El lawfare, la utilización del sistema judicial para buscar proscribir o intimidar a adversarios políticos, no es un término tan novedoso, aunque ha pasado a ser más usado en Chile a partir del caso que llevó a la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pese a no haber evidencias en su contra que justifiquen tal medida.
La expresión surgió en los Estados Unidos, en el siglo pasado, pero su utilización en los ambientes académicos de América Latina se popularizó a partir del caso en que el líder histórico de la izquierda brasileña, Luiz Inácio Lula da Silva, fue impedido de competir en las elecciones de 2018, lo que fue decisivo para permitir la llegada de la extrema derecha al poder en aquel país, de la mano del exmilitar Jair Bolsonaro.
El juicio a Lula se basó en una denuncia del fiscal Deltan Dallagnol, uno de los creadores de la Operación Lava Jato, de que Lula da Silva sería el dueño de un departamento de tres pisos en la ciudad de Guarujá, en el litoral del estado de São Paulo.
Durante dos años de juicio, la fiscalía no pudo presentar ninguna prueba de que Lula tuvo la propiedad del inmueble o que llegó a residir en dicha vivienda. Tampoco obtuvo de los 73 testigos escuchados cualquier declaración que relacionara el líder político al departamento: todos los relatos coincidieron en que el político habría visitado el local dos veces, que nunca tuvo las llaves y que jamás había pasado una noche en el domicilio.
Aún así, en julio de 2017, el juez Sérgio Moro, del 13º Tribunal Federal de Curitiba, decretó la condena, que fue ratificada en febrero del año siguiente por el Tribunal Regional Federal del Sur de Brasil (segunda instancia).
Según la Justicia brasileña, quedaba pendiente una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema de Brasil. La decisión fue polémica, porque los magistrados afirmaron que no había tiempo para analizar el fondo del caso, pero ante presiones sobre todo de instituciones militares, aceptaron votar una supuesta necesidad de arrestar a Lula da Silva a partir de las decisiones de instancias inferiores – violando la norma que obligaba a cumplir la sentencia en casos como aquel solamente tras superadas todas las etapas del proceso legal.
De esa forma, en abril de 2018, STF de Brasil determino que Lula debería ser llevado a la cárcel, en una especie de prisión preventiva.
Cabe señalar que un día antes de esa decisión, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas brasileñas, general Eduardo Villas Bôas, publicó un mensaje en sus redes sociales que sonó como una amenaza a los magistrados que no votasen a favor del arresto del líder de la izquierda:
“en la actual situación que vive Brasil, queda preguntar a las instituciones quien está pensando en el bien del país. Aseguro a la gente que el Ejército Brasileiro cree compartir los anhelos de todos los ciudadanos de bien al repudiar la impunidad, por lo que se mantendrá atento a sus misiones institucionales”, dijo el líder militar.
La prisión de Lula da Silva ocurrió en un año electoral donde el líder de izquierda lideraba las encuestas, que todavía reflejaban los efectos de su periodo como presidente entre 2003 y 2010, que terminó con una altísima aprobación popular. Sin embargo, su ausencia en la disputa dejaba la pista libre para Jair Bolsonaro, el exmilitar que claramente contaba con el apoyo de las instituciones castrenses.
Curiosamente, días después de vencer las elecciones de octubre de 2018, Bolsonaro anunció que su ministro de Justicia sería Sérgio Moro, justamente el juez que condenó a Lula y permitió su victoria en los comicios.
Actualmente, Moro sigue en la política, como senador y una de las figuras del bloque de extrema derecha en la cámara alta de Brasil. El mismo camino siguió el fiscal de la causa, Deltan Dallagnol, que fue elegido diputado en 2022 por un partido de extrema derecha, aunque terminó perdiendo su mandato en julio de 2023 luego de que el Tribunal Superior Electoral de Brasil comprobó una serie de fraudes en su candidatura.
Por su parte, Lula da Silva terminó recuperando su libertad en noviembre de 2019, tras meses de manifestaciones de la campaña Lula Livre, que reunió centenas de miles de personas que defendían su inocencia.
La libertad del político se alcanzó cuando el STF finalmente analizó a fondo las denuncias en su contra y determinó que no había pruebas de delito cometido. De hecho, una de las evidencias para esa decisión fueron los contratos de compra y venta del inmueble durante los años de 2010 y 2018, en ninguno de ellos aparece el nombre de Lula o se hace alusión a cualquier tipo de pago al político o a personas ligadas a él.
En 2022, Lula da Silva y Bolsonaro finalmente se enfrentaron en una disputa electoral. El candidato de la izquierda tuvo 2 millones de votos más y alcanzó su tercer mandato como presidente, que ejerce hasta el día de hoy. Por su parte, el líder de la extrema derecha logró ser el primer presidente brasileño a no lograr su reelección – lo hicieron Fernando Henrique Cardoso en 1998, el mismo Lula en 2006 y Dilma Rousseff en 2014.
