Una investigación que comenzó el 2018 el fiscal Carlos Palma, según el Ministerio Público y la PDI, se usó dinero fiscal para pagar deudas privadas al interior de la institución y los montos ascienden a los $3.000 millones.
Tras una denuncia de Contraloría que advertía el uso de platas fiscales para el pago a los acreedores del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), que opero desde 1950 al 2006, el Ministerio Público decidió investigar.
El FAM recibía aportes mayoritariamente de subtenientes de la IV división del ejército en Aysén, que buscaba dar indemnizaciones en caso de retiro o traslado de los suboficiales, pero el organismo quedó sin fondos y quebró.
De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público y la PDI publicada en El Mercurio, el ejército usó dineros fiscales para poder reintegrar los dineros de los suboficiales, entre ellos, pagos por servicios que nunca se realizaron, financiamiento de estudios y viajes.
“Estamos en el proceso de análisis de la evidencia pero ya podemos afirmar que existe un número cercano a las 800 personas que van a ser objeto de formalización, en distintos tiempos, y por distintos grados de responsabilidad en los meses que vienen”, afirmó Palma a El Mercurio.
