Tras la aprobación de escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional, en la Comisión Mixta del Senado (donde quedaron finalmente 18 de los 24 cupos del proyecto original), representantes indígenas criticaron el acuerdo alcanzado.
Como un “acuerdo precario” calificaron algunos actores cercanos a las comunidades indígenas a la aprobación en la Comisión Mixta del Senado sobre la participación de los pueblos originarios en la redacción de una nueva Constitución a través de escaños reservados.
La incorporación de representantes de los 10 pueblos originarios reconocidos en Chile, mediante escaños reservados dentro de la Convención Constitucional que redactará la carta magna ha sido uno de los temas más controvertidos, debatidos y que hoy recibe más insatisfacciones que apoyos de esas comunidades.
Tras una maratónica jornada, por seis votos contra cuatro (de los legisladores de derecha), salió adelante una propuesta intermedia que establece 18 escaños reservados para la Convención Constitucional. Inicialmente la oposición proponía 24 cupos para los pueblos originarios atendiendo a su representatividad demográfica, contra solo 15 los legisladores de derecha.
Al respecto, la académica de la Universidad de Chile Verónica Figueroa Huencho, expresó que fue un mal acuerdo, porque para poder participar, “vamos a tener que cumplir una serie de requisitos que van a ser muy complejos en pandemia, y eso va a limitar nuestra participación en un proceso que debería haber sido promovido en igualdad de condiciones que el resto”.
Figueroa Huencho defendió la propuesta de 24 escaños, mientras que lo acordado “no fue promovido por los pueblos indígenas, sino por un acuerdo político entre oposición y oficialismo, y no representa el peso demográfico de los pueblos originarios”, critica la académica.
Incluso, representantes indígenas cercanos a la derecha también expresaron inconformidad, como Rodrigo Huenchumán, coordinador de Pueblos Originarios de Evópoli, quien señaló que las señales hacia las comunidades indican “un profundo fracaso de la política institucional”. Y puntualizó que “no se entiende una Constitución sin los pueblos originarios, pues sería una ofensa tremenda a la dignidad y a la historia de los pueblos originarios, y un fracaso total de la política”.
Por su parte, la diputada socialista Emilia Nuyado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, aseguró que el Estado tuvo la oportunidad de resarcir una deuda histórica, con la participación de los pueblos indígenas en la redacción de la Carta Fundamental, pero primaron “actitudes discriminatorias, clasistas y racistas”.
Nuyado criticó duramente a todos los sectores políticos, al expresar que “esperaba una oposición más empoderada por los vínculos que ha tenido con los pueblos indígenas, a diferencia de un Gobierno que desde que se comenzó a discutir los escaños reservados para los pueblos indígenas, siempre tuvo la negativa de incorporarlos”.
