Movilización ocurre en medio a tramitación en el Senado del mega ajuste económico impulsado por el gobierno de extrema derecha
Buenos Aires y decenas de capitales provinciales de Argentina han logrado realizar este jueves (9/5) el segundo paro general en protesta contra la llamada Ley Ómnibus, el paquete de medidas ultraliberales impulsado por el gobierno de extrema derecha el presidente Javier Milei.
La iniciativa fue convocada por la Confederación General de Trabajadores (CGT), mayor central sindical del país, por lo que ha podido movilizar a grupos de trabajadores de distintos sectores, incluyendo industria, comercio, banca, educación pública y privada, además de los servidores públicos a nivel municipal, provincial y nacional.
También se han sumado los movimientos sociales de trabajadores de la economía popular, diversos colectivos feministas, organizaciones de pueblos originarios y otras agrupaciones.
En nota difundida en sus redes sociales, la CGT afirma que el paro es un mensaje a “un gobierno nacional que promueve el retiro de los derechos laborales y sociales establecidos y un ajuste que lo pagan quienes menos tienen: empleados y jubilados”.
Entre las medidas de la Ley Ómnibus que desagradan a las organizaciones de trabajadores están el regreso del impuesto a los salarios, la intervención en los sindicatos libres, la paralización de obras públicas y el consecuente aumento del desempleo en ese sector, la privatización de empresas públicas, el vaciamiento del sistema público de salud, la desfinanciación de las universidades y colegios públicos, además de los programas científicos que dependían del apoyo del Estado.
El paro tuvo inicio en las primeras horas de este jueves, con la interrupción de todo el transporte terrestre, aéreo y marítimo, por acción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), una de las entidades que adherentes al paro y que representa a los trabajadores del sector transporte de pasajeros.
En los días previos a la movilización nacional, también hubo manifestaciones de trabajadores petroleros, de la prensa y de los tribunales de justicia.
La nota de la CGT concluye pidiendo “a las autoridades que tienen en sus manos las decisiones que están afectando la vida de la inmensa mayoría del pueblo, que reflexionen y comprendan los alcances del mandato que se les otorgó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que, con base en esto, y en cumplimiento de la Constitución Nacional, actuar en consecuencia, en defensa de los intereses y el bienestar de todos los argentinos y argentinas”.
El mensaje suena con un claro apelo a los senadores que deberán posicionarse este mismo jueves sobre Ley Ómnibus, aunque esos mismos parlamentares se ven presionados también por un fuertísimo lobby del oficialismo que ha puesto máxima prioridad en la aprobación del paquete ultraliberal.
El presidente Milei ha manifestado en diferentes ocasiones la importancia que la Casa Rosada ha puesto en la aprobar el proyecto, aunque los argumentos que ha manifestado públicamente no suelen informar, por ejemplo, que la Ley Ómnibus, prevé, entre otras cosas, la otorga de poderes especiales al Ejecutivo, que permitirían al mandatario, por ejemplo, eliminar de la moratoria de la seguridad social, los que perjudicaría a millones de jubilados.
Cabe recordar que en el pasado mes de abril, el oficialismo argentino tuvo su primera victoria, al lograr la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones.
