La constitución de una nueva salud para Chile

La promesa neoliberal partió resquebrajándose con la educación, luego con la salud y se totalizó a partir del estallido con esa frase histórica de “no son 30 pesos, son 30 años”.  Chile despertó y puso en cuestión no sólo la institucionalidad social y económica, sino también la política.

A pocos meses de cumplirse un año del estallido social y en plena pandemia del COVID 19 ha quedado en evidencia la crisis de un modelo que desde hace más de treinta años prometió una sociedad moderna y competitiva a costa de la desigualdad, la inequidad y el daño al medio ambiente.

La promesa neoliberal partió resquebrajándose con la educación, luego con la salud y se totalizó a partir del estallido con esa frase histórica de “no son 30 pesos, son 30 años”.  Chile despertó y puso en cuestión no sólo la institucionalidad social y económica, sino también la política.

Los movimientos sociales se reconfiguraron, se diversificaron conviviendo con el malestar espontáneo, el descontento organizado y esfuerzos por nuevos proyectos de sociedad, la mayoría unidos por la asamblea constituyente y con fuerte cuestionamiento a la política tradicional y a los acuerdos cupulares.

Se evidenciaba así un quiebre que debía ser resuelto justo cuando la pandemia se desató en nuestro país.  Pero el COVID 19 no interrumpió esta crisis, ni menos el despertar de millones de chilenas y chilenos.  Se   puso en evidencia la determinación social y económica de la salud, la privatización y precariedad de la vida (sobre todo en alimentación y vivienda), la inequidad territorial (de regiones y comunas), la precariedad del sistema sanitario, así como la posición economicista y “hospitalocéntrica” de la salud por parte del gobierno.

Se develó una polaridad soterrada, entre una concepción neoliberal de la salud sostenida en gran medida en una visión basada en la enfermedad, individual y vista como un bien o servicio versus una diversidad de concepciones alternativas que ponen el acento en una concepción de bienestar, integral, humana y colectiva.

Se trata de una disputa no sólo de concepciones sino también de prácticas que marcarán el proceso constituyente. Dicho de otro modo, la manera en como se piensa y produce la salud y el tipo de Estado que la sostenga, en gran medida incidirá en el sostén de los llamados derechos y deberes constitucionales en esta materia.

Desde una perspectiva institucional esta polaridad se expresa entre una salud entendida como un derecho económico, social y humano de carácter universal, versus aquella que la reduce a la atención sanitaria como un bien o servicio de libre elección, de carácter individual y lucrativo.

Desde una perspectiva política sostener un proceso constituyente implica no solo la declaración de derechos, sino fundamentalmente el ejercicio de soberanía popular en esta materia. Ejercicio que combina un accionar destituyente frente a lo que precisamente impide el ejercicio de derechos sociales, políticos y económicos, que pone en el centro de la discusión el tipo de Estado y el modelo de desarrollo para el país de las mayorías que muchos deseamos construir.

Se trata de un desafío histórico en el que el ejercicio de soberanía en salud desde una perspectiva integral y no reducida al acceso a la asistencia sanitaria únicamente. Desde este punto de vista la salud viene a reflejar esa utopía de sociedad basada en el bien común y el buen vivir, que piensa a la institucionalidad al servicio de las comunidades y sus territorios, que construye condiciones para reducir o eliminar la inequidad y fomentar la democratización de la sociedad y de la economía a través del fortalecimiento de su carácter público.

En este contexto, muchas de las asambleas y cabildos territoriales pusieron en cuestión la incapacidad del Estado por proteger a sus ciudadanos, sobretodo en el ámbito de los cuidados sanitarios, apelando a nuevas formas de participación en salud , de carácter vinculante; el fin al lucro de las Isapres y la instalación de un seguro único universal de salud; la inclusión de la producción  económica de carácter público y solidario, el ejercicio de una soberanía y seguridad alimentaria democrática, el reconocimiento constitucional de las prácticas de salud de los pueblos originarios, la inclusión de una mirada feminista de la salud y  la democratización en el acceso a los medicamentos, entre otras tantas propuestas.

Todas ellas reflejando el saber popular, las necesidades insatisfechas y la expectativa por cambios en nuestra sociedad que si bien son importantes de plasmarlo en una constitución requieren de una nueva institucionalidad y una nueva economía para sostenerlos.

En este marco la institucionalidad local marcada por los gobiernos locales será central para repensar los municipios y el rol de la salud en ellos, del mismo modo que lo será el proceso Constituyente que se inicia con el plebiscito de este 25 de octubre.

De ahí la importancia de construir desde los diversos territorios, barriales, sindicales, gremiales y académicos una movimientalidad constituyente, en el mismo espíritu de las asambleas y cabildos, que asuma la tarea de proponer una nueva salud local y nacional a través de las y los candidatos a la constituyente, a gobernación y alcaldías.

Lo anterior implica impulsar una nueva reforma a la Salud Pública que aborde la institucionalidad asistencial y su financiamiento, así como el modo que se produce salud y no sólo en la administración de la morbilidad, de la cual además se lucra.

El camino recorrido desde el 18 octubre en adelante, dio el primer paso de organización, propuestas y demandas, ahora nos queda por delante la tarea histórica de democratizar la sociedad y la economía para que se plasme en esta Constitución, una nueva salud para un nuevo Chile.

 

Total
136
Shares
Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

Related Posts
Leer más

¿Orgullo en cuarentena? A propósito del reciente día internacional en contra del LGBTIQodio

Durante los últimos meses, el mundo ha sufrido en distintos niveles los efectos de la pandemia del COVID-19. Millones de muertos, sistemas de salud colapsados, despidos masivos, discriminación y violencia en el contexto de las medidas sanitarias dictadas por las autoridades respectivas. Bajo este contexto, en diversos países la violencia de género a raíz del confinamiento ha aumentado considerablemente, así como también las discriminaciones en el acceso a las prestaciones en los servicios de salud.