Jaime Orpis se juega carta del TC para evitar ir a la cárcel por corrupción

La defensa del exsenador Jaime Orpis (UDI) busca declarar inconstitucionales las normas que permitieron su condena de cárcel efectiva tras ser condenado por delitos referentes a fraude al Fisco y cohecho, siendo el primer político chileno sentenciado a presidio por financiamiento ilegal.


El recién pasado miércoles (16 de junio), se conoció que el exsenador Jaime Orpis (UDI) acudió hasta el Tribunal Constitucional (TC) para intentar revertir la condena de cinco años de cárcel efectiva por fraude al Fisco, que dictó en su contra –con fallo dividido– el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago el pasado viernes 16 de abril, en el marco del Caso Corpesca.

A través de un escrito presentado por sus abogados –Arturo Fermandois y Sergio Rodríguez–, Orpis interpuso una acción que busca declarar inconstitucional algunas de las normas del Código Orgánico de Tribunales, específicamente aquellos artículos que permitieron su condena por mayoría simple y ser el primer político chileno sentenciado a presidio por financiamiento ilegal.

Según la defensa, Orpis ha sido víctima de discriminación arbitraria y se habría vulnerado en su caso la presunción constitucional de inocencia. En este contexto, objetan que “una decisión condenatoria a una pena efectiva y privativa de libertad sea tomada sólo por una ‘mayoría’ de los  integrantes del Tribunal Oral en lo Penal y no por su unanimidad, tal como lo requiere el estándar probatorio de la certeza más allá de una duda razonable, el cual es a su vez una  exigencia del principio constitucional de inocencia”.

En esa línea, el exparlamentario buscará, a través de este requerimiento ante el TC, que los tres jueces emitan su dictamen por unanimidad y no por mayoría simple, “tal como lo requiere el estándar probatorio de la certeza más allá de  una duda  razonable, el cual es a su  vez una  exigencia del principio constitucional de inocencia”, indica la defensa.

El Tribunal Constitucional acogió la solicitud a trámite y la derivó a la Fiscalía Centro Norte y al Consejo de Defensa del Estado, que tienen 10 días para contestar, antes de que se defina o no su admisibilidad.

Esta no es la primera vez que la defensa de Orpis intenta bloquear el dictamen establecido por la justicia tras haber sido condenado como autor de seis delitos de fraude al Fisco –con carácter de reiterado y consumado–, así como también por otros dos delitos de cohecho acreditados en el marco del Caso Corpesca. Ya habían recurrido a la Corte Suprema para evitar la cárcel y solicitar un nuevo juicio oral porque, según argumentaron, el fallo infringió los derechos y garantías del representado, diligencia que no tuvo éxito en el máximo tribunal, que decidió enviar los antecedentes a la Corte de Apelaciones por declararse incompetente en lo solicitado. 

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