento comunitario barrial, como lo hemos venido proponiendo desde la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso.

Impulsar por tanto una agenda por una nueva salud pública y política de cuidados desde los gobiernos locales y la convención constituyente, debiese ser nuestra principal lección aprendida, como superación de la crisis sanitaria que expresa una pandemia mayor:  la desigualdad social e inequidad económica  que genera modelo neoliberal y por tanto, del necesario cambio en nuestra institucionalidad para asegurar el buen vivir y el bien común que son los propósitos de una salud digna para todas y todos.

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