Querella contra Piñera y autoridades de Salud: CChDH solicita que se tome declaraciones y se levante secreto bancario

A los representantes del Gobierno se les acusa de haber destinado recursos por sobre los $5 mil millones durante la pandemia sin respaldo o no siendo otorgados los servicios supuestamente contratados.

En el proceso penal seguido por diversos delitos de corrupción en contra del Presidente Sebastián Piñera, los ministros de Salud Jaime Mañalich y Enrique Paris, y del ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) solicitó al Ministerio Público que se tome declaración a cada uno de los mencionados querellados en esta causa. Lo anterior, con el objetivo de que se avance en la investigación en curso.

Cabe recordar que a las mencionadas autoridades se les acusa de los eventuales delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible y trafico de influencias, entre otros, durante su gestión contra la pandemia de Covid-19 que atraviesa nuestro país.

Junto con ello se pidió que se realicen diligencias ante la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional; el Servicio de Impuestos Internos (SII); el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Además de todo ello, la Comisión Chilena de Derechos Humanos demandó el levantamiento del secreto bancario de los acusados.

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la querella, los imputados habrían autorizado destinar recursos fiscales por sobre los $5 mil millones en la contratación de residencias sanitarias en distintas regiones de nuestro país, no existiendo respaldos por dichas operaciones, o no siendo otorgados los servicios contratados, favoreciendo así intereses particulares, entre otras irregularidades.

«La existencia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción y delitos tributarios, entre otros, atentan contra la confianza pública y horadan las bases de una sociedad democrática, atentando de forma permanente contra el compromiso del Estado de garantizar y respetar los Derechos Humanos», señala la CChDh.

En esa misma línea, la Comisión enfatiza que «el Estado chileno, a través de todos sus órganos y poderes, debe velar por el correcto, eficiente, eficaz y transparente uso y destinación de los recursos fiscales, resultando obligadas las autoridades públicas a responder por sus actos y omisiones en el ejercicio del cargo, en plena concordancia con el principio de probidad administrativa, responsabilidad civil y penal, y conforme a la legislación local y los tratados internacionales vigentes, suscritos y ratificados por Chile».