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Opinión

Hacia una constitución productiva

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La unidad de la izquierda por sí misma sirve a decir verdad para muy poco. Es más, la primera diferencia de la izquierda con el resto del campo político, debiera ser, siempre, la negativa a toda autorreferencia. ¿Qué izquierda podría ser aquella que se concibiera como sustituto del pueblo en la formación del poder constituyente?


La revuelta de 2019 nos colocó ante el complejo desafío de avanzar en un proceso constituyente para el cual no se encuentran suficientemente constituidos ni los actores políticos ni los sujetos sociales de una transformación que sin embargo se exige con urgencia en las calles. Es un desafío que presiona nuestra imaginación política a dejar definitivamente atrás los lugares comunes de la izquierda autorreferida y estadocéntrica.

Marx decía que ninguna sociedad cambia antes que se hayan desarrollado todas sus capacidades productivas. Es decir, no da lugar a una nueva hasta que el desarrollo de esas fuerzas no choca con las estrecheces institucionales que expresan el modo en que está organizada. Si entendemos la cuestión de la producción de forma amplia, el desarrollo de esas capacidades productivas se relaciona con el nivel en que se han constituido los sujetos sociales y sus potencialidades transformadoras, tanto en el sentido en que producir cualquier objeto es transformar materiales de forma organizada, hasta aquel en que transformar un orden social es producir nuevas formas de socialización.

El momento desencadenante que inicia en octubre de 2019 encuentra esas capacidades aun en ciernes. Las principales formas de organización de trabajadores, estudiantes, habitantes de territorios en procesos de organización y lucha, por mencionar algunos, exhiben un notable dinamismo, alimentado por las posibilidades de disputa de lo público que desata la revuelta, pero revelan también su insuficiencia. Si observamos el campo de las fuerzas políticas y sus liderazgos, el campo de la izquierda y el Frente Amplio (más allá de esa entelequia informe del “socialismo democrático”), con sus desgajamientos y sus giros parciales, su pobreza teórica y sus maniobras de corto plazo, la cuestión de acentúa.

Estamos en medio de un contradictorio y difícil proceso de constitución de actorías. Seguramente en todo ello juegan un papel las ambiciones de grupos, los liderazgos individualistas, los comportamientos elitescos, el sectarismo y la inmadurez, y es un hecho que hay múltiples acomodamientos, cobardía política y falta de decisión. Pero nada de eso explica realmente nuestro proceso, si bien son todas cuestiones que deben ser enfrentadas y superadas. El problema con esas explicaciones simples es que soslayan el carácter constitutivo del momento constituyente, su incompletitud, su inestabilidad, su apertura.

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De ahí la fluidez de la situación actual, que nos fija como objetivo principal avanzar en la construcción de las actorías sociales y políticas que logren avanzar efectivamente hacia la efectiva superación del orden social neoliberal, lo que exige, ya no una tremenda movilización de lo destituyente, como octubre de 2019, sino la producción de lo constituyente, es decir, la construcción colectiva y hegemónica de una nueva forma de sociedad.

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El 18 de octubre es principalmente una apertura. Sin embargo, no la apertura de un nuevo ciclo histórico. No aún. La divisa corrosiva del neoliberalismo sobre la democracia efectiva y la acción autoconstructiva de los sujetos sociales, solo nos ha permitido ingresar a esta situación con actorías insuficientemente constituidas, capaces de prácticas sociales parciales que establecen elaboraciones programáticas también parciales.

La profundidad histórica y la extensión global de las transformaciones neoliberales, pero sobre todo, su enorme potencia productiva de un nuevo tipo de individualidad, de una forma de sociedad y economía, con su particular orden de la política, nos obliga a pensar nuestros esfuerzos constituyentes más allá del año y medio que comienza con la primera sesión de la convención. Ha terminado recién un año de crisis económica y sanitaria en el que el principal grupo económico del país casi duplica su fortuna. Estamos solo ante el comienzo del fin. Y eso, que no es poco, exige trabajar por su desarrollo.

La acción constituyente requiere salir de la exclusividad constitucional y mantener su eje en el conjunto de interacciones y confrontaciones de fuerzas que caracteriza la coyuntura. No necesitamos un cierre. Necesitamos avanzar. Necesitamos superar aquella imaginación constituyente que tiende a pensar la coyuntura como la disputa por su fin, por el sello dominante de su cierre. La Constitución pensada como consagración, como el establecimiento definitivo de un orden es, precisamente, lo que no nos sirve.

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La noción de la constituyente como clausura, como punto de llegada, conduce involuntariamente a la imagen de una situación estática en la que ya no es necesario luchar. Una especie de pequeño fin de la historia. Por el contrario, nuestra insistencia en el carácter abierto del momento actual busca subrayar, uno, la dificultad de la derrota del orden neoliberal, que en ningún caso es inminente; dos, que lo fundamental de esta situación está dado por los avances en la constitución de sujetos de transformación, cuestión que en ningún caso es sustituible por la acción de un grupo de organizaciones políticas.

Este periodo de transición es por tanto un momento productivo, donde nuestros esfuerzos deben avocarse a avanzar hacia la efectiva apertura de una nueva situación histórica. Una transición constitutiva hacia ideas, cuerpos, actorías colectivas, movimientalidades, organizaciones y nuevas lógicas organizativas, que aun se encuentran en las mesas de diseño de los sujetos del futuro. Es el trabajo de parto de las nuevas colectividades que han comenzado a perfilar la vida nueva. Es el momento donde descubrimos lo común como nueva clave de lo masivo, donde debemos reaprender la democracia con lo igualitario y edificar las posibilidades de la producción emancipada allí donde se había instaurado la competencia y la razón distributiva.

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El momento de la inscripción de candidaturas a la constituyente estuvo atravesado por la repetida cuestión de la unidad de la izquierda. Una unidad pensada en simulaciones electorales como suma aritmética, o como una versión moralizada que ensombrece las relevantes diferencias de perspectivas ideológicas y políticas en un momento en que el debate abierto y claro debe ser la divisa primera. La dispersión, especialmente en el espacio de las listas de independientes, es por cierto un problema mayor. No es tema de este breve escrito analizarlo, pues tiene múltiples aristas y refleja la complejidad del momento político-social.

La unidad de la izquierda por sí misma sirve a decir verdad para muy poco. Es más, la primera diferencia de la izquierda con el resto del campo político, debiera ser, siempre, la negativa a toda autorreferencia. ¿Qué izquierda podría ser aquella que se concibiera como sustituto del pueblo en la formación del poder constituyente?

La historia la hacen los pueblos, dice una frase tremenda. Conviene tomarla en serio, más allá de la consigna, pues indica el sujeto de la unidad, el lugar de los desvelos, frente a lo cual ese fragmento político-institucional que llamamos izquierda adquiere un carácter sumamente relevante, pero a la vez puramente instrumental. Puesto que no se avanzará mucho con una unidad de la izquierda orientada a mejorar las posibilidades de la propia izquierda en el proceso constituyente, se trata de una unidad para impulsar las transformaciones necesarias para avanzar en la constitución de un nuevo escenario de fuerzas, donde actúen, más sólidos, mejor constituidos, los actores sociales de la transformación. Una unidad, por tanto, para la democracia.

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Eso requiere salir de la centralidad excesiva en la transformación del Estado en que incurre la propia izquierda. El momento constituyente versa, principalmente, sobre el cambio de la sociedad misma, sobre las relaciones que la constituyen. La transformación que practica de forma incesante el régimen neoliberal sobre el espacio de la política, la manera en que redefine el sentido y las prácticas de lo que se entiende por democracia, resultan casi completamente inmunes a la unidad de la izquierda si por unidad de la izquierda se sigue entendiendo el ordenamiento coalicional de un fragmento político-institucional centrado en el Estado. Puede que eso le sirva a la izquierda, pero le sirve menos a la sociedad.

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Es por eso que en la imaginación constituyente propia de este momento liminar y abierto, debe primar lo político en lo jurídico, la persistencia movilizadora de la contradicción sobre la pretensión de su clausura institucional, lo productivo sobre lo distributivo. Si una constitución es concebida usualmente como arribo; nos corresponde, por el contrario, pensar esta constitución como camino, como una nueva apertura.

En una palabra, se trata de la política. Es decir, de aquella práctica en que la sociedad resuelve las condiciones en que produce la sociedad misma. Se trata de la democracia constituyente como dinámica, pensada desde las necesidades de la transformación. La constitución debe acudir entonces, principalmente, al diseño de una nueva democracia, donde se consagren los derechos políticos de la base de la sociedad, de las mujeres, de las y los trabajadores, de la ciudadanía, de los pueblos originarios, de las comunidades que adquieren identidad en la forma en que habitan los territorios, de las niñas y los niños.

Una constitución que abra múltiples canales de organización y participación de la sociedad, y no se limite a un recetario de derechos distributivos que quedarán después encomendados al buen cuidado del Estado. Una constitución de habilite de forma creciente a los sujetos sociales para incidir en la construcción de la nueva sociedad, más que el diseño (pretendidamente) definitivo de esa nueva sociedad. Una constitución como motor, como estímulo, cuyo signo primero sea una nueva forma de democracia que resida en el poder de las comunidades sobre los procesos y los recursos que le permitan diseñar y poner en práctica nuevas formas de vida, pues es en ese dinamismo, en esos tientos, fracasos y reintentos que nos iremos constituyendo como sujetos de una sociedad mejor, donde la justicia y la igualdad dejen de ser abstracciones y se vuelvan pensable en las condiciones reales del mundo actual.

La unidad que se requiere, en definitiva, desprovista de toda nostalgia de la izquierda ordenada, debe ser una unidad orientada al desencadenamiento de una sociedad que debe auto organizarse y participar de forma creciente. Una unidad de las fuerzas transformadoras que entiende que no es momento de imaginar el fin de un proceso, sino la formación de una nueva etapa de luchas donde seamos capaces de la construcción acelerada de una nueva creatividad, de una nueva imaginación, más inteligente, más audaz, más emancipada. Una unidad que entienda que junto a la necesaria construcción de acuerdos sobre los derechos distributivos, que hoy dominan el debate, es fundamental el avance hacia la apertura de un nuevo proceso productivo, una situación de aceleramiento en la constitución de actores.

Una unidad que comprende que la transformación constitucional que más interesa ahora es de naturaleza política, y se dirige a la expansión de las posibilidades y los derechos de participación de las comunidades, precisamente porque ellas son quienes en definitiva deben diseñar y consagrar el deseado orden posneoliberal más justo e igualitario. Una unidad que entiende que más importante que sus lúcidas candidaturas lleguen a escribir con fuego ahora qué educación, qué salud, qué hacer con los recursos naturales, qué economía, etcétera, es avanzar en la habilitación de espacios de participación efectiva de las comunidades, organizada y decisiva, para decidir qué educación, qué salud, qué hacer con los recursos naturales, qué estrategias de justicia territorial, etcétera.

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Una unidad que entienda que el sustrato para todo eso son, desde ya, las luchas de los actores reales del presente, por justicia, por derechos sociales, por una vida mejor. Pues es, precisamente, en los esfuerzos donde las actorías han logrado constituirse en mayor medida, donde las capacidades programáticas se encuentran más desarrolladas.

Se trata entonces de una acción constituyente cuya clave reside en potenciar esas luchas políticas, culturales y distributivas, desatarlas, ensancharles el camino hacia una disputa por la producción de la sociedad, con derechos políticos, con participación efectiva, en lugar de edificar una unidad que a nombre de la izquierda pretenda consagrar la resolución final de las demandas sociales en el acto constitucional. En síntesis, una unidad para el desarrollo productivo de ese común que la revuelta ha comenzado recién a dar forma.

Opinión

Irina Karamanos: el cargo de Primera Dama no necesita ser reformulado, debería ser erradicado

La decisión de Irina Karamanos de asumir el rol de Primera Dama es tan contradictorio como criticar a los concursos de belleza por el histórico rol cosificador y machista que han cumplido en la inferiorización dirigida hacia el cuerpo de las mujeres y al mismo tiempo presentarse a concursar a uno de ellos para supuestamente cambiarlo desde dentro. 

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Irina Karamanos es cientista política, líder del Frente Feminista de Convergencia Social, una mujer profesionalmente muy bien preparada, quien es conocida por ser la pareja del Presidente Gabriel Boric. Ella al ser consultada por el cargo de Primera Dama expresó, inicialmente, cierta distancia con este rol, señalando que es una función que debería ser repensada. Hoy su decisión fue la de asumir dicho cargo, pero con el compromiso explícito de transformarlo desde dentro.

Desde un análisis puramente semiótico, sin acudir a los antecedentes históricos patriarcales que la configuran, la institucionalidad de la Primera Dama es una construcción político-cultural con un significado altamente sexista y colonial, conformado por la idea de que existe una mujer poseedora de un nivel de importancia mayor a todas las demás, donde su sobrevaloración es por el solo y único hecho de ser la pareja del Presidente de la República.

A su vez, es una noción profundamente discriminadora de la diversidad sexual, pues se asume implícitamente que el Presidente es un hombre y que por ende su acompañante sexo-afectivo debe ser una mujer heteronormada. En consecuencia se asume a la pareja del Presidente como una “dama”, la cual debe cumplir con los estándares esperados en todos los ámbitos estéticos, económicos, culturales, morales, tal como ha venido siendo durante prácticamente toda la historia de los Presidentes electos (con excepción de la expresidenta Michelle Bachelet, quien designa en este cargo a su hijo Sebastián Dávalos).

Estos estándares esperados para el rol de Primera Dama son los de una mujer heterosexual, blanca, de clase alta, con estudios universitarios, vestida con una estética tradicional, compuesta en la utilización del lenguaje, todo lo que Irina Karamanos en su rol de líder feminista -supongo- no querría interpretar, pero que lo termina por encarnar y peor aún, lo acepta representar. 

La decisión de Irina Karamanos de asumir el rol de Primera Dama es tan contradictorio como criticar a los concursos de belleza por el histórico rol cosificador y machista que han cumplido en la inferiorización dirigida hacia el cuerpo de las mujeres y al mismo tiempo presentarse a concursar a uno de ellos para supuestamente cambiarlo desde dentro. 

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Esta no es una lógica sustentable ni creíble, pues hay instituciones que han sido confeccionadas desde el trato subordinado y el menosprecio hacia las mujeres, como es el caso del rol de la Primera Dama, donde la única mujer que logró efectivas cuotas de poder desde esta posición subalterna fue Lucía Hiriart, esposa del exdictador Pinochet, poder que utilizó para desfalcar al Estado y enriquecerse de manera personal. Por tanto, el rol que asume Irina Karamanos trae consigo este relato histórico que exige no la reformulación de funciones, sino que sencillamente su erradicación desde todas las esferas epistémicas.

Un ejemplo que respalda lo anterior fue cuando el Presidente Gabriel Boric hizo una aclaración al medio de comunicación Mega, quienes refirieron a Irina Karamanos como la “polola del Presidente”. Boric les corrige a través de redes sociales, señalándoles que su pareja tiene nombre y que debemos acostumbrarnos a respetar la agencia que tiene cada mujer por sí misma.

Estuvo muy bien el Presidente en su breve discurso, pues denota una lectura crítica de cómo el lenguaje sexista de los medios de comunicación reproducen el machismo y la misoginia.

Siguiendo la línea de reflexión planteada por Boric ¿cuál es la agencia del rol de la Primera Dama? Es posible reconocer un valor por sí mismo a un cargo que nadie elige y que sólo existe en razón de la relación afectiva con el Presidente? Y si dicho rol fuese transformado para darle mayor peso político, estaríamos frente a una función que adquiere más poder, donde habría una mayor transferencia de recursos por parte del Estado?

Seguramente Irina Karamanos tiene una planificación bien estructurada para esto, sin embargo, mi posición es que el peso histórico, cultural y colonial que posee la condición y el rol de Primera Dama no es transformable, sino que la verdadera subversión consistiría en erradicar este cargo que la inferioriza no sólo a ella, sino que a la mayoría de quienes estamos abogando por deshacer las categorías culturales que nos menosprecian.

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Opinión

Si la Contraloría no reacciona, la corrupción será permanente

Al parecer la Contraloría desconoce el patrón de conducta que tienen ciertos empresarios para burlar la ley y en tal sentido recordamos lo sucedido con un permiso ilegal cursado en Las Condes para que se levantaran 25 edificios en la calle Vital Apoquindo.

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El martes 18/01/22 se realizaron unas jornadas organizadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para analizar “el fortalecimiento de la probidad y prevención del delito”, en las cuales intervinieron los titulares del propio CDE, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Consejo para la Transparencia. El miércoles 19/01/22 se publicó en un medio de circulación nacional lo siguiente: “Un 52% de las municipalidades del país está siendo investigado por diversos delitos de corrupción”, ver link   

En relación a los actos de los órganos municipales, la ley respectiva se encarga de precisar que las municipalidades serán fiscalizadas por la Contraloría y que, en cuanto sea un control de legalidad, podrá ejercerlo por medio de dictámenes jurídicos, sobre todas las materias sujetas a su control. En particular, en materia urbanística, se ha establecido que la Contraloría cumple un rol fundamental en la aplicación e interpretación del derecho urbanístico nacional, es decir, la Contraloría garantiza que el desarrollo en las áreas urbanas y rurales sea acorde a la ley. 

La experiencia nos indica que la Contraloría, dentro del ámbito de los permisos municipales de edificación que le son denunciados, tiende a abstenerse de emitir dictámenes represivos cuando han transcurrido más de dos años desde la emisión de los mismos, pues no se pueden invalidar atendiendo a lo prescrito en el artículo 53° de la ley N° 19.880 del Procedimiento Administrativo o bien cuando han transcurrido más de cuatro años, tratándose de la responsabilidad del funcionario municipal que ha otorgado un permiso contrario a derecho.

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Al parecer la Contraloría desconoce el patrón de conducta que tienen ciertos empresarios para burlar la ley y en tal sentido recordamos lo sucedido con un permiso ilegal cursado en Las Condes para que se levantaran 25 edificios en la calle Vital Apoquindo, pues sus dictámenes fueron desobedecidos por esa municipalidad y hasta ahora, parodiando a Pezoa Véliz, nadie dice nada, incluyendo al locuaz y mediático diputado electo Gonzalo de la Carrera y al ex alcalde Joaquín Lavín, quienes conocen muy bien todas las ilegalidades del proyecto. 

Aunque en ciertas ocasiones la Contraloría resuelve que la autoridad municipal inicie sumarios en contra de los funcionarios que cometen “errores”, esos procedimientos sancionatorios son saludos a la bandera pues se traducen en largos procesos que terminan en alguna pequeña multa o mácula en la hoja de vida del funcionario infractor. Esta es la razón, por aplicación natural de la impunidad, de que existan en nuestro país miles de hechos ilegales consumados que han brindado ganancias indebidas e ilícitas a sus astutos titulares. 

Un reciente episodio de brutal desacato a los dictámenes de la Contraloría lo observamos con el permiso ilegal, en el terreno en donde se emplaza el hotel Sheraton, por dos torres habitacionales de 32 pisos c/u cursado por el director de obras municipales de Providencia. La alcaldesa Evelyn Matthei ignoró completamente el contenido de ese dictamen y por ello fue necesario interponer un recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago, por el cual ella fue notificada vía un receptor judicial, el reciente 12 de enero de 2022, ver link

Por otra parte, los dictámenes de la Contraloría si bien son vinculantes, al no ser conocidos por todos los funcionarios y/o por la ciudadanía, se transforman en letra muerta. En la página web de la Contraloría se pueden realizar rápidas búsquedas de dictámenes e invitamos a los interesados a hacerlo para que entre todos aportemos un grano de arena en esta cruzada en favor de la probidad.

El contralor Jorge Bermúdez ha sido contumaz, y por ello lo felicitamos, en criticar en sus apariciones en los medios, con sólidos fundamentos la corrupción existente en nuestro país, pero lo que le ha faltado a él hasta ahora es la entrega a la ciudadanía de señales más claras en orden a ejercer con mayor compromiso sus atribuciones para combatir esa lacra.

Para revertir esta sensación de falta de eficacia de la Contraloría proponemos que, mediante una reingeniería en su interior, adopte decisiones que vayan al fondo de las denuncias que recibe, pues para ello dispone de excelentes abogados y arquitectos, trasladando los casos de presuntos o abiertos delitos de prevaricación al Ministerio Público para que sus fiscales los investiguen, dado que éstos tienen todas las herramientas para ello. Recordemos que la Contraloría, por ser un órgano administrativo, carece de las potentes atribuciones indagatorias que sí tienen los fiscales. 

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En todo caso, tal como me lo indicó un conocido abogado de la plaza, llama la atención que conforme al artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal, los funcionarios de la Contraloría, en sus calidades de funcionarios públicos, están obligados a efectuar la correspondiente denuncia penal si han tomado conocimiento de un hecho que podría ser constitutivo de delito. El ente fiscalizador nunca ha interpuesto denuncia alguna por el delito de prevaricación administrativa por parte de funcionarios de las direcciones de obras municipales.    

Por tal razón, tuvieron que ser seis ciudadanos de a pie, ya que ningún servicio público relacionado con el asunto lo hizo, se vieron compelidos a querellarse en el Ministerio Público en contra de las decenas de guetos verticales ilegales “aprobados” por la administración anterior de la municipalidad de Estación Central, resueltos como tales por la propia Contraloría y la Corte Suprema. Esa situación se replicó en cierto grado en otras comunas y uno de los casos más patéticos es el edificio de 26 pisos en un sector que admite una altura máxima de 12 pisos en la comuna de Independencia. En efecto, en esta situación el director de obras municipales otorgó el 16 de diciembre de 2016 un permiso contrario a derecho, el cual, en la práctica, fue validado por la Contraloría por la prescripción contenida en la ley N° 18.883, que beneficia al funcionario municipal que violó la ley, lo que se refleja en su informe N° E160321/2021 del 29 de noviembre de 2021. 

En resumen, si la Contraloría por sus propias aparentes limitaciones no puede velar por la observancia irrestricta de las leyes, acorde a lo previamente dicho, debería trasladar los casos de evidente corrupción al Ministerio Público, pues esta sede jurisdiccional está capacitada para exigir el cumplimento del marco regulatorio aplicable. Solamente así los inversionistas inmobiliarios sabrán que es riesgoso para ellos mismos intentar sacar ventajas impropias en el mercado y entenderán que la sana competencia, respetando las leyes, es indispensable para que funcione ese sector de la economía.

En sentido contrario, si el ente fiscalizador, del cual este columnista es “cliente frecuente”, mantiene su parsimonia por los motivos que sean, continuarán las prácticas deshonestas por parte de aquellos privados que se sienten intocables en el lucrativo mercado inmobiliario.

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Opinión

Arturo Alessandri. Futuro constitucional y luchas hegemónicas

El nuevo progresismo de Apruebo/Dignidad (2022-2026) es una “fusión” que defiende el vigor mesocrático-institucional y limita los vicios del realismo neoliberal mediante la “morada hegemónica” que debe convivir con la intensidad de las imágenes historiográficas.

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Mi camino en cambio, no es recto, ni curvo, llevo conmigo el infortunio, vamos hacia nunca, hacia ninguna parte. Como un tren sobre el abismo.  Ana Ajmatova                                                                           

Existe un “verbo lumínico” en el texto con que Arturo Alessandri saludaba la nueva época ante la Convención Liberal (1920). El final de su “improvisada” liturgia tiene un broche estruendoso, desbordante en rimas de reconocimiento. Vibrante en pasiones liberales para trascender el invencible “Chile de huachos”. Era la hora de abrir el futuro desde el tiempo Constitucional. Y así, cual mesías de sus aires, el Diputado de Tarapacá comprometía una glosa ante las masas esquilmadas por el hambre y la tuberculosis.

El texto reza así: “Yo quiero antes de terminar haceros una declaración: [yo] no soy una amenaza para nadie. Mi lema es otro: yo quiero ser amenaza para los espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y necesaria: esos son los propagandistas del desconcierto y del trastorno. Yo quiero ser amenaza para los que se alzan contra los principios de justicia y de derecho; quiero ser amenaza para todos aquellos que permanecen ciegos, sordos y mudos ante las evoluciones del momento histórico presente, sin apreciar las exigencias actuales para la grandeza de este país…”.

Tal declamación, librada a la soberanía popular (la canalla dorada), retrata fielmente la confianza en el tiempo histórico-juristocrático. En las exclamaciones de su oratoria, revela las ambiciones de abrazar los recambios generacionales (época) y exaltar un “pipiolaje de reformas” que sepultaría la noche salitrera. Chile también despertó en 1920 ante la bastardía patronal. Y la imagen reformista fue una lectura de plancha para todos los tiempos  modernizantes. De aquí en más nuestra hacienda no aceptará más que experimentos típicos de un “subdesarrollo exitoso”. Desde ahora, el titular será “Desarrollo del subdesarrollo”, según André Gunder-Frank.

Los temibles lastres de la cuestión social “forzaban” un viraje que debía asumir la alborada de modernidad y propiciar la restitución de un orden ético. Todo sucedió tras las luchas populares que denunciaban la obsolescencia moral que acompañó la celebración del centenario. Una lengua de la reforma intentaba profanar los vestigios del París Americano e instaurar el tren del porvenir mediante una nueva legislatura social: la convención de 1925 capturaba los pueblos excedentarios y las demandas de Luis Emilio Recabarren.

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El ensayismo oligárquico pudo conciliar la institución presidencial y la tutela representacional; la política quedaba encerrada en los cerrojos del derecho. Lo anterior derivó en un Estado de compromiso -hacia 1938- que dejó tibiamente atrás las figuras de la “misericordia”, la “caridad” y el sistema de dadivas. Figuras intimas del repertorio parlamentario (1891-1920) y su desidia oligárquica con los rebaños populares.

En aquellos días, aparentemente más nítidos o menos intricados que los nuestros, quedaba de manifiesto la reivindicación de los derechos seculares bajo el “iluminismo dieciochesco”. Tras este ímpetu identificamos la teología republicana que se extiende desde 1938 hasta 1973. Un institucionalismo portaliano dibujó el paisaje hasta septiembre de 1973 y abundó en revueltas caudillistas, perpetrando la conflictividad entre tiempo homogéneo y temporalidad medial en la Convención Constitucional de nuestros días. Todo ello tras el asedio del Leviatán Portaliano cobijado en el actual “catolicismo de izquierdas”.

La “revolución preventiva” (1920) fue la realización de la facticidad portaliana (De Mario Góngora a Hugo Eduardo Herrera). En cambio, la fractura de 1973 aleccionó a las izquierdas sobre desbordes e insurrecciones (tiempos imaginales) que terminan en la resaca de El Leviatán. En suma, el programa consistía en separar Estado de Iglesia, inaugurando un campo de reformas que incluía el reconocimiento de los derechos de la mujer, el incremento de las remuneraciones, la construcción de habitaciones obreras, la ley de instrucción primaria obligatoria, el impuesto a la renta, el Código del Trabajo, la fundación del Banco Central [que aún nos asedia] y que inclusive nos permiten sugerir una “moderada similitud” con la actual coyuntura social. Bajo el clivaje orientalista, civilización y barbarie, el programa de reformas compromete un momento de inflexión que inaugura el proyecto civilizatorio y “formaliza” el ingreso al pequeño siglo XX.

Cien años más tarde, tras el actual ciclo de demandas populares y contratos modernizantes (demandas de género, plurinacionales, de convivencia, ecológicas, identitarias, estudiantiles, cibercultura, etc.) nos hace presumir que la política del siglo XXI experimenta otro fulgor de derechos -cuarta generación-. Ello ha estimulado una intensa liturgia en torno a ritos generacionales e izquierdas meméticas -plasmados en una nueva Constitución. Un proyecto tibiamente regulacionista que pretende destrabar la furia consumista mediante el favoritismo fiscal, pero siempre en favor de una “subsidiariedad ampliada” que entremezcla ordoliberalismo y socialdemocracia.

Telón de fondo del nuevo pacto juristocrático. Cual sea el caso, la teología liberal encuentra su fuente de inspiración en el reconocimiento de los nuevos territorios ciudadanos y populares. Es importante rescatar que este desafío supone ritos paritarios y los textos pastorales que nos impone el mainstream católico-reformista cuando la democracia es limitada al formato liberal. Entonces, el desafío consiste en superar la vigencia de progresismos conservadores -adversarios de la democracia- que restringen las energías vitales del “pueblo ausente” al futuro del mito institucionalista (1925).

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El imaginario anti/oligárquico que se inicia en 1920 invoca una separación radical entre Estado e Iglesia y empieza a remover el armatoste jurídico que perpetuaba los “estrechos moldes” denunciados en el primer Gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925). Tal “promesa democrática”, tan propia de los tribunos laicos, aquella oratoria cargada de baños de masa, establece el trazado que la sociedad chilena asume posteriormente, al precio de disentir en los énfasis ideológicos y culturales. Qué duda cabe, los lastres de la cuestión social pavimentaron el camino a un álbum de reformas que también ilumina nuestro presente político si concebimos la actual coyuntura como una extensión de derechos y gravámenes institucionalistas.

No se trata de murmurar una secuencia arbitraria entre dos imágenes de mundo, inconmensurables en cuanto a representación, o bien, negar el ritmo frenético del presente movilizado que debe convivir con el aceleracionismo de la temporalidad técnica. En este sentido el nuevo progresismo de Apruebo/Dignidad (2022-2026) es una “fusión” que defiende el vigor mesocrático-institucional y limita los vicios del realismo neoliberal mediante la “morada hegemónica” que debe convivir con la intensidad de las imágenes historiográficas.

Con todo, la espectralidad Alessandista es una sombra que nos recuerda que todo orden-futuro se debe a la normalización política. Entonces lo que está en juego es que el presente-futuro solo es posible cuando el mundo destinal se proyecta mediante las leyes oligárquicas. La sombra fantasmal de la reforma de 1920 permanecerá imaginariamente activa como desborde y limite que censura las pretensiones nómades (revueltas en el lenguaje de Karmy-Bolton) por un dominio consolidado de representación política e institucional.

Con todo, en los últimos días Maquiavelo irrumpe mediáticamente como el primer post-marxista de las nuevas formas enunciativas-expresivas. Todo en medio de una performatividad que, al parecer, no podrá superar el golpismo republicano, ni menos la insustancialidad ontológica del presentismo neoliberal. Si bien la destrucción de La Moneda, a manos de la Dictadura, fue el último ritual de la vieja república, nos interesa subrayar un “parecido de familia” centrado en un conjunto de demandas insatisfechas, que nos obliga a interpretar el cambio histórico-generacional, en vías de des/pinochetización, la inclusión de nuevos territorios ciudadanos y el estupor ante la fisonomía de la reforma.

He aquí una tenue analogía entre el liberalismo clásico (1920) y el Chile de la post-revuelta en cuanto a la promesa del tiempo constitucional. El futuro trazado por la nueva Constitución (deseado y conflictivo), no solo debe considerarse a salvo de los tumultos desencadenados por los meses de la revuelta octubrista (2019), sino fundamentalmente por el martillo de la herencia feudal (La Hacienda) y sus compromisos con el mundo ensayístico-experimental de Diego Portales. Una identificación que hoy se viste ordo-liberalismo y no termina de llegar.

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Por de pronto podemos citar un nombre que junta las intersecciones entre tiempo moderno y temporalidad tecnológica: Martín Rivas.

Calle Trizano.

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