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Juez Garzón y denuncia de Piñera en la CPI: “Hay una política generalizada y sistemática de violación de DDHH”

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Presidente Sebastián Piñera ingresando a La Moneda

El Juez Garzón y el presidente de la Comisión Chilena de DDHH, Carlos Margotta profundizaron sobre la denuncia ante la Corte Penal Internacional, que busca establecer responsabilidades de Sebastian Piñera y las autoridades de gobierno, militares, policiales y civiles. En la conferencia explicaron las implicancias de la presentación que se propende a acabar con la impunidad en los casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidos tras el 18 de octubre del 2019.


Ayer, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia y la Asociación Americana de Juristas (AAJ), en compañía del juez español Baltasar Garzón, conocido por su intensa batalla por lograr concretar un juicio contra en dictador Augusto Pinochet, presentaron un líbelo ante la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, con la esperanza de establecer responsabilidades entre las diversas autoridades por múltiples violaciones a los Derechos Humanos en el marco del Estallido Social y la emergencia sanitaria, considerando, entre sus alegatos, la inacción y omisión del sistema judicial chileno en varios crímenes de lesa humanidad.

En tal sentido, es que, en una conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, inició su alocución destacando que “no podemos permitir que el crimen y la impunidad se normalicen en nuestro país, no solo porque contraviene las normas del derecho internacional sobre Derechos Humanos, que el Estado chileno se comprometió a cumplir, sino que además porque desconocen el anhelo mayoritario de la sociedad chilena de construir una sociedad democrática”, apuntó respecto a los compromisos asumidos por el país en materia de DDHH.

“Queremos, a través de esta presentación, que el Presidente de la República y demás autoridades civiles y policiales respondan ante la Corte Penal internacional, porque se han cumplido los requisitos exigidos en el artículo séptimo del Estatuto de Roma, que describe los crímenes de lesa humanidad como los homicidios, torturas, mutilaciones y detenciones arbitrarias, y otros actos inhumanos de carácter similar, que causaron intencionalmente grandes sufrimientos (…) Todas ellas cometidas bajo el marco de un ataque sistemático o generalizado contra la población en Chile, con pleno conocimiento de las máximas autoridades“, precisó Margotta.

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Margotta también expuso la responsabilidad de Fiscalía debido a negligencias en cuanto al trato que se le dio a los casos de violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la Revuelta Popular, señalando que de 11.488 investigaciones judiciales iniciadas desde el 18 de octubre del 2019, 6.321 causas han sido cerradas y concluidas sin determinación de responsables. Dicha cifra corresponde al 55,02% del total.

Sobre la misma, y exponiendo una arista que aumenta la gravedad de lo ocurrido con los procedimientos judiciales, el Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos develó que 541 causas cerradas sin responsables corresponden a violaciones a los Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

De igual forma, Margotta destacó la preponderante responsabilidad de Carabineros de Chile en muchos de los casos, desnudando otro grave antecedente, el cual responde a una relación asimétrica entre agentes del Estado detenidos por violaciones a los Derechos Humanos, en contraposición a los miles de manifestantes que desde el punto más álgido de las manifestaciones masivas en contra del Gobierno derechista de Sebastián Piñera, han sido procesados.

Por su parte, el italiano Fabio Marcelli, Presidente del Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, fue enfático en resaltar la falta de voluntad de parte del Estado en resolver los casos asociados a crímenes de lesa humanidad, puntualizando que “uno de los principios que rigen la Corte Penal internacional es que interviene solo si el Estado, directamente involucrado no quiere o no puede sancionar las graves violaciones a los DDHH (…) Este juicio es también un desafío a la magistratura chilena (…) si la justicia chilena no va a actuar, está la Corte Penal Internacional”, dijo punzante.

Mientras, respecto al caso chileno, el Dr. Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas, se mostró impactado con la magnitud del caso chileno, señalando que se trata de “una expresión de un nivel inconcebible en un Estado que se rige por una normativa (…) Esta denuncia también pone en juego la efectividad de los organismos internacionales, La Corte Penal Internacional, en esta circunstancia tiene que actuar de manera de favorecer la investigación y terminar con la impunidad”, apuntó.

Por último, el juez Garzón indicó, respecto a los aspectos técnicos que “consideramos que son crímenes de lesa humanidad porque en el escrito se denuncia una política generalizada del Gobierno chileno en cuyo frente está el presidente Sebastián Piñera, y fueron realizados de forma sistemática durante varios meses”, incluso en el punto más crítico de la emergencia sanitaria a raíz del Covid-19.

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En respuesta a La Voz de los que Sobran, Margotta, casi al cierre de su intervención, explicó, sobre el proceso de investigación, que “estos procesos no son cortos, no son breves, hay experiencia internacional sobre el particular, pero lo fundamental, a nuestro entender, es haber iniciado ayer este camino, este camino que nos abre la posibilidad, una esperanza de que la impunidad finalmente termine en nuestro país, de que los responsables de los graves crímenes contra la humanidad puedan sentirse bajo el alero de una Corte Penal Internacional que sin lugar a dudas tiene el deber de investigar y sancionar estos graves crímenes. Esperamos que la tramitación sea pronta (…) Sabemos que la tramitación ante la CPI, que comienza con esta investigación que abre el fiscal de la corte puede tomar su tiempo, lo importante es este horizonte que se nos abre a partir del día de ayer de que la impunidad no prime en nuestro país, y en torno a las penas, estas serán determinadas en virtud de lo que se logre acreditar en relación a los crímenes de lesa humanidad que han sido denunciados en la misma presentación”, sindicó.

Hoy

Chahuán es repudiado tras anunciar “gabinete paralelo” al de Boric: “Será como hartos Juan Guaidos”

El presidente de RN argumentó que el objetivo es “tener una fiscalización adecuada y la búsqueda de propuestas que logren encantar a los chilenos”.

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En el contexto de la presentación de su gabinete de gobierno que realizará esta semana el Presidente electo, Gabriel Boric, el senador de Renovación Nacional (RN) y presidente de esa colectividad, Francisco Chahuán, confirmó que presentará ministros alternos a los que anuncie el futuro mandatario.

“Vamos a tener un líder del sector y del partido que se da en contrapunto. Al ministro de Vivienda, uno alterno; al de Desarrollo Social, uno alterno”, había explicado en enero Chahuán sobre esta idea. Ahora, junto con confirmar aquella iniciativa, según informa Radio Bío Bío, el senador incluso no descartó poner en la nómina a actuales ministros o subsecretarios del Presidente Sebastián Piñera.

¿El objetivo?: “Tener una fiscalización adecuada, la posibilidad de generar acuerdos y la búsqueda de propuestas que logren encantar a los chilenos”, argumentó Francisco Chahuán.

Lejos de una buena recepción, la idea del presidente de RN ha generado una oleada de críticas, donde se le ha acusado de querer intervenir en una tarea que no le corresponde, y se le ha recordado además de forma irónica el caso de su sobrino y ex concejal de La Calera, Karim Chahuán, acusado de tráfico de drogas, saqueo y robo durante el estallido social, siendo condenado finalmente por este último delito.

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Acá algunos de los comentarios dejados al respecto en Twitter.

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El matinal

VIDEO | La Voz de los que Sobran – 18 de enero de 2022

Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran.

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Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran.

¡Ya está al aire el matinal favorito de los chilenos! De 10 a 12 del día, Alejandra Valle, Hassan Akram, Rodrigo Herrera y Daniel Stingo unen sus fuerzas y se suman a La Voz de los que Sobran. Analizamos esas noticias que mueven la mañana y junto a nuestros entrevistados le damos contexto a lo que pasa en todo Chile.

Conéctate con nosotres y participa con tu comentario en nuestras redes sociales usando #LaVozDeLosQueSobran en el Twitter @delosquesobran y en Instagram @delosquesobrancl.

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Indulto a presos de la revuelta: proyecto se vota este martes en la comisión de Constitución del Senado

Durante la sesión se revisarán dos indicaciones claves presentadas por los senadores Huenchumilla y Araya, en cuanto a establecer si, de aprobarse la iniciativa, esta aplicará como un indulto o una amnistía.

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Entre las 10:30 y las 12:00 horas de este martes está fijada la sesión de la comisión de Constitución del Senado en donde se votará en particular el proyecto de ley que -como su nombre lo indica- “concede indulto general por razones humanitarias” a presos políticos del estallido social.

Cabe recordar que la iniciativa de un grupo de parlamentarios de la oposición cerró su plazo para el ingreso de indicaciones, y durante esta jornada se discutirán dos de ellas presentadas por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind).

La indicación sustitutiva de Huenchumilla busca cambiar en el proyecto la noción de indulto por la de amnistía, estableciendo por ejemplo en su artículo tercero que “la naturaleza jurídica de la Amnistía que se concede por esta ley es propia e impropia, en el sentido que ella extingue el delito y si ha mediado condena, hace cesar su ejecución y las penas accesorias”.

Francisco Huenchumilla / Agencia Uno

De acuerdo a lo que señaló el senador DC, esta simplificación jurídica” de la iniciativa permitiría que esta no requiera quorum de Ley Orgánica Constitucional (LOC), lo que se traduce en 25 votos (4/7). “En consecuencia, con el articulado se requerirían solamente 22 senadores para su aprobación”, explicó Huenchumilla.

Una posición distinta a la que ha manifestado Pedro Araya, quien en entrevista con el medio Ex-Ante sostuvo que “cuando se decreta amnistía, puede haber una investigación en curso y la sola amnistía termina la investigación. En el caso del indulto, la persona tiene que haber terminado el proceso penal y estar condenada. Pero la diferencia más importante es que el indulto elimina la pena y la amnistía elimina todos los efectos del delito”.

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Pedro Araya / Agencia Uno

Explicado lo anterior, el parlamentario independiente (ex DC) expuso su postura al respecto. “Debiera ser un indulto de carácter general. Porque obviamente hubo muchas personas que fueron víctimas de delitos, que quieren saber quiénes fueron los responsables de esos delitos, y si uno decretara una amnistía no se podría investigar”, argumentó.

En ese sentido, la propuesta de Araya se acercaría más a lo que se conoce como “amnistía impropia”, es decir, aquella que se dicta con posterioridad al pronunciamiento de una condena y extingue la pena. Sin embargo, en ese caso se requeriría del quórum de 4/7 (25 votos), ya que -según señaló el senador consignado por Radio Cooperativa– debería ser un juez de garantía el que tendría que revisar el caso, lo que significa que el Congreso le otorgue una nueva facultad a los tribunales de justicia, correspondiendo entonces a una Ley Orgánica Constitucional.

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