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Opinión

Ignorancia y mala fe: el debate sobre prisión política y amnistía en chile

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La amnistía o indulto a los presos de la revuelta, además de necesaria por razones de justicia, es perfectamente posible a condición de hacer la suficiente presión política. No hay consideraciones jurídicas de peso para oponerse a ella, sobre todo en un país como este, que ha hecho uso tan ampliamente de estos mecanismos cuando se trata de ayudar a los amigos de los gobernantes.


“La definición del delito no es un problema jurídico, sino político” (Tobías Barreto)

Cuando escucho que desde el Presidente al Ministro del Interior, el Fiscal Nacional al Defensor Penal Público, de Carlos Peña (UDP/El Mercurio) a José Miguel Vivanco (Human Rights Watch), además de personeros varios de Chile Vamos y de la Concertación/Nueva Mayoría, nos gritan a coro que “¡en Chile no existen presos políticos!”, queda más que claro que la verdad consiste exactamente en lo contrario.

Pues haciendo gala de “ignorancia y mala fe” -como señalara certeramente Hiram Villagra[1]– estos distinguidos jurisconsultos pretenden reducir la amplia diversidad de situaciones que se han considerado tradicionalmente como “delitos políticos” a la figura del “preso de conciencia” en estado puro, tal como en 1990 el primer Presidente del retorno a la democracia instalara la distinción entre presos políticos por “hechos de sangre” y el resto, para así limitar considerablemente el número de los que era posible indultar.

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El argumento es muy malo, pues hay definiciones internacionales que en estos días han sido largamente referidas, como la del Consejo de Europa de 2001, ratificada en el 2012 (ver el texto de Claudio Nash en CIPER, que es el más desarrollado de varios que han salido en estas semanas[2]). Estas definiciones, además de referir a los presos de conciencia o por opinión, incluyen otros supuestos que de manera evidente son aplicables al tipo de criminalización de la protesta que se intensificó masivamente a partir de octubre del 2019[3].

Se hace necesario recordarles a estos “negacionistas” que la revuelta del viernes 18 de octubre en gran medida se desató en su máxima intensidad como reacción a los anuncios de Piñera y Chadwick hacia las 19 horas, cuando ante todo Chile anunciaron la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, emblema de la criminalización política desde 1958, cuando Ibañez del Campo la dictó, en reemplazo de la infame Ley de Defensa de la Democracia[4].

¿Cuáles son los delitos políticos? Si le preguntaran eso a un/a alumno/a en una Escuela de Derecho razonablemente buena, el/la alumno/a debería responder que, por definición, estos delitos suelen estar consagrados en leyes penales especiales que tipifican delitos que atentan contra la seguridad interior o exterior del Estado. De hecho, algo que define a la Ley de Seguridad del Estado vigente en Chile es que quien puede invocarla en principio es el Ministerio del Interior o las Intendencias Regionales. Es decir, su aplicación obedece siempre a una decisión política.

Lo anterior es sin perjuicio de que también dentro del Código Penal existen un conjunto de figuras de Derecho Penal político, como el alzamiento, los atentados a la autoridad y los desórdenes públicos, a los que se agregaron a inicios de este año nuevos tipos penales mediante la Ley antibarricadas y antisaqueos, cuya fundamentación fue abierta y explícitamente política, tal como la de las modificaciones efectuadas en el año 2014 a la Ley de Control de Armas y Explosivos.

De este modo, con independencia de las distintas figuras penales invocadas en cada querella y/o formalización (cuestión que en definitiva depende del poder de decisión de la autoridad que elige accionar judicialmente), el contexto en que se originan estas formas de criminalización y las justificaciones discursivas por parte del Gobierno, que aplicó el estado de excepción y habló derechamente de que estábamos “en guerra”, permiten entender como algo bastante obvio que a partir de octubre del 2019 el Estado, a la vez que ha cometido violaciones de derechos humanos masivas y sistemáticas, ha ejercido contra los manifestantes una represión abiertamente política.

Pero además de ignorancia jurídica estos muestran una profunda amnesia histórica al plantear con tono dramático que cualquier posibilidad de amnistiar o indultar a los presos por delitos asociado al estallido sería horadar el Estado de Derecho y violar profundamente las formas de la democracia, etc. ad nauseam.

La amnistía y los indultos se han empleado sostenidamente a lo largo de la historia de la república de Chile, como lo demuestran Elizabeth Lira y Brian Loveman en su compilación titulada “Leyes de reconciliación en Chile: amnistías, indultos y reparaciones 1819-1999”[5]. La mayoría de las veces buscando asegurar la impunidad de determinados crímenes de Estado, y en contadas ocasiones por razones más bien humanitarias o con vistas a lograr pacificar un grave conflicto político o social intentando abrir paso a la reconciliación nacional.

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Según los mismos investigadores, entre los años 1925 y 1958 el Estado de Chile dictó al menos 13 leyes de amnistía en relación a diversos delitos políticos y comunes producidos en contextos de agitación y rebelión política y social[6]. Recordemos que de 1927 a 1932 Chile vivió su “segunda anarquía”, con hechos que incluyeron golpes militares, ruidos de sables, sublevación de la Escuadra, Pascua Trágica, huelgas y combates callejeros, y que los años 50 fueran muy agitados, con gran cantidad de conspiraciones cívico-militares, revueltas callejeras, y aplicación de la Ley de Defensa de la Democracia. Otro investigador señala que a partir de 1958 y hasta 1971 hubo nada menos que 26 leyes de amnistía[7].

Si en teoría la amnistía “borra el delito” y se aplica a delitos políticos, mientras el indulto sólo “borra la pena” y se aplica a delitos comunes, en la práctica lo que ha predominado es el pragmatismo, y así es como en Chile se han dictado indistintamente amnistías e indultos por delitos de distinto tipo, incluyendo delitos comunes cometidos en contextos de agitación sociopolítica, y se han aplicado tanto a personas que ya habían sido condenadas como a personas que sólo habían alcanzado a ser procesadas[8].

Muchas de esas amnistías eran autoamnistías, pues se aplicaban a los agentes del Estado por delitos cometidos con ocasión de la represión. El máximo ejemplo es el Decreto Ley 2191 de 1978, aún no derogado.

Otro ejemplo de ello fue la amnistía dictada por Ibañez en 1958 (Ley 12.886), que benefició a las personas que habían sido procesadas y condenadas en virtud de la Ley de Defensa de la Democracia (Ley 8.987 de 1948), de González Videla, que en su campaña electoral Ibañez había prometido derogar, pero que aplicó sin problemas una vez llegado a La Moneda. Además se extendió a los presos del estallido social de abril de 1957[9], tal vez lo más parecido en intensidad y violencia a nuestro octubre de 2019, y como moneda de cambio se incluyó también a miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, que además de ejercer una brutal represión armada que causó una veintena de muertos, se dedicaron a asaltar, destruir  y hasta robar en la Imprenta Horizonte (donde se imprimía El Siglo). Ibañez dijo que esta ampliación a los agentes de Estado era necesaria “para que produjera los efectos que son propios de la amnistía: el olvido reciproco de todos los agravios y la instauración de una nueva etapa de paz en todos los espíritus”[10].

Un indulto altamente polémico fue el que dictó González Videla en septiembre de 1952, por el cual dejó sin efecto las condenas impuestas a un conjunto de personas involucradas en el Complot de Colliguay: una burda maquinación ocurrida el año anterior, en que se hizo pasar por secuestrados a dos dirigentes sindicales (Domiciano Soto y Edgardo Maas) con la finalidad de generar un ambiente propicio a la caída del gobierno. Los “secuestrados” fueron encontrados jugando rayuela en la entrada de una recóndita mina abandonada en Colliguay, custodiados por Carlos Fellemberg.

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Si bien nunca fue posible aclarar quienes estaban detrás de esta grave conspiración, el abogado a cargo del caso por parte del Consejo de Defensa del Estado, Eduardo Novoa Monreal[11], determinó que se trataba de una oscura trama que involucraba a ibañistas, a fascistas chilenos como Guillermo Izquierda Araya (¡el abuelo de Sebastián Izquierdo!), “guía espiritual de una organización secreta llamada “Los Cóndores” que era de índole nazi”[12], y que estaba en estrecho contacto con el fascista italiano Carlos Scorza, por entonces escondido en Buenos Aires gracias a sus contactos con el peronismo. Izquierdo había sido condenado a 7 años de cárcel, que le fueron luego rebajadas a 3 años de relegación en Iquique. Gracias a este indulto pudo ser elegido Senador por Antofagasta y Tarapacá en 1953.

González Videla los indultó a todos estos personajes poco antes de terminar su mandato, justificando que “el Presidente de la República, próximo a hacer entrega del Mando Supremo de la Nación a su sucesor, elegido en un acto en el que la República ha emergido con sus Instituciones fortalecidas por la ejemplar cultura cívica del pueblo, creyó conveniente dispensar, de acuerdo con el Parlamento, el honroso perdón, en la seguridad que los actos, delitos u omisiones imputados no volverán a repetirse, ya que el pueblo supo señalar que el verdadero camino para reemplazar a las autoridades constitucionales por otras, se puede efectuar por la vía democrática, sin recurrir a la subversión, conspiración, sedición, alzamiento ni a la violencia en general”[13].

Este tipo de amnistías han dado tan mala fama a la institución que, según ha explicado el senador Latorre, el proyecto que se comienza a discutir ahora prefirió ser planteado como un indulto general, aunque en su fundamentación se habla de que produce los mismos efectos que una amnistía.

En todo caso, las autoamnistías para agentes del Estado ya no son posibles de justificar jurídicamente, pues de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos todas las violaciones de derechos humanos deben siempre ser investigadas y sancionadas adecuadamente (en lo cual Chile y el Ministerio Público están claramente al debe, como acaba de señalar un Informe del CEJA[14]), y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables.

En conclusión: la amnistía o indulto a los presos de la revuelta, además de necesaria por razones de justicia, es perfectamente posible a condición de hacer la suficiente presión política. No hay consideraciones jurídicas de peso para oponerse a ella, sobre todo en un país como este, que ha hecho uso tan ampliamente de estos mecanismos cuando se trata de ayudar a los amigos de los gobernantes.

Este es el momento de comprobar si la amplia mayoría que votó por el Apruebo es consciente del origen del proceso constituyente y si actúa en coherencia, apoyando activamente a quienes al ejercer el derecho de rebelión hicieron posible esta ruta de cambios. 


[1] https://www.codepu.cl/el-debate-acerca-de-los-presos-politicos-en-chile/

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[2] https://www.ciperchile.cl/2020/12/17/prision-politica-en-el-chile-democratico-un-nuevo-debate-incomodo/

[3] Desarrollé estos temas en esta columna en febrero de este año: https://radio.uchile.cl/2020/02/03/los-presos-de-la-revuelta-y-la-prision-politica/ No olvidemos que ese gobierno invocó la Ley de Seguridad de Estado contra D. Tótoro y Castillo Petruzzi por expresar opiniones en una asamblea y en el lanzamiento de un libro.

[4] Sobre la ley de seguridad del Estado ver mi columna https://radio.uchile.cl/2020/02/21/la-ley-de-seguridad-del-estado-como-instrumento-de-represion-politica/

[5] Centro de Investigaciones Diego Barros Arana (Dibam), 2001.

[6] Elizabeth Lira y Brian Loveman, Poder judicial y conflictos políticos (Chile: 1925-1958), LOM, 2014.

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[7] Rolando Acuña Ramos, La Constitución de 1925 ante la Comisión d Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, Editorial Jurídica de Chile, 1971.

[8] Guillermo Bruna Contreras, la Amnistía n la Constitución, Revista Chilena de Derecho. Vol. 18, N°1, pp. 101-113, 1991.

[9] https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Santiago_(1957)

[10] Citado en Bruna, op. cit., pág. 108.

[11] El destacado jurista incluyó en su libro de grandes procesos “El complot de Colliguay o los inconvenientes de jugar a la rayuela” (Grandes procesos. Mis alegatos, Santiago, Ediciones Bat, 1988, págs.. 18-58).

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[12] Lira y Loveman, 2014, pág. 564.

[13] Decreto Supremo 4969 del 17 del Decreto Supremo 4969 del 17 de setiembre de 1952 Concede indulto particular a personas que indica.

[14] https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/12/19/informe-de-la-oea-critica-debil-rol-del-ministerio-publico-en-recoleccion-de-evidencias-en-casos-asociados-al-estallido-social/

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Opinión

Un gobierno que no desilusiona, no es un buen gobierno

Los paradigmas que pretenden modificarse no pueden ser algo de una administración para luego desvanecerse; debe haber un trabajo lo suficientemente  detallado para que el futuro sea compartido, y para que ciertas premisas se perpetúen en el tiempo.

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La decisión de Gabriel Boric de que Irina Karamanos, su pareja, finalmente se haga cargo de todo lo que implica ser Primera Dama, ha causado, como siempre sucede, todo tipo de reacciones en las redes sociales, entre opositores y adherentes. Desde cierto feminismo la han mirado con desilusión por aceptarlo, debido a lo que implica y lo que representa dicho puesto, como también hay quienes han querido ver traición de parte del presidente electo, por haber dicho en campaña que quería terminar con el rol que su pareja desempeñará.

La razón de esto es porque algunos no entienden que gobernar es desilusionar, como dice ese popular dicho en los pasillos de la política. Una vez que se está en el poder, éste resulta más complejo de lo que se ve desde afuera o desde al frente. Y no debido a esas vulgares interpretaciones que suponen una transformación de quien lo ostenta, sino por todo lo que lleva consigo; por las señales; por los códigos; por los símbolos que entraña.

Eso es lo que tanto Irina como Gabriel están viendo frente suyo como una enorme maquinaria que respira sola, tiene sus propias lógicas y sus formas de dejarse conducir. Han entendido que el principal antídoto ante los reaccionarios que quieren que nada cambie, es la continuidad de ciertas cosas para, luego, poder reformarlas de manera importante. Porque la radicalidad no consiste en llegar y destruir todo, sino en conducir un proceso inteligentemente para, desde adentro, lograr dar nuevos significados políticos al arte de gobernar.

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Por ejemplo, por mucho que algunos creamos que es urgente una refundación política e ideológica de Carabineros, la experiencia demuestra que esta ansiada intervención civil debe hacerse con autoridad, y ella se construye diariamente, conviviendo con esa policía, construyendo puentes y luego, tomando la decisión radical.

Sin una autoridad que radique en la continuidad, el cambio sólo traerá crisis y no cambiará absolutamente nada. Pues lo que viene hacia el futuro, ya sea en las acciones diarias del gobierno como en las reformas estructurales que plantee la Convención Constitucional, debe consolidarse democráticamente. Los paradigmas que pretenden modificarse no pueden ser algo de una administración para luego desvanecerse; debe haber un trabajo lo suficientemente  detallado para que el futuro sea compartido, y para que ciertas premisas se perpetúen en el tiempo.

Para eso, también, habrá que reformular el lenguaje; y acá me refiero particularmente a Irina, quien aún habla como si estuviera leyendo constantemente un ensayo de Judith Butler. Y para corregir eso, debe dejar un poco la academia y hacer política como su compañero, quien, a lo largo de una carrera de diez años, ha sabido entender que hay formas y formas de dar un mensaje.

Como dijimos al comienzo, gobernar es desilusionar; y la desilusión más importante es la que experimentan quienes llegan al poder. Porque esta experiencia los hace tomar conciencia y sopesar la magnitud de la tarea, más aún cuando ésta no es sólo administrar la mencionada continuidad, sino resignificarla bajo otros parámetros.

El nombramiento de Mario Marcel como titular de Hacienda, también podría ser parte de lo mismo. Por más que aquellos que juegan a la revolución hayan querido un ministro con un perfil diferente al de quienes han encabezado la billetera nacional durante estos últimos 30 años, para llevar a cabo vuelcos políticos de tamaña relevancia para la cotidianidad de los chilenos, se necesita alguien que conozca a la perfección los pasillos del poder; alguien que pueda enfrentarse en un terreno similar a quienes ponen sus intereses por sobre los de la ciudadanía. Y Marcel es el hombre indicado.

Aunque se crea que la mochila ideológica que carga el presidente del Banco Central es la evidencia de una derrota política ante los acuerdos transicionales, lo concreto es que esa mochila es el conocimiento de las posibilidades y de los límites, pero además de las condiciones necesarias que logren que la realización del horizonte programático pueda ser sin que haya excusas de parte de parte de un relato oficial que se asusta frente a las pocas certezas.

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Marcel, si es que lleva a cabo responsablemente lo que el gobierno entrante se propone, será la demostración empírica de que lo que preocupa y ha preocupado por años en sectores de poder no es un asunto técnico, sino uno ideológico. Por lo que aventurarse a acusar traiciones o ventas al mejor postor, es no querer saborear quizá lo más dulce de la contienda política, que es encontrar los caminos más contradictorios entre sí, para caminar hacia lo que se pretende. Porque el objetivo nunca será disfrutable si es que el camino no es complejo. Y lo fácil es propio de quienes menosprecian lo público y la democracia. Por lo tanto, un gobierno que no desilusiona, no es un buen gobierno, sino un panfleto institucionalizado.

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Opinión

“Desigualdades que matan” y el impuesto a los “súper ricos”

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El reciente lunes 17 de enero se publicó el informe “Desigualdades que matan” de OXFAM, una fundación de organizaciones no gubernamentales de ayuda contra el hambre. En el reporte destacan cifras y datos impactantes respecto a la brecha de desigualdad durante estos casi dos años de pandemia de Covid-19, y se realiza una crítica a lo que califican como “violencia económica”, en la que -como advierten- se “beneficia a los más ricos y poderosos”.

El 11 de marzo de 2020, hace casi dos años, se declaraba como una pandemia a la emergencia global por contagios por Covid-19, con esto se daba inicio a un periodo de grandes cambios en el estilo de vida de la humanidad: desde la implementación del uso de mascarillas de manera cotidiana, del lavado de manos, uso permanente alcohol gel, hasta viajes y traslados limitados o la prohibición de estos. 

Junto con esto comenzó una serie de ajustes en el mercado laboral, desde el teletrabajo y la automatización, regulaciones y restricciones debido al aforo permitido, hasta la flexibilización laboral, reducción de salarios y despidos. 

Por otra parte, la pandemia dejaba en evidencia la crisis que se asomaba en la salud pública, con falta de implementos como camas críticas o de personal de salud, de limpieza, y la incapacidad para responder ante emergencias de tal magnitud. Algo que después de una relativa vuelta a la “normalidad”, se vió reflejado en despidos de amplios sectores que habían puesto su tiempo y expuesto sus vidas para colaborar ante tal crisis, aun con jornadas extenuantes y condiciones laborales muchas veces precarias. 

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Se estima que a la fecha la pandemia ha cobrado más de 5.5 millones de vidas.

VIOLENCIA ECONÓMICA

Según el mencionado informe de OXFAM, “esto nunca ha sido fruto del azar, sino el resultado de decisiones deliberadas: la ‘violencia económica’”. Con lo anterior la ONG se refiere a que “las decisiones políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población y, especialmente, a las personas en mayor situación de pobreza, las mujeres y las niñas, y las personas racializadas”.

Y es que las contradicciones sociales se han vuelto mucho más evidentes con la pandemia; de esa misma manera se deja en evidencia que el sistema político, económico y social está previsto para proteger a las grandes fortunas del mundo, y con el objetivo de aumentarlas.

De hecho, cabe recordar que las principales fortunas del país, bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera y en plena pandemia, aumentaron sus ganancias. Mientras el sistema de salud colapsaba, o mientras la mayoría de la población tuvo que recurrir a ayudas estatales como el IFE, el Seguro de Cesantía, o a nuestros fondos de pensiones (que mayormente se usaron para el pago de deudas, alimentación y recursos básicos). Mientras, además, vivíamos momentos de mucha inestabilidad laboral e incertidumbre producto de despidos y flexibilización laboral.

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Asimismo, el informe advierte que “los diez hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas (…), mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se habrían deteriorado a causa de la COVID-19”.

Según Forbes, al 30 de noviembre de 2021 la riqueza de los diez hombres más ricos del mundo se había incrementado en 821.000 millones de dólares desde marzo de 2020. Según la lista, los diez hombres más ricos son (de izquierda a derecha y desde arriba en la imagen): Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Ballmer, Larry Ellison, Bernard Arnault, Sergey Brin y Larry Page. 

Por otra parte, el informe afirma que “según se estima, más de 160 millones de personas han caído en la pobreza”. Otro dato expresa la aplastante desigualdad, donde desde el inicio de la pandemia “se suma un nuevo milmillonario cada 26 horas”. Esto, mientras que -según se agrega- “la riqueza de una pequeña élite de 2.755 milmillonarios ha crecido más durante la pandemia de COVID-19 que en los últimos 14 años, que ya había sido una época de bonanza económica para ellos”.

Instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y Crédit Suisse, así como el Foro Económico Mundial, “han estimado que la pandemia ha provocado un aumento de las desigualdades dentro de los países en todo el mundo”. Mientras, en  forma paralela, “como mínimo 73 países se enfrentan a posibles medidas de austeridad respaldadas por el FMI, lo que puede agravar las desigualdades entre países, así como todas las formas de desigualdad a nivel interno”. 

Dentro de las consecuencias que tienen las medidas de austeridad, los derechos de las mujeres y la brecha de género, son de las más golpeadas, atrasando los avances en torno a estos temas. De hecho, el mismo informe advierte que se “ha retrasado el camino para cerrar la brecha de género toda una generación, ya que ahora se tardarán 135 años frente a los 99 años antes de la pandemia”.

UNA VACUNACIÓN DESIGUAL

Otro aspecto importante que se desgrana del informe “Las desigualdades matan” es el valor de la vida y la salud en contexto de pandemia, puesto que el Covid-19 y su rápida expansión hizo patente la crisis de la salud pública y privada, no solo en términos de recursos técnicos/tecnológicos y humanos, sino también en términos de quienes tienen más derechos o acceso a salud. 

En este sentido el informe aclara, por ejemplo, que “la desigualdad de ingresos resulta más determinante que la edad a la hora de estimar si alguien perderá la vida a causa de la Covid-19”.

Por esta misma razón se explica, por ejemplo, que los países blancos/occidentales tienen mayor acceso a procesos de vacunación que África, India o países de Latinoamérica. 

“Estas milagrosas vacunas que tanta esperanza daban a la humanidad, han estado desde el primer día reservadas al servicio del beneficio privado y del monopolio. En lugar de vacunar a miles de millones de personas en países de renta media y baja, hemos creado milmillonarios a costa de estas vacunas, mientras las grandes farmacéuticas deciden quién vive y quién muere”, advierte el informe, que además considera que se ha creado un “apartheid de las vacunas”, lo que se ve expresado en que se ha cobrado “innecesariamente las vidas de millones de personas en países con acceso limitado a las vacunas”.

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Foto: Minsal

Todo esto impacta en las brechas existentes y el crecimiento de las desigualdades entre naciones, donde los países ricos aumentan sus vacunaciones y vuelven a una relativa “normalidad”, permitiendo a los ricos, de casi cualquier país, el poder de aguantar la crisis económica profundizada por el Covid-19.

LA MUERTE, UN ELEMENTO INTRÍNSECO DEL CAPITALISMO

“Que las personas en situación de pobreza, las mujeres y las niñas, y las personas racializadas se vean afectadas y mueran de manera desproporcionada en comparación con las personas ricas y privilegiadas, no es un error fortuito en el modelo actual de capitalismo, sino un elemento intrínseco de este sistema”, advierte Oxfam.

Y es que mirado desde afuera, por así decir en tercera persona, la relación del capitalismo con la humanidad ha sido en desmedro del avance social y está focalizado en la acumulación de riquezas, a costa de la vida humana. Evidencia de esto es en gran medida lo mostrado por el informe de OXFAM, que actualiza datos en relación a la desigualdad profundizada por la pandemia. Sin embargo, previo a la pandemia ya podemos ver que la desigualdad era parte del sistema. Un ejemplo de esto es que “desde 1995, el 1% más rico ha acaparado cerca de 20 veces más riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad”, como apunta la ONG. De esta misma manera, “conjuntamente, 252 hombres poseen más riqueza que los mil millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe”.

Esta misma lógica la podemos trasladar a distintos ámbitos de la vida, por ejemplo, en la emisión de gases contaminantes, en relación directa con el cambio climático. En el informe se presenta como ejemplo, señalándose que “se estima que el promedio de las emisiones individuales de 20 de los milmillionarios más ricos es 8.000 veces superior a la de cualquier persona de entre los mil millones más pobres”.

IMPUESTO A LOS SUPER RICOS

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Otra aspecto interesante del citado informe es que no solo nos entrega un panorama actual de la desigualdad, sino que además propone algunas medidas ante este escenario.

La primera es “reintegrar la riqueza extrema en la economía real para abordar las desigualdades”. Con esto se refiere a que los gobiernos se pongan en campaña para aplicar gravámenes o impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y sus ganancias durante la pandemia. “Por ejemplo, un impuesto excepcional del 99% sobre las ganancias acumuladas durante la pandemia por los diez hombres más ricos del mundo, permitiría recaudar 812.000 millones de dólares”, apunta OXFAM.

Otra de las medidas propuestas es la de “reorientar la riqueza para salvar vidas e invertir en nuestro futuro”, haciendo una exigencia a los gobiernos para que “el legado de la pandemia debe ser unos servicios públicos de salud universales y de calidad financiados con dinero público, para que nadie tenga que volver a pagar de su bolsillo por acceder a estos servicios”. Y lo mismo se sugiere en otros temas de relevancia pública, como medidas para acortar la brecha de género, abordar el cambio climático y la contaminación, entre otras.

Finalmente, el documento propone “cambiar las reglas y las dinámicas de poder en la economía y la sociedad”, lo que implicaría “la eliminación de leyes sexistas, incluidas aquellas que hacen que casi 3.000 millones de mujeres no puedan acceder por ley a las mismas opciones laborales que los hombres. Esto incluye también la derogación de las leyes que socavan los derechos de sindicalización y huelga de los trabajadores y trabajadoras”. 

Para tener en consideración, el informe propone un impuesto progresivo y extraordinario solo considerando las riquezas producidas en plena pandemia. “Un impuesto del 99% sobre los ingresos extraordinarios que los 10 hombres más ricos han obtenido durante la pandemia de COVID-19, podría movilizar dinero suficiente para fabricar suficientes vacunas para toda la población mundial y cubrir el déficit de financiación de las medidas climáticas, financiar unos servicios de salud y protección social universales, y apoyar los esfuerzos para abordar la violencia de género en más de 80 países. Y aun así, estos hombres seguirían teniendo 8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia”, concluye al respecto OXFAM. 

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Opinión

Santos Discépolo. Gritos de actualidad

Discépolo sentencia el fin del progreso y su olimpo. Si bien, bajo el peronismo se baila tango en los salones y en los Estadios, de aquí en adelante -más allá del fetiche cultural- el género será difícilmente tolerado como una expresión genuina de compadritos, de malevos….al estilo del guapo Cruz Medina –valiente y servicial-. Lamentable llego la hora de estetizar los desgarbos arrabaleros del 20’. Presenciamos el fin del periodo “aurático”, fundacional y orillero.

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a la ralea neoliberal

al horrible desasosiego.

Una prosa de Sergio Pujol, “Discépolo: una biografía argentina” (1997), abre una penetrante intuición cuando nos recuerda la “crisis de creatividad” en la obra del dramaturgo argentino bajo los “años dorados” del Peronismo (1946-1955). Si bien ya intuíamos tal hito desde los textos pioneros de Emilio de Ipola, nos referimos a la condición peronofila del hijo de Santos, la idea aún no nos terminaba de seducir. Según ambos autores, el “filosofo del tango”, habría padecido una “crisis experimental” que se puede atribuir al monumentalismo estético del primer peronismo –al cual suscribió sin miramiento de pasiones. No debemos olvidar que Discépolo comprometió una activa participación con Juan Domingo Perón bajo la sátira radial “mordisquito”.

Su entusiasta intervención radial contra el conservadurismo argentino fue desenfadada y le trajo un alto costo dentro de la comunidad tanguera. En plena “década infame” (1930-1943) la “oligarquía carnera” había convenido un envilecido acuerdo con Inglaterra, el famoso pacto Roca-Runciman que data del año 1933 fue el telón de fondo de letras tan existenciales como melodramáticas. Muchas de ellas cargadas de una prosa tremendista y otras desde un catolicismo desesperanzado ante las modernizaciones y los cismas teológicos. Tras esta debacle social (años 30’) la Argentina se asumía como un enclave de la “piratería inglesa” y ello pavimentó el camino a una crisis moral donde el poeta presagió –y supo nombrar- la condición fatídica de los tiempos.

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Por analogía con lo que es un yacimiento cuprífero, y socialmente por la ausencia de mujeres en los años 20 en la Argentina, Discépolo se refiere a este trágico episodio desde una metáfora masculinizante, propia del baile de compadritos, “se nos fue la mina”. A su manera, cual moralista decepcionado, el autor de Cambalache se inscribía como un pensador que presagiaba la decadencia moral de occidente, a la manera en que Oswald Spengler lo había retratado años antes. Como conclusión de lo anterior, la razón moderna se había suicidado.

Una vez que tuvo lugar el “aluvión” de la institución tanguera, que se prolonga desde 1940 hasta 1955, donde las orquestas típicas y las industrias sellaron un pacto nacional-popular con el gobierno de Perón, la “maquinaria” peronista materializa un programa de difusión radial del género. El tango como fenómeno de masas se hace parte de la industria cultural bajo un celebrado cancionero popular. Ello se traduce, entre otras cosas, en la rica filmografía argentina, donde prolifera una amalgama de actores y personajes del tango como Hugo del Carril, Ángel Vargas, Aníbal Troilo, Tita Merello, Raúl Berón y la propia compañera de Discépolo: Tania, motivo soterrado del tango Martirio. Sin lugar a dudas, esta suerte de pacto nacional-popular viene a representar un tiempo glorificante, pero sin advertir que se avecinaba un tránsito que dejaba atrás el origen desarraigado, homo-gay, y contestatario del género.

La consolidación de la industria cultural (¡Gardel for export¡) lesionaba irremediablemente la condición “marginal” del género a comienzos del siglo XX. Me refiero a un contexto que destaca por la inmigración de “tanos” refugiados en prostíbulos; tanos y compadritos que lloran por el drama de la inmigración. El tango como una lengua del desarraigo y una clave crítica de los contratos modernizantes. Bajo la “década infame” (y el naufragio de la Argentina en los años 30’ que Discépolo lo describía como la perdida de “la mina” en alusión al yacimiento) destaca la queja contra la patronal heredada del canto-protesta de Agustín Magaldi y sus reclamos. De ahí en más, la industria del tango está vinculada a la masificación de orquestas típicas.

En virtud de este proceso de “canonización”, Discépolo escribe en los “años dorados del peronismo” una de sus últimas obras póstumas, Cafetín de Buenos Aires (1948). Aquí el poeta del tango explota fundamentalmente el expediente de la nostalgia. Quizás Cafetín representa una inflexión respecto de los más notables registros existenciales de Santos Discépolo. No debemos olvidar que fue el mismo poeta que mediante frases memorables al estilo del tango ¿Qué vachache? (1925), sentenció la irreversible debacle moral de occidente. Crisis de fe, mito y teología.

En su célebre Cambalache (1934) recusaba los vicios inexcusables del programa moderno; “El mundo fue y será una porquería ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también…”. En el tango Tormenta sentencia, “yo siento que mi fe se tambalea que la gente mala vive ¡Dios¡ mejor que yo, si la vida es el infierno y el ‘honrao’ vive entre lágrimas ¿cuál es el bien? (1939)”. Aquí Discépolo plasma el más exuberante dramatismo religioso. Un grito desgarrador al igual que Job en el Antiguo Testamento. 

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El autor se siente estafado por ser “uomo bono” y por seguir las enseñanzas de la fe; mirando cómo a su alrededor los “malos” viven mejor que él. Este tango, como todos los de Discépolo, posee una infinita actualidad. Volvamos a otro verso del mismo: “…Si la vida es el infierno/ ¿Cuál es el bien…del que lucha en nombre tuyo, / Limpio, puro?… ¿para qué?. Si hoy la infamia da el sendero / Y el amor mata en tu nombre, ¡Dios!, lo que has besao… / El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal”. ¡Qué duda cabe¡  lo más prolijo de la poética Discepoleana está concentrada en aquella Argentina de la “década infame” (Gobiernos dictatoriales de Uriburu y Justo). De un lado, tenemos el tango burlón (Chorra, Victoria, Justo el 31), y de otro, el “sublime” drama existencial frente a la modernidad, “…de llorar la biblia frente a un calefón”.

Toda esta expresión está reflejada en letras de bronce como Desencuentro, Yira-Yira, Martirio, Confesión, Canción Desesperada y Desencanto. Todo indica que la producción tanguera más fecunda del autor se ubicaría en el periodo 1925-1939. En este periodo el autor de Cambalache se nos presenta como un moralista decepcionado que declara desahuciado el proyecto moderno -merced a los vicios de los años 30’- el progreso no es posible.  En la suite de tangófilos la década del 30’ marca el fin del periodo más prolijo de aquello que Osvaldo Pugliese definió como un folklor de la plata.

De ser “cierta” la tesis inicial, la crisis de creatividad debería explicarse por el proceso de institucionalización que experimenta el tango en el primer peronismo. Idea abierta por De Ipola y ratificada bajo otro expediente por Pujol. Por ello cabría ir más allá de una apropiación “kish” de un conocido refrán tanguero, cual es “el tango es un pensamiento triste que se baila”.

Cabe agregar que se trata de “una metafísica que se baila” en el lenguaje de Ernesto Sabato. Dicho sea de paso, se baila entre hombres: el “guapo Rivera” del célebre tiempos viejos, era un malevo y también un reconocido bisexual camuflado en el argot de la crónica tanguera. El Tango después del tiempo establece una virilización heterosexual. En cualquier aproximación antropológica habría que escudriñar en la condición sexual del tango. Sin perjuicio de lo último, deberíamos reinterpretar esta máxima y enfrentarnos a otra interrogante fundamental, ¿cómo es posible que un pensamiento triste se baile en medio de una institucionalización carnavalesca? ¡Bailar los dolores de la inmigración¡ ¡bailar en esta tierra negra¡ Esa es, quizás, la intuición discepoleana más primordial; la fatídica relación entre masificación estival (tecnificación) y una pesadumbre que atraviesa a los tiempos modernos. Ese es el recoveco más genuino que debemos subrayar, la desdicha existencial, la desesperanza que se cierne sobre el porvenir. La acritud que recae tras la modernización de las palabras y las cosas.

Discépolo sentencia el fin del progreso y su olimpo. Si bien, bajo el peronismo se baila tango en los salones y en los Estadios, de aquí en adelante -más allá del fetiche cultural- el género será difícilmente tolerado como una expresión genuina de compadritos, de malevos….al estilo del guapo Cruz Medina –valiente y servicial-. Lamentable llego la hora de estetizar los desgarbos arrabaleros del 20’. Presenciamos el fin del periodo “aurático”, fundacional y orillero. No cabe duda que la progresión dramática de Santos Discépolo está relacionada con la década infame (1930-1943). Hay múltiples indicios que nos indican que la escenificación de la orquesta típica es el comienzo del fin y el inicio de vanguardias y ciclos de experimentación de incierta contribución.

Por último, cuando evocamos el sentido universal de su célebre “Cambalache” (1934) y recordamos su densidad pesimista, existe aquí un diagnóstico desolador que anticipa los traumas del pequeño siglo XX. Para Discepolin no fue necesario esperar Auwchitz y su “racional irracionalidad”, la guerra civil española, el conflicto chino-japonés, la burocracia estalinista, “los bolches y los juicios de Moscú del año 1936”. El nefasto corolario de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, los campos de concentración desde Guantánamo a Villa Grimaldi.

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El desbande de la razón, el mismo que desde otra perspectiva había denunciado la escuela de Frankurt, se deja ver en una serie de creaciones donde el dramaturgo en la segunda década del siglo XX subraya la vigencia de la sociedad de las águilas (totalitarismo de izquierda y de derechas). El existencialismo de sus letras nos permite presagiar la debacle del proyecto moderno en los años jóvenes del siglo XX. Por estos días, donde la enfurecida acumulación de capital envilece al lenguaje, donde se resquebrajan los últimos sustantivos, no está demás recordar el Cambalache que gobierna nuestro infinito presentismo.

Trizano. Temuco.

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