Generales sumariados se defienden y dicen que no hubo uso inadecuado de la escopeta antidisturbios

Los siete generales de carabineros sumariados por Contraloría debido a su responsabilidad de mando en la revuelta social respondieron al organismo. Ellos señalan que no tuvieron nada que ver y cinco de estos funcionarios mantuvieron sus cargos o ascendieron como el caso del General Bassaletti.

Parte del alto mando que liderará la reforma a Carabineros se defiende al sumario de Contraloría por su responsabilidad administrativa de mando en la revuelta social.

Ellos son los generales Jorge Valenzuela, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística; y Jorge Ávila, ya en retiro y exjefe de Fuerzas Especiales.

De ellos, Valenzuela este viernes fue llamado a dejar la institución al conformarse el nuevo alto mando, su puesto lo ocupa Enrique Bassaletti, otro general sumariado.

Sus defensas coordinadas por el abogado Jorge Martínez entregó siete actas firmadas, cada una tiene una extensión de 170 páginas. En la respuesta del general Monrás se indica que el fiscal de Contraloría formuló un supuesto, de que “hubo un inadecuado uso de la escopeta antidisturbios por parte del personal operativo de la institución”.

La defensa del general jefe de la zona oriente, comenta además que la expresión “inadecuada” solo se funda en que personas se atendieron en centros asistenciales tras ser lesionadas por munición antidisturbios y que eso no es prueba suficiente de un uso inadecuado.

El documento añade que “en este razonamiento de responsabilidad objetiva, Ud. como fiscal deroga las facultades constitucionales y legales que se han otorgado a Carabineros de Chile para cumplir con la función de control y restablecimiento del orden público y la seguridad pública interior; lo que se cumple con el ejercicio de la fuerza legítima”.

Por otro lado, ellos justifican las violaciones a los DD.HH señalando que nunca hubo un evento similar, “los antecedentes que se presentarán ahora, dejan en evidencia irrefutable que lo experimentado por el país a partir del 18 de octubre de 2019 en adelante y hasta el mes de marzo del presente año, constituye una situación excepcional, imprevisible, que sorprendió a la institucionalidad ya que ni siquiera fue advertida por los órganos estatales de Inteligencia (ANI)”.

En este sentido, los generales indicaron que una de las características fue “la extremada e inusitada violencia empleada por los participantes, que en general, ya no participaban de marchas pacíficas para descolgarse al final para provocar desórdenes, sino que se autoconvocaban con la única finalidad de provocar graves alteraciones al orden público y enfrentarse al personal policial, en largas jornadas”.

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