La Alcaldía Ciudadana y los asentamientos informales: desafíos para un nuevo Chile

Las causas del aumento de asentamientos informales (también llamados campamentos) son claras: el monopolio privado del sistema de producción de vivienda con financiamiento público por parte de las empresas inmobiliarias, con fines de lucro; y el monopolio del suelo urbano de parte de grandes propietarios y de la banca, con fines especulativos.

En Valparaíso, como en muchas ciudades del país en los últimos años, han aumentado de forma preocupante los asentamientos informales.

Es una realidad que se refleja en el catastro de campamentos del MINVU, actualizado el año 2019, donde se señala que a nivel nacional existió un incremento de 72% desde el año 2011, lo que equivale a cerca de 47.050 hogares.

Dicho estudio no se ha actualizado en relación a los efectos económicos y sociales de la pandemia y la crisis sanitaria, con sus secuelas de elevados costos de los arriendos, aumento de la cesantía, trabajos precarizados, sobre endeudamiento, etc.

Según consigna el catastro, en 2019 existían en la comuna de Valparaíso 65 asentamientos, lo que correspondía a 2.632 hogares. Para el año 2021, según estimaciones de la Municipalidad de Valparaíso, la cifra asciende ya a 126 asentamientos informales, con un número de hogares en esta condición, que puede estar cercano a los 5.000, lo que representa aproximadamente un 5% respecto al total comunal.

Es necesario analizar esta situación desde el punto de vista de las necesidades de miles de familias puestas frente al modelo de desarrollo neoliberal. Lo que vemos allí, será la imposibilidad de acceso a una vivienda digna y a un lugar integrado a la ciudad.

Las causas son claras: el monopolio privado del sistema de producción de vivienda con financiamiento público por parte de las empresas inmobiliarias, con fines de lucro; y el monopolio del suelo urbano de parte de grandes propietarios y de la banca, con fines especulativos.

Esta realidad funciona en base a tres dinámicas clave: 1. Mercantilización: la vivienda no es un derecho fundamental, sino un bien de consumo privado que se obtiene a través del mercado; 2. Subsidiariedad: el Estado juega un papel subsidiario traspasando recursos al mercado inmobiliario que maximiza su rentabilidad a partir de la construcción de soluciones de vivienda social de escaso valor urbano y material y 3. Financiarización: las empresas inmobiliarias tienen acceso al crédito de la banca, con aval de los recursos públicos, generándose el círculo de financiarización, privilegiando a los privados con fines de lucro.

Pero este fenómeno se puede analizar también desde el punto de vista de la decisión tomada por miles de familias de poner en movimiento la capacidad productiva comunitaria, frente al abandono y la necesidad.

Objetivamente, la existencia de asentamientos informales constituye una forma de producción social frente al déficit habitacional y a una Constitución Política de la República que no consagra el derecho a la vivienda.

Estos asentamientos los habitan familias, pobladoras y pobladores, sujetos y actores de su territorio, que han construido sus viviendas con sus propias capacidades y recursos. Por lo tanto, su informalidad normativa, su localización o relocalización en suelo urbanizable, el acceso a bienes y servicios, la propiedad del suelo, suponen desafíos públicos que requieren un nuevo modelo de desarrollo territorial.

En esta línea el área de vivienda y barrio de la Municipalidad de Valparaíso, dependiente de SECPLA, se encuentra avanzando en un proceso de regularización de 16 campamentos emplazados en terrenos de propiedad municipal, aplicando para ello la ley Nº 20.234, como una medida que apunta a dotarlos de suelo urbanizado y así proveer de servicios básicos y vitales como el agua potable, atendiendo de esa forma al anhelado derecho a la ciudad y la vivienda de familias que durante llevan 40 años de espera.

Durante el mes de octubre de 2020 el alcalde Jorge Sharp Fajardo solicitó al Presidente de la República, decretar a los asentamientos informales como zonas de catástrofe de forma permanente, con el objeto de inyectar recursos públicos extraordinarios, de forma que permita regularizarlos con mayor velocidad.

Estos procesos remiten a la necesidad de avanzar en una transformación más clara y de fondo, a partir de la propia capacidad mostrada ya por las comunidades locales. En esa línea, avanzamos un conjunto de propuestas, que requerirán protagonismo de autoridades regionales y locales:

1.- Que la nueva Constitución consagre el territorio, el suelo y la vivienda digna como derechos sociales garantizados para las familias y comunidades. 

2.- Promover la elaboración de una política comunal de vivienda y barrios por un conjunto de actores, como grupos organizados por el derecho a la vivienda y la defensa de los barrios, entidades productivas y cooperativas, entidades académicas e instituciones públicas.

3.- Exigir al MINVU promover, fortalecer y flexibilizar de forma prioritaria el procedimiento de autoconstrucción asistida del programa DS-49, así como también el emplear los instrumentos normativos existentes para responder con soluciones a los asentamientos informales.

4.- Constituir una política de gestión de suelo que permita contar con recursos y mecanismos expeditos para adquirir o expropiar terrenos con fines habitacionales, centrándose en “lotes baldíos” que hoy son utilizados como mera mercancía especulativa.

5.- Modificar y mejorar las atribuciones señaladas en Ley Orgánica de Municipalidades en relación a capacidades, recursos y enfoques en temas como promoción de vivienda pública, adquisición de predios, e iniciativas como una constructora municipal y un catastro comunal de especialistas, etc. 

6.- Ante la grave situación de escasez hídrica, se deben establecer formas de solución efectiva ante tan complejo y urgente panorama, entre ellas redefinir las funciones y la administración de las empresas que abastecen de servicios básicos a nuestras ciudades.

En resumen, fomentar iniciativas desde y hacia la producción social y democrática de los territorios y el hábitat, orientadas a la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la población para un “Buen Vivir”.

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