La provincia de Jujuy, en el Norte de Argentino, ha sido escenario de intensas protestas en los últimos días, desencadenadas por el proceso de privatización del litio en la región y por una reforma a la constitución de la provincia que prohíbe la realización de manifestaciones que no sean autorizadas por el gobernador local.
Este miércoles (21/06) ha sido el tercer día seguido de movilización de las organizaciones jujeñas en contra de la administración del gobernador Gerardo Morales – derechista y presidente del partido Unión Cívica Radical, que forma parte de la coalición Juntos por el Cambio, liderada por el mega empresario y expresidente Mauricio Macri.
Los movimientos sociales de Jujuy reclaman por diversos temas. Uno de ellos es el proceso de privatización de las reservas de litio de la región a empresas privadas extranjeras. A ello se suma el reclamo de los docentes de la provincia que realizaron un paro este miércoles por mejores sueldos y condiciones laborales.
Además, algunos colectivos locales han protestado contra una reforma en la constitución de la provincia promovida por Gerardo Morales, por la cual se estableció que queda prohibido realizar manifestaciones en la vía pública “sin previo aviso”, y se incrementó los poderes del gobierno provincial para “defender a la paz social”. Las organizaciones de derechos humanos dicen que los cambios afectan la libertad de expresión.
La jornada de este miércoles también ha sido considerada la más sangrienta de la semana, debido a las altas cifras de personas heridas y detenidas durante la mañana.
Según el diario trasandino Página/12, al menos 170 personas resultaron heridas tras la represión promovida por las fuerzas de seguridad jujeñas contra los manifestantes, incluyendo 13 casos de gravedad.
También han sido registradas 53 detenciones, aunque organizaciones de derechos humanos han reclamado que no se ha presentado ningún informe con la identidad y las razones por las cuales las personas fueron arrestadas. La sede de Jujuy de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos extendió su horario de atención para ponerse a servicio de las personas y organizaciones que quieran denunciar nuevos casos.
La extrema violencia de los agentes del gobierno de Jujuy ha sido registrada en fotos y videos que han viralizado en las redes sociales, lo que hizo estallar un movimiento nacional en apoyo a los manifestantes jujeños. Al final de la tarde de este miércoles han sido registradas marchas masivas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Neuquén y Tucumán. En Jujuy, siguen los actos de las organizaciones locales, aunque sobretodo de apoyo a los heridos e detenidos y en repudio al actual del gobierno local
También ha reaccionado la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández ha enviado a Jujuy una comisión conformada por el ministro de Justicia, Martín Soria, y por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. Según el mandatario, el primero tendrá la misión de analizar la constitucionalidad de las reformas impulsadas por Morales en la provincia, mientras que el segundo evaluará las posibles violaciones a los derechos humanos de los heridos y detenidos en las últimas jornadas de protestas.
Fernández también ha brindado una conferencia de prensa, en la que ha señalado que “los hechos de represión y violencia estatal ocurridos (en Jujuy) son inadmisibles en nuestra vida democrática”.
“He advertido de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales sobre su obligación de cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, agregó.
Al concluir la conferencia, el presidente argentino reveló que ha sido contactado por organismos como la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), la oficina regional para América del Sur de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre los sucesos en Jujuy, debido a que las escenas han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.
Vale recordar que además de la violaciones cometidas en la jornada de este miércoles, la provincia de Jujuy también mantiene desde 2015 – es decir, desde el primer año de la administración de Gerardo Morales como gobernador – a un caso de prisión política: la líder indígena Milagro Sala, condenada tras denuncia del gobierno provincial por supuesto intento de agresión al mandatario local, en caso que ha también ha sido considerado abusivo por organizaciones de derechos humanos.
