Insólita observación de la Subsecretaria de Derechos Humanos por terapias de conversión a personas LGTBIQ+

En el marco del debate y discusión para la modificación de la Ley Antidiscriminación en la comisión de Derechos Humanos del Senado (Ley Zamudio), la subsecretaría de esta cartera, Lorena Recabarren, realizó una polémica observación a la indicación para tipificar y prohibir las terapias de conversión a personas LGTBIQ+, preguntando “qué pasa si una persona quiere acceder a dichas terapias, podría acusar discriminación”.

Este comentario fue realizado frente a la indicación que presentó la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, con el patrocinio de la Senadora Adriana Muñoz,  donde se plantea en el artículo segundo “También se considerará discriminación arbitraria todo acto, práctica y/o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico  o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión género de una persona o un grupo de personas”.

“Es insólita la declaración de la subsecretaría Recabarren, ya que a una persona LGTBIQ se le somete y obliga a estas terapias, no accede de manera voluntaria. Una funcionaria de gobierno que vela por los derechos humanos de todas las personas, debería informarse mucho más de estas prácticas que en otros países son consideradas un delito”, explica la abogada de la Agrupación, Constanza Valdés.

La indicación planteada por la subsecretaría quedó pendiente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado para ser revisada en la próxima sesión, solicitando a las autoras replantear su redacción o mantenerla. Desde la Agrupación indicaron que mantendrán la indicación sin modificar, ya que se busca prohibir o sancionar esta práctica en Chile.

Las terapias de conversión son intervenciones médicas que tienen como creencia modificar la orientación, identidad o expresión de género de una persona. En México se prohibió esta práctica pero en otros países latinoamericanos, como Ecuador, aún existen innumerables clínicas que se dedican a esta actividad, siendo condenados por organismos internacionales como la OPS (Organización Panamericana de la Salud) dado que no existe justificación médica y representan una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas.

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