Informe de DD.HH de la UDP concluye que la violencia policial es una práctica extendida en el tiempo

En el capítulo “Torturas, tratos crueles e inhumanos desde el estallido social”, elaborado por Eduardo Alcaino, advierten que la violencia policial “se trata de una práctica que sigue suscitándose a través de los años en nuestro país y, por lo mismo, requiere ser descrita, puesta en contexto y evidenciada”. Además el autor del informe ve un “panorama sombrío para Carabineros”.

En el estudio sobre “Torturas, tratos crueles e inhumanos desde el estallido social”, se realizó un análisis de todos los informes de instituciones relacionadas a la defensa de los derechos humanos, de diversas instituciones públicas nacionales y también de organismos internacionales del sistema de protección de derechos humanos, medios de prensa, requerimientos de acceso a información pública, y otras fuentes abiertas, con el objetivo de identificar y resumir los principales hechos de violencia ocurridos desde el 18 de octubre de 2019 en los términos del presente informe.

“Los avances que ha habido en el cumplimiento del Estado de Chile en sus obligaciones internacionales respecto a la violencia policial, el estallido social dejó en manifiesto que se trata de una práctica que sigue suscitándose a través de los años en nuestro país y, por lo mismo, requiere ser descrita, puesta en contexto y evidenciada”, señala el informe

Según el informe, el estallido social evidenció que el Estado de Chile posee graves dificultades “no sólo para garantizar el derecho de reunión, sino que al momento de ejercer la fuerza para controlar el orden público”.

“En primer lugar, existe evidencia contundente acerca del uso de armamento no letal -principalmente por Carabineros- sobre grupos de manifestantes, sin diferencias de aquellos que se encontraban ejecutando conductas violentes respecto de aquellos que estaba manifestándose pacíficamente, y sin tomar las medidas de resguardo para no generar riesgos indebidos de lesiones graves. Estas acciones provocaron, entre otras, secuelas en el rostro y traumas oculares severos, significado en algunos casos la pérdida total de visión o globos oculares dañados. En ese contexto, existe un incumplimiento evidente de los Principios Básicos de utilización de la fuerza sobre los ciudadanos y, a su vez, una vulneración grave del Estado de Chile a los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente, el derecho a la integridad física y psíquica”, aseguró el estudio.

“Esta vulneración no sólo se explica por las acciones ejecutadas por agentes del Estado sobre los ciudadanos, sino que también por la omisión de las autoridades policiales y de gobierno frente a las evidentes conductas que estaban siendo desplegadas en el control del orden público”.

Otra de las conclusiones del estudio es que existió una clara vulneración a la prohibición absoluta de los Estados a ejecutar torturas y otros tratos sobre los ciudadanos. Además, advierten que el Estado, a través del Ministerio Público, “ha dado cuenta que se encuentran investigando los hechos constitutivos de tortura y otros tratos”, sin embargo, existe demora “y dificultades para obtener la información respecto de las instituciones policiales, las cuales son fundamentales para esclarecer los hechos y perseguir penalmente las sanciones que corresponden”.

En conversaciones con El Mostrador, el autor del informe, Eduardo Alcaino manifestó su preocupación ante una eventual reforma a Carabineros.

“El panorama respecto a Carabineros es bastante sombrío y poco claro porque el problema central que existe en Carabineros es una institución que tiene una relación con el Poder Político evidente y por tanto los cambios que vayan a suceder van a depender netamente del respaldo que puedan tener o no tener del poder político, no solamente de la autoridad sino por supuesto de los parlamentarios quienes también tienen que ver con los cambios, entonces el panorama yo te diría que es un poco incierto porque va a depender del respaldo que van a tener de la autoridad”, comentó.

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