Juez Garzón y denuncia de Piñera en la CPI: “Hay una política generalizada y sistemática de violación de DDHH”

Presidente Sebastián Piñera ingresando a La Moneda
El presidente Sebastián Piñera ingresando a La Moneda.

El Juez Garzón y el presidente de la Comisión Chilena de DDHH, Carlos Margotta profundizaron sobre la denuncia ante la Corte Penal Internacional, que busca establecer responsabilidades de Sebastian Piñera y las autoridades de gobierno, militares, policiales y civiles. En la conferencia explicaron las implicancias de la presentación que se propende a acabar con la impunidad en los casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidos tras el 18 de octubre del 2019.


Ayer, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia y la Asociación Americana de Juristas (AAJ), en compañía del juez español Baltasar Garzón, conocido por su intensa batalla por lograr concretar un juicio contra en dictador Augusto Pinochet, presentaron un líbelo ante la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, con la esperanza de establecer responsabilidades entre las diversas autoridades por múltiples violaciones a los Derechos Humanos en el marco del Estallido Social y la emergencia sanitaria, considerando, entre sus alegatos, la inacción y omisión del sistema judicial chileno en varios crímenes de lesa humanidad.

En tal sentido, es que, en una conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, inició su alocución destacando que “no podemos permitir que el crimen y la impunidad se normalicen en nuestro país, no solo porque contraviene las normas del derecho internacional sobre Derechos Humanos, que el Estado chileno se comprometió a cumplir, sino que además porque desconocen el anhelo mayoritario de la sociedad chilena de construir una sociedad democrática”, apuntó respecto a los compromisos asumidos por el país en materia de DDHH.

“Queremos, a través de esta presentación, que el Presidente de la República y demás autoridades civiles y policiales respondan ante la Corte Penal internacional, porque se han cumplido los requisitos exigidos en el artículo séptimo del Estatuto de Roma, que describe los crímenes de lesa humanidad como los homicidios, torturas, mutilaciones y detenciones arbitrarias, y otros actos inhumanos de carácter similar, que causaron intencionalmente grandes sufrimientos (…) Todas ellas cometidas bajo el marco de un ataque sistemático o generalizado contra la población en Chile, con pleno conocimiento de las máximas autoridades“, precisó Margotta.

Margotta también expuso la responsabilidad de Fiscalía debido a negligencias en cuanto al trato que se le dio a los casos de violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la Revuelta Popular, señalando que de 11.488 investigaciones judiciales iniciadas desde el 18 de octubre del 2019, 6.321 causas han sido cerradas y concluidas sin determinación de responsables. Dicha cifra corresponde al 55,02% del total.

Sobre la misma, y exponiendo una arista que aumenta la gravedad de lo ocurrido con los procedimientos judiciales, el Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos develó que 541 causas cerradas sin responsables corresponden a violaciones a los Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

De igual forma, Margotta destacó la preponderante responsabilidad de Carabineros de Chile en muchos de los casos, desnudando otro grave antecedente, el cual responde a una relación asimétrica entre agentes del Estado detenidos por violaciones a los Derechos Humanos, en contraposición a los miles de manifestantes que desde el punto más álgido de las manifestaciones masivas en contra del Gobierno derechista de Sebastián Piñera, han sido procesados.

Por su parte, el italiano Fabio Marcelli, Presidente del Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, fue enfático en resaltar la falta de voluntad de parte del Estado en resolver los casos asociados a crímenes de lesa humanidad, puntualizando que “uno de los principios que rigen la Corte Penal internacional es que interviene solo si el Estado, directamente involucrado no quiere o no puede sancionar las graves violaciones a los DDHH (…) Este juicio es también un desafío a la magistratura chilena (…) si la justicia chilena no va a actuar, está la Corte Penal Internacional”, dijo punzante.

Mientras, respecto al caso chileno, el Dr. Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas, se mostró impactado con la magnitud del caso chileno, señalando que se trata de “una expresión de un nivel inconcebible en un Estado que se rige por una normativa (…) Esta denuncia también pone en juego la efectividad de los organismos internacionales, La Corte Penal Internacional, en esta circunstancia tiene que actuar de manera de favorecer la investigación y terminar con la impunidad”, apuntó.

Por último, el juez Garzón indicó, respecto a los aspectos técnicos que “consideramos que son crímenes de lesa humanidad porque en el escrito se denuncia una política generalizada del Gobierno chileno en cuyo frente está el presidente Sebastián Piñera, y fueron realizados de forma sistemática durante varios meses”, incluso en el punto más crítico de la emergencia sanitaria a raíz del Covid-19.

En respuesta a La Voz de los que Sobran, Margotta, casi al cierre de su intervención, explicó, sobre el proceso de investigación, que “estos procesos no son cortos, no son breves, hay experiencia internacional sobre el particular, pero lo fundamental, a nuestro entender, es haber iniciado ayer este camino, este camino que nos abre la posibilidad, una esperanza de que la impunidad finalmente termine en nuestro país, de que los responsables de los graves crímenes contra la humanidad puedan sentirse bajo el alero de una Corte Penal Internacional que sin lugar a dudas tiene el deber de investigar y sancionar estos graves crímenes. Esperamos que la tramitación sea pronta (…) Sabemos que la tramitación ante la CPI, que comienza con esta investigación que abre el fiscal de la corte puede tomar su tiempo, lo importante es este horizonte que se nos abre a partir del día de ayer de que la impunidad no prime en nuestro país, y en torno a las penas, estas serán determinadas en virtud de lo que se logre acreditar en relación a los crímenes de lesa humanidad que han sido denunciados en la misma presentación”, sindicó.

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