La crisis del Estado de Derecho en Chile

Foto: Agencia Uno

Hoy en Chile nuestra forma de organización política y social se encuentra en crisis, porque las normas legales y la Constitución no están siendo capaces de satisfacer los requisitos o las expectativas de nuestra sociedad o como se dice coloquialmente, “no están dando el ancho”. Tanto la legislación como la organización política no están sirviendo para los objetivos de mantener una institucionalidad representativa y republicana. El derecho no está cumpliendo su finalidad de proteger a las personas, el Estado no está cumpliendo su labor de amparar y preservar los derechos de los ciudadanos y en definitiva no se está cumpliendo con la finalidad de la comunidad organizada, que es la búsqueda del bien común.

El sábado 20 de junio pasado, varios abogados enviaron una carta al diario La Tercera donde afirmaban que hoy en Chile existe una crisis del Estado de Derecho. Con ello se referían a la sentencia dictada por la Jueza del Segundo Juzgado de Familia que estableció que dos mujeres eran madres de un niño. A eso se suman las declaraciones de la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien dijo que prefería cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida, que pasar por sobre una demanda urgente de las madres y la presentación de proyectos de ley que han presentado algunos congresistas, que estos abogados declaran como abiertamente inconstitucionales. Todo lo que los hace afirmar, perentoriamente, que hoy en Chile existe una crisis del Estado de Derecho.

Debo decir que varios estamos de acuerdo con esa afirmación. El Estado de Derecho en Chile está en crisis. Nos diferenciamos con ese grupo de abogados, en que algunos encontramos importante buscar los motivos de dicha crisis -ellos no lo hacen- y creemos además que existe la forma de superarla.

El Estado de Derecho es básicamente aquella forma de organización política en la cual el ejercicio del poder se encuentra sometido a las regulaciones del Derecho; es decir, la forma cómo se ejerce el poder se rige por los mandatos que emanan del orden jurídico vigente.

Siguiendo lo anterior, podemos decir que hoy en Chile nuestra forma de organización política y social se encuentra en crisis, porque las normas legales y la Constitución no están siendo capaces de satisfacer los requisitos o las expectativas de nuestra sociedad o como se dice coloquialmente, “no están dando el ancho”. Tanto la legislación como la organización política no están sirviendo para los objetivos de mantener una institucionalidad representativa y republicana. El derecho no está cumpliendo su finalidad de proteger a las personas, el Estado no está cumpliendo su labor de amparar y preservar los derechos de los ciudadanos y en definitiva no se está cumpliendo con la finalidad de la comunidad organizada, que es la búsqueda del bien común. Esto lo expuso la ciudadanía en la calle desde el 18 de octubre de 2019 en adelante y lo validó el Congreso con el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y la posterior Ley 21.200 que convocó a un proceso constituyente.

Si la ciudadanía vota a favor de la posición “Apruebo” para una nueva constitución, tendremos una nueva carta fundamental elaborada por los propios ciudadanos a través de sus representantes, lo que es un hecho inédito en la historia de nuestro país.
Existen enclaves o amarres en la actual constitución que hacen que el Estado de Derecho esté en crisis. Uno de ellos es el hiper presidencialismo y la iniciativa exclusiva del presidente en temas que involucren dineros fiscales, que hace que el Congreso aparezca como un buzón de las iniciativas legales del Presidente y no una entidad legislativa. Por lo mismo, una vez dictada la nueva constitución, podremos cambiar el conjunto de leyes que responden a un modelo económico neoliberal que descuida y derechamente elude las necesidades de la población. Reemplazaremos aquella normativa que convirtió los derechos sociales en un negocio, como hoy pasa con la salud, la seguridad social y el agua, perpetuando así la desigualdad y favoreciendo a un pequeño grupo privilegiado en desmedro de la mayoría de la ciudadanía.

En los primeros años del siglo XIX hubo una crisis del Estado de Derecho que se solucionó a la postre con una Nueva Constitución, la de 1925, y con la dictación del Código del Trabajo y otras leyes sociales. Hoy estamos en una situación similar.

El proceso constituyente, la nueva constitución y la dictación de leyes que apunten a un estado protector que busca el bienestar de sus habitantes, en que el Estado asuma el rol de defensa de los derechos humanos, de solidez medioambiental y resguardo a los derechos sociales, harán volver la estabilidad del Estado de Derecho y el respeto a las autoridades.

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