Este 18 de octubre se cumplen tres años desde que se iniciara en Chile el llamado estallido social, y -a diferencia de las otras dos conmemoraciones- la de este 2022 ha estado marcada por una evidente campaña de criminalización de lo ocurrido a partir de esa fecha, y de relativización y hasta negación de las razones que llevaron a un levantamiento popular de tal magnitud a lo largo de todo Chile.
La palabra “abuso” fue probablemente la que más se repitió en aquellos primeros días de octubre de 2019, corporeizada de manera rotunda en aquella declaración de Juan Andrés Fontaine, entonces ministro de Economía del Presidente Sebastián Piñera, quien unos diez días antes del 18 de octubre, y en medio de las inicipientes protestas estudiantiles por el alza de 30 pesos en el transporte público, señalaba festivamente que “se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”.
Días después vendría el llamado estallido social donde el malestar frente al abuso y la desigualdad se expresaría en cada concentración, levantándose como contraparte a aquello el anehlo de vivir con dignidad.
Acá realizamos un breve repaso por esas demandas de cambios estructurales que llevaron a un proceso histórico de movilización social, y que, como declarara esta jornada el propio Presidente Gabriel Boric en la antesala del tercer aniversario del 18-O, “siguen vigentes”.
Corrupción e impunidad
Una de las razones que más se repetía a la hora de analizar los detonantes del llamado estallido social era los constantes casos de corrupción empresarial, entre estos aquellos que tenía relación con colusiones entre distintas compañías que suministraban productos para cubrir las necesidades más básicas de la población, como la alimentación y la distribución de medicamentos.
Las grandes cadenas de farmacias, por ejemplo, se transformaron en el rostro de una de las colusiones de precios más repudiadas por la ciudadanía, al igual que aquella en donde grandes empresarios -como el Grupo Matte- acordaron fijar ilegalmente un determinado costo para un elemento fundamental como el papel higiénico.
Y la constatación de niveles importantes de impunidad ante estos casos de corrupción, se repitió igualmente en otros vinculados al empresariado, como lo fue el financiamiento delictual y transversal de campañas políticas.
La sanción de “clases de ética” para los controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por los delitos tributarios cometidos en el ejercicio del financiamiento delictual de la política, era precisamente uno de los hechos que más provocaba malestar en la sociedad chilena por entonces. Algo que se acrecentaba en la previa del estallido social, al constatarse cómo se iban cerrando sin responsables o con “condenas” como la mencionada, las causas judiciales que involucraban a miembros de la clase política.
El jueves 25 de octubre de 2019, a menos de una semana de que se produjera el estalllido social, el matinal Mucho Gusto de Mega decidió realizar un programa en donde reunió a representantes de la clase política y al ex fiscal del aludido Caso Penta, el abogado Carlos Gajardo.
En aquella ocasión, analizando precisamente las razones que habían llevado a una revuelta de la magnitud que estaba viviendo el país, este último protagonizó uno de los momentos televisivos más recordados de entonces, cuando interpeló directamente a los parlamentarios Francisco Chahuán (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD) por su participación en la operación política para terminar con las investigaciones por casos de corrupción.
“La gente no cree en los políticos. Y no cree porque hace poquito, en el 2015, tuvimos una crisis política muy severa en el país, donde se descubrió financiamiento transversal a todos los partidos, desde la UDI hasta el Partido Socialista, pasando por el PPD y la Democracia Cristiana (…) Cuando hay delitos, tiene que haber castigo; la impunidad es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Se necesitaba que fueran sancionados. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó que la clase política completa se puso de acuerdo (…) para elegir a un Fiscal Nacional que les diera garantías de que eso no se iba a investigar”, fue lo que señaló Gajardo, apuntando directamente a Lagos Weber y Chahuán como participantes en dicho acuerdo.
Pensiones
Junto al malestar por los casos de corrupción y la impunidad asociada a ellos, también emergió como uno de los detonantes de la revuelta las bajas jubilaciones que entregaba y continúa dando el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
De hecho, las masivas protestas estudiantiles que precedieron al 18 de octubre de 2019 solo habían tenido una expresión similar en aquellas multitudinarias concentraciones que hace aproximadamente cuatro años venían realizándose contra dicho sistema de pensiones, convocadas por la Coordinadora de Trabajadores No+AFP.
Unos seis meses antes del estallido social, en una columna de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, uno de sus investigadores, advertía que “la preocupación por las pensiones no es un tema de futuro, es un tema del presente”. Y para graficar la profundidad de dicha crisis, ejemplificaba lo siguiente: “Hoy se podrían llenar poco menos de 9 estadios de 40 mil espectadores con la cantidad de personas que recibe una pensión inferior a $151.000, incluso considerando a aquellas personas que reciben una pensión con subsidio estatal”.
De la mano de las bajas pensiones que entraga el sistema, está la constatación ciudadana de que dicho modelo es también una expresión de desigualdad, al privilegiar con dineros de todos los chilenos a las Fuerzas Armadas y de Orden con jubilaciones evidentemente mejores que las que reciben los civiles.
En ese sentido, la misma Fundación Sol detallaba meses después de iniciada la revuelta, que ese año 2019 el Estado de Chile había destinado US$2.399 millones para pagar 174.650 pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, mientras asignaba US$2.080 millones para financiar el Pilar Solidario que beneficiaba a 1.571.384 personas. “Seguridad social para unos pocos. Mini seguridad para la mayoría”, espetaba el organismo.
Gasto año 2019 del Estado de Chile:
— Fundación SOL (@lafundacionsol) July 13, 2020
1) US$2.399 millones para pagar 174.650 pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden
2) US$2.080 millones para financiar el Pilar Solidario que beneficia a 1.571.384 personas.
Seguridad social para unos pocos. Mini seguridad para la mayoría. pic.twitter.com/KftuPRRpcm
Salud
Meses después de la citada declaración del ex ministro Fontaine, a inicios de julio de 2019 vendría otra que echaría más leña al fuego, pronunciada por el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, en entrevista con la radio Santa María de Coyhaique.
“En aquellos lugares que hemos visto, donde ponemos a disposición todos los elementos tecnológicos, los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio -algunos de ellos, una fracción de ellos- porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”, sostuvo la autoridad, provocando un masivo repudio al caricaturizar las razones por las que la ciudadanía asiste a los mencionados centros de atención, y romantizar un sistema de salud público con el cual evidentemente la población está lejos de estar satisfecha.
Lo anterior, por la excesiva espera para una atención, la falta de especialistas y la no cobertura de algunas patologías por parte de FONASA, entre otros factores.
En ese contexto, la cientista política y presidenta de la Fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, explicaba a la BBC News que “en Chile solo el 20% de la gente puede pagar por una atención de mejor calidad, pero el 80% de la población tiene que atenderse a través del sistema público”.
En ese sentido, la analista advertía que “eso genera una diferencia enorme, porque aunque tengamos patologías garantizadas en FONASA, aún muchas no están cubiertas y, además, hay gran lentitud en la atención. La gente está muy desprotegida”.
Educación
Para nadie fue una sorpresa que fueran los estudiantes quienes comenzaran las protestas, a través de los llamados “saltos de torniquetes” en el Metro, que derivaron finalmente en la explosión popular que tuvo lugar el 18 de octubre de 2019. Tanto secundarios como universitarios venían al menos desde 2006 protagonizando una serie de grandes y extendidas movilizaciones bajo una consigna que aún permanece: educación de calidad.
Y es que en el proceso de politización de movimientos sociales como el estudiantil, se fue constatando y comprendiendo que la desigualdad en el acceso a una buena educación era definitivamente un impedimento para alcanzar la movilidad social y la posibilidad de una mejor vida a futuro, independiente del origen socio-económico al que perteneciera un estudiante.
Lo anterior se traduce igualmente en una exigencia de calidad no solo en términos de planes de estudios, sino que también en cuanto al mejoramiento de las infraestructuras de los establecimientos en los cuales los jóvenes reciben dicha formación, así como también la incorporación en los últimos años de la demanda de una Educación Sexual Integral (ESI).
Nueva Constitución
Probablemente no fue una de las demandas que se oyó con más fuerza al inicio de las masivas manifestaciones del estallido social, pero definitivamente fue aquella que con el paso de las semanas logró ir englobando todas las anteriores mencionadas en esta nota, al alero de las asambleas que a lo largo del país fueron sistematizando lo que ocurría y buscando conceptualizar en una sola idea el cambio que se anhelaba: una nueva Constitución.
Surgida primero como la exigencia de una Asamblea Constituyente (AC), la idea de una nueva carta magna fue adquiriendo cada vez más fuerza entre quienes se mantenían movilizados, convirtiéndose luego la campaña por el Apruebo a una nueva Constitución frente al plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020, en una suerte de nuevo estadio del llamado estallido social.
De ahí que tras la derrota del Apruebo en el plebiscito de salida, el proceso por una nueva Constitución no se haya detenido, y hoy sea entendido justamente como una de las principales demandas que ha dejado el estallido social del 18 de octubre de 2019, y que -al igual que el resto de las exigencias- continúa sin ser respondida.
