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Histórico fallo en Caso Catrillanca: dos ex carabineros cumplirán pena en la cárcel

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Tras casi cuatro meses de juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca y las torturas cometidas a su acompañante, el adolescente M.A.P.C representado por el abogado Sebastián Saavedra (Cidsur), se dio a conocer la lectura de sentencia: 16 años de pena efectiva para Carlos Alarcón, autor material de homicidio y homicidio frustrado y 6 años para Raúl Ávila, condenado por apremios ilegítimos, disparo injustificado y obstrucción de la investigación.


Por Morin Ortiz Herrera

Al mediodía de este jueves 28 de enero de 2021, a más de dos años del día fatal en que un operativo del Comando Jungla acabó con la vida de Camilo Catrillanca en Ercilla, en compañía de su amigo adolescente M.A.P.C, el Tribunal de Juicio Oral de Angol realizó la audiencia de lectura de sentencia a los siete carabineros dados de baja y un abogado, condenados como autores del delito de homicidio, homicidio frustrado, apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación.

Dos de los cuales deberán cumplir sentencias efectivas de cárcel: Carlos Alarcón, por 11 años como autor del homicidio de Camilo Catrillanca y 5 años y un día por el homicidio frustrado del adolescente y Raúl Ávila, condenado a 3 años y un día por apremios ilegítimos en contra del adolescente, 3 años y un día por disparos injustificados y 61 días por obstrucción a la investigación.

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Mientras Braulio Valenzuela condenado a 3 años y un día como autor de disparos injustificados y 61 días por obstrucción a la investigación, deberá cumplir sentencia bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva.

Finalmente, los ex carabineros Patricio Sepúlveda, Gonzalo Pérez cumplirán una condena de 61 días por obstrucción a la investigación. En tanto Jorge Contreras, Manuel Valdivieso y el entonces abogado de la institución, Cristian Inostroza, fueron condenados a una pena de 300 días por obstrucción a la investigación. A todos ellos se les sustituirá la condena por 1 año de pena remitida.

Impresiones tras el fallo


El Caso Catrillanca representa un hito judicial en la historia de Chile, al ser la primera vez que un Tribunal Civil investiga un asesinato cometido a personas mapuche por funcionarios policiales. Todos los otros asesinatos han sido investigados por la Justicia Militar, donde la figura legal entiende el homicidio como “violencia innecesaria con resultado de muerte”, otorgándose penas en libertad vigilada.

De ahí que el abogado perteneciente a CIDSUR, querellante y representante del adolescente M.A.P.C, se ha manifestado satisfecho por el resultado: “Se trata de un fallo histórico. Se les ha condenado a penas efectivas, las más altas que se han impuesto a funcionarios policiales que dan muerte a un joven mapuche. Penas que deberán ser cumplidas de manera efectiva en la cárcel, tanto de los autores materiales de los disparos como de los apremios ilegítimos”.

Así mismo, señaló: “Se ha condenado al resto de los funcionarios policiales que intentaron encubrir la ocurrencia de los hechos. En una situación bastante similar a la que hemos visto en los casos de Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío”. En todos estos casos no se aplicó ningún tipo de pena, o en los casos que se les consideró culpables, se les condenó a penas de tres años, todos ellos en libertad.

Sobre las responsabilidades políticas tras estos hechos, Sebastián señaló: “Extrañamos una disposición por parte del gobierno, quienes fueron los que trasladaron a este operativo a La Araucanía, en el denominado Comando Jungla, invocando este operativo como la resolución al conflicto centenario que se desarrolla al sur del país entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile”, manifestó el abogado.

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“Esperamos que el gobierno, lejos del allanamiento militar que hizo el 7 de enero, cuando se leyó el veredicto, ya conocida la sentencia, asuma su responsabilidad política en la creación del Comando Jungla, responsable principal del asesinato a Camilo Catrillanca y las torturas a M.A.P.C”, señaló Sebastián.

Hasta hoy ningún funcionario del gobierno se ha referido a esta sentencia, ni ha indicado ningún tipo de disculpa a la familia y las comunidades afectadas por tan grave crimen. En cuanto a los posibles recursos de nulidad, el abogado comentó que será conversado con su defensa, considerando la revictimización que significaría un segundo proceso judicial.

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Dirigentas sociales de Laguna Verde exigen la aprobación del Acuerdo de Escazú tras sufrir violentos ataques por parte de desconocidos

A inicios de este año Julia Poblete y Karina Jiles denunciaron agresiones con bencina y el asesinato de una mascota. Ambas coinciden en la necesidad de la firma de Escazú, iniciativa que incluye la protección de activistas y líderes sociales.

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En el marco de los movimientos que buscan terminar con la contaminación del agua y la protección de la biodiversidad en la comuna de Laguna Verde, dos dirigentas sociales, Julia Poblete y Karina Jiles, denunciaron violentos ataques y amenazas a sus seres queridos.

Poblete -quien es presidenta de la junta de vecinos 137 B de Renacer de Laguna Verde- dentro de su denuncia señaló que vivió el ataque en la noche de Año Nuevo. “Después de haber visto los fuegos artificiales, regresando a mi casa, caminando con mi nieto y mi hija, miro hacia mi derecha y veo que tengo fuego en mi espalda”, relató. Afortunadamente, la dirigenta vecinal logró reaccionar con prestancia: “Un señor, que no sé de dónde salió, me ayudó a quitarme la manta y la chomba rápidamente, luego las tiramos al suelo y las apagamos”.

Sin embargo, Poblete señala que el incidente no acabaría ahí: “De repente yo miro hacia adelante y veo que mi nieto me mira gritando por el dolor que sentía en sus ojos: le habían tirado bencina en toda la cara”. Finalmente, la familia terminó sin lesiones o heridas de gravedad. “Estuvimos hasta las 5 AM entre que pusimos la denuncia y fuimos al CESFAM. Mi manta y su polerón quedaron como prueba, porque estaban con un fuerte olor a bencina o parafina, aún no sabemos qué fue”, agregó.

Por otro lado, Karina Jiles, secretaria del Movimiento por la Defensa de Laguna Verde y presidenta del Comité Tierras Rojas, narra un episodio similar: “El 5 de enero tuvimos una movilización con los vecinos para tratar el tema del agua, luego llegué a mi casa después de la marcha y me encuentro con una de mis cerditas tirada en un charco de agua”.

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Jiles prosiguió contando la triste sorpresa que se encontró al acercarse a su mascota: “Veo que no se movía y que tenía algo rojo que le asomaba desde su espalda; tenía un hacha enterrada en sus costillas y como estaba de lado se le salieron todas sus tripas”.

Pese a lo reciente del hecho relatado, este no sería el último episodio calamitoso que denuncia la dirigente social: “Hace aproximadamente dos noches quemaron un sitio al lado de la casa de la abuelita de mi pareja, sitio que es de mi familia”.

“Uno de repente se cuestiona y le dice a los vecinos que no sabe por qué está perdiendo su tiempo, uno aguanta que la insulten o que la pasen a llevar, pero que maten a algo que tú amas es otra cosa”, reflexionó la Presidenta del Comité Tierras Rojas.

Laguna Verde / Agencia Uno

EXIGEN LA FIRMA DEL ACUERDO DE ESCAZÚ

Ambas líderes vecinales convienen en la importancia de la firma y posterior ratificación parlamentaria del Acuerdo de Escazú, basado en la justicia ambiental y el establecimiento de la importancia de que los Estados otorguen protección a los defensores ambientales y dirigentes sociales.

“Sería importantísimo que se firmara el Acuerdo de Escazú, los dirigentes no tienen ninguna defensa. Es relevante que tengamos de dónde agarrarnos, no solo en este tipo de cosas, sino también para cuando somos tratados de mentirosos o denigrados por otras personas”, argumentó Karina Jiles. Además, emplazó a los parlamentarios declarando que “se deben poner la mano en el corazón y decir que lo firmarán, porque hacemos gran parte del trabajo que les llega a ellos”.

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Por su parte, Julia Poblete enfatizó en que el Acuerdo “nos defiende a nosotros, a los dirigentes sociales”, añadiendo que “es increíble, aunque la gente no crea, estamos solos, en el momento puntual de cosas grandes, nadie nos defiende”. Asimismo, interpeló directamente a políticos de su sector: “Soy inscrita en Renovación Nacional, soy de derecha y este es un caso que le pasó a un miembro de su partido. Es importante que aprueben esto”.

En esa línea, Sebastián Benfeld, vocero nacional de la campaña Escazú Ahora Chile, declaró que “si bien tenemos un compromiso para la firma del Acuerdo de Escazú, el tratado aún debe ser ratificado por los parlamentarios, por lo que historias como las de Julia y Karina deben ser escuchadas por nuestros representantes”.

En tanto, el Presidente electo, Gabriel Boric, se comprometió a firmar el tratado internacional en su primera semana de gobierno. No obstante, este no entrará en vigencia hasta que sea aprobado en el Congreso por ambas cámaras.

“Este Acuerdo debe ser entendido como algo transversal. A lo largo de Chile tenemos dirigentes sociales de todos los colores políticos que son perseguidos y amenazados, por lo que buscar su protección le compete a todos los políticos, ya sean de izquierda, centro o derecha”, cerró Benfeld.

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Otra vez: Ministerio de Educación está licitando campaña comunicacional para ‘Vuelta a clases’ por $270 millones

En 2020 la cartera encabezada por Raúl Figueroa gastó otros 300 millones de pesos en otra cuestionada campaña para el mismo objetivo.

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En el portal de Mercado Público es posible encontrar hoy una licitación de la Subsecretaría del Ministerio de Educación para una campaña comunicacional denominada “Vuelta a clases”, la que cierra este próximo 27 de enero.

En la descripción de la iniciativa se lee que se trata de la prestación de un “servicio de asesoría creativa y producción; y la creación e implementación de un plan de medios nacional y regional para la campaña comunicacional ‘Vuelta a clases’”.

Junto con ello se especifica que el monto total estimado del contrato con quien se adjudique la licitación es de nada menos que $270.000.000.

Esta no es primera vez que el Ministerio de Educación encabezado por Raúl Figueroa destina una gran cantidad de fondos públicos para incentivar el regreso a clases de los estudiantes. Cabe recordar que en noviembre de 2020 se difundió la misma campaña utilizando para ello una versión de la canción “Resistiré” del grupo español Dúo Dinámico.

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Por entonces, el costo de la pieza generó igualmente amplio rechazo de la población luego de que se diera a conocer que esta había costado alrededor de 300 millones de pesos.

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Comisión del Senado aprobó convertir indulto para presos del estallido en amnistía

Durante la discusión, el senador Pedro Araya fue enfático en señalar que la iniciativa no beneficiará a agentes del Estado.

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Por 3 votos contra 2 fueron aprobadas en la comisión de Constitución del Senado las indicaciones sustitutivas al proyecto de ley de indulto general para los presos políticos de la revuelta presentadas por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (Ind), las que convierten a dicha iniciativa en una amnistía.

Cabe recordar que, a grandes rasgos, la diferencia entre ambas es que el indulto solo extingue la pena a la que es condenada una persona, mientras que la amnistía lo hace también respecto al delito que da origen a esa pena.

Leer también: Indulto a presos de la revuelta: proyecto se vota este martes en la comisión de Constitución del Senado

La iniciativa contó con los votos a favor de Jorge Pizarro (DC, en reemplazo de Francisco Huenchumilla), Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (Ind), mientras que en contra estuvieron los senadores Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI).

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Foto: Agencia Uno

SOLO CIVILES

Durante la sesión se dio además una importante discusión en cuanto a si el proyecto de ley beneficiaría igualmente a agentes del Estado que hayan incurrido en delitos durante el período que este consigna, entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020.

Si bien Araya se mostró partidario de “buscar una solución al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que cumpliendo funciones propias del cargo hoy también se encuentran investigados”, fue enfático en aclarar que “tanto la indicación del senador Huenchumilla como la mía, no incluyen a personal de Orden y Seguridad ni de Fuerzas Armadas; están excluidas de este proyecto, solamente abarca a civiles”.

En ese sentido, Araya añadió que debido al “catálogo de delitos a amnistiar, es imposible que ellos (agentes del Estado) puedan ingresar por cualquier vía a este proyecto”.

Finalmente, el senador Juan Ignacio Latorre -uno de los impulsores de la iniciativa- apuntó que el artículo octavo de la iniciativa original señala expresamente que “no quedarán comprendidos en el indulto quienes fueran miembros de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, funcionarios de cualquiera de los organismos del Estado en la época de la comisión de los hechos”.

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