Gobiernos locales, proliferación de campamentos y crisis

Avanzar en una política comunal de vivienda y barrios, con participación de un conjunto de actores, como grupos organizados por el derecho a la vivienda y la defensa de los barrios, entidades productivas y cooperativas, entidades académicas e instituciones públicas.


Cada cierto tiempo en la prensa local y los medios masivos de comunicación, reaparece como “hecho noticioso” la situación de los campamentos en nuestra región, recordándonos que, tanto Valparaíso como Viña del Mar, se encuentran entre las comunas con más número de familias y campamentos en Chile.

Diversas son las causas a las que obedecen tanto la existencia, como el aumento exponencial de los campamentos, entre ellas: crisis económica que conlleva aumento en los índices de cesantía, elevado costo de los arriendos, prácticas especulativas en inmuebles en desuso o terrenos baldíos públicos y privados, servicios básicos – agua potable, alcantarillado y electricidad – en manos privadas y con altos costos, etc.

Frente a estas condiciones se ha instado una política pública que durante décadas ha estado orientada, desde un “Estado Subsidiario”, a la Financiarización de la vivienda, proceso que se ha enfocado a facilitar las ganancias de los “bancos” a costa del sobre endeudamiento de las familias para la obtención de una vivienda. Esta política ha estado soportada por la “Constitución del ochenta” y un andamiaje institucional basado en normativas, decretos y programas gubernamentales que no han sido capaces de responder a los desafíos habitacionales, urbanos y territoriales que demandan los habitantes y las comunidades. Los campamentos se han transformado en la forma que han encontrado miles de familias ante una crisis de las Políticas Públicas que se han centrado más en avalar lógicas del mercado inmobiliario, que en dar respuestas.

Si bien el problema que han intentado resolver miles de familias, por décadas mediante las ocupaciones informales, es el de la vivienda, y lo han hecho a través de la ocupación de suelos en desuso. Es allí donde han fomentado la autoconstrucción y la “producción social de hábitat” en viviendas y barrios por sus propios medios, en la medida de sus posibilidades y capacidades. Por ende, el problema central del derecho a la vivienda, tiene un tema de base que debe ser abordado de manera prioritaria, a saber: la tenencia de suelo y el impulso de la planificación sostenible de los asentamientos humanos poniendo a disposición suelo urbanizado.

En ese contexto, y con una crisis climática, económica, social y política profundizada por la pandemia, debemos poner a disposición planes que empujen una pronta solución a este fenómeno de exclusión social y segregación territorial. Para ello y en el marco del proyecto de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, resaltamos que se esté impulsando políticas locales, como son:

1.- Regularización de terrenos de “propiedad municipal” y urbanización a partir de recursos del SERVIU Regional y su Programa de Asentamiento Precarios. Dicho proceso de regularizaciones es al amparo de la Ley 20.234 donde se establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y que considera un plano de loteo, una memoria del asentamiento y carta de compromiso de la urbanización por parte de Servicio de Vivienda y Urbanismo, lo que permitiría  generar y proyectar nuevos lotes.

2.- Solicitud al Presidente de la República, en exclusiva atribución, que pueda decretar como zona de catástrofe a los campamentos, lo que facilitaría disponer de recursos y equipos profesionales que estén destinados a buscar soluciones urgentes, flexibles y de manera priorizada.

3.- Solicitud al MINVU que fortalezca el procedimiento de autoconstrucción asistida del programa DS-49, así como también fortalecer los instrumentos normativos existentes para responder con soluciones a los asentamientos informales.

4.- Avanzar en una política comunal de vivienda y barrios, con participación de un conjunto de actores, como grupos organizados por el derecho a la vivienda y la defensa de los barrios, entidades productivas y cooperativas, entidades académicas e instituciones públicas.

A nuestro entender, las municipalidades cuya “finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad”, debieran ser efectivos gobiernos locales con ejercicios participativos y no sólo administradores de políticas asistenciales centralizadas. Estas instancias deben contar con recursos financieros y técnicos que les permita implementar politicas locales de vivienda pública, adquisición de predios, iniciativas de producción de vivienda y planificación del desarrollo con sostenibilidad y justicia social, todas estas iniciativas deben ser parte del desafío constituyentes que nos encontramos impulsando.  Contar con suelo y viviendas dignas, como derechos sociales garantizados para las familias y comunidades y planificar el desarrollo con sostenibilidad económica, social y ambiental son demandas que requieren una nueva institucionalidad, un nuevo Estado.

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