Justicia para Julia Mansilla: El femicidio de una joven en Coyhaique y el abandono a sus padres con discapacidad auditiva

El único sospechoso, un primo de 41 años, fue formalizado el lunes seis de octubre por femicidio con violación. La joven era hija de una pareja sorda y su principal vía de comunicación. Su historia enlutó a la ciudad de Coyhaique y muestra el abandono en que se encuentran las personas con discapacidad en Chile y la falta de preparación en las distintas instituciones del Estado.


Eran alrededor de las cuatro de la madrugada del primero de octubre en Coyhaique, región de Aysén, cuando en su casa del pasaje La Frontera, Jésica Vargas, mujer con discapacidad auditiva, encontró muerta a su hija Julia (21).

Ese jueves por la noche había ido de visita Cristian Díaz Vargas (41), su primo argentino. El papá ya no vivía con ellas hace veinte años, pero de todas formas eran muy unidos. Ambos padres tenían discapacidad auditiva, Julia era la única hija y también su conexión con el mundo.

Todos tomaron unos tragos y la madre de julia subió a acostarse. Cuando bajó de madrugada, el hombre ya no estaba. El cuerpo de Julia tenía heridas cortopunzantes y había sido agredida sexualmente.

Ella apenas pudo digerir lo que había pasado. Intentó comunicarse con el hospital de Coyhaique, entre balbuceos y desesperación, no lo logró. Luego llamó a Joselin Hernández, presidenta de la Agrupación de Sordos en la ciudad (quien también es sorda). Ella no vio la llamada y no le contestó. Desesperada salió a la calle a pedir ayuda y un vecino llamó a los Carabineros.

Pasaron dos horas para que llegara la policía. Después el padre de Julia se enteró de lo ocurrido.

René Mansilla también es sordo, y fue informado de la muerte de su hija recién a las 12 del día siguiente, porque con él, la situación es más complicada: no entiende muchas palabras, se comunica con personas sordas de forma efectiva, pero no así con intérpretes. Un voluntario fue el mediador en su lugar de trabajo.

René y Jesica intentaron averiguar qué era lo que había ocurrido con su hija. Ni el hospital, ni el Servicio Médico Legal (SML) ni el Tribunal de Justicia contaban con intérpretes de lengua de señas para recibir su testimonio, fundamental para la investigación.

Transcurrieron varias horas. Cristian Díaz, el asesino de Julia, tiró el celular de la joven a un río y se dirigió a la casa de René donde se estaba alojando. Rompió un vidrio, sacó un polerón y comenzó a deambular por el pueblo. Alrededor de las cinco de la tarde Carabineros lo detuvo en la calle, por circular sin salvoconducto en una ciudad con cuarentena. Ahí se percataron de que el hombre tenía orden de búsqueda.

El lunes cinco de octubre a las 11 de la mañana, la Fiscalía Local de Coyhaique formalizó a Díaz por cuatros delitos: violación con femicidio, hurto de un celular (el de Julia), violación de morada violenta y la infracción al artículo 318, en el marco de la cuarentena actual (por no tener salvoconducto para transitar por la vía pública). Se dio un plazo de seis meses para la investigación del caso.

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Julia era la única hija de la pareja y quién ayudaba a sus padres a comunicarse. Al igual que ellos, se encontraba en situación de vulnerabilidad. Era visitada con regularidad por psicólogos y trabajadores sociales que debían preocuparse de que el hogar estuviera en buenas condiciones.

Foto familiar de la infancia de Julia.

“Si una persona está inserta en el sistema social, ellos deben hacerse cargo. ¿Qué más violento que no tengan intérpretes de señas? Desde que ocurrió el femicidio de Julia, nos articulamos y comenzamos una campaña de visibilización de lo ocurrido, hemos denunciado el femicidio en las redes sociales y con afiches en lenguaje de señas. Sentimos que esto debe marcar un precedente para que realmente se practique la inclusión y este tipo de actos violentos no vuelvan a ocurrir”, dice Dana Aravena de la Red Feminista de Aysén.

Según datos entregados por Christian Muñoz, director de la Fundación de Sordos de Chile, en el país hay 500 mil personas con esta condición. De ellos sólo el 18% accede a la educación.

Para abordar este problema, el 10 de febrero de 2010 se publicó la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. En el texto el gobierno se compromete a velar por la integración e inclusión, además de preocuparse por la creación de canales de comunicación que les permitan una vida más digna.

“El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar a las mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad mental, sea por causa psíquica o intelectual, el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás, en especial lo referente a su dignidad, el derecho a constituir y ser parte de una familia, su sexualidad y salud reproductiva. De igual modo, el Estado adoptará las medidas necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas las mujeres y niños con discapacidad y las personas con discapacidad mental, en razón de su condición”, señala el articulo N°9  .

Joselin Hernández, Presidenta de la comunidad de sordos de Coyhaique, quien además es conocida de la mamá de Julia, vivió de cerca todo lo ocurrido. Expresa su rabia y preocupación; primero por la evidente vulneración a los Derechos Humanos que vivieron los padres de la joven al pasar horas sin contar con un interprete de señas; y segundo porque la familia de Julia estaba inserta en el sistema de salud y le resulta inconcebible pensar que nadie pudo prever lo que estaba ocurriendo con Cristian Díaz, quién ya tenía cargos en Comodoro (Argentina) por violencia intrafamiliar.

¿A quién le pides ayuda a las cuatro de la madrugada si estás sola y eres sorda en Coyhaique, dónde sabes que los carabineros no tienen intérpretes de lengua de señas? Y fuera de este hecho puntual ¿Qué haces si vives sola y entran a robarte? ¿Qué haces si estás en la calle y te abusan? (…) Las instituciones deben tener interpretes regionales y deben crear canales de comunicación efectivos. Ante cualquier emergencia estamos abandonados, no tenemos un canal para comunicarnos, no podemos llamar a nadie en caso de emergencia y no hay videollamadas para estos casos tampoco. No hay un solo interprete en comisarías de la región, y estamos hablando de la capital regional, ni pensar en los otros pueblos de la Región y seguramente de otras regiones de Chile también”, explica Joselin.

Julia Mansilla

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José Mansilla, profesor de lenguaje, escritor y tío de Julia pide que por favor se deje de revictimizarla en cada detalle morboso que se ha revelado sobre su asesinato.

“Lo que aquí importa es que la comunidad sorda tenga mecanismos para comunicarse en situaciones complejas, en enfermedad, en urgencias, porque estaban mal. Deberían poder comunicarse con rapidez con los diferentes servicios del Estado y eso es un tema que debiera considerarse en un futuro y claro si es posible considerar traductores de señas en todos los servicios, eso aportaría. Tantos los no videntes como sordos requieren de una mayor comunicación con quienes somos oyentes. Son comunidades aisladas, se comunican entre ellos y debemos abrir el aislamiento de estas comunidades, con otras capacidades, a la sociedad para que fluyan”, dice.

“Sólo quiero que esta persona se vaya preso para que ninguna otra mujer esté en peligro, pero no es odio (…) Nos cuesta hablar de salud mental, todos le fallamos a Julia, no supimos prever”, concluye y su voz se quiebra.

Cabe señalar, que José hermano de René y tío de julia fue quien realizó los trámites en el Servicio Médico Legal.

La Red de Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres informó que el femicidio de Julia es el número 38 en el país, de 39 que han ocurrido este año.

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